nombre reservado con SERVICIO SALUD COQUIMBO

nombre reservado

Municipalidad de Ovalle y otra Recurso de protección Rol N°2143-2025.- La Serena, treinta de enero de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece Oscar Eduardo Olivares Jatib, abogado, en representación de la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipal (nombre reservado), interponiendo acción de protección en favor de 28 funcionarios del Departamento de Salud de la Municipalidad de Ovalle, todos dependientes del SAR Marcos Macuada, en contra de la Ilustre Municipalidad de Ovalle, representada por nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, y en contra del Servicio de Salud Coquimbo, representado legalmente por nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por el acto ilegal y arbitrario consistente en la omisión de adoptar medidas de higiene y seguridad en el SAR Marcos Macuada y otros establecimientos de salud administrados por la Municipalidad de Ovalle, afectando con ello las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N°1 y N°2 de la Carta Magna.

Expone que, el día sábado 22 de noviembre de 2025, durante la jornada de la mañana, aproximadamente 28 funcionarios de salud y 02 usuarios dependientes del dispositivo SAR Marcos Macuada, establecimiento de salud administrado por la Municipalidad de Ovalle, ubicado en domicilio reservado, de la comuna de Ovalle, estuvieron expuestos a un brote por intoxicación por plaguicidas, ello debido a los trabajos de fumigación y desratización trimestral realizado por una empresa externa.

Indica que, los trabajos de fumigación y desratización comenzaron alrededor de las 08:15 am de ese sábado 22 de noviembre de 2025, interrumpiéndose la atención de los usuarios. A su vez, la jefatura del Departamento de Salud dispuso que los funcionarios fueran trasladados a las dependencias del CESFAM nombre reservado para realizar atención de servicio de urgencias, ordenándoles retornar al SAR Marcos Macuada a las 12:00 pm, lo cual se concretó alrededor de la 12:05 pm.

Señala que, siendo las 12:40 pm aproximadamente, parte del equipo de salud comienza con síntomas asociados a intoxicación, tales como cefalea, náuseas, congestión nasal, entre otras. Seguidamente, y ante la pasividad de la recurrida, el médico de turno del dispositivo toma contacto con la Coordinadora de Dispositivo y Presidenta de AFUSAM Ovalle, nombre reservado, quien sugiere que los funcionarios afectados retornen a las dependencias del CESFAM, para así proteger eficazmente su salud.

Agrega que, a medida que transcurrían las horas, aumentaba el número de funcionarios intoxicados y la sintomatología derivada, requiriéndose incluso de procedimientos invasivos, apoyo con oxigenoterapia y nebulizaciones.

Refiere que, el alcalde de la comuna, Héctor Vega Campusano, acompañado por la Jefa del Departamento de Salud, luego de ser informado por la AFUSAM Ovalle acerca del brote por intoxicación por plaguicidas, concurrió al SAR Marcos Macuada para constatar en terreno la efectividad de lo ocurrido. Sin embargo, desatendiendo la gravedad de los hechos y el inminente peligro que dichas dependencias representaban para la salud de los funcionarios, la autoridad edilicia ordenó retomar las labores en el dispositivo a partir de las 20:00 pm, ante lo cual los funcionarios, en ejercicio del derecho previsto en el artículo 184 bis del Código del Trabajo, se opusieron a acatar tal instrucción, comprometiéndose a volver el día domingo siguiente 23 de noviembre del 2025, a partir de las 08:00 am, siempre que las condiciones de higiene lo permitieran.

Menciona que, recién a las 08:00 am del domingo 23 de noviembre del 2025, acude al SAR Marcos Macuada parte del equipo de prevención del Departamento de Salud de la Municipalidad de Ovalle para revisar que las instalaciones se encontraran en condiciones adecuadas para la prestación del servicio y la atención de usuarios, autorizando la reanudación de las labores, en circunstancias que no estaban las condiciones mínimas de higiene y seguridad, pues el factor de riesgo continuaba latente.

Sostiene que, el personal de salud debió retomar las labores en el SAR Marcos Macuada, sin embargo, durante el transcurso de la mañana 11 funcionarios de ese dispositivo tuvieron que acudir de urgencia a la ACHS (incluyendo médicos), motivo por el cual se detuvo la atención de público.

