nombre reservado con CONDOMINIO GRAN MARINA III

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nombre reservado, nombre reservado y otro Recurso de protección Rol N° 2130-2023.

La Serena, diecinueve de enero de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece don nombre reservado, estudiante universitario, RUN N° RUT reservado, debidamente individualizado en su presentación, deduciendo recurso de protección en contra de doña nombre reservado, periodista, DNI N° RUT reservado, a quien individualiza y en contra del Condominio Gran nombre reservado, representada por don nombre reservado, RUN N° RUT reservado), domiciliados domicilio reservado, por los actos ilegales y arbitrarios que identifica en su acción los que afectarían las garantías constitucionales que identifica.

Expone que tiene nacionalidad venezolana, que llego a Chile junto con sus padres hace alrededor de 9 años que su situación migratoria es completamente legal y regular y que cursó su enseñanza básica y media en el Colegio San Nicolas, de la comuna de La Serena, haciendo presente que su familia, ni él han tenido problemas con la justicia, ni en Chile ni en Venezuela.

Añade que se encuentra cursando la carrera de Ingeniería Automotriz en la institución educacional Inacap y en razón de tener 21 años de edad, hace alrededor de 3 meses optó por dejar de vivir con sus padres, previo acuerdo con dos amigos pasó a residir en el departamento 1209 del edificio ubicado en domicilio reservado, en la comuna y ciudad de Coquimbo. El departamento fue formalmente rentado por su amigo nombre reservado, acordando vivir ahí junto con otros amigos, repartiéndose el pago de la renta y gastos comunes.

Explica que para obtener ingresos comenzó a trabajar en la empresa Inmobiliaria e Inversiones Elite Limitada, concretamente como mesero en el local denominado “New City”, en la comuna de La Serena, labor que desempeñaba como garzón.

Relata que el 4 de septiembre de 2023, alrededor del mediodía, se preparaba para ir al trabajo (estaba atrasado), por lo que le pregunté a su amigo Diego, por vía telefónica, si le prestaba su bicicleta para ello, como muchas veces lo había realizado, y ahorrarse el costo de un Uber. Indica que le dijo que no había problema, que la sacara del estacionamiento del edificio, y que se trataba de una bicicleta de color negro con algunos detalles en azul oscuro.

Prosigue señalando que bajó al estacionamiento y vio que había una bicicleta de ese color parada al frente de su estacionamiento, así que asumió que sería esa, y como iba apurado, dado que estaba atrasado para entrar a su trabajo, se montó en ella y pidió permiso para salir al jefe de seguridad que estaba en el lugar, quien lo saludó como acostumbraba, le abrió el portón y lo dejó salir sin ningún problema, ya que naturalmente era él persona conocida en el lugar, por ser arrendatario.

Relata que alrededor de 20 minutos después, lo llama su amigo nombre reservado y le dice que se había llevado una bicicleta equivocada, por lo que pidió permiso en el trabajo para ir a devolverla en forma inmediata, lo que hizo. Quedando devuelta, alrededor de 20 minutos después que se le informa que se había equivocado de bicicleta.

Agrega que al llegar al condominio, se encuentra con la recurrida, doña nombre reservado y un caballero que señala sería su pareja, cuyo nombre ignora. Al verle llegar reaccionan de muy mala forma, comienzan a acusarlo de ladrón y a insultarlo soezmente a voz en cuello, haciendo énfasis denostativamente en su nacionalidad, facciones y colores, y en una supuesta calidad de inmigrante ilegal que le atribuía. En ese momento la recurrida lo amenazó con que no le permitiría ingresar más al condominio, que había llamado a Carabineros, y que además iba a hacer lo posible para que lo despidieran de su trabajo y que se iba a preocupar que nunca más consiguiera trabajo.

Hace presente que la recurrente cumplió cada una de estas promesas.

Refiere que le indicó a la recurrida que él no era ningún ladrón y que no tenía problemas en esperar a la policía, por lo que permaneció a la entrada del edificio hasta que llegó el personal de Carabineros, una media hora después.

Manifiesta que cada una de las partes explicaron la situación, y el Carabinero, en un primer momento, le señala que no me preocupara y que no veía delito, ante lo que la recurrida se alteró de manera significativa, gritando que yo era “un Inmigrante ilegal”, que por “tipos como yo, Chile estaba así”, que “era un delincuente” exigiendo que lo llevaran detenido, por lo que, dado que conforme lo dispuesto en el artículo 130 e) del C. P. P., formalmente se habría tratado de un supuesto de flagrancia, el personal de Carabineros procedió a detenerlo a instancias de la recurrida, lo esposaron y lo subieron a la patrulla, vehículo que por cierto fue seguido por la recurrida en su propio automóvil, ya que quería asegurarse de que lo llevaran detenido y de que lo encerraran.

Indica que la recurrida faltó a la verdad, en el sentido que para otorgar el tipo penal de flagrancia ella indicó que ella lo había encontrado en la Avenida del Mar con la bicicleta, en circunstancias que tal como consta en las grabaciones de las cámaras, el recurrente salió e ingresó voluntariamente al edificio con la bicicleta.

Expone que fue llevado a la Segunda Comisaría de Coquimbo, donde lo mantuvieron 20 horas encerrado en una celda con 5 individuos, uno de los cuales le quería robar unas prendas de ropa.

