Protección contra su madre

Servicio de Salud Coquimbo nombre reservado

Recurso de protección Rol Nº2142-2025 La Serena, veinte de enero de dos mil veintiséis.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece Claudio Alhambra Carvajal, abogado, en representación del SERVICIO DE SALUD COQUIMBO, ambos con domicilio en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en beneficio de la niña nombre reservado, de actuales 13 años, dirigido en contra de su madre, doña nombre reservado, ambas con domicilio en domicilio reservado, por el acto que señala como ilegal y arbitrario, consistente en la negativa a que su hija acceda a la administración de las vacunas que le corresponden de acuerdo a su edad y que forman parte del Programa Nacional de Inmunizaciones, lo que vulnera los derechos fundamentales a la vida y la integridad física y psíquica de las persona y el derecho a la protección de la salud, consagrados en los numerales 1 y 9 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Relata que, el 21 de noviembre de 2025, el Hospital San Juan de Dios de Combarbalá recibió una carta suscrita por la madre de la menor, dirigida al director del establecimiento, titulada “Denegación de consentimiento para vacunas”.

Añade que en dicha comunicación la recurrida manifiesta su rechazo a cualquier tratamiento de salud que no cuente con su autorización expresa, señalando particularmente su oposición a la administración de vacunas, las cuales califica como innecesarias y acientíficas, invocando normas constitucionales y legales, principalmente la Ley N° 20.584, afirmando que estas le otorgan el derecho a consentir o rechazar procedimientos médicos, y explicando que las vacunas contienen sustancias nocivas para la salud —como aluminio, timerosal y otros compuestos— y sosteniendo que existiría una relación entre la vacunación y el autismo u otras patologías.

Asimismo, esgrimió que la menor tendría antecedentes de alergias a diversas sustancias, supuestamente incluidas en las vacunas.

En tal contexto, refiere que se procedió a revisar el Registro Nacional de Inmunizaciones y/o Sistema Informático Institucional, así como los antecedentes clínicos disponibles en el establecimiento Hospitalario, constatando que la menor no cuenta con registro de administración de vacunas correspondientes a su edad, presentando un esquema de vacunación incompleto. Asimismo, añade que el informe de enfermería de 17 de diciembre de 2025, da cuenta que no se identificaron antecedentes de contraindicaciones médicas documentadas que justifiquen la no administración de las vacunas.

En consecuencia, sostiene que no existe evidencia concreta que permita sostener que las vacunas representan un riesgo real o una afectación a la salud de la menor, lo que configura, de parte de su madre, un incumplimiento del deber de garante que le impone la ley.

Enseguida, refiere que la vacunación obligatoria se encuentra expresamente regulada por el Código Sanitario, el Decreto Exento N° 50 del Ministerio de Salud y que el derecho al consentimiento informado reconocido en la Ley N° 20.584 no es absoluto, cediendo cuando la negativa pone en riesgo la salud pública. Se enfatiza, además, la dimensión colectiva de la vacunación y el concepto de inmunidad de grupo.

Asimismo, invoca la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley N° 21.430, destacando que los niños tienen derecho a ser inmunizados y que los padres son garantes inmediatos de la salud de sus hijos, obligados a asegurar su vacunación oportuna.

En cuanto a los derechos fundamentales vulnerados, sostiene que la negativa de la recurrida afecta el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, al exponer a la menor a enfermedades inmunoprevenibles, como también, su derecho a la protección de la salud, al impedir el acceso a una política pública sanitaria esencial.

Por lo anterior, solicita que se acoja el recurso de protección, y se ordene la elaboración inmediata de un esquema de vacunación personalizado, esto atendida la cantidad de vacunas que, conforme a su edad, se encuentran pendientes del esquema de vacunación obligatorio, y que posteriormente se proceda a la aplicación progresiva y oportuna de las vacunas que resulten del referido esquema, bajo apercibimiento de recurrir al auxilio de la fuerza pública, en caso de que ello resulte estrictamente necesario.

Acompañó a su presentación: 1. Carta de fecha 21 de noviembre de 2025, suscrita por doña nombre reservado, referenciada “Denegación de consentimiento para vacunas”. 2. Informe de Enfermería de fecha 17 de diciembre de 2025, suscrito por la enfermera nombre reservado, perteneciente al Programa Nacional de Inmunizaciones del Hospital San Juan de Dios de Combarbalá. 3. Certificado de Vacunación del Ministerio de Salud de fecha 17 de diciembre de 2025. 4. Certificado Médico suscrito por la Dra. Valeria Agurto Romero del Hospital San Juan de Dios de Combarbalá.

SEGUNDO: Que, a folio 7 del expediente, se evacuó informe por la recurrida, solicitando el rechazo del recurso.

