nombre reservado con INSPECCION PROVINCIAL DEL TRABAJO DE VICUÑA

nombre reservado

Inspeccion Comunal de Vicuña Recurso de Protección Rol Nº 2150-2021.- La Serena, ocho de febrero de dos mil veintidos.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece don nombre reservado, cedula de identidad N°RUT reservado, trabajador, domiciliado en domicilio reservado, deduciendo acción constitucional de protección, en contra de la INSPECCION COMUNAL DEL TRABAJO DE VICUÑA, representada por su Jefa de Inspección Comunal doña nombre reservado.

Relata que con fecha 27 de septiembre del año 2021, recibió una carta en la que su empleador Abarrotes Económicos Ltda., le informaba la decisión de poner término a su contrato de trabajo a partir del día 29 de septiembre de ese mismo año, por la causal del artículo 161 inciso 1° del Código del Trabajo, esto es, por necesidades de la empresa.

Señala que su ex empleador le informó que su finiquito se encontraba a disposición en la Inspección Comunal del Trabajo ubicada en O’Higgins N°573, de la comuna de Vicuña y que debía ir a firmarlo.

Hace presente que desde un primer momento su intención fue impugnar el despido por intermedio de las acciones legales pertinentes por estimar que la causal invocada dudosamente se ajusta a la realidad, sin cumplir con los requisitos legales en cuanto al desarrollo de los fundamentos de hecho que esta debe contener.

Expresa que el 14 de octubre del año 2021 asistió por primera vez a la Inspección del Trabajo de Vicuña a suscribir su finiquito, con la idea de estampar en ella la correspondiente reservar de derechos por no parecerle justo el despido y menos por la causal invocada, pero el funcionario que lo atendió le indicó que no podía estampar la aludida cláusula de reserva, puesto que para ello debía contar con la autorización expresa de su empleador.

Expone que ante dicha situación se negó a firmar el finiquito e interpuso un reclamo ante el mismo Órgano Administrativo, haciendo presente lo ocurrido.

Refiere que con fecha 15 de octubre del año recién pasado, la Inspección del trabajo emitió un informe, dando respuesta a la solicitud ya mencionada, argumentando, en síntesis, que conforme al artículo 177 del Código del Trabajo y en base a la doctrina administrativa del trabajo, el finiquito es un acto laboral, bilateral y solemne, suscrito por las partes del contrato de trabajo, empleador y trabajador, en el cual dejan constancia del cabal cumplimiento de las obligaciones emanadas del contrato”, y que “para efectuar la reserva de derechos en un finiquito se requiere el acuerdo de las partes, pues, mediante ella, el trabajador está excluyendo una o más materias específicas de ese poder liberatorio que caracteriza al finiquito laboral, sin que ello implique renunciar a los demás conceptos del documento sobre los que no hay divergencia”.

Agrega ante la respuesta de la autoridad administrativa y la necesidad económica en la que se encontraba no tuvo otra opción que concurrir nuevamente, con fecha 29 de noviembre de 2021, a la Inspección del Trabajo de Vicuña, esperando que en esta oportunidad su empleador le permitiese incluir la respectiva cláusula de reserva de derechos, situación que no ocurrió. Indica que el funcionario que lo atendió en esa oportunidad, don nombre reservado, tampoco lo dejo hacerlo, bajo el argumento que su empleador, quien también se encontraba allí en ese momento, se oponía a la escrituración de la reserva de derechos manifestada.

Indica que atendido que se encontraba en la imperiosa necesidad de recibir el dinero que le correspondía con razón del término de la relación laboral, no tuvo más opción que firmar dicho finiquito sin ninguna reserva, con lo cual se le niega su derecho a ejercer acciones judiciales, contra quien fuere mi empleador, cosa que evidentemente le ocasiona un perjuicio grave, reparable únicamente con la decisión que se adopte en estos autos.