Agrega que al día siguiente lo llevaron a la audiencia de control de detención, originándose la causa RIT 4393-2023 del Juzgado de Garantía de Coquimbo, RUC 2300961744-2, en el marco de la cual la Fiscalía requirió verbalmente un procedimiento simplificado, imputándolo como autor de un hurto simple consumado, cargo que ciertamente rechazó y ante el cual se defenderá en todas las instancias. Tras la audiencia quedó libre sin medidas cautelares.

Explica que la recurrida hizo honor a sus amenazas. Se comunicó telefónicamente y vía WSP con su jefe en “New City”, y con otra persona también dueña de otro local denominado “New Vice”, enviando fotografías de su persona, tomadas sin su consentimiento, mediante la aplicación “Whatsapp”, señalando que “me encontraba detenido por robo y que estaba empleando a una persona con malos hábitos”. Producto de lo anterior, fue despedido de su trabajo.

Añade que no conforme con lo anterior, se encargó la recurrida de informar en el edificio que él era un delincuente y se comunicó con la administración del edificio para que no lo dejaran entrar, a lo que la administración accedió, sin siquiera escucharlo. Así, hasta el día de hoy no puede ingresar al departamento que arrendó, para buscar sus pertenencias, quedando su ropa y bienes muebles en dicha propiedad.

Expresa que, de un momento a otro y por un error al confundir las bicicletas, que eran prácticamente iguales, se vio privado de su libertad, de su tranquilidad, de un lugar donde vivir y de su trabajo, como consecuencia del actuar ilegal y arbitrario de los recurridos, situación que ciertamente no tiene por qué tolerar.

Afirma que, en su parecer, el comportamiento de los recurridos constituye una grave perturbación que, de manera ilegal y arbitraria, ha vulnerado su garantía fundamental contemplada en el numeral 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, su honra.

Sostiene que es un hecho realmente pacífico en la actualidad en nuestro sistema jurídico, la honra consiste en la buena fama, el crédito, prestigio o reputación de que una persona goza en el ambiente social, es decir, ante el prójimo o los terceros en general, de manera que lo que la honra resguardada es el honor en un sentido objetivo.

Asevera que, en la especie, la recurrida señora nombre reservado ha procedido a mancillar sin justificación alguna su prestigio y su reputación en el lugar en que solía vivir, ante su ex empleador y ante terceros, lo que no puede consentirse bajo ningún respecto.

Sostiene que, incluso dejando de lado su completa inocencia frente a las acusaciones que se le imputan, lo cierto es que la eventual sospecha de que podría ser culpable de un hurto no habilitaba a la recurrida a otra cosa que a formular la correspondiente denuncia penal, cosa que hizo, pero en caso alguno le permitía enlodar su reputación en el Condominio, al extremo de que primero lo denunciara a voz en cuello como un ladrón en un lugar de acceso público, haciendo hincapié además en su supuesta calidad de inmigrante ilegal, que no detenta, y en su nacionalidad, lo que resulta de por si completamente inaceptable, para posteriormente instar por el que se le impidiera siquiera ingresar al lugar donde desde hacía varios meses residía, solo en base a la acusación que ella estaba formulando en su contra. Naturalmente tampoco le era lícito contactar con su empleador a efectos de enviarle sus fotografías y darle a entender que él era un ladrón y que debía despedirlo, cosa que en definitiva ocurrió, y tampoco por cierto resultaba aceptable o legítimo bajo ningún punto de vista el enviar tales antecedentes por error a un tercero con quien no tenía relación alguna pero que en lo sucesivo indudablemente considerara que es un delincuente, ya que sabe cuál es su apariencia aunque puede que ignore su nombre.

Añade que la administración del Condominio como mínimo validó, sin justificación alguna, las acusaciones que la señora nombre reservado realizó en su contra, impidiéndole en lo sucesivo siquiera entrar al edificio, comportamiento que obviamente consolidó a los ojos de la comunidad la calificación de delincuente que se le está atribuyendo. La administración del condominio, arribó a esta decisión sin siquiera intentar escucharlo, y aun cuando a su persona le constaba que simplemente se había tratado de un error excusable, que procuró reparar apenas tomó conciencia del mismo.

Insiste en que la difamación de que se le ha hecho objeto se ha materializado con especial énfasis en su nacionalidad y en su calidad de inmigrante, que en caso alguno son motivo de ofensa para él, aunque por lo visto si parecen serlo para la recurrida, y en el que detentaría la condición de inmigrante ilegal, lo que no es verdad, todo lo cual agrava la mancilla a su honra de que se me le está haciendo objeto.

Sostiene que la recurrida señora nombre reservado, excediendo ostensiblemente todas las prerrogativas legales que le confiere el considerarse como víctima de un delito, activamente ha instado por enlodar su imagen ante sus vecinos, ante su empleador y compañeros de trabajo, y ante terceros a quienes de manera imprudente envió su fotografía realizando acusaciones, proceder que la recurrida Condominio Gran nombre reservado ha validado, convirtiéndose en cómplice de su difamación, al acceder a impedirle el acceso al edificio, motejándolo como un ladrón, lo que nada le autorizaba a hacer, y menos aún solo en base a acusaciones de una sola persona, sin siquiera darle oportunidad de formular descargos o explicaciones.

Añade que toda la situación ha tenido lugar en la comuna y ciudad de Coquimbo, que es también donde tanto los recurridos como el actor están estamos domiciliados, por lo que la Corte de Apelaciones de La Serena es el tribunal competente para conocer de la acción constitucional.

Sostiene que la interposición del recurso es completamente oportuna, considerando que los hechos principiaron al 4 de Septiembre recién pasado, y que al día de hoy la prohibición de ingreso al condominio se mantiene en pie.

