nombre reservado con COLEGIO CALASANZ

nombre reservado, nombre reservado

Colegio Calasanz Recurso de Protección Rol N°2142-2023 La Serena, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, a folio 1, comparece doña nombre reservado, en representación de su hijo nombre reservado, de 6 años, interponiendo acción de protección en contra del COLEGIO CALASANZ.

Expone que, el niño nombre reservado cursa 1° año básico en el colegio particular subvencionado “Calasanz”, de Tierras Blancas, comuna de Coquimbo, y que en julio de 2022, junto a su padre, nombre reservado, toman la decisión de separarse, producto de lo cual, su hijo se vio gravemente afectado emocionalmente, por lo que comenzó a presentar comportamientos inadecuados con sus pares y también con los adultos que eran sus referentes, pasando a manifestar sus rabias, miedos y tristezas que fueron provocadas por nuestra separación como padres, de una manera negativa, lo cual se vio reflejado principalmente en el colegio, con compañeros y profesores.

Afirma que, Máximo ingresó al colegio recurrido el año 2021, y que durante el año 2022 comenzaron a notar situaciones de desregularización en sala de clases, por lo que comienza terapia psicológica, ocupacional y neurológica y si bien logró mejorar notablemente su conducta, tras la separación se generaron mayores conflictos psicológicos en el niño, por lo que a partir del mes de marzo de 2023 comenzó a registrar una serie de anotaciones graves por su conducta. Relata los hechos que derivaron en dichas anotaciones, tras lo cual, en el mes de abril, los padres son citados a una reunión con la encargada de convivencia, el director del colegio y una profesora, quienes le manifiestan que máximo se encontraba en situación de condicionalidad, siendo suspendido por tres días, medida que fue apelada, y en definitiva, dejada sin efecto.

Advierte que, la situación del niño fue abordada inmediatamente con él, y con su psicóloga, pero también entendiendo que es un niño en crecimiento y que ellos no ven la maldad en estas situaciones. Agrega que, hay anotaciones que, consideran, no eran 100% acorde con lo ocurrido, existiendo otras que nunca les fueron comunicadas. Menciona una serie situaciones disruptivas que ocurrieron posterior a la reunión antes referida, y destaca que Máximo también se ha sentido amenazado por uno de sus compañeros.

Puntualiza que, existen otras situaciones que reflejan un comportamiento positivo en Máximo, que son importantes de reconocer y que el colegio no ha registrado ni reconocido como si lo ha hecho respecto a los comportamientos negativos.

Refiere que, el 30 de agosto son citados nuevamente a una reunión con la encargada de convivencia y la profesora jefe, para informarles de la suspensión de matricula de Máximo por las anotaciones gravísimas de hostigamiento y violencia hacia sus compañeros, considerándolo un peligro para la integridad de éstos. Además, les informan que Máximo deberá ser retirado de clases desde el lunes 04 de septiembre a las 12:00 pm, con el argumento de que no tienen asistentes de aula posterior a este horario y que eso dificulta mantener la atención y/o vigilancia hacia él. Añade que, el Colegio no tomó ninguna medida para darle el apoyo especial que su hijo requiere, de acuerdo a sus necesidades emocionales que presenta actualmente, y que, simplemente, optaron por el camino más rápido, de cancelar su matrícula y acortarle su horario de clases, para así no hacerse cargo de sus obligaciones como educadores.

Señala que, son informados del plazo de 5 días hábiles para apelar, y así entregar una carta que sería leída ante el consejo y tomar la decisión final, la cual es entregada el día 6 de septiembre, habiendo sido notificados el 30 de agosto, sin embargo, el colegio no la recibe, por resultar extemporánea, perjudicándole en el ejercicio de su derecho.

Recalca que, como padres han sido diligentes, y desde que comenzaron los problemas conductuales del niño abordaron la situación con él, estando en tratamiento psiquiátrico y psicológico desde marzo de 2023, además, han estado en contacto con el colegio cada vez que se lo han solicitado y han aceptado las condiciones que les entregan, respetando el reglamento interno del establecimiento.