En cuanto a las garantías que dice conculcadas afirma que se ha vulnerado la igualdad ante la ley consagrada en el artículo el artículo 19 N°2 de la Constitución, al realizarse en este caso concreto una diferencia en el ejercicio de sus derechos como trabajador, puesto que la formulación de reserva de derechos, se encuentra consagrada en el artículo 177 del Código del Trabajo y tal como se menciona en el mismo cuerpo legal, éste es un acto facultativo del trabajador, por lo que, negarlo sin razón alguna, invocando la sola falta de consentimiento por parte del empleador, vulnera un precepto establecido en la ley.

Afirma que la formulación de reserva, es un derecho consagrado en la ley, el cual al ver impedido su libre ejercicio, vulnera sustancialmente una garantía constitucional, cual es la igualdad ante la ley, y consecutivamente el debido proceso, específicamente el acceso efectivo al juez de letras competente.

Cita en abono de sus argumentaciones el criterio contenido en fallo dictado en los autos ROL 66.504-2018, de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago También señala como vulnerada la garantía del artículo 19 N°3 de la Constitución que asegura a todas las personas “La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos”.

En base a lo dispuesto en el art. 177 del Código del Trabajo afirma que al negarle la formulación de la reserva de derechos el funcionario de la Dirección del Trabajo impidió que el Juez de Letras competente, conociera de los hechos que fundamentaron su despido, restringiéndose sus derechos fundamentales, sin competencia alguna y sin las garantías del debido proceso que otorga la Carta Magna.

Pide que se restablezca el imperio de los derechos que se han vulnerado, ordenando que se autorice la suscripción de la respectiva reserva de derechos en el finiquito correspondiente.

Acompaña a su recurso los siguientes documentos con citación:

1. Finiquito firmado por el trabajador con fecha 29 de noviembre de 2021 en la Inspección del Trabajo de Vicuña, ante funcionario don nombre reservado.

2. Carta de despido emitida por la empresa Abarrotes Económicos Ltda., con fecha 27 de septiembre.

3. Oficio Ordinario N°176, de fecha 15 de octubre de 2021, emitido por la Inspección del Trabajo de Vicuña.

SEGUNDO: Que, a folio 9 comparece don ELÍAS PATRICIO ALCAYAGA ZUMARÁN, abogado, en representación de la recurrida, corroborando el relato de los hechos efectuado por el recurrente en lo relativo a las actuaciones de la autoridad recurrida precisando que el reclamo ingresado por este último cuestionando el proceder del funcionario Sr. nombre reservado por negarse a autorizar el estampado de una reserva de derecho en la ratificación del finiquito de 29 de noviembre de 2021 fue respondida mediante el Ord. Nº 176 de 15.10.2021, documento a través del cual la Inspección Comunal del Trabajo de Vicuña reiteró al recurrente la normativa legal y doctrina institucional referida al carácter bilateral del finiquito y la concurrencia de voluntades que debe exigirse tanto para la suscripción del mismo como para la eventual reserva de derechos.

Sostiene que tal como se expresara detalladamente al recurrente en el Ord. Nº 176 de 15.10.2021 de la Inspección Comunal del Trabajo de Vicuña, el finiquito regulado en el art. 177 del Código del Trabajo constituye un acto jurídico laboral, bilateral y solemne, suscrito por las partes del contrato de trabajo, empleador y trabajador, con motivo de la terminación de la relación laboral, en el cual dejan constancia del cabal cumplimiento de las obligaciones emanadas del contrato, sin perjuicio de las reservas con que alguna de las partes lo hubiere suscrito, con aprobación de la otra; y en tal sentido, la doctrina administrativa de la Dirección del Trabajo ha indicado que para efectuar la reserva de derechos en un finiquito se requiere el acuerdo de las partes, pues, mediante ella, el trabajador está excluyendo una o más materias específicas de ese poder liberatorio que caracteriza al finiquito laboral, sin que ello implique renunciar a los demás conceptos del documento sobre los que no hay divergencia (Ord. N° 824/21 de 26.02.2003 y N° 3594/095 de 07.08.2017).