Solicita tener por interpuesto recurso de protección en contra de doña nombre reservado y del Condominio Gran nombre reservado, representada por nombre reservado , todos ya individualizados, admitirla a tramitación, y en definitiva acogerlo, con costas, ordenando que la recurrida nombre reservado se disculpe públicamente por el tratamiento que le propinó, realizando una publicación en el diario mural del Edificio, y enviando además los correspondientes mensajes a su ex empleador y al tercero a quienes envió mi foto requiriendo su despido y que se ordene al Condominio levantar la prohibición de ingreso que levantó en su contra, condenando en costas del recurso a los recurridos.

Agrega a su recurso los siguientes documentos a fin de sostener el fundamento fáctico del mismo: 1.- Acta de audiencia de 5 de Septiembre de 2023 realizada en los autos RIT 4393-2023 del Juzgado de Garantía de Coquimbo; 2.- Rol Ordinaria N° 4393-2023, fecha ingreso: 05/09/2023, Caratulado: MP COQUIMBO C/ nombre reservado; 3.- Capturas de pantalla de los mensajes enviados por la recurrida nombre reservado a su empleador; 4.- Finiquito suscrito con su empleador; 5.- Comprobante de pago de cuentas de servicios, y gastos comunes, que acreditan su calidad de arrendatario; 6.- Certificado de alumno regular Inacap, y 7.- Licencia educación media.

SEGUNDO: Que, habiéndose notificado la acción de protección a los recurridos, comparece informando doña Nicole Troncoso Gonzalez, abogada, en representación convencional del Condominio nombre reservado solicitando el total rechazo del recurso interpuesto, toda vez que los hechos en los que se funda no constituyen vulneración alguna a derechos fundamentales garantizados nuestra Carta Fundamental.

Refiere a los hechos ocurridos el día 04 de septiembre de 2023, a las 17:30 horas aproximadamente, oportunidad en que el conserje de turno del Condominio recibió en Portería una denuncia efectuada por la Sra. nombre reservado, residente domicilio reservado y recurrida en la presente acción, quien reportó la pérdida de su bicicleta, descrita bajo las características de color negro, marca Ozark, con detalles en azul.

Añade que la Sra. nombre reservado informó que había dejado su bicicleta en el mismo lugar de siempre, pero que no obstante aquello, el aludido bien no se encontraba en la misma zona.

Prosigue explicando que tras la denuncia y la desesperación de la residente, el personal del Condominio -en cumplimiento de sus deberes y obligaciones- inició inmediatamente un procedimiento ante robos en la comunidad, el que comenzó con la revisión de las cámaras de seguridad, oportunidad en que se pudo observar que un visitante del condominio había tomado la bicicleta perteneciente a la mencionada residente desde su lugar habitual de estacionamiento.

Señala que luego el personal de conserjería contactó al propietario del departamento 1209, informándole que el visitante del arrendatario asociado a su unidad, parecía estar involucrado en el retiro de la bicicleta de la propietaria del departamento 212.

Añade que luego de efectuar la llamada telefónica y de acuerdo a lo registrado por las cámaras de seguridad, así como la información proporcionada por el personal del condominio, se verificó que el recurrente llegó en ese momento al condominio, montando la bicicleta perteneciente a la residente domicilio reservado. Este hecho desencadenó un conflicto de relevancia entre las partes involucradas, momento en el que el recurrente explicó a la residente domicilio reservado que había cometido un error al confundir dicha bicicleta con otra, alegando que era similar a una bicicleta que le había prestado el residente domicilio reservado.

Añade que el lugar habitual donde la residente domicilio reservado guarda su bicicleta está ubicado en una zona distante y completamente diferente a la asignada al arrendatario del departamento 1209 dentro del condominio.

Hace presente que la Sra. nombre reservado llamó a Carabineros de Chile, quienes se apersonaron en el lugar e iniciaron el procedimiento de rigor, el que estuvo en todo momento a cargo de aquellos, no teniendo su representada participación alguna en lo que aconteció con posterioridad a la llegada de dicho cuerpo policial al Condominio.

Destaca que en ningún momento el personal del Edificio realizó acusaciones directas a la visita, de ninguna índole, ni impuso restricciones de acceso a su respecto, sino sólo que ciñó a un procedimiento para contribuir al esclarecimiento de los hechos, dejando con posterioridad que la autoridad competente conociera del asunto y tomara las acciones pertinentes.

Solicita desestimar en todas sus partes la acción deducida por el recurrente, por cuanto el recurrente no ha proporcionado evidencias sustanciales ni convincentes que respalden sus alegaciones sobre una supuesta prohibición de acceso por parte de la administración del Condominio, pese a ser de su cargo demostrar la veracidad de sus acusaciones. En efecto, el recurso de autos carece de pruebas objetivas y fiables que sustenten las afirmaciones del recurrente, como podría ser, por ejemplo, documentación, fotografías o testimonios que confirmen la similitud y proximidad de las bicicletas involucradas en el caso. Esta omisión sólo conduce a que el relato del recurrente sea percibido como poco creíble y carente de sustento legal y fáctico.

Enfatiza que nunca se ha emitido o instruido -ni verbal como físicamente- una prohibición de ingreso respecto del recurrente. Este aspecto es crucial, ya que desmiente cualquier alegación de acciones deliberadas para vulnerar el derecho de acceso del recurrente.