Refiere un informe de terapeuta ocupacional, el cual tenía por objeto que el colegio asumiera estrategias propuestas para ayudar a Máximo en su condición y bajar sus niveles de ansiedad, regulando su comportamiento, indicaciones que no fueron realizadas a cabalidad por la comunidad educativa. Añade el tratamiento que ha recibido el niño y los avances que ha manifestado, destacando que lleva más de un mes sin episodios de violencia, y que, además, le ha pedido disculpas a una compañera con quien tuvo problemas. Finalmente, destaca que Máximo tiene un promedio de notas de 6,4.

Alega vulneración al artículo 19 N°3 de la Constitución, pues se les ha impedido defender los derechos de su hijo adecuadamente, al no haber recibido la carta de apelación en el último día de plazo para ello, conforme a las reglas contenidas en el Reglamento Interno del Colegio.

Además, acusa vulneración al derecho a la igualdad ante la Ley, al discriminar arbitrariamente al niño por el difícil momento psicológico que está atravesando a sus 6 años de edad, negándole el derecho a continuar con su educación básica, la cual recién inicia, en el Colegio Calasanz.

Destaca los principios contenidos en la Ley N°21.040 y la Ley N°20.370, concluyendo que el Colegio Calasanz no ha dado cumplimiento al mandato legal, vulnerando con ello las garantías invocadas.

Solicita, por tanto, se acoja el recurso de protección, declarando que el acto por el cual se restringió la jornada escolar del año 2020 y por el cual se canceló la matrícula del año 2024 para nombre reservado, es arbitrario e ilegal.

Acompaña al recurso: 1. Certificado de nacimiento de nombre reservado. 2. Certificado de notas de nombre reservado. 3. Carta de apelación a la decisión de condicionalidad de nombre reservado. 4. Carta de apelación a la decisión de cancelación de matrícula de nombre reservado. 5. Informe psicológico de nombre reservado. 6. Informe psiquiátrico de nombre reservado. 7. Informe terapeuta ocupacional de nombre reservado.8. Correo electrónico de fecha 29 de septiembre de 2023 proveniente de la Profesora Camila Fajardo.

A folio 14 acompaña: 1. Horario de clases del niño de autos. 2. Resolución 629, de fecha 29 de septiembre de 2021, referente a la revisión de medidas disciplinarias, emitido por la Superintendencia de Educación. 3. Esquema procedimiento Aula Segura.

SEGUNDO: Que, a folio 11 evacuó informe doña nombre reservado, en representación del Colegio Calasanz.

Señala que el recurso relata la situación de vida de los progenitores del niño sin expresar la manera legal en que han acordado su custodia o cuidados, y que, el colegio ha reconocido como apoderada del alumno a la recurrente, siendo ella quien ha asistido a reuniones y citaciones a que han dado lugar su comportamiento.

Destaca que, posterior a la sanción de suspensión del niño, registra al menos tres anotaciones graves, y que desde su ingreso a pre-kinder, Máximo ha demostrado un patrón de conductas contrarias a la buena convivencia escolar, incluyendo desobediencia a las órdenes, falta de acatamiento de las normas escolares establecidas, un comportamiento indiferente, agresivo, despectivo y burlón, tanto hacia sus compañeros como hacia sus profesores. Agrega que suele ausentarse de la sala sin autorización, agrede física y verbalmente a sus compañeros, además de dañar objetos y dependencias del colegio.

Añade que, a pesar de las sanciones que se han aplicado, el niño carece de normas y límites establecidos, no muestra respeto hacia la autoridad y presenta un comportamiento desadaptativo en el contexto escolar. Afirma que durante el presente año si se han tomado medidas a su respecto, tales como intervención diaria en sala; reducción de jornada escolar; clases de educación física intercaladas; cambios en talleres; y supervisión constante por parte de los miembros del equipo de aula, tanto en el patio como en la sala de clases, medidas que han sido adoptadas con el consentimiento de la apoderada.

Advierte que, a pesar que la apoderada indica que el niño se encuentra recibiendo tratamiento psiquiátrico y psicológico, no se han observado mejoras significativas en su comportamiento, y que, luego de aceptarse la carta de apelación ante la medida de condicionalidad de matrícula, los progenitores se comprometieron a realizar reportes quincenales de su tratamiento y proceso terapéuticos, lo cual no fue cumplido.

