nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

nombre reservado, nombre reservado

Superintendencia de Seguridad Social Recurso de Protección Rol N°2136-2023.- La Serena, dos de noviembre de dos mil veintitrés.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés comparece nombre reservado y Lillo, abogado de la Corporación de Asistencia Judicial, en favor de nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL (SUSESO).

Expone que su representado es un varón de 62 años de edad, casado con 4 hijos, que a la época que se desencadenan los hechos que seguidamente se relatan se desempeñaba como guardia de seguridad en el Mall Plaza La Serena, en turno noche de 4x4.

Desde el último trimestre del año 2018, su estado de ánimo empezó a tener algunos cambios que no le resultaban normales. Comenzó a sentirse muy angustiado, triste y cualquier situación le emocionaba y explotaba en llanto. Luego comenzó a tener problemas para dormir, cambios bruscos de temperamento, mucha pena, se venían a su mente recuerdos de su infancia y del inicio de su juventud, los cuales no eran los mejores recuerdos. Además comenzó a sentir molestias en la parte cervical.

Asistió a ver al Dr. Campusano (medicina general) en Integra Médica. El Dr. le recetó entre otros medicamentos, Sentalina, que luego fueron cambiadas Escitaloprám y además unas pastillas para dormir.

Este tratamiento lamentablemente no funcionó y no aliviaron sus síntomas, por el contrario, su depresión se fue acrecentando, sintiendo que su vida no tenía sentido.

Ante ello, el Dr. Campusano le aconsejó asistir a un médico Psiquiatra; después de un tiempo consiguió una hora con el Dr. nombre reservado, quién luego de su evaluación le diagnosticó un Trastorno de Ansiedad generalizada. Le cambió el tratamiento y le recetó Escitalopram, Eszoplicona y Clonazepam. Si bien este nuevo tratamiento le ayudo, no logró mejorar de manera definitiva y total.

Añade que ante la persistencia de su estado decidió cambiar de médico, siendo tratado por la Dra. nombre reservado, quién le diagnostico su estado como Episodio Depresivo Severo; la nombrada doctora le señaló que se dirigiera al CESFAM más cercano a su domicilio, para pedir que lo derivaran a un Psicólogo y en lo posible al Psiquiatra del CESFAM. En el CESFAM de las Compañías fue atendido por la Dra. nombre reservado, quién encargó las interconsultas respectivas. En aquella oportunidad, también le derivó a un urólogo, pues le manifestó que tenía algunos problemas para orinar.

Atendido por un urólogo, no lo encontró normal, le realizaron una serie de exámenes, entre ellos una biopsia. Los resultados no fueron claros, por lo que se tuvo que realizar una segunda biopsia. Todo este proceso fue muy difícil, pues comenzó a temer que podía tener cáncer, agudizando su problema de salud mental. Comenzó a cuestionar su existencia, pensaba que ya no tenía motivos para vivir que no sacaba nada positivo (despertar, trabajar, comer, llegar a casa, dormir y nuevamente la misma rutina) así hasta morir. Pensó en algún momento en estrellar su vehículo y en otra ocasión tomar un montón de pastillas para no despertar nunca más.

Señala que en un primer momento en el programa de salud mental fue atendido por la Psicóloga Srta. nombre reservado y por el Dr. nombre reservado. Posteriormente, dicho profesionales fueron cambiados por la Srta. nombre reservado (Psicóloga) y la Dra. nombre reservado (salud mental).

Con los diferentes tratamientos que le ha dado la Psiquiatra y con la ayuda de salud mental del Cesfam ha podido evolucionar, ya no tiene las mismas angustias de antes. Ha logrado ver un sentido a la vida, ya no vive de los malos recuerdos, está con más ánimo de hacer cosas, pero aún no tiene una mejoría definitiva.

Hace presente que en todo este tiempo de estar con licencia, la COMPIN le ha llamado a 3 o 4 peritajes, y en cada uno de ellos los informes han concluido el mismo diagnóstico de salud mental, ordenando el pago de las licencias médicas retenidas. En el último peritaje que le realizaron, fue a finales del 2022, y el mismo Psiquiatra del COMPIN le hizo 2 sugerencias, una, que le sugería a su Psiquiatra que probara con tratamiento con LITIO y dos, que hiciera los trámites para jubilarse por invalidez.

