nombre reservado con MINISTERIO DEL INTERIOR Y OTRO

nombre reservado, nombre reservado y otro Ministerio del Interior y otra Recurso de Protección.

Rol N°2148-2025 La Serena, dieciséis de enero de dos mil veintiséis.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece el abogado Pablo Peñaloza Parra, en favor de doña nombre reservado, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado y don nombre reservado, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, ciudadanos venezolanos, ambos con domicilio en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra del Ministerio del Interior, y de la Subsecretaria del Interior, por la omisión ilegal y arbitraria en pronunciarse sobre las solicitudes de nacionalización, afectándose con ello el derecho a la igualdad ante la ley del artículo 19 Nº2 de la Constitución Política.

Expone que, los recurrentes ingresaron al país en calidad de turistas, estando dentro del país cambiaron su condición migratoria a residentes temporarios, y luego obtuvieron sus residencias definitivas, todo con el propósito de establecerse y desarrollar sus proyectos de vida en el país.

Señala que el 15 de mayo de 2024, realizan, por separado, sus solicitudes de nacionalización, sin embargo, refiere que a la fecha no han recibido ninguna respuesta sobre sus solicitudes, pese a que el Servicio Nacional de Migraciones ya remitió a las recurridas los proyectos de decreto de carta de nacionalización de los recurrentes.

A su vez, destaca lo dispuesto en los artículos 4, 7, 8, 9 y 27 de la Ley Nº19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, en particular lo concerniente al principio de celeridad, conclusivo, economía procedimental y de inexcusabilidad, los que igualmente estarían siendo infringidos por las recurridas.

En cuanto a la procedencia de la institución del silencio administrativo, afirma que ni el constituyente ni el legislador señalan que sea necesario agotar la vía administrativa o que se deba recurrir por otra vía administrativa para restablecer el imperio de un derecho mediante el ejercicio de la acción de protección.

Por lo anterior, solicita acoger la acción interpuesta, y ordenar a las recurridas que, dentro de 30 días, se pronuncien sobre las solicitudes de carta de nacionalización, con costas.

Acompaña a su presentación: comprobantes de solicitudes de nacionalización, cédula de identidad para extranjeros y proyectos de decreto de nacionalización enviados por el Servicio Nacional de Migraciones a las recurridas.

SEGUNDO: Que, a folio 4, evacuan informe las recurridas Ministerio del Interior y Subsecretaría del Interior, y exponen que en relación con el caso de autos los antecedentes de las solicitudes de otorgamiento de carta de nacionalización de los recurrentes ya fueron recibidos del Servicio Nacional de Migraciones, encontrándose ambas actualmente en tramitación, y una vez concluidas serán debidamente notificados a los recurrentes de sus resultados.

Expone el aumento de las solicitudes de otorgamiento de carta de nacionalización, y señala en cuanto al otorgamiento de este beneficio a personas extranjeras se efectúa por decreto expedido con la sola firma de la autoridad superior del Ministerio, a través del ejercicio de una facultad expresamente contemplada en la ley, lo cual está dispuesto en los artículos 84 de la Ley N°21.325; 1° y 2° del Decreto Supremo N°5.142, de 1960, del entonces Ministerio del Interior; y 1, apartado IV, N°4, de la Ley N°16.436, en virtud de los cuales se otorga al Ministerio del Interior y Seguridad Pública la facultad de conceder cartas de nacionalización, deponiéndola en términos potenciales, al indicarse que “podrá” otorgarse esta concesión a quienes cumplan los requisitos allí señalados.

Añade que, en su parte, el artículo 157, N°8, de la Ley N°21.325, dispone que corresponde al Servicio Nacional de Migraciones tramitar las solicitudes de carta de nacionalización para su posterior resolución por parte del Ministerio. Y que, ello, en la práctica, implica que es dicho Servicio quien recibe tales solicitudes, a fin de revisar su admisibilidad, tramitarlas y ordenar su pago -aspecto último que se desprende de lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto Supremo N°5.142, de 1960, del entonces Ministerio del Interior, en concordancia con lo establecido en el artículo 178 de la Ley N°21.325-, para luego proponer su resolución a la autoridad superior del Ministerio, la cual concederá o rechazará la petición a través de la dictación del respectivo decreto exento.

Alega que, de lo anteriormente expuesto, se debe desechar de plano cualquier alegación que pretenda calificar como arbitraria la no dictación de un acto administrativo terminal respecto de la solicitud de la parte recurrente, toda vez que aquello no es producto de un mero capricho, sino de la verificación de un procedimiento reglado, cuya aplicación se ha visto exponencialmente incrementada en los últimos años.

Por lo que concluye, solicitando el rechazo del recurso con costas.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, por la presente acción constitucional, se recurre en contra del Ministerio del Interior y la Subsecretaría de aquella cartera de Estado, por la dilación injustificada en dar respuesta a la solicitud de carta de nacionalización presentada el 10 de noviembre de 2023, lo cual califica el actor de ilegal y arbitrario, señalando que vulnera su garantía fundamental contemplada en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la Republica.

SEXTO: Que, para resolver el asunto en examen, se debe acudir a lo estatuido en la Ley N°19.880. En este sentido resulta útil destacar el principio de celeridad, previsto en su artículo 7, conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Lo anterior, resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental del artículo 9, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Por último, el artículo 14 define el principio de inexcusabilidad señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación.

SÉPTIMO: Que, debe consignarse que las recurridas en su informe no indican las fechas en que recibieron los antecedentes de los recurrentes del Servicio Nacional de Migraciones, y que, los recurrentes acompañaron a su recurso bajo folio N°1 los oficios por medios de los cuales se enviaron los antecedentes de sus solicitudes de carta de nacionalización a las recurridas. Así, por medio de Oficio Ordinario N°50728 fechado el 10 de octubre de 2025, se envió el expediente de don nombre reservado, y por medio de Oficio N°2500200000880 de 06 de noviembre de 2025 los de doña nombre reservado.

Que, de acuerdo a los antecedentes que constan en la tramitación del presente recurso, en especial que las fechas en que fueron traspasadas las solicitudes de nacionalización a las recurridas por el Servicio Nacional de Migraciones, 10 de octubre y 06 de noviembre ambas del 2025, y aunque el plazo desde que presentaron las solicitudes resultan excesivos no puede obviarse que la mayoría del tiempo se han encontrado en el Servicio Nacional de Migraciones para su resolución; asimismo, debe tenerse en cuenta, que al tratarse de un procedimiento que comprende diversas etapas ante diversas autoridades administrativas, no es posible entender que el tiempo que la solicitud en cuestión se haya ante el ministerio en comento sea excesiva o dilatoria, atendida la carga de trabajo que por estas materias el mismo tiene y, sobre todo, que han transcurrido no más de tres meses, respecto de ambas solicitudes, de forma que no puede entenderse dicho proceder como ilegal o arbitrario, lo que llevará a desestimar al acción constitucional.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de doña nombre reservado y don nombre reservado, en contra del Ministerio del Interior y la Subsecretaria del Interior.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°2148-2025 (Protección).