Afirma que, algunos compañeros de clases sienten temor hacia Máximo, y otros apoderados han expresado su preocupación debido a las conductas del niño, ya que sus hijos se ven afectados por la situación, solicitándose una mediación para solucionar conflictos, a la cual sus progenitores se negaron.

Recalca que, según el Reglamento de Convivencia Escolar, Máximo mantiene condicionalidad de matricula desde mayo del presente año, aceptándose una apelación bajo condiciones que los progenitores no han cumplido, sumando a ello una acumulación de anotaciones posteriores por faltas gravísimas y graves, razón por la cual, el equipo directivo y la profesora jefe, implementaron nuevas medidas disciplinarias, tales como la reducción de su jornada escolar de 08:00 a 12:00 horas, y la decisión de no renovar su matrícula para el periodo 2024. Indica que, si bien los padres aceptaron la primera de las medidas, han indicado su intención de acudir ante la Superintendencia de Educación por la segunda.

Afirma que, se realizan intervenciones diarias con el niño, empleando diversas estrategias de abordaje, como refuerzos positivos, premios y reconocimientos, asignación de responsabilidades en el aula y trabajo personalizado junto a la profesora. A pesar de estos esfuerzos, en muchas ocasiones no se logra el objetivo deseado con el estudiante, especialmente cuando se enfrenta a situaciones de conflicto con otros compañeros o cuando se ausenta de la sala sin autorización. Además, se han realizado intervenciones de forma preventiva en la clase de orientación por parte de la profesional psicóloga en conjunto con la profesora jefe abordando temáticas como: Identificación de emociones, resolución de conflictos, expresión de opiniones y visión del otro y control de impulsos.

Aduce que, la recurrente no explica en caso alguno como se vulneran de manera detallada cada una de las garantías invocadas, además de omitir información relevante que develan una mala fe procesal, y que la misma recurrente reconoce hechos graves de falta a la buena convivencia escolar.

Agrega que, la sanción fue aplicada de acuerdo a los reglamentos de la Institución que los recurrentes formal y libremente aceptaron, y declararon conocer al momento de suscribir la matrícula.

Además, que el derecho a la igualdad no significa tratar a todos por igual, sino que tratar a todos los que están en una situación igualitaria por igual, ergo, se puede, más bien se debe, discriminar a favor de aquellos que están en una situación de desmedro en relación al grupo, estableciendo normas y tratos especiales. En ese sentido, no es plausible presumir una aplicación arbitraria de una norma, siempre que todos los alumnos, en las mismas condiciones, se verían afectados y perjudicados por dicha norma. A mayor abundamiento, al iniciar el año escolar, y al firmar la ficha de matrícula por la prestación de servicios educacionales, se establece que se reconocen las normas internas como parte de las obligaciones que asume el apoderado, y el respeto de sus principios y formaciones, como a su vez, el conocimiento de las normas que reglan las conductas de los alumnos, tal como el Reglamento de Convivencia Escolar; todo lo cual desprende claramente que el recurrente conocía con antelación las normas aplicables a todos los alumnos del establecimiento, no pudiendo ser en forma alguna un acto arbitrario por parte del Colegio Calasanz. Se desprende de lo anterior, que la aplicación de una norma sobre conductas que ameritan la toma de medidas extraordinarias, tal como es el presente caso, no constituye una aplicación arbitraria, o ilegal, siempre que se haya regido dicha sanción en una norma previamente establecida y dada a conocer al estudiantado del Colegio, regido por un procedimiento normado y fundando dicha decisión.

En cuanto al debido proceso, sostiene que estamos claramente en una situación completamente diferente a la señalada por el constituyente. La jurisdicción es una facultad que otorga la ley a ciertos órganos, los tribunales de justicia, a fin de resolver en forma permanente conflictos jurídicos que entren el ámbito de sus competencias. En caso alguno se puede considerar un Consejo de Profesores como un órgano jurisdiccional, sino más bien un órgano que resuelve en forma extraordinaria y en forma administrativa y privada los conflictos entre particulares respecto a una institución determinada, sin ser un órgano de creación legal para ello, y cuyas resoluciones son atacables por otras vías legales, incluso empleadas por el recurrente como la denuncia a la Superintendencia, pero no por el presente recurso. Por otro lado, la posibilidad de reclamación del acto, derecho que fue empleado por el recurrente en su oportunidad, demuestra claramente que hubo un ejercicio legítimo del derecho a defensa, y posibilidad de ser escuchado en sus reclamaciones, en un procedimiento previamente establecido, o de otro modo no hubiese existido opción de generar un recurso alguno dentro de la propia institución, y que no hubiese tenido posibilidad alguna de ejercer derechos en sede judicial.