La primera sugerencia se la comentó a su Psiquiatra y ella accedió con el litio, y si bien al principio se sentía mejor, después se sentía como con el tratamiento anterior, así que le dejó el tratamiento como estaba anteriormente.

Con relación a iniciar sus trámites de pensión por invalidez, los comenzó y fue citado ante la comisión médica, y el comentario del Dr. nombre reservado fue que si tenía depresión. A pesar de ello, le notificaron que su solicitud habría sido rechazada puesto que la enfermedad no alcanza un 50% de pérdida de capacidad, que el menoscabo de su enfermedad sólo llega al 14% de incapacidad.

Actualmente sigue su tratamiento con la Psiquiatra nombre reservado, Psicóloga nombre reservado y la Dra. nombre reservado, Salud Mental.

Sus medicamentos son: VENLAFAXINA 150 mg, VENLAFAXINA mg, LAMOTRIGINA 200 mg, PREGABALINA 150 mg, RISPERIDONA 3 mg, MIRTAZAPINA 15 mg, PROPRANOLOL 10 mg, CLOTIAZEPAM 10 mg, y LANSOPRAZOL 30 mg.

Puntualiza que todas las licencias médicas otorgadas previamente fueron autorizadas, la mayoría de esas sin ninguna observación o reparo otras previo informe médico pericial realizado por la COMPIN.

Precisa que las licencias médicas reclamadas en la presente acción de protección corresponden a las N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 150 días a contar del 14 de febrero de 2023.

Añade que contra la resolución de rechazo de las licencias médicas pronunciadas por la COMPIN, don nombre reservado recurrió ante la Superintendencia de Seguridad Social, la que por Resolución Exenta N.º R-01-UME-115278-2023, de 30 de agosto de agosto de 2023, confirmo su rechazo POR REPOSO NO JUSTIFICADO.

Aduce que lo prudente en este tipo de situaciones es que se hubiera requerido se complementara el informe en vez de lisa y llanamente rechazar la licencia médica reclamada. A un más en este caso, pues como consta en la carpeta administrativa que tiene la misma recurrida, consta que al Sr. nombre reservado se le han practicado varios peritajes médicos por la COMPIN en donde se acredita su estado de enfermedad, su diagnóstico y justificación en la procedencia del reposo otorgado.

Sostiene que el rechazo de las licencias médicas obedece a la simple apreciación de un funcionario de la SUSESO, que por lo demás, jamás se ha entrevistado con el paciente, quién por sí y ante sí, sin ningún antecedente médico objetivo, decide rechazar la autorización de la licencia médica reclamada.

A su juicio, la actuación del ente administrativo no obedece a los parámetros de razonabilidad y motivación, que debe observar los actos administrativos; la argumentación esgrimida en la Resolución recurrida no dice absolutamente nada, es una argumentación tipo que no se refiere al caso particular del Sr. nombre reservado. No contiene ningún elemento médico objetivo que le sirva de fundamento.

En la especie, la SUSESO ha omitido analizar los certificados e informes médicos relativos a la condición de salud de don nombre reservado y más aún han soslayado explicar siquiera someramente acerca de las razones por las qué los certificados e informes médicos acompañados no sirven o no son suficientes para justificar las Licencias Médicas que se reclama, por lo que la decisión de la recurrida deviene en arbitraria, porque se ha fundamentado lisa y llanamente en el mero capricho o la sola voluntad del ente recurrido, precisamente debido a que no contiene las motivaciones mínimas que justifique su decisión. La misma basa su justificación en el sólo transcurso del tiempo autorizado con anterioridad, como si tal circunstancia fuera razón de rechazo.

Aclara que la arbitrariedad denunciada en estos autos consistente en que todos los antecedentes médicos que informa el expediente administrativo de don nombre reservado, dan cuenta que su afección está clínicamente justificada.

Refiere que la conducta del órgano recurrido constituye una perturbación y amenaza al derecho a la vida e integridad física de don nombre reservado, el que se encuentra garantizado en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, pues su obrar le priva de ejercer el derecho que significa gozar de licencia médica, o sea, de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, para restablecer su salud.

