Protección contra Resolución Exenta RA NUM000

nombre reservado

Prefectura de Carabineros de Limarí Recurso de protección Rol No.2145-2025 La Serena, veintiséis de enero de dos mil veintiséis.

Visto y considerando:

Primero: Que los abogados Claudio Alexis González Hormazábal y Pablo César Espinosa Garday, en representación de nombre reservado, suboficial de Carabineros de Chile, recurren de protección en contra de la Resolución Exenta RA NUM000, de 11 de noviembre de 2025, dictada por la Prefectura de Carabineros de Limarí, que dispuso su retiro temporal de las filas de la Institución, alegando vulneración de sus garantías constitucionales de los números 1, 2, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución.

Exponen que su representado ingresó a las filas de Carabineros de Chile el 16 de noviembre de 2003, desarrollando una carrera funcionaria por más de veinte años, desempeñándose desde el 1 de enero de 2023 en la Sección de Asuntos Internos Limarí con calificaciones sobresalientes, figurando de manera reiterada en lista uno de méritos, con felicitaciones formales incluso por parte de fiscales del Ministerio Público.

Indican que el 7 de julio de 2024 sufrió un grave accidente de tránsito mientras conducía un vehículo familiar, donde falleció su cónyuge y su hija mayor, sobreviviendo únicamente él y su hija menor, quien resultó con una amputación de su extremidad inferior derecha, debiendo iniciar un proceso de rehabilitación prolongado en el Instituto Teletón, lo que alteró de manera radical la vida personal, familiar y emocional del funcionario.

Relatan que el 8 de julio de 2024 inició un período de licencias médicas continuas, siendo derivado a tratamiento psiquiátrico y psicológico institucional, sin registrar antecedentes psiquiátricos previos a dicho accidente, diagnosticándosele, el 7 de agosto de 2025, un Trastorno de Estrés Postraumático derivado del accidente sufrido, donde se dejó constancia de la inexistencia de antecedentes psiquiátricos previos y de la adecuada adherencia al tratamiento y de la necesidad de mantener reposo laboral, tanto por la afectación emocional como por la obligación de acompañar a su hija menor en su proceso de rehabilitación.

Hacen presente que el 19 de agosto de 2025 fue sometido a una evaluación por parte de la Comisión Médica Central de Carabineros de Chile, de manera remota, dictándose la Resolución Exenta Reservada NUM001, de 29 de octubre de 2025, que concluyó que el funcionario padecía una patología psiquiátrica de origen común, de pronóstico curable y no invalidante, que lo imposibilitaría temporalmente para continuar prestando servicios, proponiéndose en consecuencia su retiro temporal de la Institución.

Refieren que esta resolución fue repuesta, acompañando antecedentes médicos y psicológicos actualizados, los cuales daban cuenta de una evolución clínica favorable y de un proceso de reintegro laboral en curso, con informe particular de 6 de noviembre de 2025, que indica que el funcionario se encontraba con alta laboral a contar del 30 de noviembre.

Asimismo, su informe psicológico da cuenta de que presentaba una evolución positiva, estabilidad emocional, adecuada elaboración del duelo y participación activa en la crianza y rehabilitación de su hija menor, concluyendo que se encontraba en condiciones de retomar sus funciones laborales.

Explican que, sin perjuicio de lo anterior, el 11 de noviembre de 2025, la Prefectura de Carabineros de Limarí dictó la Resolución Exenta RA NUM000, mediante la cual se dispuso el retiro temporal del actor, produciendo efectos directos y actuales en la situación funcionaria, laboral y personal del recurrente.

Arguyen que esta resolución es ilegal, por el defectuoso ejercicio de las competencias con que cuenta la autoridad, en su hipótesis de falta de motivación, al desconocer los informes médicos particulares del recurrente, donde se reconoce una patología curable y no invalidante, más cuando la evaluación médica que sirvió de base a la decisión fue realizada de manera remota y aislada.