Cita al efecto el Ord. N° 824/21, complementando el Ord. Nº 4761/219 de 13.12.2002, según el cual el poder liberatorio del finiquito puede verse restringido si las partes, de común acuerdo o una de ellas con la aprobación de la otra, hubieren hecho una reserva de acciones o derechos respecto a los beneficios contenidos en dicho documento, ya sea en cuanto a su procedencia, forma de cálculo, pago, etc., agregando, a modo de conclusión, lo siguiente: “(…) la doctrina en comento supone la existencia del acuerdo de las partes para los efectos de efectuar una reserva de derechos en el mismo documento de que se trata, ello por cuanto, si el finiquito es una convención en que han consentido voluntariamente el trabajador y empleador, produciendo recíproco y pleno valor liberatorio, no es susceptible, a juicio de la suscrita, de ser modificado o desvirtuado posteriormente por una declaración unilateral de una de las partes que lo otorgó, sin que concurra la voluntad del otro contratante.”

En base la doctrina institucional, el ente recurrido es del parecer que la negativa del funcionario actuante a dejar testimonio de la reserva de derechos en el finiquito al no contar con autorización expresa del empleador para dicho fin, se ajusta plenamente a la normativa legal y doctrina institucional vigente.

Precisa que si bien el actual inciso tercero del art.177 del Código del Trabajo deja abierta dicha posibilidad -“se considerará como ratificado ante el inspector del trabajo el finiquito que sea otorgado por el empleador en él, que cumpla la normativa legal correspondiente y sea firmado electrónicamente por el trabajador en el mismo sitio”-, lo hace sólo a propósito del finiquito suscrito en sitio electrónico de la Dirección del Trabajo en el entendido de que las partes no concurren simultáneamente ante ministro de fe y por ende no tienen la posibilidad de consensuar el contenido del finiquito. Claramente este constituye un régimen de excepción a la que constituye actualmente la regla general: la suscripción y ratificación del finiquito presencial ante un ministro de fe constituye un acto bilateral que requiere la voluntad de las partes para la determinación del contenido de aquél.

Agrega que la petición del recurrente en cuanto a que esta Corte ordene al Servicio recurrido que se autorice el estampado de la reserva de derechos en el finiquito ratificado el día 29 de noviembre de 2021 carecería absolutamente de objeto, por cuanto incluso si se ordenara al Servicio autorizar la reserva de derechos sin la concurrencia de voluntad del empleador, dicho acto no tendría ningún efecto atendido a que en el mismo acto de la firma y al tenor del finiquito suscrito por las partes, el trabajador declaró expresamente que no tenía ningún reclamo pendiente en contra la empresa. En consecuencia, es de la opinión que una reserva posterior no surtiría el efecto deseado por el recurrente: permitirle la posterior interposición de acciones judiciales. Agrega que tal como se expresara al trabajador al momento de la suscripción del finiquito, en este caso se podría no haber suscrito el finiquito he iniciado inmediatamente las acciones judiciales en contra de su ex empleador, toda vez que las circunstancias propias del despido constituyen una cuestión de lato conocimiento que debe ser conocida por la judicatura correspondiente.

Finaliza diciendo que la Dirección del Trabajo no ha conculcado el ejercicio de garantías constitucionales y pide el rechazo del recurso con costas, acompañando a su informe los siguientes documentos:

1.Ord. N° 176 de 15.10.2021 de la Inspección Comunal del Trabajo de Vicuña.

2. Presentación del trabajador Sr. nombre reservado de 14.10.2021.

3. Finiquito ratificado con fecha 29.11.2021, suscrito entre Abarrotes Económicos Ltda. y el Sr. nombre reservado.

TERCERO: Que, para la procedencia de la acción de protección, conforme las disposiciones del artículo 20 de la Constitución Política del Estado y Autos Acordados de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Garantías Constitucionales, deben concurrir los siguientes presupuestos:

1º Que exista una acción u omisión atribuible a un tercero;

2º Que esa acción u omisión y amenaza, perturbación o privación en el legítimo ejercicio de un Derecho constitucional garantizado por medio del recurso de protección, sea ilegal y/o arbitraria.