Asimismo, dicho proceder afecta y lesiona el derecho de propiedad de don nombre reservado, consagrado en el numeral 24 del artículo 19 de la Carta Magna que nos rige, toda vez que el actuar de la recurrida le priva de gozar, durante la vigencia de las licencias médicas rechazadas, del respectivo subsidio de incapacidad laboral o de la remuneración regular de su trabajo, según fuere el caso.

Por estas consideraciones solicita se ordene dejar sin efecto la resolución que rechazó las licencias médicas materia del presente recurso de protección y, en definitiva, resolver que se deberá autorizar dichas licencias médicas, disponiendo su pago.

Acompaña los siguientes documentos: 1°.- Copia de la Resolución Exenta N.º R-01-UME-115278-2023, de 30 de agosto de 2023, pronunciada por la Superintendencia de Seguridad Social; 2°.- Dictamen de Invalidez emitido por la Superintendencia de Pensiones, Comisión Médica de la Región de La Serena, de 28 de enero de 2023; 3°.- Copia del Carnet de Control de Programa de Salud Mental; 4°.- Certificado del Centro de Salud Familia Las Compañías, de 12 de septiembre de 2023, que informa la fecha de ingreso al programa de salud mental; 5°.- Certificado del Centro de Salud Familia Las Compañías, de 05 de septiembre de 2023, que informa el diagnostico de trastorno ansioso que padece don nombre reservado; 6°.- Certificado del Centro de Salud Familia Las Compañías, de 10 de abril de 2023, que informa que don nombre reservado es atendido en dicho centro con médico y psicóloga; 7°.- Certificado del Centro de Salud Familia Las Compañías, de 14 de junio de 2022, que informa la fecha de ingreso al programa el 30 de mayo de 2019; 8°.- Informe médico emitido por la Psiquiatra nombre reservado de 14 de abril de 2023; 9°.- Informe médico emitido por la Psiquiatra nombre reservado de 26 de octubre de 2021; 10°.- Informe médico emitido por la Psiquiatra nombre reservado de 17 de junio de 2022; 11°.- Informe médico emitido por el Psiquiatra nombre reservado de 08 de agosto de 2020; 12°.- Copia de una serie de citaciones a consulta al CESFAM de Las Compañías.

SEGUNDO: Que, evacuó informe SEBASTIÁN DE LA PUENTE HERVÉ, abogado, en representación de la recurrida la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL.

Solicita, en primer lugar, se declare la improcedencia de la presente Acción de Protección, por cuanto la materia sobre la que realmente versa dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

En subsidio de la alegación anterior, informa en cuanto al fondo del asunto que motiva la acción constitucional de autos. Hace presente que, conforme consta en el expediente administrativo PAE código R-75913-2023, el interesado recurrió a su representada el 8 de mayo de 2023, reclamando por cuanto la COMPIN REGIÓN DE COQUIMBO, confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 150 días a contar del 14 de febrero de 2023, por reposo no justificado.

Por lo anterior, mediante la Resolución Exenta Nº R-01-UME-115278-2023, de 30 de agosto de 2023, previa solicitud de informe y del estudio de los antecedentes del caso, su representada concluyó que: “…el reposo prescrito por las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado”.

Concluye dicha Resolución que: “Esta Superintendencia confirma el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, de acuerdo a lo anteriormente expuesto”.

Indica que el 30 de agosto de 2023, la profesional de la Superintendencia de Seguridad Social, Dra. nombre reservado, emitió el siguiente Informe Médico en relación a la situación del Sr. nombre reservado:

“Detalle: 14064886-813782708-514401196-1 RUT reservadoRUT reservado IMT abril 2023, describe sintomatología general en contexto de evento traumático, describe evolución de cuadro clínico, indica tratamiento farmacológico, sin descripción de impacto en funcionamiento global, sin plan de retorno laboral claro. Médico psiquiatra. Adjunta certificado psicologa donde no describe periodo e intervenciones de esta.

