Protección contra Ministerio del Interior

nombre reservado

Ministerio del Interior y Seguridad Pública Recurso de Protección.

Rol N°2137-2025 La Serena, doce de enero de dos mil veintiséis.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece el abogado Pablo Peñaloza Parra, en favor de don nombre reservado, nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N°NUM000, interponiendo recurso de protección en contra del Ministerio del Interior, y de la Subsecretaria del Interior, por la omisión ilegal y arbitraria en pronunciarse sobre la solicitud de nacionalización, afectándose con ello su derecho a la igualdad ante la ley del artículo 19 Nº2 de la Constitución Política.

Expone que, el recurrente ingresó al país en calidad de turista, estando dentro del país cambió su condición migratoria a residente temporario, y luego obtuvo su residencia definitiva, todo con el propósito de establecerse y desarrollar su proyecto de vida en el país.

Señala que el 10 de noviembre de 2023, realiza la solicitud de nacionalización, sin embargo, refiere que a la fecha no ha recibido ninguna respuesta sobre su solicitud, pese a que el Servicio Nacional de Migraciones ya remitió a las recurridas el proyecto de decreto de carta de nacionalización del actor.

A su vez, destaca lo dispuesto en los artículos 4, 7, 8, 9 y 27 de la Ley Nº19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, en particular lo concerniente al principio de celeridad, conclusivo, economía procedimental y de inexcusabilidad, los que igualmente estarían siendo infringidos por las recurridas.

En cuanto a la procedencia de la institución del silencio administrativo, afirma que ni el constituyente ni el legislador señalan que sea necesario agotar la vía administrativa o que se deba recurrir por otra vía administrativa para restablecer el imperio de un derecho mediante el ejercicio de la acción de protección.

Por lo anterior, solicita acoger la acción interpuesta, y ordenar a las recurridas que, dentro de 30 días, se pronuncien sobre la solicitud de carta de nacionalización.

Acompaña a su presentación: comprobante solicitud de nacionalización, cédula de identidad para extranjeros y proyecto de decreto de nacionalización.

SEGUNDO: Que, a folio 4, evacua informe las recurridas Ministerio del Interior y Subsecretaría del Interior, y exponen que en relación con el caso de autos los antecedentes de la solicitud de otorgamiento de carta de nacionalización del recurrente fueron recibidos del Servicio Nacional de Migraciones el 18 de junio de 2025, encontrándose actualmente en tramitación, y una vez concluida será debidamente notificado el recurrente de su resultado.

Señala en cuanto al otorgamiento de cartas de nacionalización a personas extranjeras se efectúa por decreto expedido con la sola firma de la autoridad superior del Ministerio, a través del ejercicio de una facultad expresamente contemplada en la ley, lo cual está dispuesto en los artículos 84 de la ley N°21.325; 1° y 2° del decreto supremo N°5.142, de 1960, del entonces Ministerio del Interior; y 1, apartado IV, N°4, de la ley N°16.436, en virtud de los cuales se otorga al Ministerio del Interior y Seguridad Pública la facultad de conceder cartas de nacionalización, deponiéndola en términos potenciales, al indicarse que “podrá” otorgarse esta concesión a quienes cumplan los requisitos allí señalados.

Añade que, en su parte, el artículo 157, N°8, de la ley N°21.325, dispone que corresponde al Servicio Nacional de Migraciones tramitar las solicitudes de carta de nacionalización para su posterior resolución por parte de del Ministerio. Y que, ello, en la práctica, implica que es dicho Servicio quien recibe tales solicitudes, a fin de revisar su admisibilidad, tramitarlas y ordenar su pago - aspecto último que se desprende de lo dispuesto en el artículo 12 del decreto supremo N°5.142, de 1960, del entonces Ministerio del Interior, en concordancia con lo establecido en el artículo 178 de la ley N°21.325-, para luego proponer su resolución a la autoridad superior del Ministerio, la cual concederá o rechazará la petición a través de la dictación del respectivo decreto exento.

Alega que, de lo anteriormente expuesto, se debe desechar de plano cualquier alegación que pretenda calificar como arbitraria la no dictación de un acto administrativo terminal respecto de la solicitud de la parte recurrente, toda vez aquello no es producto de un mero capricho, sino de la verificación de un procedimiento reglado, cuya aplicación se ha visto exponencialmente incrementada en los últimos años.

Por lo que concluye, solicitando el rechazo del recurso con costas.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, por la presente acción constitucional, se recurre en contra del Ministerio del Interior y la Subsecretaría de aquella cartera de Estado, por la dilación injustificada en dar respuesta a la solicitud de carta de nacionalización presentada el 10 de noviembre de 2023, lo cual califica el actor de ilegal y arbitrario, señalando que vulnera su garantía fundamental contemplada en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la Republica.

SEXTO: Que, para resolver el asunto en examen, se debe acudir a lo estatuido en la Ley N°19.880. En este sentido resulta útil destacar el principio de celeridad, previsto en su artículo 7, conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Lo anterior, resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental del artículo 9, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Por último, el artículo 14 define el principio de inexcusabilidad señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación.

SÉPTIMO: Que, de acuerdo a los antecedentes que constan en la tramitación del presente recurso, en especial que la fecha en que fue traspasada la solicitud de nacionalización a las recurridas por el Servicio Nacional de Migraciones fue el 18 de junio de 2025, y aunque el plazo desde que presentó la solicitud resulta excesivo no puede obviarse que la mayoría del tiempo se ha encontrado en el Servicio Nacional de Migraciones para su resolución; asimismo, debe tenerse en cuenta, que al tratarse de un procedimiento que comprende diversas etapas ante diversas autoridades administrativas, no es posible entender que el tiempo que la solicitud en cuestión se encuentre ante el ministerio en comento sea excesiva o dilatoria, atendida la carga de trabajo que por estas materias el mismo tiene y, sobre todo, que han transcurrido no más de tres meses, de forma que no puede entenderse dicho proceder como ilegal o arbitrario, lo que llevará a desestimar al acción constitucional.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de don nombre reservado, en contra del Ministerio del Interior y la Subsecretaria del Interior.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°2137-2025 (Protección).