3º Que este arbitrio constitucional tenga por objeto amparar a personas naturales o jurídicas que por actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufran privación, perturbación o amenaza en el ejercicio de las garantías señaladas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, con la finalidad de restablecer el imperio del derecho.

4º Y que esta acción de protección sea ejercida por la persona que ha sido vulnerada en sus derechos fundamentales por sí o por cualquiera a su nombre, debiendo quien recurre acreditar de qué modo han sido afectados o pueden ser comprometidos sus derechos o los derechos de la persona determinada por la cual se acciona.

CUARTO: Que de conformidad al libelo pretensor se establece que el recurrente califica de ilegal y arbitrario que la autoridad le haya impedido ejercer el derecho a estampar la correspondiente reserva de derechos en el finiquito de trabajo, privándolo de la posibilidad de ejercer acciones judiciales al no estar de acuerdo con la causal de despido aplicada por su ex empleador.

QUINTO: Que, por su parte, la recurrida sostiene que tal negativa se ajusta a la legalidad y a la doctrina invariable de la Dirección del Trabajo en cuanto a que conforme al artículo 177 del Código del Trabajo siendo el finiquito un acto laboral, bilateral y solemne, suscrito por las partes del contrato de trabajo, empleador y trabajador, para efectuar la reserva de derechos “se requiere el acuerdo de las partes, pues, mediante ella, el trabajador está excluyendo una o más materias específicas de ese poder liberatorio que caracteriza al finiquito laboral, sin que ello implique renunciar a los demás conceptos del documento sobre los que no hay divergencia”.

Además, haciéndose cargo de la modificación legal que expresamente introduce la “reserva de derechos” en el art. 177 del Código del Trabajo, es del parecer que ello sólo dice relación al finiquito electrónico, bajo el argumento que dicha modalidad al no poder concurrir las partes simultáneamente ante ministro de fe no tienen la posibilidad de consensuar el contenido del finiquito.

SEXTO: Que, si bien el finiquito laboral es de naturaleza bilateral, no debe perderse de vista que en el ámbito de las relaciones de trabajo rigen ciertos principios protectores cuyo objetivo es precisamente garantizar que los derechos de los trabajadores puedan ser ejercidos en su plenitud y no restringidos. Por lo mismo es que el legislador expresamente ha dispuesto, en el inciso segundo del art. 5° del Código del ramo, que “Los derechos establecidos por las leyes laborales son irrenunciables, mientras subsista el contrato de trabajo.”

Cabe preguntar, entoces, si la reserva de derechos en el finiquito ¿es de aquellos derechos establecidos por las leyes laborales en favor de los trabajadores?.

Si esta interrogante era discutible antaño, al no existir un expreso reconocimiento legislativo a la denominada “reserva de derechos”, al punto de que en la práctica administrativa se impedía su ejercicio si el empleador no manifestaba su aceptación a tal reserva, lo cierto es que con las modificaciones introducidas por la ley 21.361.- publicada el 27 de julio de 2021 no queda dudas que se trata de un acto unilateral, privativo del trabajador, que no depende de la voluntad de terceros, no siendo lícito imponer condiciones o restricciones para su ejercicio. Esta modificación legal ya estaba vigente a la fecha del término de la relación laboral del actor.

Es así como el texto modificado del art.162 del Código del Trabajo establece, en su inciso 8º, que : "El empleador deberá informar en el aviso de término del contrato si otorgará y pagará el finiquito laboral en forma presencial o electrónica, indicando expresamente que es voluntario para el trabajador aceptar, firmar y recibir el pago en forma electrónica y que siempre podrá optar por la actuación presencial ante un ministro de fe. En dicho aviso, el empleador deberá informar al trabajador que, al momento de suscribir el finiquito, si lo estima necesario podrá formular reserva de derechos.”