“Fundamentos de la resolución: 14064886-813782708-514401196-1 ING RUT reservadoRUT reservado Comentario: Alto emisor Hombre de 62 años, guardia seguridad. Acumula 1160 días de permiso autorizado. IMT abril 2023, describe sintomatología general en contexto de evento traumático, describe evolución de cuadro clínico, indica tratamiento farmacológico, sin descripción de impacto en funcionamiento global, sin plan de retorno laboral claro. Médico psiquiatra. Adjunta certificado psicologa donde no describe periodo e intervenciones de esta. Dictamen de invalidez 28.01.2023 14%: Rechazo de solicitud pensión de invalidez Se sugiere rechazar”.

Sostiene que conforme a lo anterior, el reposo reclamado impresiona como no justificado por ser prolongado y sin claro rol terapéutico.

De esta forma, de los antecedentes médicos citados, claramente es posible establecer que el reposo temporal otorgado por las licencias médicas reclamadas, no se encuentra médicamente justificado, por lo que es procedente su rechazo.

Agrega que la actuación de la Superintendencia de Seguridad Social, se ajusta rigurosamente a las normas constitucionales y legales que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras.

Además, la interposición del presente recurso desborda claramente los límites de aplicación de la Acción de Protección, la que fue creada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, tal como se colige claramente de la expresión utilizada por el mismo, al disponer en el artículo 20 que ésta es procedente cuando una persona, por un acto ilegal o arbitrario “…sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19…”. En el caso del Sr. nombre reservado, claramente su “derecho a licencia médica” no reúne la condición de un derecho preexistente, indubitado, por el contrario, tras las sucesivas instancias de revisión y estudio se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de las licencias médicas reclamadas.

Lo anteriormente expuesto, debe llevar a este Tribunal a desestimar la ilegalidad y arbitrariedad en la actuación de su defendida. Es del caso, que, respecto de las licencias reclamadas, el dictamen impugnado de arbitrariedad contiene los argumentos en base a los que emite su conclusión, los cuales están en armonía con los antecedentes que constan en el respectivo expediente administrativo, en cuyo mérito resolvió esta Superintendencia previo estudio de los antecedentes médicos del caso.

Por último, hace presente que, tal como no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, pues como ya se indicó, su representada se limitó a resolver la situación del Sr. nombre reservado, dentro del ámbito de su competencias, tampoco ha existido vulneración y ni siquiera amenaza del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica y a la protección de la salud, ni se ha vulnerado el derecho de propiedad de la recurrente, reconocido a todas las personas en el numeral 24 del artículo 19 de nuestra Constitución Política, y en este caso respecto de un hipotético derecho al subsidio por incapacidad laboral, como tampoco ningún otro derecho garantido por nuestra Carta Fundamental.

Por estas consideraciones solicita rechazar en todas sus partes el recurso, con costas.

Acompaña copias de los antecedentes que obran en los expedientes administrativos, relativos al caso de don nombre reservado.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, en cuanto a la alegación de improcedencia de la acción esgrimida por la recurrida Superintendencia de Seguridad Social, fundada en que el artículo 20 de la Carta Fundamental no establece dentro del catálogo taxativo de garantías constitucionales protegidas aquella prevista por el numeral 18 del artículo 19 de la Carta Magna, cabe señalar que si bien es efectivo lo sostenido por la recurrida, no es menos cierto que ello sólo implica que por este acápite no podrá, si correspondiere, ser acogido el presente recurso.

SEXTO: Que, en cuanto al fondo, es relevante tener presente que este recurso se erige en contra de la Resolución Exenta N° R-01-UME-115278-2023, de 30 de agosto del año 2023, por la cual la Superintendencia de Seguridad Social mantiene el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 150 días a contar del 14 de febrero de 2023.

En torno al argumento vertido por la SUSESO, organismo recurrido, al mantener la decisión de rechazar las licencias médicas referidas previamente, aquel gira en torno a la siguiente idea: “…el reposo prescrito por las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado”.

SEPTIMO: Que, del mérito de los antecedentes expuestos, no cabe duda que la argumentación otorgada por la recurrida devela la obligación que pesaría sobre el paciente de demostrar la viabilidad de su reposo temporal.

Sin embargo, esta Corte no puede dejar pasar aquella argumentación que, sin duda, pone de cargo del recurrente, afectada por una patología de salud mental, de buscar uno y otro profesional del área, que sea de confianza de la recurrida y pagando sus servicios, obtenga un informe que ratifique el diagnóstico otorgado por su médico tratante.

