nombre reservado con FUNDACIÓN DALMACIA

P.V.O.V.

Colegio Dalmacia de Ovalle Recurso de protección Rol N°2120-2025 La Serena, veinte de enero de dos mil veintiséis.

VISTO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece nombre reservado, interponiendo acción constitucional de protección en favor de su hijo y estudiante de primer año medio nombre reservado y en contra del Colegio Dalmacia de Ovalle, por haber adoptado la medida de cancelación de la matrícula del alumno. Como garantías vulneradas indica aquellas contenidas en los numerales 3 y 10 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que durante todo el año 2025 concurrió al colegio a denunciar situaciones de consumo de marihuana y tráfico de drogas que le comunicaba su hijo sin que se le tomase en consideración, y agrega que en un momento del año descubrió que su hijo también consumía marihuana al interior del establecimiento. Sostiene que informó al colegio lo ocurrido, solicitó apoyo y aceptó todas las derivaciones que se realizaron. Por otro lado, expresa que se impuso a su hijo la condicionalidad de la matrícula a propósito de episodios de consumo de drogas y agrega que en octubre se detectó que ingresaba al colegio portando un cuchillo de 8 cm en su ropa, lo que motivó que se dispusiera su expulsión invocando la ley aula segura, a pesar de que el estudiante nunca habría agredido ni amenazado a nadie.

Afirma que la decisión del establecimiento es ilegal y arbitraria pues no se ha considerado que el estudiante no registra antecedentes de violencia o consumo, y no ha recibido un apoyo psicosocial serio de parte del colegio. Acusa, además, que el procedimiento utilizado fue irregular y carente de razonabilidad.

Previas citas de derecho solicita acoger el recurso y, en definitiva, ordenar que se deje sin efecto la medida de expulsión y se dispongan medidas de apoyo y acompañamiento al adolescente.

SEGUNDO: Que, evacuó informe la recurrida solicitando el rechazo de la acción con costas.

Expresa, en primer lugar, el estudiante por quien se recurre presentó diversos factores de riesgo personales y contextuales durante el año 2025 tales como episodios de consumo; promedios de nota en los límites de la reprobación; y comportamientos disruptivos. Afirman que, dada la falta de resultados en el trabajo con la familia frente a las conductas disruptivas del joven se interpuso requerimiento proteccional en favor del adolescente y se intentaron medidas tales como semanas de reflexión con los estudiantes, entrevistas formativas, realización de charlas de prevención. En tal sentido, postula que antes de aplicar la cancelación de la matrícula del estudiante se intentaron varias acciones administrativas pedagógicas y socioeducativas; no obstante, el estudiante ingresa el 16 de octubre bajo los efectos de alguna sustancia y portando un cuchillo de 08 centímetros, conducta que es calificada como una falta gravísima en el Reglamento Interno Escolar, lo que unido a la circunstancias de que el estudiante registrara 17 anotaciones negativas y se encontrara con la medida de condicionalidad de matrícula desde el segundo semestre del dos mil veinticinco se estimó justificaba la cancelación de la matrícula para el año 2026.

Finalmente, sostiene que no ha existido en la especie el acto legal o arbitrario toda vez que en forma previa a la imposición de la medida de cancelación de matrícula para el año 2026 se oyó al afectado y se sustanció el procedimiento conforme a las normas reglamentarias vigentes, ponderándose sus antecedentes conductuales y académicos.

TERCERO: Que, la acción constitucional de protección de garantías constitucionales establecida en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, examinados los antecedentes allegados a esta sede estima esta Corte que no es posible sostener que la recurrida haya incurrido en un actuar ilegal o arbitrario al disponer la cancelación de la matrícula del estudiante por quien se recurre para el presente año académico.

Esta conclusión surge, en primer lugar, al constatar de los documentos acompañados que la medida fue adoptada frente a la comisión por el joven de dos conductas que el Reglamento respectivo califica como faltas gravísimas y que, además, pudieran revestir caracteres de delito, por lo que una de las posibles sanciones a imponer correspondía precisamente a la cancelación de matrícula para el año siguiente.

Enseguida, del mérito del informe del establecimiento educacional recurrido es posible apreciar que el alumno en cuestión se encontraba ya sujeto a la medida de condicionalidad de su matrícula por conductas que la propia apoderada recurrente reconoce como efectivas y que, adicionalmente, se le habían ofrecido alternativas psicoeducativas -tales como entrevistas formales con los estudiantes, semana de reflexión, reuniones con los padres (a las que éstos no asistieron), charlas de prevención, entre otras- para disuadirle de incurrir en hechos semejantes nuevamente, por lo que no aparece justificada la alegación de la recurrente en cuanto que se esté ante una medida desproporcionada o que no haya estado precedida de intervenciones educativas o de otro carácter.

A todo lo anterior se agrega que el joven sí pudo formular descargos según se desprende de las actas acompañadas al informe de la recurrida y que la cancelación de matrícula fue debidamente informada a la Superintendencia de Educación para la adopción de las medidas de resguardo del derecho a la educación del estudiante.

SEXTO: Que, por las razones expresadas, no habiéndose acreditado la existencia de una actuación ilegal o arbitraria que amague en forma ilegítima de los derechos constitucionales del adolescente, el recurso será rechazado.

Por estas consideraciones y, visto, además, lo prescrito en el artículo 20 de la Constitución Política de la República SE RECHAZA sin costas el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en favor de nombre reservado y en contra del Colegio Dalmacia de Ovalle.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol N°2120-2025 (Protección).-