Indica que no es una madre antivacunas, señalando que su hija cuenta con vacunas previamente administradas, y que su negativa se circunscribe a determinadas vacunas, entre ellas, la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), atendidas condiciones médicas individuales y una experiencia adversa previa tras vacunación contra la influenza. Sostiene que dicha decisión se basa en antecedentes médicos vigentes, consistentes en alergias relevantes, riesgo de reacciones graves —incluido shock anafiláctico— y recomendaciones médicas expresas de no inoculación.

Destaca que la menor ha tenido seguimiento médico continuo y multiprofesional, tanto en el sistema público como privado, desde al menos el año 2022, contando con evaluaciones de distintos médicos que, según indica, son concordantes en advertir riesgos asociados a la vacunación.

Añade que la niña presenta un desarrollo integral óptimo, vive en un entorno familiar estable, sin conductas de riesgo, y que no existe actualmente pandemia, alerta sanitaria ni urgencia epidemiológica que justifique una intervención forzada.

Por otra parte, afirma que su negativa se encuentra amparada por el consentimiento informado, la libertad de conciencia de los padres, el derecho preferente a decidir en materias de salud, y el principio del interés superior del niño, conforme a la Constitución, la Ley N° 21.430, la Ley N° 20.584 y los tratados internacionales de derechos humanos.

Invoca jurisprudencia que habría reconocido el derecho de los padres a oponerse fundadamente a determinadas vacunas cuando ello se ajusta al interés superior del niño.

Por lo anterior, solicita que se rechace el recurso de protección, por no existir acto ilegal o arbitrario, declarando que la decisión parental se encuentra amparada por la Constitución, la ley y los tratados internacionales.

Acompañó a su informe: 1.- Certificado de nacimiento de la menor de autos. 2.- Certificado médico de 12.08.2022 emitido por doctora nombre reservado. 3.- Certificado médico de 20.11.2025 emitido por doctora nombre reservado. 4.- Certificado médico de doctor nombre reservado de 04.04.2022. 5.- Certificado médico de doctor nombre reservado de 02.06.2023. 6.- Certificado médico de doctor nombre reservado de 02.06.2023. 7.- Certificado médico de doctor nombre reservado de 03.06.2023.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición, y que por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, para discernir la materia objeto del recurso en estudio, conviene revisar algunas normas que disciplinan la materia, a saber: 1.- Que la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, en su artículo 3 N°1, estatuye que “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.” Asimismo, el artículo 24 de la citada convención, en su N°1, prescribe que “Los Estados Parte reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios” y, en el numeral 2, previene que “Los Estados Partes asegurarán las plena aplicación de este derecho y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas para: a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez y b) Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sean necesarias a todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención primaria de salud”. 2.- Que, lo anterior, aparece hoy robustecido en nuestro derecho interno a través de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley N°21.430, sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, que representa un cambio de paradigma en cuanto a consolidar a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, y es en este marco que se consagra el Derecho a la salud y a los servicios de salud, que se erige como una pieza fundamental para el bienestar infantil, abarcando de manera categórica el derecho a la inmunización como una de sus manifestaciones esenciales. Es así que en su párrafo octavo se señala que “Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la inmunización contra las enfermedades prevenibles. El Estado debe asegurar programas gratuitos de vacunación obligatoria dirigidos a todos los niños, niñas y adolescentes. En estos programas, el Estado debe suministrar y aplicar las vacunas, mientras que los padres, madres o responsables legales de su cuidado deben garantizar que los niños, niñas y adolescentes sean vacunados oportunamente.”

La ley no se limita a garantizar un estándar mínimo de salud, sino que aspira al "más alto nivel posible". Este principio, de raigambre internacional en derechos humanos, obliga al Estado a realizar esfuerzos continuos y progresivos para mejorar la salud infantil. En este contexto, la inmunización, al prevenir enfermedades graves y potencialmente mortales, es una herramienta indispensable para alcanzar este "más alto nivel". La omisión de programas de vacunación o su debilitamiento constituiría una violación directa de esta disposición.

El artículo analizado mandata al Estado a asegurar un sistema de salud con acceso universal y gratuito a la atención primaria, y en Chile, los programas de inmunización se han implementado a través de la atención primaria de salud (APS). Al garantizar el acceso universal y gratuito a la APS, la ley asegura indirectamente que todos los niños, niñas y adolescentes, sin importar su previsión de salud (FONASA o ISAPRE) o su condición socioeconómica, tengan acceso a las vacunas contempladas en el Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI). De esta manera se enfatiza la "promoción" y "prevención" en salud. La inmunización es, por definición, la principal estrategia de prevención primaria en salud pública. Al destacar este aspecto, la ley refuerza la obligación del Estado de mantener y fortalecer programas como el PNI, que busca activamente evitar la aparición de enfermedades infecciosas. 3.- Que, desde un lente sanitario, el artículo 32 inciso 1 del compendio de la especialidad, refiere que “El Servicio Nacional de Salud tendrá a su cargo la vacunación de los habitantes contra las enfermedades transmisibles”, prescribiendo el inciso 2° que “El Presidente de la República, a propuesta del Director de Salud, podrá declarar obligatoria la vacunación de la población contra las enfermedades trasmisibles para las cuales existan procedimientos eficaces de inmunización.”