Indica que, el día lunes 24 de noviembre del 2025, iniciando la jornada laboral, otros funcionarios dependientes del SAR, que no habían presentado síntomas, comenzaron a experimentar cefalea, náuseas, congestión nasal, entre otros síntomas.

Añade que, el cuerpo de bomberos de Chile y la Seremi de Salud concurrieron ese día al SAR Marcos Macuada, identificándose el riesgo, el daño, los funcionarios y usuarios afectados, instruyéndose el respecto sumario sanitario.

Arguye que, la situación demuestra la precariedad de las condiciones de higiene y seguridad del personal de salud del SAR Marcos Macuada, lo que, sumado a la inexistencia de un protocolo de actuación ante intoxicaciones masivas de funcionarios, como tampoco, planes de contingencia que permitan efectuar una fumigación y desratización segura para los trabajadores y para la atención de usuarios, amerita la interposición de la presente acción de protección.

Agrega que, la recurrida ya había sido advertida con bastante anticipación por uno de los dirigentes de la AFUSAM Ovalle, nombre reservado, acerca del riesgo que implicaban los trabajos de fumigación y desratización para la salud de los funcionarios y usuarios, tal como da cuenta el correo electrónico de fecha 26 de julio del 2025. Lamentablemente ninguna medida preventiva fue adoptada por la Municipalidad de Ovalle. Señala otras situaciones de otros centros de salud en que se exponen a los trabajadores, a polución por contaminación del agua y del aire, producida por residuos de procesos industriales o biológicos, lo que afecta la integridad de los trabajadores.

Sobre las garantías constitucionales conculcadas, se refiere al derecho a la vida e a la integridad física y psíquica, el cual se ve infringido ya que los funcionarios se exponen a un peligro inminente debido a las deficientes condiciones sanitarias en que se encuentra los establecimientos de atención primaria de salud administrados por la Municipalidad de Ovalle, especialmente, el SAR Marcos Macuada. Y en cuanto a la igualdad ante la ley, señala que, a diferencia del resto del personal de salud de otras entidades administradoras de salud, los funcionarios del Departamento de Salud de la Municipalidad de Ovalle se desempeñan en un entorno laboral inseguro y peligroso, lo cual resulta ser un trato arbitrario.

Concluye solicitando, se acoja el presente recurso y se ordene a las recurridas adoptar las siguientes medidas de higiene y de seguridad en el SAR Marcos Macuada y en los otros establecimientos de salud administrados por la Municipalidad de Ovalle: 1. Eliminar todos los factores de riesgo existentes en tales establecimientos, por ejemplo: brotes de plaguicida, malos olores, ruidos molestos, polución, por nombrar algunos. 2. Que se dicten a la brevedad protocolos de actuación ante intoxicaciones masivas de funcionarios y la dictación de planes de contingencia que permitan efectuar una fumigación y desratización segura para los trabajadores y para la atención de usuarios. 3. Adoptar todas las medidas de higiene y de seguridad que corresponda, para así cautelar el legítimo derecho constitucional establecido en el artículo 19 N°1 y 2 de la Carta Magna, todo con costas.

Acompaña a su recurso: DAU funcionarios intoxicados; Informes médicos atención ACHS; Correo electrónico de 26 de julio de 2025 (plan de contingencia) y Acta de 24 de noviembre del 2025, de la SEREMI de Salud.

SEGUNDO: Que, evacuó informe el Servicio de Salud Coquimbo, solicitando el rechazo del recurso.

Alega, la falta de legitimación pasiva del Servicio de Salud Coquimbo, por cuanto tras la Reforma de la Salud del año 1979, las prestaciones en el sistema público de salud son otorgadas por el Sistema Nacional de Servicios de Salud compuesto de 29 Servicios de Salud del país y el sistema de atención primaria de salud, traspasada a las Municipalidades, quienes se hicieron cargos de la administración y operación de los establecimientos de atención primaria, que pasaron a ser municipales.

Indica que, la red de salud APS de la comuna de Ovalle es administrada por la Ilustre Municipalidad de Ovalle.