Añade que la administración no ha prohibido el ingreso del recurrente al Condominio nombre reservado, pues aquello no se encuentra dentro de sus prerrogativas, sino regulado en nuestro Reglamento de Convivencia, el que en su artículo primero, señala: “Artículo 1. El acceso de visitas al edificio debe ser autorizado por el correspondiente copropietario o residente del departamento que visita, o por una persona responsable expresamente facultada por éste. Se puede dar aviso a Conserjería con anterioridad, en cuyo caso el Conserje, una vez identificadas las visitas, las debe dejar entrar, avisando al departamento de su arribo y solicitando Nombre, Rut y patente en caso de vehículo. En caso de no existir un aviso previo, el Conserje debe avisar al departamento de la presencia de la visita, permitiendo su acceso sólo una vez autorizado por el copropietario o residente del departamento que se visita, e indicando el número de estacionamiento que puede ocupar. De lo contrario deberá estacionar fuera del condominio y entrar a pie. Los funcionarios de cualquier empresa que preste servicio a algún departamento o a la comunidad, deben ser autorizados por quien corresponda y deben identificarse con su cédula de identidad en Conserjería. El Conserje debe dejar constancia de su ingreso, motivo de la visita, y egreso en el Libro de Novedades, Sugerencias y Reclamos.”

Hace presente la falta de precisión por parte del recurrente al no detallar actos específicos por parte de la administración del Condominio nombre reservado que constituyan una vulneración a sus derechos fundamentales.

Sostiene que la falta de concreción no es trivial, ya que una alegación efectiva de violación de derechos fundamentales requiere una clara identificación de conductas, acciones u omisiones que infrinjan dichos derechos.

Explica que el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, garantiza el derecho de propiedad en sus diversas manifestaciones, incluyendo la copropiedad en estructuras como comunidades y condominios. De igual manera, la Ley N° 21.442 sobre Copropiedad Inmobiliaria norma las relaciones y los derechos entre los copropietarios y la administración del condominio. Esta ley, en su artículo 5°, prescribe que la administración debe actuar respetando los derechos de los copropietarios, promoviendo una convivencia armónica y el uso adecuado de los bienes comunes.

Resalta que llama profundamente la atención, que la simple referencia a supuestas declaraciones de una de las residentes y recurridas en esta acción, sea considerado suficiente por el recurrente para fundamentar en contra de una comunidad, la violación de los derechos consagrados en la Constitución y en la legislación de copropiedad inmobiliaria.

Sostiene que una acción de esta índole requiere inexorablemente detallar de manera exhaustiva y específica las acciones o prácticas de la administración del condominio que transgreden sus derechos fundamentales, alineándose con el marco legal aplicable. En ausencia de tal nivel de detalle, la alegación carece de la solidez necesaria para ser considerada legítima en un proceso de acción constitucional.

Destaca que no puede soslayarse la circunstancia de contener el recurso, imputaciones injuriosas al Administrador de nuestro Condominio Sr. nombre reservado, que llegan al grado de considerarlo como “cómplice de difamación”. De acuerdo con los principios rectores del derecho, resulta imperativo que las acusaciones sean respaldadas por evidencias concretas y convincentes. En ausencia de estas, las declaraciones del recurrente no solo carecen de fundamento legal, sino que además incurren en una potencial vulneración de derechos respecto a nuestro Administrador, tal como el derecho al honor y a la reputación, amparados tanto por la legislación nacional como por tratados internacionales sobre derechos humanos.

Hace presente que el recurrente en este proceso intenta presentarse como residente de la comunidad, adjuntando para ello recibos de pago de servicios básicos. Sin embargo, es importante aclarar que el recurrente no es un residente de la comunidad, sino más bien un visitante frecuente. Esto se deduce del hecho de que, entre la evidencia aportada por el mismo recurrente, no se encuentran declaraciones juradas ni contratos de arrendamiento que respalden su condición de arrendatario en el Condominio nombre reservado. Además, el propietario del inmueble ha expresado desconocimiento sobre la existencia del recurrente en su propiedad, sumado a lo anterior, no figura en los registros del Condominio como arrendatario o residente.

Señala que según los registros y declaraciones del copropietario y arrendador, el recurrente no está reconocido como residente formal del condominio. Por lo tanto, cualquier argumento que aquel presente respecto a su derecho de acceso como residente carece de fundamento tanto legal como práctico.

Explica que si bien el recurrente ha presentado comprobantes de pago de servicios como pruebas, éstos no son determinantes para establecer su condición de residente ni para apoyar su acusación de una supuesta prohibición de ingreso, toda vez que el hecho de realizar pagos de servicios o gastos comunes no otorga, de manera automática, derechos de residencia o acceso al condominio.

Añade que el recurrente, desde que ocurrieron los hechos, no ha establecido un diálogo o un acercamiento formal con la administración del Condominio nombre reservado, ya sea para presentar su oposición o buscar una aclaración de los hechos que se le imputan. En circunstancias habituales, ante cualquier imputación o acusación, se esperaría que la parte implicada buscase proactivamente una comunicación y el esclarecimiento de los hechos, especialmente a través de medios digitales con la administración, pues esta última desempeña un rol neutral en estos asuntos.

Estima que la falta de iniciativa o comunicación formal del recurrente con la administración del Condominio nombre reservado disminuye significativamente la credibilidad y la validez del recurso presentado, por las siguientes razones: En primer término, el recurrente no ha intentado resolver o clarificar los hechos a través de canales establecidos dentro del condominio; y en segundo lugar, el recurrente no ha especificado o detallado los actos, momentos o circunstancias en que presuntamente se le ha negado el acceso al condominio, ya sea por parte del personal de conserjería, la administración del condominio o cualquier residente.