Es precisamente en virtud de dicho mandato que el Poder Ejecutivo procedió a dictar el Decreto N°6 de 29 de enero de 2010 del Ministerio de Salud, en el cual dispuso, en síntesis, la vacunación obligatoria de la población que vive en Chile contra las enfermedades inmuno-previsibles. 4.- Que, finalmente, el artículo 14 inciso 1 de la Ley N°20.584 prescribe que “Toda persona tiene derecho a otorgar o denegar su voluntad para someterse a cualquier procedimiento o tratamiento vinculado a su atención de salud, con las limitaciones establecidas en el artículo 16 , norma ésta última que en su inciso 2 , señala que Este derecho de elección no resulta aplicable cuando, como producto de la falta de esta intervención, procedimiento o tratamiento, se ponga en riesgo la salud pública, en los términos establecidos en el Código Sanitario”.

SEXTO: Que, del marco normativo internacional y doméstico antes transcrito, se advierte que la razón expuesta por la recurrida para sustraer a su hija del cumplimiento de la ley, en general, y del sistema de inmunización dispuesta por la autoridad sanitaria, en particular, además de resultar incompatible con ella, contraviene el principio del interés superior de la niña que la informa, como quiera que el Estado de Chile debe velar por la salud de ésta última, no habiéndose entregado fundamentos suficientes que permitan entender la necesidad de sustraer a la niña, conforme al principio citado del programa de inmunización.

De esta manera, desprovista de antecedentes suficientes que la sustenten, la decisión aparece arbitraria y provoca la inejecución de los derechos y garantías de la niña, siendo aquello contrario a su interés superior y, por lo demás, incumple la progenitora su principal rol de custodio del ejercicio de las prerrogativas de su hija, propias de la corresponsabilidad parental que hay a la base de sus roles paternofiliales.

No debemos olvidar que el derecho/deber de crianza y educación de los hijos radica en sus padres, reconocido en el artículo 10 de la Ley N°21.430, mandata que los niños “tienen el derecho a ser cuidados, protegidos, formados, educados y asistidos, en todas las etapas de su desarrollo preferentemente por sus padres y/o madres” y, a ese respecto, el Estado asumir un rol de acompañamiento para dicho ejercicio, debiendo “especialmente, respetar, promover y proteger el ejercicio de este derecho, así como el cumplimiento de los deberes paternos y/o maternos.” De esta forma, si bien es efectivo que los padres pueden definir qué estilo de crianza brindarán a sus hijos, aquello jamás podría incluir dejarlos en desprotección que, de ocurrir, es el Estado el encargado de cubrir. Y aquello es justamente lo que obra en autos, cuando la libertad invocada por la progenitora, en un simple ejercicio de ponderación de derechos, cede ante la garantía de que su hija viva y cuente con la satisfacción de su integridad física en plenitud.

SÉPTIMO: Así las cosas, no encontrándose, la negativa prestada por la recurrida para inmunizar a su hija, fundada o amparada en la legislación vigente, forzoso y necesario resulta concluir que su actuar resulta ilegal y, además, arbitrario, pues los argumentos expuestos por la recurrida, en este caso, ceden ante los derechos que la normativa nacional e internacional establecen en favor de los niños, niñas y adolescentes en temas sanitarios, por lo que no corresponde sino acoger la acción constitucional que nos ocupa, en los términos que se dirá en la parte resolutiva de este fallo.

Abona a dicha conclusión lo mandatado por la Observación General N°14 del Comité sobre derechos del niño, en orden a la evaluación y determinación del interés superior de éste, lo que tiene corroboración en el sistema interno en lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley N°21.430. En tal sentido, corresponde identificar cuál decisión resulta más favorable para la niña, en la lógica de que la que se adopte le permita gozar y disfrutar de las garantías a ella otorgadas. Y, en este ejercicio, podemos identificar como elementos centrales su edad, la estructura familiar, la carencia de razones objetivas y comprobadas para privarla de su derecho a ser inmunizada, los riesgos que aquello conlleva -y que se extrapolan para todos los demás sujetos que compartan con ella en el evento de resultar afectada por la enfermedad que se intenta evitar-, su salud e integridad física, es posible afirmar que la inoculación resulta ser la opción que, de mejor forma, garantiza los derechos en juego y, por tanto, su interés superior.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por el Servicio de Salud de Coquimbo, en favor de la niña nombre reservado, disponiéndose que el Servicio de Salud deberá proceder a la elaboración de un esquema de vacunación personalizado de la niña, a objeto que posteriormente se proceda a la aplicación progresiva y oportuna de las vacunas que resulten del referido esquema, para lo cual, la recurrida doña nombre reservado deberá concurrir con su hija al Servicio de Salud correspondiente a su domicilio, previa citación del Servicio de Salud.

Notifíquese, regístrese y archívese, en su oportunidad.

Rol N°2142-2025 (Protección).-