Para el análisis de las licencias, digamos que el Decreto Supremo N°3 del Ministerio de Salud sostiene que “Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico-cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante "el o los profesionales", según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante "Compin", de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante "Seremi", que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en proporción que corresponda.” (Artículo 1).

Luego, el artículo 16 del citado cuerpo normativo regula que “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia.”

Luego, agrega que “Sin perjuicio de lo anterior la Compin, podrá requerir todos los demás antecedentes y exámenes que el Ministerio de Salud ordene solicitar, respecto de aquellas patologías específicas que éste señale, para que la licencia pueda ser visada por períodos superiores a los que esa Secretaría de Estado determine.”

Por su parte, el artículo 24 del mismo texto sostiene, en lo pertinente que, en el caso de que “…sea necesario un nuevo examen del trabajador o solicitar informes o exámenes complementarios para pronunciarse sobre la misma, el plazo se prorrogará por el lapso necesario para el cumplimiento de esas diligencias, el que no podrá exceder de 60 días, decisión que deberá ser comunicada al trabajador y al empleador.”

De todo lo anterior fluye con prístina claridad que el organismo a cargo de pronunciarse sobre las licencias médicas otorgadas al trabajador es quien debe asumir un rol activo en torno al análisis de la viabilidad de las mismas, sin poner de cargo del paciente, afectado por una enfermedad, que sea él quien procure la obtención de antecedentes que avalen el diagnóstico del médico tratante de éste, siendo improcedente, a juicio de estos sentenciadores, esgrimir como argumentos de rechazo la falta de antecedentes aportados por el propio paciente.

Por otro lado, el artículo 11 de la Ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad que rige los procedimientos administrativos, prescribiendo que “la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, para lo cual ordena que los “hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley, los que disponen que una decisión de este tipo, debe ser fundada.

Así, la justificación racional y legal del acto administrativo es una condición de validez del mismo. En consecuencia, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicando al administrado el porqué del acto, su sustento material y juridicidad.

OCTAVO: Que, con lo dicho, emana que la argumentación otorgada al paciente por la recurrida escapa a los márgenes de sus facultades y al expreso mandato legal, dejando al paciente en una situación compleja, en que debe ser éste quien procure nuevos exámenes, siendo aquello una obligación que la propia ley pone de cargo del organismo que analiza su contenido, razón suficiente para entender que, la fundamentación de rechazo de las licencias dada en este asunto es carente de sustento fáctico, al no mediar antecedentes obtenidos por la propia institución y que echen por tierra las recomendaciones médicas que las precedieron, resultando insuficiente para estos efectos la información consignada en la cartola médica del paciente, toda vez que los mismos, de acuerdo a su propio tenor, solo se basan en un análisis de la documentación medica acompañada por el actor en sede administrativa, sin haber entrevistado ni evaluado directa y personalmente al afectado.

NOVENO: Que, este actuar de la recurrida atenta evidentemente con las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 numerales 1 y 24; la primera, pues dificulta la vida e integridad física; la segunda porque, al no contar con el subsidio de incapacidad laboral, afecta el patrimonio del recurrente, desde que el trabajador, que padece una patología, no cuenta con el dinero proveniente de este ítem, afectando aún más su debilitada salud mental, motivos por los cuales se acogerá el recurso, en los términos que se indicarán en lo resolutivo.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

I.- Que, SE RECHAZA la alegación de improcedencia.

II.- Que, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado y Lillo, en favor de nombre reservado, en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, solo en cuanto se dispone que la recurrida deberá realizar al recurrente todos los exámenes y evaluaciones médicas necesarias para determinar la existencia y eventuales concurrencias de la incapacidad laboral temporal que originó el reposo prescrito por las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 150 días a contar del 14 de febrero de 2023, para luego determinar la procedencia de su autorización, a fin de que con dichos resultados proceda –o no- al pago de éstas, según corresponda y determine la autoridad competente, todo ello dentro de un plazo de treinta días hábiles administrativos. En caso que la recurrida no realice el peritaje en el plazo previamente dispuesto, deberá proceder derechamente al pago de las licencias médicas previamente individualizadas.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 2136-2023 (Protección).-