Señala que, el financiamiento de la Atención Primaria de Salud Municipalizada, se materializa en dos mecanismos más importantes de financiamiento: 1) per cápita (que corresponde al 70% del presupuesto total transferido) y 2) pago prospectivo por prestación conforme convenios de Programas de Reforzamiento de atención primaria (23%). Existen, además, aportes de otras leyes: N°19.813, 20.157 y 20.502 (7%) más los aportes complementarios que puede hacer directamente la Municipalidad.

Refiere que, la habilitación, reposición y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud que administra la Municipalidad de Ovalle, depende única y exclusivamente de la Municipalidad de Ovalle.

Agrega que, conforme a lo modificado por la Ley 19.937, la autoridad sanitaria que antes correspondía al Servicio de Salud, hoy corresponde a la Secretaría Regional Ministerial de Salud correspondiente.

Añade que, a diferencia de lo señalado en el libelo, el Servicio de Salud Coquimbo no es competente en materias de fiscalización, pues a través de la Ley 19.937 de 24 de febrero de 2004, fueron derivadas las facultades fiscalizadoras de higiene y seguridad del ambiente y de los lugares de trabajo, entre otras, a las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud respectivas.

Concluye que, queda en evidencia que el Servicio de Salud Coquimbo carece de legitimación pasiva en este recurso, por cuanto no tiene facultades legales para formular proyectos de reparación o habilitación de infraestructura o equipamiento de los establecimientos de la atención primaria dependientes de la Municipalidad de Ovalle, siendo improcedente el presente recurso respecto del Servicio de Salud Coquimbo.

Solicita el rechazo del recurso.

TERCERO: Que, evacuó informe la Ilustre Municipalidad de Ovalle, solicitando el rechazo del recurso.

Alega, en primer lugar, la ineptitud del libelo, por cuanto el recurso de protección de la parte recurrente es un escrito que no tiene una parte petitoria clara y no especifica tampoco los hechos basales que habrían dado lugar a la supuesta vulneración de los derechos fundamentales.

Señala que, el libelo es inepto además porque no se interpone en contra de la empresa contratista que llevó adelante el proceso de sanitización y fumigación en el SAR dependiente de su servicio, empresa que ni siquiera es individualizado en el recurso.

En cuanto a la extemporaneidad del recurso, indica que nada se indica sobre la fecha en que ocurrió la acción u omisión que significó la privación, perturbación o amenaza a su presunto derecho, siendo el recurso extemporáneo.

En cuanto al fondo, refiere que los hechos que se mencionan en el recurso no son efectivos, exponiendo que el día sábado 22 de noviembre de 2025, en dependencias del dispositivo Servicio de Alta Resolutividad nombre reservado, en adelante SAR, se efectuó aplicación trimestral del servicio de control de plagas, servicio el cual contempla desinfectación, sanitización y desratización, el cual fue contratado por la entidad edilicia mediante licitación pública N°127/2024 ID 2710-312-LE24, la cual fue adjudicada a empresa Sociedad Comercial y Servicios Imakoy Limitada.

Indica que, las labores contratadas son supervigiladas por unidad de Higiene Ambiental del Departamento de Salud comunal, coordinando la aplicación trimestral del mencionado servicio, en todos los establecimientos de salud primaria de la comuna.

Señala que, el día 22 de noviembre de 2025, la empresa, previa coordinación y calendarización de las acciones, concurre a dispositivo SAR a entregar sus servicios a partir de las 08:00 horas. En dicha instancia la Jefatura DESAM arbitró todas las medidas necesarias para salvaguardar la integridad de los funcionarios del SAR y la continuidad de la atención de usuarios, disponiendo de un sector separado en dependencias del CESFAM Marcos Macuada Ogalde, para la ejecución de las labores de SAR durante la jornada de la mañana del mencionado día hasta las 14 horas.

Refiere que, en la jornada de la tarde el personal SAR retoma labores en sus dependencias comenzando a presentar una posible sintomatología que eventualmente podría configurar una intoxicación, lo cual no ha sido comprobado objetivamente por las entidades pertinentes.

Sostiene que, dentro de los hechos relatados por el recurrente se informan circunstancias que no son efectivas, entre las cuales destaca que, apersonándose en dependencias del SAR, el Alcalde y Jefa del Departamento de Salud ordenaron retomar labores en el dispositivo, orden la cual no fue acatada por los funcionarios en virtud del artículo 184 bis del Código del Trabajo, lo cual no es efectivo.