Observa una tendencia habitual en la que ciertos recurrentes formulan alegaciones basadas en narrativas que parecen acomodarse exclusivamente a su conveniencia.

Afirma que estas presentaciones, desafortunadamente, adolecen de una base jurídica robusta y carecen de un soporte probatorio mínimo esencial.

Insiste que en toda la extensión del recurso, no se ha presentado ni una sola refutación o contrargumentación de un hecho esencial y concreto: el involucramiento del recurrente en un acto que implica el “retiro" de una bicicleta que no le pertenece. Este acto de “retirar o sacar sin autorización de la dueña” la bicicleta, en un contexto y circunstancias poco claras y precisas es un hecho irrefutable y que está siendo objeto de una investigación por parte de la justicia ordinaria.

Hace ver que es crucial hacer presente que este incidente no es un asunto menor y aún no es considerado un error o malentendido, sino que ha sido clasificado por el Ministerio Público como un caso de hurto simple.

Añade que la jurisprudencia de esta Ilustrísima Corte de Apelaciones y de la Excelentísima Corte Suprema, han sido contestes en afirmar que la acción Constitucional de Protección resulta ser una vía improcedente para aquellas materias en las que el ordenamiento jurídico ha establecido mecanismos legales específicos para resolver conflictos que se suscitan sea entre particulares entre sí, o entre estos y los órganos del estado.

Refiere que ello se explica al ser el Recurso de Protección una acción de naturaleza cautelar, de emergencia, extraordinario y sumarísimo, de tutela de derechos fundamentales, y que tiene por finalidad, restablecer el imperio del derecho, en aquellos casos en que se ocasione una vulneración clara y efectiva a las garantías constitucionales. En consecuencia, y dado el carácter perentorio que tiene este recurso, se prescinde de las garantías procesales de un procedimiento de lato conocimiento, necesarias en cualquier juicio declarativo.

Menciona que para que el actor promueva su alegación, debe estar en posesión de un derecho indubitado, esto es, un derecho cuya titularidad no dé lugar a dudas o interpretaciones. Así, la hipótesis del actor resulta nuevamente errónea, evidenciando su intención de tratar de utilizar la vía de protección como una instancia, en circunstancias que se está en presencia de un asunto de lato conocimiento, por lo que esta acción constitucional no puede prosperar.

Insiste en la exigencia de que exista un derecho indubitado para ejercer esta vía jurisdiccional, precisando que el Recurso de Protección no es el medio idóneo para pretender obtener la declaración de un derecho o la discusión sobre un derecho propio a la copropiedad inmobiliaria, toda vez que lo anterior, requiere necesariamente una denuncia infraccional que proporcione un término probatorio que acredite fehacientemente los argumentos vertidos por el actor.

Considera que, teniendo presente que el actor no cuenta con un derecho indubitado, podemos concluir que no se cumple con el supuesto básico del recurso de protección, esto es, la perturbación, privación, o amenaza de un derecho -que en la especie el recurrente no posee-, como consecuencia de la ilegalidad y/o arbitrariedad de un acto -supuesto fáctico que tampoco se verifica. Lo anterior produce un perjuicio directo para su representado, ya que ha tenido que costear de forma personal el presente recurso mal inculcado.

Sostiene que la hipótesis del actor resulta nuevamente errónea, evidenciando la intención de ésta en tratar de utilizar la vía de protección como una instancia, en circunstancias que se está en presencia de un asunto de lato conocimiento, por lo que esta acción constitucional no puede prosperar.

Refiere a que la acción de protección promovida se funda en la supuesta conculcacióń del Derecho a la vida y la Integridad física y psíquica del recurrente.

Insiste en que la Constitución Política es clara al señalar que la acción u omisión ilegal o arbitraria, para hacer procedente la acción de protección, requiere la existencia de privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos amparados según el artículo 20 de la Carta Magna.

Refiere a que se sostiene que se ha vulnerado su derecho constitucional consagrado en el artículo 19 N°3 que establece la igualdad de protección de la ley en el ejercicio de los derechos y otras garantías procesales, en relación a lo dispuesto en el artículo 5 número 1, artículo 8 número 1, artículo 24, artículo 25 número 1 del Pacto de San nombre reservado Rica, y lo dispuesto en el artículo único señalado en la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad.

Concluye que la presente acción constitucional de protección de derechos y garantías, parece más bien un reclamo impulsivo y ajeno a la normativa vigente en condominios y comunidades, de conformidad con la Ley 21.442 y las leyes que establecen la competencia de los Juzgados de Policía Local, y que se rigen por las disposiciones de la Ley No 18.287 y, supletoriamente, por las normas del Libro Primero del Código de Procedimiento Civil.

Reitera que el recurso carece de la rigurosidad normativa que caracteriza al Recurso de Protección.

Solicita tener por informado el recurso y rechazarlo, pues los supuestos fácticos en que se apoya no son de aquellos tutelados por la presente acción, todo lo anterior con expresa condena en costas.

En sustento de sus alegaciones, acompaña los siguientes documentos: 1.- Reglamento de Convivencia del Condominio nombre reservado 3; 2.- Fotografía de las imágenes del recurrente captadas por las cámaras de seguridad, y 3.- Mandato judicial de fecha 10 de octubre de 2023, suscrito ante doña nombre reservado, nombre reservado de Coquimbo.

