Protección contra COMISIÓN MÉDICA REGIONAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
- Fecha
- 23 de abril de 2024
- Sala
- Primera Sala
- Resultado
- Rechazada
- Cita
- Corte de Apelaciones de La Serena, Rol N° 215-2024, sentencia de 23 de abril de 2024
Resumen
Se rechaza la protección contra la Comisión Médica Regional de la Superintendencia de Pensiones, porque el porcentaje de invalidez es un hecho controvertido que exige rendición de antecedentes médicos y técnicos, ajeno al carácter cautelar de la acción.
Texto íntegro
nombre reservado
Comisión Médica Regional nombre reservado
Rol Nº215-2024 La Serena, veintitrés de abril de dos mil veinticuatro.
VISTO Y TENIENDO PRESENTE:
PRIMERO: Que, comparece nombre reservado, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, interponiendo nombre reservado de garantías constitucionales en contra de la COMISIÓN MÉDICA REGIONAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES, por el rechazo de 06 de abril de 2024 respecto al reclamo presentado por la recurrente referente al Dictamen N°005 7460/2023 que declaró que no procede otorgarle pensión de invalidez.
Expone que tiene 60 años y que fue diagnosticada con la enfermedad de discopatía degenerativa lumbar, espondilo artrosis multisegmentaria y artrosis facetaria lumbar, el 28 de septiembre de 2023.
Señala que ha venido realizando labores de manera particular en el ámbito laboral.
Sin embargo, posteriormente acudió a la Comisión Médica de la Superintendencia de Pensiones, con la finalidad que ellos ratificaran dicho diagnóstico, con el objeto de poder pensionarse por invalidez, ya que -afirma- que tales diagnósticos y certificados médicos le impiden trabajar.
No obstante, afirma que la Comisión Médica estableció un porcentaje de 34%, que no le alcanza para pensionarse por invalidez.
Luego, refiere que, en atención a que las indicaciones contenidas en los certificados médicos le impiden trabajar, sin tampoco tener derecho a una pensión de invalidez, se ve perjudicada en la esfera económica, ya que no tiene ningún tipo de recursos para poder sobrevivir.
Relata que actualmente utiliza bastón, tiene dolores lumbares y que recibió un trato humillante, denigrante y de menoscabo por el médico de la Comisión Médica de la Superintendencia de Pensiones el 03 de octubre de 2023.
Añade, que es una persona de la tercera edad y que el médico no permitió entrar a su acompañante y se burló, vulnerando su derecho del artículo 19 Nª4 de la Constitución.
Agrega, que el 06 de febrero de 2024 la Superintendencia de Pensiones resolvió rechazar todo tipo de beneficios y que no le permitieron expresar su molestia referente al trato del médico.
Sostiene que el rechazo es arbitrario, ya que no tomaron en cuenta el informe del hospital de Coquimbo, ni tampoco el factor complementario de la edad, ni el factor complementario del trabajo.
Afirma, que este tipo de resoluciones médicas la condenan al sentirse vulnerada e incapaz como mujer.
Asimismo, señala que la Comisión Médica ni siquiera le hizo entrega de los exámenes para verificar la enfermedad, y aun así resolvió.
Alega como vulnerado su derecho a la libertad de trabajo, garantizada en el artículo 19 N°16 de la Constitución.
Finaliza solicitando que se le pueda ayudar para que se le otorgue la pensión de invalidez o retirar sus fondos, ya que por su diagnóstico no puede volver a trabajar.
SEGUNDO: Que, por resolución de 09 de abril de los corrientes y en atención al tiempo transcurrido sin haberse dado cumplimiento en informar, se resolvió prescindir del informe solicitado a la recurrida.
TERCERO: Que conforme es unánimemente aceptado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, el nombre reservado de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.
CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.
QUINTO: Que, por la presente acción constitucional, se recurre en contra de la Comisión Médica Regional de la Superintendencia de Pensiones, por el rechazo de 06 de abril de 2024 respecto al reclamo presentado por la recurrente referente al Dictamen N°005 7460/2023 que declaró que no procede otorgarle pensión de invalidez.
Solicita que se le pueda ayudar para que se le otorgue la pensión de invalidez o retirar sus fondos, ya que por su diagnóstico no puede volver a trabajar.
SEXTO: Que, de los antecedentes aparejados el nombre reservado, se advierte que la recurrida procedió a rechazar el reclamo de la actora, exponiendo el siguiente fundamento: “Que no procede otorgar pensión de invalidez, por cuanto la enfermedad alegada como invalidante no alcanza a provocar una pérdida de su capacidad de trabajo de a lo menos el cincuenta por ciento”.
A su vez, del acta de sesión N°97 de 06 de febrero de 2024, en la cual se analizó el reclamo de la recurrente, se advierte que se exponen los antecedentes médicos de la paciente, para luego concluir que se mantiene el porcentaje de incapacidad previamente determinado.
SÉPTIMO: Que, para la acertada resolución del asunto, debe tenerse presente que la acción constitucional de protección constituye ante todo una acción cautelar, que tiene por objeto resguardar los derechos fundamentales garantizados en la Constitución Política a las personas, frente a aquellos actos u omisiones arbitrarios o ilegales que priven, perturben o amenacen los mismos, de modo de obtener el cese inmediato del acto arbitrario o ilegal y restablecer el imperio del derecho. Por lo mismo, es que conforme lo ha sostenido reiteradamente la jurisprudencia de los tribunales superiores, es una acción que requiere que los derechos en cuestión se encuentren indubitados y fuera de discusión.
OCTAVO: Que, del mérito de los antecedentes allegados al recurso se infiere que, precisamente, es un hecho controvertido en la causa que la actora reúna las condiciones médicas necesarias para obtener un porcentaje de invalidez que le permita acceder a una pensión de invalidez.
Que, constatado lo anterior, permiten situar esta discusión en un ámbito que escapa de la acción constitucional ejercida, toda vez que esta última supone hechos ciertos y derechos indubitados en juego, nada de lo cual ocurre en la especie, pues como se desprende del propio libelo intentado, es dable entender que las situaciones fácticas que afectarían los derechos invocados por la actora, en que sostiene su recurso son, básicamente hechos controvertidos.
NOVENO: De este modo, la recurrente por ahora carece de un derecho indubitado, que es un requisito indispensable para la procedencia del recurso. Esto determina que la resolución del conflicto existente entre las partes exceda el ámbito de este recurso que es meramente cautelar, sumario y no contradictorio y deba ser dilucidado previamente en la sede que corresponda, pues en ésta no existe posibilidad alguna de determinar el correcto porcentaje de incapacidad que afecta a la recurrente, para lo cual es necesario la rendición y apreciación de antecedentes médicos y técnicos que exceden el objeto del presente recurso.
Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el nombre reservado interpuesto a favor de nombre reservado, en contra de la COMISIÓN MÉDICA REGIONAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES.
Regístrese y archívese en su oportunidad.
Rol N° 215-2024 (nombre reservado).-