Esta norma tiene enorme relevancia porque si bien en su primera parte alude a la opción entre suscripción de finiquito electrónico o presencial, a continuación, en su segundo párrafo, incorpora el deber del empleador de informar en la carta de aviso de despido que si el trabajador “lo estima necesario podrá formular reserva de derechos”, sin distinguir la modalidad de suscripción.

De esta norma se extraen las siguientes conclusiones:

a) Que al agregarse la modalidad de finiquito electrónico, todo empleador en el aviso de de término del contrato, debe informar si otorgará y pagará el finiquito laboral en forma presencial o electrónica, con las demás menciones que el mismo precepto detalla.

b) Que el empleador también debe informar en la carta de despido que al trabajador le asiste la facultad de formular reserva de derechos al momento de suscribir el finiquito.

En consecuencia, cualquiera que sea la forma en que se suscriba el finiquito el trabajador tiene la factultad de formular reserva de derechos, sin que ello dependa de la voluntad del empleador, quien tiene el deber de remitirse a informar, en la carta de despido, que al trabajador le asiste el derecho a estampar una eventual reserva de derechos.

Conforme lo dicho, es posible definir “la reserva de derechos del trabajador en el finiquito” como un acto unilateral, privativo y no sujeto a condición, expresamente reconocido por el legislador, que lo habilita para interponer las acciones judiciales pertinentes para reclamar el derecho reservado.

SEPTIMO: Que, desde el punto de vista de la autoridad recurrida, ésta cumple un doble rol en relación al acto solemne de firma y ratificación de un finiquito, ya que por una parte obra como ministro de fe, al tenor de lo dispuesto en el inciso 1º del art.177 del Código del Trabajo, a través del respectivo inspector del trabajo, y por la otra, debe “velar por la correcta aplicación de las leyes que garantizan los derechos sociales de los trabajadores”, conforme parte señalando el D.F.L. N° 2, de 29 de septiembre de 1967, Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo.

En consecuencia, el funcionario llamado a ser ministro de e al impedir que el recurrente pudiera efectuar la reserva de derechos al momento de suscribir el finiquito, bajo la premisa errada de no contar con la aceptación o autorización del empleador, incurre en un acto contrario a la ley, conducta que hace suya el servicio recurrido al no acoger el reclamo formulado por el trabajador, desatendiendo con ello aquellas normas cuyo cumplimiento debe supervigilar.

OCTAVO: Que, al verse impedido el trabajador de efectuar una reserva de derechos, al exigir la autoridad administrativa la concurrencia de la voluntad del empleador, se está conculcando la garantía constitucional de la igualdad ante la ley, consagrada en el numeral 2º del art. 19 de la Constitución, por cuanto el servicio recurrido está colocando al empleador en una situación de privilegio, al otorgarle una perrogativa no contemplada en la ley, en claro desmedro de los derechos del trabajador.

No está demás señalar que no resulta admisible que el trabajador enfrentado al término de la relación laboral por decisión de su empleador, tenga que contar, además, con el beneplácito de este último para poder ejercer las acciones judiciales que estime pertinentes respecto de aquella parte del finiquito de la cual no está de acuerdo.

Por lo mismo, tiene sentido la reciente modificación legal que impone al empleador la obligación de informar en el aviso de término del contrato de trabajo “que, al momento de suscribir el finiquito, si lo estima necesario podrá formular reserva de derechos”, según ya se explicó en el motivo sexto de esta sentencia.

NOVENO: Que, la tesis que sustenta la recurrida en cuanto a que sólo en el finiquito electrónico de la Dirección del Trabajo no se requiere la voluntad del empleador para que se concrete la reserva de derechos por parte del trabajador, porque las partes no concurren simultáneamente ante ministro de fe y por ende no tienen la posibilidad de consensuar el contenido del finiquito, es errada, no solo porque con la modificación al art. 162 del Código del Trabajo queda claro que tal reserva es aplicable al finiquito en general, cualquiera que sean las modalidades por la cual se opte, presencial o electrónica, sino porque no se divisa razón justificada alguna para efectuar una distinción de esta naturaleza, por el solo hecho que en un caso las partes concurren simultáneamente ante ministro de fe y en el otro no.