TERCERO: Que, debidamente emplazada de la acción de protección compareció informando la recurrida doña nombre reservado, quien solicita el rechazo del mismo exponiendo que con fecha 04 de septiembre del 2023, aproximadamente a las 15:20 horas, se dirigía a su domicilio ubicado en domicilio reservado, una vez pasando el acceso de control en conserjería se dirigió a su estacionamiento, lugar en el que diariamente dejo su bicicleta, al llegar al lugar se percató que su bicicleta no se encontraba ahí, ni en ningún otro lugar dentro del radio del edificio. Luego de esto, se dirigió rápidamente donde el conserje de turno para que este le hiciera muestra de las cámaras de seguridad internas del condominio, pero debido al horario y que tenía que retirar a sus hijos del colegio, dejó para más tarde la diligencia. Luego, le llegó a través de la aplicación Whatsapp, imágenes videograbadas donde logró percatar a dos personas del sexo masculino retirándose tranquilamente del condominio, fijándose que uno de ellos iba conduciendo su bicicleta. Acto seguido se dirigió al condominio donde reside, específicamente a la conserjería para poder revisar las cámaras de seguridad con el conserje de turno, indicando éste que la persona que se ve en las cámaras conduciendo su bicicleta sin su autorización es una persona conocida por él, toda vez que, era una visita habitual al departamento 1209 del condominio donde reside.

Añade que como ubicaba en qué departamento vivía la persona que observó en las cámaras, sumado a ubicar de vista también al arrendatario formal del departamento donde vive la persona que tomó su bicicleta sin autorización, se comunicó con el arrendatario para avisar que ocurrían hechos susceptibles de delito, viéndose involucrado en flagrancia y que si no bajaba a arreglar la situación en 20 minutos haría uso de su legítimo derecho de llamar a Carabineros de Chile para solucionar el asunto en cuestión.

Agrega que pasado un tiempo, llegó al lugar una persona de sexo masculino de aproximadamente 20 años, quien era el arrendatario del departamento 1209, quién reconoce a la persona que sustrajo su bicicleta sin autorización y señalando que aquella persona vive en el departamento en calidad de subarrendador. Acto seguido el joven arrendatario efectúa una llamada telefónica en donde señala: “Debes devolverla, así que vuelves ahora”, corta la llamada y pide las disculpas correspondientes, que él no mantiene esos malos hábitos y estaba muy avergonzado de la situación que estaba viviendo.

Expone que junto al conserje de turno ve llegar simultáneamente a la persona que había tomado su bicicleta y a Carabineros de Chile. Ahí, bajo un temor fundado dio a entender al funcionario de Carabineros de Chile del miedo a la reacción que podía tener la persona que sustrajo su bicicleta, temiendo, justificadamente, por su integridad física y psíquica y de las posibles futuras represalias, ya que no sabía cómo podrían reaccionar las personas que apenas ubica dentro de la comunidad en una situación de esta índole, sumado a que sus hijos diariamente juegan en los alrededores del condominio.

Relata que al llegar la persona sindicada como autor de los hechos eventualmente considerados como delito, le indicó que no se mueva, que Carabineros de Chile está a la espera de él para tomar las medidas necesarias y una posible detención, teniendo el recurrente una actitud ofuscada, indicándole que había cometido un error y que la informante se iba a arrepentir de lo que estaba haciendo, propinándome insultos y ofensas. Debido a esto, el arrendatario formal del departamento, con una actitud educada y queriendo conciliar la situación, le ofreció disculpas, al conserje de turno y a Carabineros de Chile, actitud absolutamente contraria a la del recurrente, quién continuó con una actitud amedrentadora y ofuscada, indicando que la bicicleta la había tomado por error, que uno de sus amigos que había estado la noche anterior en el departamento de ellos y que le habían hecho el préstamo de una bicicleta con similares características a la suya y que eso lo había inducido a tomar por error su bicicleta, relato total y absolutamente falso, ya que, ambos departamentos tienen estacionamiento propio, estos se encuentran en lugares opuestos haciendo imposible la confusión de uno a otro. Ninguno de sus amigos había llegado en bicicleta, es más, el arrendatario formal del departamento que compartían tampoco tiene una bicicleta de las características similares a la suya, por tanto, mal podría existir préstamo alguno que pueda dar sustancia a la supuesta confusión de la persona que actualmente es investigada en sede penal.

Menciona que el condominio no cuenta con estacionamiento destinado para las bicicletas, sino que los residentes habitualmente suelen dejar las bicicletas en los estacionamientos propios o dentro de sus departamentos, por lo que, tener una confusión es prácticamente imposible.

Refiriendo a otros aspectos del recurso de protección explica que don nombre reservado, actualmente procesado en sede penal por causa relacionada con estos autos dice llevar una importante cantidad de años viviendo en Chile, que su situación migratoria es totalmente regular y que se encuentra actualmente estudiando una carrera en el Instituto Inacap de la ciudad de la Serena, hechos que tienen relación más con una situación familiar y personal de autorrealización, que tratarse de hechos que resulten pertinentes y controvertidos en estos autos y para la resolución de esta causa ni la causa penal relacionada.

Prosigue refiriendo al que identifica como numeral 2, indicando que lo único que es relevante es que en la época que sucedieron los hechos el recurrente se encontraba viviendo en la misma dirección, en el departamento N° 1209, que compartía con unos amigos, además que el arrendatario formal era un amigo de él.