Agrega que, tampoco es efectivo lo que señala el recurrente cuando indica una supuesta interrupción de labores ante el peligro inminente en virtud del derecho otorgado por el artículo 84 bis del Código del Trabajo comprometiendo retorno a partir de las 08:00 horas del día 23 de noviembre, sin embargo, consta de manera efectiva que la atención del establecimiento no se interrumpió.

Añade que, el departamento de salud comunal, se encuentra dispuesto a través de un organigrama estructural con unidades dentro de las cuales constan áreas destinadas a atender contingencias como la del caso, tales como Unidad de prevención de riesgos, Unidad de salud ocupacional y Unidad de higiene ambiental.

Menciona que, la Unidad de Prevención de Riesgo, encargada nombre reservado, alrededor de las 15:40 horas del día 22 de noviembre de 2025, recibió llamado de nombre reservado, en calidad de coordinadora de SAR, informando sobre una posible intoxicación en el Centro de Salud, debido a un control de plagas realizado en la jornada de la mañana, adoptándose diversas medidas correctivas.

Indica que, el equipo de Prevención instruyó desde el área de Prevención la realización de seguimiento a contar del día lunes 24 de noviembre mediante Unidad de Salud Ocupacional (USO), a fin de que los funcionarios afectados se presenten en la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) para la cobertura del seguro social y para continuar el proceso de evaluación.

Refiere que, adicionalmente el equipo de Prevención se presentó a las 09:00 horas del día domingo 23 de noviembre en el SAR para recibir la visita de la SEREMI de Salud. Durante la jornada, se solicitó apoyo al Cuerpo de Bomberos para efectuar mediciones de gases y para colaborar con la ventilación del recinto.

Señala que, a raíz del incidente, el organismo fiscalizador, esto es la SEREMI de salud, levantó el acta correspondiente instruyendo sumario sanitario contra la entidad municipal y contra empresa externa que se adjudicó licitación de control de plagas, lo cual consta en Actas de fiscalización números de folio 082089, 082090, 082091, 082092 y 082093, cuya resolución aún se encuentra pendiente.

Sostiene que, no hay antecedentes que verifiquen fehacientemente la existencia de una intoxicación por parte del personal, es más, resulta imposible hablar de una intoxicación por plaguicida, pues tal como se informó por empresa de licitación e inspector técnico, solo se utilizó en el proceso del día 22 de noviembre del presente, una solución de amonio cuaternario, como sanitizante.

Agrega que, el Cuerpo de Bomberos de Ovalle en visita efectuada en dependencias del SAR Marcos Macuada, con motivo de los hechos que motivan la presente causa, no certificó presencia de gases nocivos para la salud en dicho establecimiento, indicando inclusive que era viable el retomar labores en dicho dispositivo de urgencia.

Concluye que, no existe antecedente alguno que dé cuenta de la ilegalidad ni arbitrariedad del acto. De esta forma, aunque el recurso de protección señala que se habría vulnerado diversas garantías constitucionales, en realidad no existe vulneración alguna de estos derechos, ya que la recurrente carece de los derechos que alega con respecto de su parte.

Solicita el rechazo del recurso, con costas.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición, y que por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.

QUINTO: Que, de lo antes expresado, aparece como requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a la ley, o arbitrario, producto de mero capricho de quien incurre en él, que afecte una o más de las garantías protegidas. Sobre el punto la jurisprudencia de los tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar, ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar, un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

SEXTO: Que, en primer término, respecto de la alegación de falta de legitimación pasiva del Servicio de Salud Coquimbo, resulta evidente que tras la Reforma de Salud del año 1979 y las modificaciones introducidas por la Ley 19.937, la administración de los establecimientos de atención primaria de salud fue traspasada a las Municipalidades, siendo la Municipalidad de Ovalle quien administra la red de salud APS de la comuna, incluyendo el SAR Marcos Macuada.