De aceptar tal predicamento implica desincentivar el uso de la modalidad de suscripción electrónica por parte del empleador, porque se vería expuesto a una reserva de derechos no concensuada, y debe entenderse que la modificación legal implementada por la ley 21.361 lo que persigue es precisamente lo contrario, motivada por la necesidad de facilitar los medios remotos, ante la alerta sanitaria existente.

Además, circunscribir el análisis de esta problemática entorno a la “reserva de derechos en el finiquito”, exclusivamente al inciso 3º del art. 177 del Código del Trabajo, por referirse dicho inciso al finiquito electrónico y a la reserva de derechos, no es correcto, por cuanto el inciso final del mismo artículo también incorporado por la ley 21.361 expresamente dispone, sin distinguir por cual modalidad de finiquito se optó, que : “El poder liberatorio del finiquito se restringirá sólo a aquello en que las partes concuerden expresamente y no se extenderá a los aspectos en que el consentimiento no se forme”, norma que está en armonía con el inciso 8º del art. 162 del Código del Trabajo, sin perjuicio que también zanja una discusión entorno al alcance que puede tener los términos en que está redactado un finiquito al momento de determinar que materias, conceptos o prestaciones son afectadas por ese poder liberatorio.

DÉCIMO: Que, respecto a la alegación de la recurrida en cuanto a que carece de objeto que esta Corte ordene a dicho Servicio que se autorice el estampado de la reserva de derechos en el finiquito ratificado el día 29 de noviembre de 2021, atendido a que en el mismo acto de la firma y al tenor del finiquito suscrito por las partes, el trabajador declaró expresamente que no tenía ningún reclamo pendiente en contra la empresa, debe ser desechada precisamente porque ha quedado de manifiesto que el trabajador con anterioridad a suscribir ese finiquito, exteriorizó por diversos medios su voluntad en orden a efectuar la correspondiente reserva, al punto de presentar un reclamo ante la autoridad recurrida, de modo que la única forma de restablecer el imperio del derecho, es acogiendo la medida solicitada por el actor, para que su voluntad se concrete finalmente, restituyendo el derecho que le fue negado.

Con esta sana doctrina, ratificada por la ley 21.361, se logra impedir que este tipo de situaciones se transforme en un mecanismo de presión ilegítima para obtener la suscripción de un finiquito en forma pura y simple, a cambio del pago de las prestaciones que en el se contienen.

UNDÉCIMO: Que, base a todo lo expuesto y razonado, habiendo incurrido la autoridad recurrida en un acto ilegal, conculcando con ello la garantía constitucional del numeral 2° del artículo 19 de la Carta Fundamental, según se explicó en el motivo octavo precedente, el presente recurso deberá necesariamente ser acogido, con la finalidad de restablecer de inmediato el imperio del derecho.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, SE ACOGE, sin costas, la acción constitucional deducida don nombre reservado, en contra de la INSPECCION COMUNAL DEL TRABAJO DE VICUÑA, representada por su Jefa de Inspección Comunal doña nombre reservado, y, en consecuencia, se dispone que en el finiquito laboral suscrito por el recurrente el día 29 de octubre de 2021, ha de permitirse a éste efectuar reserva de derechos dentro del plazo de quinto día de ejecutoriado el presente fallo, para todos los efectos legales.

Redacción del abogado integrante señor Jorge Fonseca Dittus.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 2150-2021.Protección.- Pronunciada por la Primera Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones integrada por la Ministra Titular señora Caroline Turner González, la Ministra Suplente señora María Patricia Rodríguez Aspillaga y el abogado integrante señor Jorge Fonseca Dittus. No firma la Ministra Suplente señora Rodríguez, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa, por Haber cesado en su cometido.