En relación al numeral 3 de la acción, explica que el recurrente dice que en esa época se encontraba trabajando en una empresa inmobiliaria e Inversiones, de mesero en un local llamado “New City”, hecho que no consta en ningún contrato de trabajo entre la persona jurídica y el recurrente.

En relación a lo afirmando en los numeral 4 y 5, añade que don nombre reservado menciona que llama a su amigo Diego para que le preste una bicicleta, supuestamente propiedad de este último y de características similares a la suya, hechos que son totalmente falsos, ya que esta persona no es dueño de bicicleta alguna, el edificio no cuenta con estacionamiento para bicicletas, que su bicicleta se encontraba en su estacionamiento particular y no del supuesto dueño de la bicicleta como él menciona. Asimismo, es importante señalar que, la actitud del recurrente denota un total relajo ante el supuesto atraso laboral que dice llevaba, ya que él al salir del condominio lo hace con otra persona al lado caminando, contradiciéndose de manera absoluta su andar con el que una persona tiene cuando va atrasada al trabajo.

Explica que el arrendatario del departamento 1209 y amigo del recurrente, con expresión de vergüenza por la situación, indica que quien se ve en las cámaras es su amigo nombre reservado, quien lleva su bicicleta, señalando además que, jamás le pudo haber prestado una bicicleta al recurrente, ya que no es dueño de ninguna bicicleta, haciendo inviable la supuesta confusión, ni tampoco el supuesto atraso que llevaba para llegar a su también supuesto trabajo.

En relación a que el conserje lo habría saludado, sólo da cuenta de la buena fe que tuvo con él y con las personas que viven en la comunidad, quien no tiene motivos para mal pensar que el recurrente o cualquier otra persona que ubique por vivir en ese lugar esté cometiendo un ilícito, por tanto, le abrió el portón y lo saludó como lo haría con cualquier otra persona residente del lugar donde trabaja.

Analiza el un numeral 6° y explica que efectivamente se realizó una llamada al recurrente, solicitándole que devolviera la bicicleta y que la confusión señalada no era tal por la razones ya expuestas.

Prosigue con el análisis al numeral 7, sosteniendo que las aseveraciones que hace el recurrente respecto a su reacción, respecto a la denostación personal no sólo son falsas, sino que también inviables, ya que primero: nunca le dirigió la palabra a don nombre reservado, sólo expresó el miedo fundado, como cualquier persona podría tener al enfrentarse a alguien que tomó sin autorización alguna un bien de su propiedad, más tratándose de una mujer contra un hombre, lo que hizo solo fue expresar su temor por su integridad física y psíquica y por eventuales futuras represalias por parte del recurrente, queriendo expresar su malestar al conserje y a Carabineros de Chile, de todas formas ese miedo fundado nunca superó el umbral de la denostación racial o estirpe; y, segundo: es de nacionalidad argentina, por tanto, mal podría denostar a una persona bajo la misma condición de inmigrante.

En cuanto a su supuesta influencia para que despidieran del trabajo al recurrente: Se trata de hechos no atribuibles a su persona, ya que no conoce a nadie que trabaje ahí, tampoco al dueño del local como para atribuirle supuestas influencias de hecho realizadas por mí y no reconoce propiedad de los mensajes de WhatsApp mostrados por el recurrente.

Haciéndose cargo de los numerales 8 y 9, explica que el recurrente se refiere a que se le atribuye una calumnia, pero esta no se le atribuye, ni por su aspecto físico o por alguna otra razón motivo de discriminación alguna, sino que hay un procedimiento en curso y que posiblemente se le atribuyan hechos constitutivos de delito cometidos en flagrancia, por tanto, Carabineros de Chile lo tomó detenido, actuando amparado por el Ordenamiento Jurídico en la detención del recurrente, la que fue llevada a cabo por hechos objetivos y no por su influencia.

Sigue con un análisis a los numerales 10 y 11, expresando que es cierto que Carabineros de Chile llevó al recurrente a la 2da Comisaría de Coquimbo y que gracias a eso se formó la causa RIT: 4393-2023, RUC : 2300961744-2 en procedimiento simplificado que se encuentra en tramitación.

Respecto de los que identifica como numerales 12 y 13, señala que no tiene ninguna influencia con el lugar del supuesto trabajo del recurrente ni menos ha solicitado a la Administración del Condominio donde reside y donde ocurrieron los hechos que no se le permitiera el acceso al recurrente. A mayor abundamiento, debe señalar que, en conversaciones con el Administrador del condominio, le ha señalado que en ningún momento se le ha negado el ingreso al lugar, por lo que nuevamente, los dichos del recurrente faltan a la verdad.

Destaca, en relación al numeral 14 del recurso, que no pudo haber confusión alguna por parte del recurrente al tomar su bicicleta, ya que la bicicleta se encontraba dentro de los límites de su estacionamiento y no en el que correspondía al departamento donde tenía su domicilio el recurrente, el cual se encuentra, como ya se señaló, en un sector totalmente opuesto a su estacionamiento, donde verdaderamente estaba la bicicleta. En cuanto a la privación de libertad, mal podría atribuirse a su persona, ya que no tiene la competencia para ello, ya que, tal como se señaló, la detención fue realizada por funcionarios de Carabineros de Chile en virtud de los hechos descritos, siendo realizada de manera legal y sujeta a derecho.

Solicita tener por evacuado el informe al tenor del recurso de protección interpuesto en autos y, en definitiva, rechazarlo con costas.