Concluye que, por lo anterior, no se ha vulnerado ninguna de las garantías constitucionales que señala la recurrente; sólo se ha aplicado el contrato de matrícula que los apoderados conocían, aceptaron al ingresar al Colegio y no reclamó en ninguna oportunidad anterior en que dicho contrato se aplicó, o se renovó.

Finalmente, refiere consideraciones en torno a la naturaleza contractual del vínculo entre el colegio con la familia y los alumnos, afirmando que, de haber algún incumplimiento a éste, ello debe ser ventilado ante la justicia ordinaria.

Solicita, por lo anterior, el rechazo del recurso, con costas.

Acompaña: 1. Contrato Educacional año 2023. 2. Copia de Reglamento Interno de Convivencia Escolar. 3. Copia de Hoja de vida del menor de iniciales MATM.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, por la presente acción constitucional, se recurre en contra del Colegio Calasanz de Coquimbo, por el acto consistente en la reducción de la jornada escolar del niño nombre reservado y la cancelación de la matrícula para el año 2024 a su respecto.

SEXTO: Que, para resolver la materia en estudio, es necesario tener presente que existe una regulación en el Reglamento Interno Escolar, el cual dispone en su artículo 60, respecto de la medida de cancelación es necesario que la comunicación de la resolución debe ser por medio de carta certificada a los apoderados, cuestión que no ocurrió en el caso de marras, existiendo coincidencia entre las partes que sólo existió una comunicación verbal, de lo que se desprende, que no se ha formalizado por escrito la decisión adoptada por el Colegio, lo que constituye una arbitrariedad, y en el entendido que se vulneran normas que el mismo ente educacional se ha proporcionado, también una ilegalidad.

SÉPTIMO: Que, en cuanto a las garantías que la recurrente alega como vulneradas, cabe destacar que respecto al artículo 19 N°3, en cuanto este establece el debido proceso, o a un justo y racional procedimiento, el cual, como tal, está excluido del catálogo de materias cauteladas por la acción de protección.

Que, sin embargo, la circunstancia fáctica que se ha demostrado implica que al haberse regulado los procedimientos de expulsión o de cancelación de matrícula, en el reglamento escolar, este debe aplicarse a todos los alumnos del establecimiento que se encuentren en la misma situación, y advirtiéndose que, en este caso no se aplicó, con ello se vulnera la garantía de la igualdad ante la Ley, razón por la cual el recurso debe ser acogido.

OCTAVO: Que, a mayor abundamiento, desde el punto de vista de los derechos del niño, parece claro que las medidas en cuestión no atienden a su “interés superior”, pues es evidente que con la restricción de su jornada escolar y la cancelación de su matrícula, se ha buscado alejar al estudiante por quien se ha recurrido, en vez de propender a la adopción de las medidas que caben en el marco de un proceso educativo y de formación integral, lo que permite sostener que las medidas de carácter sancionatorias afectan su proceso evolutivo y de madurez, restándole posibilidades a resultas del cambio. Ello resulta concordante con el artículo 3º de la Convención Sobre Derechos del Niño que mandata que “en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social” (entre éstas el recurrido) deberá existir “una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”.

NOVENO: Que, además de lo anterior, la decisión adoptada se encuentra en consonancia con lo dispuesto en el inciso 5 del artículo 41 de la Ley N°21.430, que establece "...Los órganos de la Administración del Estado competentes tomarán todas las medidas necesarias para que ningún niño, niña o adolescente sea excluido del sistema educacional o vea limitado su derecho a la educación por motivos que puedan ser constitutivos de discriminación arbitraria." Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se resuelve que, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra del COLEGIO CALASANZ DE COQUIMBO, y en consecuencia, se dejan sin efecto las sanciones aplicadas por la recurrida al niño nombre reservado, en cuanto a reducir la jornada escolar completa y disponer la cancelación de su matricula para el año 2024.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°2142-2023 (Protección).