Asimismo, conforme a lo modificado por la Ley 19.937, la autoridad sanitaria que antes correspondía al Servicio de Salud, hoy corresponde a la Secretaría Regional Ministerial de Salud correspondiente. Por lo tanto, el Servicio de Salud Coquimbo carece de legitimación pasiva en este recurso, por cuanto carece de facultades fiscalizadoras y no puede formular proyectos de reparación o habilitación de infraestructura o equipamiento de los establecimientos de la atención primaria dependientes de la Municipalidad de Ovalle, Por lo demás, en el extenso relato de los actores nada hay en torno a acto u omisión arbitrario o ilegal en el que dicha entidad hubiera incurrido, exigencia básica de este tipo de recursos.

SÉPTIMO: Que, en cuanto a las alegaciones de ineptitud del libelo y extemporaneidad del recurso interpuestas por el ente edilicio, deberán ser rechazadas, pues resulta de la lectura del libelo interpuso, que es claro en cuanto al acto recurrido y las garantías vulneradas, como contra quien es dirigido.

En cuanto a la extemporaneidad, se indica que el acto vulneratorio se produce el 22 de noviembre de 2025, y habiéndose interpuesto la acción de protección el 19 de diciembre de 2025, lo fue en el plazo referido por el Auto Acordado de tramitación del recurso de protección, por lo que no cabe declarar la acción extemporánea.

OCTAVO: Que, el recurso se sustenta en la supuesta falta de condiciones de higiene y seguridad a las que los y las trabajadores que comparecen fueron expuestos, generando con ello afectación a su salud.

Relevante es considerar que lo pedido es “1. Eliminar todos los factores de riesgo existentes en tales establecimientos, por ejemplo: brotes de plaguicida, malos olores, ruidos molestos, polución, por nombrar algunos. 2. Que se dicten a la brevedad protocolos de actuación ante intoxicaciones masivas de funcionarios y la dictación de planes de contingencia que permitan efectuar una fumigación y desratización segura para los trabajadores y para la atención de usuarios. 3. Adoptar todas las medidas de higiene y de seguridad que corresponda, para así cautelar el legítimo derecho constitucional establecido en los artículos 19 N°s. 1 y 2 de la CPR de cuyo legítimo ejercicio se ven perturbados y amenazados nuestros asociados o que se adopte cualquiera otra medida que V.S.I estime pertinente con el objeto de reestablecer el imperio del derecho, todo con costas.”

A juicio de estos sentenciadores, el quid del asunto radica en determinar la omisión de condiciones de protección ante riesgos a la salud física de los trabajadores y, acreditado aquello, analizar si puede esta Corte, en este contexto excepcional y de urgencia, acceder a alguna de las medidas solicitadas.

La conclusión ineludible ante las inquietudes mencionadas es que, al requerirse de prueba, es por cuanto el asunto debe ser sometido a un juicio de lato conocimiento, en el que se acrediten no sólo las dolencias padecidas, sino que aquellas sean consecuencia directa de la omisión denunciada, lo que debe ejecutarse en un juicio basado en el principio contradictorio que permita a cada parte sostener acusaciones y defensas, rendir prueba, oponerse a la de la contraria, etc, asunto del todo alejado a los márgenes de este libelo constitucional. Aquel impedimento se extiende al petitorio del recurso, el que exige a esta Corte, en un escenario constitucional, adoptar medidas propias de un juicio laboral, pues implica determinar la existencia -o no- de protocolos de protección, lo que conlleva a analizar las funciones de cada uno de los trabajadores, lo que constituye un asunto técnico que escapa a este escenario procesal. Prueba de lo anterior es que se requiere que estas medidas se extiendan a todos los espacios en que trabajan funcionarios de AFUSAN, lo que deja en evidencia la excesiva generalidad del debate propuesto y la inconveniencia del instituto presentado.

Por todas estas razones, el recurso será desechado íntegramente.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

I. Que, SE ACOGE, la excepción de falta de legitimidad pasiva por parte del Servicio de Salud de Coquimbo y, consecuencialmente, se desecha el recurso a su respecto.

II. Que, SE RECHAZAN, las excepciones de ineptitud del libelo y extemporaneidad alegadas por la Municipalidad recurrida.

III. Que, SE RECHAZA, el recurso de protección interpuesto por la Confederación Nacional de funcionarios de la Salud Municipal en favor de 28 funcionarios del Departamento de Salud de la Municipalidad de Ovalle, en contra de la Municipalidad de Ovalle.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°2143-2025 (Protección).