Acompaña, con citación, copia del Parte Policial N° 1294 de fecha 04 de septiembre de 2023 emanado de la 2ª Comisaria, Coquimbo.

CUARTO: Que, con fecha 18 de diciembre de 2023 se llevó a cabo la vista de la causa, quedando ella en acuerdo. Con posterioridad, el 20 de diciembre de 2023 el actor presenta un desistimiento parcial de la presente recurso de protección en relación con doña nombre reservado, solicitud a la cual se otorgó traslado a los recurridos, requiriéndose al actor, conforme los fundamentos de su solicitud, se acompañara copia del acuerdo reparatorio a que refería en su escrito. Con fecha 10 de enero de 2024 el actor da cumplimiento a lo ordenado, acompañando a autos copia del acta de acuerdo reparatorio aprobado por el Juzgado de Garantía de Coquimbo entre el actor de protección y la señora nombre reservado, salida alternativa donde se estableció, entre otros acuerdos, que el señor nombre reservado se desistiría de la presente acción constitucional y, hecho ello, se procedería al sobreseimiento definitivo del proceso penal RIT 4393-2023 del tribunal ya singularizado. Por resolución de17 de enero de 2023, sin que ninguno de los recurridos evacuara el traslado conferido, se tuvo por desistido el recurso solo en relación a doña nombre reservado.

QUINTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, ello mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

SEXTO: Que, como se desprende de lo analizado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

SÉPTIMO: Que, como se observa de la controversia que motiva la acción de protección ella surge con motivo de un supuesto delito de hurto que se habría cometido al interior del Condominio Gran nombre reservado y que habría afectado a doña nombre reservado, a consecuencia de lo cual, según se afirma en la acción constitucional de autos, ésta habría efectuado diversas acciones, incluyendo actos de autotutela, que se afirman ilegales y arbitrarios, que conculcarían el derecho a la honra del actor y que, adicionalmente, se habrían extendido a medidas que el referido condominio habría adoptado en contra del recurrente con motivo de los mismos hechos, entre ellas una supuesta prohibición de ingreso al recinto donde mantendría su morada y sus bienes.

OCTAVO: Que, sin perjuicio de haberse tenido por desistido el recurso de protección deducido en contra de doña nombre reservado y, por tanto, careciendo este tribunal de alzada de competencia para analizar el fondo de la acción en relación a las imputaciones que se le realizan, no puede este órgano jurisdiccional soslayar la necesidad de recalcar la prohibición general, en un Estado de Derecho, de la realización de actos de autotutela para proteger los intereses o derechos propios, entendida aquellos como “toda vía de hecho que cualquier persona ejecuta o lleva a cabo alterando un determinado statu quo, lo que, a su vez, se traduce en afectar determinadas relaciones jurídicas que sobre esas bases fácticas se estaban desarrollando antes de producirse la alteración de las condiciones de hecho” (Corte de Apelaciones de Valdivia, rol N° 2771-2022 y Corte de Apelaciones de La Serena, rol N° 8821-2022). La proscripción general de la autotutela, en cuanto es un mecanismo de autocomposición, importa que toda afectación de derechos, sea cual sea su naturaleza, debe encausarse por medio del ejercicio legítimo de las acciones o vías institucionales que el ordenamiento jurídico establece para ello, siendo ello único cauce legal que en un Estado Democrático de Derecho las personas, naturales o jurídicas, deben resolver sus controversias de índole jurídica, siendo solo el Estado, también por las vías institucionales respectivas y sujetándose estrictamente a la Constitución y la ley, quien mantiene el monopolio del ejercicio de la fuerza en los diferentes ámbitos que el Derecho requiere para hacer efectivos los derechos de toda persona.

NOVENO: Que, como ya se expuso, forzoso resulta omitir pronunciamiento sobre la acción de protección deducida en contra de doña nombre reservado, ello producto del desistimiento efectuado y aprobado previamente a esta decisión.

DÉCIMO: Que, en relación al Condominio Gran nombre reservado y su administración, como ya se expuso, el recurso de protección requiere como supuesto base la existencia de una acción u omisión ilegal o arbitraria que importe, al menos, una amenaza a un derecho fundamental, siendo, por tanto, su supuesto de operación la existencia de tal acción u omisión, cuestión que en el caso de autos, conforme a los antecedentes aportados por el propio actor, no se encuentra debidamente establecida. En efecto, se imputa al referido Condominio el haber prohibido el ingreso del actor al referido recinto, ello motivado por la supuesta sustracción de una bicicleta de otro morador del conjunto habitacional, sin embargo, no existe evidencia alguna de dicha medida, ni indicio que, razonablemente, permita al menos presumir la existencia de tal prohibición. Tampoco existe alguna evidencia o prueba que permita deducir que el Condominio o su administración validara de alguna forma la imputación que doña nombre reservado efectuara al actor por la presunta sustracción de la ya mencionada bicicleta, ni menos alguna acción de difamación por los supuestos hechos.

UNDÉCIMO: Que, conforme lo expuesto, forzoso resulta rechazar la presente acción de protección en relación al Condominio Gran nombre reservado y su administración, al no encontrarse acreditado en autos las acciones u omisiones ilegales o arbitrarias que se le imputan por el actor de protección.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado en contra del Condominio Gran nombre reservado, representada por don nombre reservado, omitiendo pronunciamiento sobre el fondo en relación a doña nombre reservado al haber operado el desistimiento de la acción de protección en relación a ella.

Redacción del abogado integrante, señor Enrique Labarca Cortés.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 2130-2023 (Protección).