nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

nombre reservado, Josmary Hainey A.F.P. Modelo S.A Recurso de protección Rol N°212-2026 La Serena, diez de marzo de dos mil veintiséis.

VISTO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece Pablo Peñaloza Parra, abogado, interponiendo acción constitucional de protección en favor de Josmary Hainey nombre reservado, de nacionalidad venezolana, y en contra de A.F.P. MODELO S.A. y de la Superintendencia de Pensiones por haber rechazado su solicitud de devolución de sus fondos de capitalización individual. Como garantías vulneradas indica aquellas contenidas en los numerales 2, 24 y 26 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que la recurrente solicitó a la AFP Modelo la devolución de sus fondos previsionales conforme a lo dispuesto en la Ley N°18.156. Sin embargo, la administradora rechazó la solicitud argumentando que la constancia electrónica de afiliación presentada no sería válida, sin proporcionar fundamentos suficientes ni efectuar las verificaciones correspondientes.

Sostiene que la constancia acompañada fue emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y contiene un código de verificación que permite comprobar su autenticidad a través del portal web oficial, por lo que la negativa de la recurrida se basaría en una interpretación excesivamente formalista de la normativa, incorporando requisitos no contemplados en la ley.

Sostiene que los hechos descritos conculcan el derecho a la igualdad ante la ley del actor en la medida que existen extranjeros que con idéntica documentación han podido acceder al retiro de sus fondos previsionales. Alega, además, que se afecta el derecho de propiedad sobre los fondos de la cuenta de capitalización individual de la interesada al impedírsele disponer de ellos en circunstancias que cumpliría los requisitos legales y reglamentarios para su retiro excepcional.

Previas citas de derecho solicita acoger la acción deducida y, en definitiva, ordenar que se reconozca la validez de la documentación acompañada y disponer un nuevo pronunciamiento conforme a derecho, procediendo a la devolución de los fondos acumulados en su cuenta individual, adoptando las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que, evacuó informe la recurrida solicitando el rechazo del recurso con costas.

Señala que, revisados dichos documentos, la administradora concluyó que no cumplían con las exigencias establecidas en la normativa vigente, en particular porque el documento denominado “Constancia Electrónica de Cotizaciones” no constituye un certificado válido de afiliación a un sistema de seguridad social extranjero, no se encuentra firmado por la autoridad competente y tampoco está debidamente legalizado o apostillado, circunstancia que impide acreditar la autenticidad y veracidad de los antecedentes acompañados.

Arguye que conforme a la Ley N° 18.156, al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y a las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, para acceder al beneficio de devolución de fondos previsionales el trabajador extranjero debe acreditar mediante certificación válida que se encuentra afiliado a un régimen de seguridad social en el extranjero que otorgue cobertura, al menos, en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, requisito que en la especie no se encuentra acreditado.

Sostiene, en consecuencia, que la actuación de AFP Modelo se ha ajustado estrictamente a la normativa aplicable y a las instrucciones del organismo fiscalizador, por lo que no existe acto ilegal ni arbitrario que vulnere las garantías constitucionales invocadas por la recurrente, solicitando en definitiva que el recurso de protección sea rechazado, con costas.

TERCERO: Que, habiéndose conferido traslado a la recurrida Superintendencia de Pensiones para que evacuara el informe correspondiente, dicho organismo no evacuó informe dentro del plazo conferido. Debido a lo anterior, el 04 de marzo de 2026 se prescindió del referido informe, continuando la tramitación del recurso con los antecedentes disponibles en autos.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición, y que por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

QUINTO: Que, para resolver el asunto en examen, conviene considerar que el artículo 1 de la Ley N°18.156 dispone que: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”.

A su turno, el artículo 7 del cuerpo normativo referido, estatuye que: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

SEXTO: Que el acto que la recurrente califica de ilegal y arbitrario consiste en la respuesta, mediante la cual se informó que no era posible admitir su solicitud de retiro de fondos de capitalización individual, argumentando la imposibilidad de verificar la constancia de afiliación al sistema previsional de Venezuela otorgada por la Embajada de Venezuela en Chile. Este acto vulneraría, a juicio del recurrente, sus garantías constitucionales contenidas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política.

En el caso particular, no consta satisfecha la exigencia de haberse anexado los documentos indicados, en especial, aquel consignado en la letra a) precedente, esto es, el certificado previsional en una entidad extranjera con vigencia a la fecha del requerimiento, sobre todo por la redacción de la norma, que exige la actualidad de dicha pertenencia (“que se encuentre afiliado”), circunstancia que es tácitamente reconocida por la actora, al sostener que ese dato podía ser revisado por la misma entidad recurrida. Aquello es contrario a la lógica, considerando que es la parte quien debe acreditar el cumplimiento de las exigencias legales.

Por lo demás, el documento anexado a folio 1.4 no es idóneo para satisfacer dicho requerimiento, al no cumplir con las exigencias básicas para considerarlo válido en Chile, al tratarse de un documento extranjero sin la debida legalización exigida por nuestra ley nacional.

A lo anterior abona que la recurrida sustenta su oposición a la improcedencia de acoger el requerimiento, por no cumplirse las exigencias legales referidas. Aquello deja en evidencia que el derecho que se exige carece del carácter de indubitado, elemento propio de las garantías que pueden ser impuestas por esta vía constitucional y de excepción, nueva razón para desechar el presente arbitrio.

Finalmente, en cuanto a la lectura de la ley, resulta acorde a los intereses del recurrente, cuyo sentido no es compartido por esta Corte, desde que la Ley N°18.156 fue dictada para permitir el retiro extraordinario de fondos acumulados por ciertos trabajadores extranjeros temporales, facultad que no cuentan los demás trabajadores nacionales, de manera que la excepcionalidad debe leerse con tal rasgo y, por ende, ser exigentes al momento de cumplir sus estándares. Al no ocurrir, el rechazo debe ser confirmado, pues, lo contrario, importa provocar una desigual protección ante la ley.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor Josmary Hainey nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Plan MODELO S.A. y la Superintendencia de Pensiones.

Notifíquese, regístrese y archívese, en su oportunidad.

Rol N°212-2026.- (Protección)