Conforme lo expuesto, previa cita de las garantías que estiman vulneradas, y de jurisprudencia, piden que se deje sin efecto la Resolución Exenta RA NUM000, y todos los actos administrativos que de ella deriven o se funden en su contenido, y se ordene a la autoridad a que proceda a dictar un nuevo acto administrativo, previo a una evaluación médica y psicológica completa, presencial e integral, que considere la totalidad de los antecedentes clínicos del recurrente, especialmente aquellos emanados de profesionales tratantes institucionales y que dan cuenta de su evolución favorable y alta laboral, ajustándose estrictamente a los principios de legalidad, fundamentación y proporcionalidad.

Segundo: Que el informe requerido fue evacuado por nombre reservado, prefecto subrogante de Carabineros, quien pide el rechazo de la acción.

Expone que la resolución impugnada, que dispuso el retiro temporal del actor, se sostiene en la causal de “eliminación por circunstancias obligadas”, conforme se desprende de Resolución Exenta NUM001 de 29 de octubre de 2025 de la Comisión Médica Central de Carabineros, que declaró la imposibilidad física temporal del actor, por padecer un trastorno de estrés postraumático no laboral, patología de origen común, de carácter psiquiátrico, de pronóstico curable y no invalidante, que lo imposibilita temporalmente para desempeñarse en la institución.

Respecto del recurso presentado por el recurrente, da cuenta de que éste no fue interpuesto en tiempo y forma, y destaca que este arbitrio no suspende los efectos del acto administrativo, según previene el artículo 57 de la Ley 19.880.

Explica que la medida reprochada se sostiene en lo previsto en el artículo 73 del Estatuto del Personal de Carabineros y artículo 64 de la Ley Orgánica Constitucional de la institución, en cuanto corresponde exclusivamente a la Comisión Médica Central el examen del personal institucional con el objeto de establecer su capacidad física para permanecer en el servicio o determinar la afección que lo imposibilita para continuar en él, lo que ha sido ratificado por la jurisprudencia de la Contraloría General de la República.

Concluye que se trata de una decisión correspondiente a acto terminal por circunstancias obligadas, al no cumplir con los requisitos legales y reglamentarios para continuar en la institución, siendo un acto dotado de fundamentación técnica por parte de la Comisión, con antecedente de un análisis clínico especializado por un órgano colegiado, tratándose una decisión ajustada a derecho y vinculante para su representado.

Destaca, igualmente, que el recurso no se intenta contra la resolución de la Comisión Médica, donde pudo el actor haber expuesto sus alegaciones, sin constar la interposición de recursos reglamentarios, previniéndose expresamente dicho acto que el actor cuenta con el derecho a solicitar una reevaluación por parte de la Comisión Médica Central dentro de dos años desde su retiro si varían las circunstancias de su diagnóstico médico.

Asimismo, manifiesta que lo impugnado se trata de un retiro temporal de la institución, la que está sujeta a un régimen disciplinario singular, donde han de ponderarse criterios de oportunidad y conveniencia en función del prestigio, las necesidades y el adecuado funcionamiento institucional, no pudiendo esta Corte extender su conocimiento al mérito, conveniencia u oportunidad del acto, lo que importaría sustituir el juicio de la autoridad legalmente competente y de órganos técnicos especializados.

En consecuencia, arguye que, tratándose de una decisión dictada por autoridad competente, en el ejercicio de sus funciones, sin que exista una vulneración de garantías del actor, pide el rechazo de la acción.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Cuarto: Que, en este contexto, impugna la recurrente el acto administrativo dictado por la Prefectura de Carabineros Limarí, en cuanto dispuso su retiro temporal de la institución, por concurrir imposibilidad física del actor, alegando que, con posterioridad a la resolución de la Comisión Médica Central de Carabineros, que sirve de antecedente a la decisión reprochada, contaba el actor con informes médicos particulares que daban cuenta de la recuperabilidad de su diagnóstico y alta médica. Quinto: Que la recurrida sostuvo su petición de rechazo argumentando que lo impugnado no dice relación con el ejercicio de competencias por parte de la jefatura institucional, sino que se trata de revisión del mérito de resolución de calificación, lo que corresponde a un órgano técnico y colegiado -la Comisión Médica Central-, según previene el Estatuto de Personal y la Ley Orgánica de Carabineros, concluyendo la ausencia de un actuar ilegal o arbitrario, más cuando esta decisión se encuentra firme y el recurso no fue intentado en contra de aquel acto administrativo.

Sexto: Que, como argumentó la recurrida, la controversia sometida a conocimiento de esta Corte importa un pronunciamiento no sobre la ilegalidad o arbitrariedad de la decisión adoptada por la Prefectura recurrida, sino sobre el mérito de la calificación de salud del personal institucional.

Séptimo: Que lo anterior se sustenta en cuanto la ilegalidad referida atiende a la falta de consideración de antecedentes particulares del actor -diagnóstico recuperable y alta médica- encontrándose impedida esta Corte de revisar por esta vía la determinación de la idoneidad de salud del funcionario afectado, siendo su calificación emitida por órgano competente, el que, además, tiene la naturaleza de ser un ente colegiado y técnico.

Octavo: Que, así, cabe destacar que la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, previene en su artículo 42 letra b) que el retiro temporal del Personal de Nombramiento Institucional procederá, entre otras causales, “por enfermedad curable que imposibilite temporalmente para el servicio”, previsión normativa que es reiterada en el artículo 114 letra a) del D.F.L. (Interior) No.2, de 1968, que contiene el Estatuto del Personal de Carabineros de Chile.

Asimismo, el inciso primero del artículo 64 del citado D.F.L. No.2 dispone expresamente que corresponde de manera exclusiva a la Comisión Médica Central de Carabineros el examen del personal de la Institución, con el objeto de establecer su capacidad física para permanecer en el servicio o determinar la afección que lo imposibilita para continuar desempeñándolo. Tal exclusividad se ve reforzada por lo dispuesto en el artículo 73 del mismo cuerpo normativo, el cual señala que a la Comisión Médica de Carabineros le compete, de forma privativa, el examen del personal para determinar su aptitud física o la clase de invalidez que lo inhabilita para continuar en el servicio activo.

Dicha regulación se ve complementada por el Decreto Supremo No.4, de 1988, del Ministerio de Defensa Nacional, que fija el Reglamento de las Comisiones Médicas de Carabineros de Chile, cuyo artículo 2° asigna a la Comisión Médica Central, con carácter exclusivo, el examen del personal institucional para determinar si su estado de salud es o no recuperable para el servicio. A su vez, el artículo 6° del referido reglamento autoriza expresamente a dicha Comisión para asesorarse, cuando lo estime necesario, por especialistas médicos en las materias pertinentes, quienes deberán emitir el informe respectivo y suscribir conjuntamente con los miembros titulares el dictamen o resolución correspondiente.

Noveno: Que, de lo expuesto y en consecuencia, se desprende con claridad que el ordenamiento jurídico vigente ha entregado de manera expresa, especializada y excluyente a la Comisión Médica Central de Carabineros la competencia técnica para evaluar la condición de salud del personal institucional y determinar sus consecuencias funcionarias, sin que corresponda a esta Corte sustituir dicho juicio médico-técnico por una apreciación diversa, salvo que se acreditare la concurrencia de un actuar manifiestamente ilegal o arbitrario, circunstancia que, en la especie, no aparece debidamente configurada, toda vez que el arbitrio se intenta contra la decisión de la jefatura institucional y no de este órgano.

Décimo: Que, en consecuencia, no cabe sino colegir que el proceso de calificación sobre la imposibilidad para continuar en el servicio se encuentra concluido, sin que estos sentenciadores adviertan un actuar o ilegal o arbitrario por parte de la Prefectura recurrida, debiendo igualmente tenerse en consideración que el actor puede requerir la revisión del acto si varían sus antecedentes de diagnóstico -su recuperación- dentro de los dos años contados desde el retiro, lo que, en suma, motiva el rechazo de la acción, según se dirá.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado en contra de la Prefectura de Carabineros de Limarí.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

Rol No.2145-2025 Protección.-