nombre reservado con DEFENSORIA PENAL PUBLICA (LA SERENA)

nombre reservado

Defensoría Penal Pública Recurso de Protección Rol 2111-2023.- La Serena, a siete de noviembre de dos mil veintitrés.

VISTOS:

PRIMERO: Que a folio 1, y con fecha diecisiete de septiembre de dos mil veintitrés, comparece don nombre reservado, cédula identidad N°RUT reservado, por sí, deduciendo recurso de protección en contra de la DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA, La Serena, por el acto ilegal y arbitrario de renunciar a los recursos en materia penal, afectando con ello los derechos y garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 numerales 2°, 3°, 7° letra b) y 16° de la Constitución Política de la República.

Explica que, desde el día diecisiete de agosto del año en curso, trabajaba para nombre reservado, pues le faltaban dos días para dar el examen de conducir para obtener licencia Clase A1. Frente a la necesidad de trabajar, por ser quien sustenta a su familia, el día dieciocho de agosto del presente año, a las 11:30 horas aproximadamente, fue sorprendido por Carabineros de Chile en la intersección de Avda. Francisco de Aguirre con calle Balmaceda, La Serena, conduciendo el taxi colectivo marca Hyundai, placa patente JWJB-91, correspondiente a la Línea N°21 sin la licencia de conducir correspondiente.

Agrega que durante el juicio respectivo, la defensora doña Scarlett Pino Espinoza no le consultó sobre las circunstancias, el motivo o cómo le afectaba la situación, indicándole únicamente que no interviniera y que ella se encargaría arribando en definitiva a un acuerdo con la Fiscalía, suspendiendo su licencia por un año, a pesar de que la necesitaba con urgencia, al ser su herramienta de trabajo. Además, indica que la defensora omitió la posibilidad prevista “en el artículo 10 N°11 Código Penal: 11, vulnerándose además el artículo 234 del Código Procesal Penal y 354 del mismo cuerpo legal” (sic), pues no le solicitó el consentimiento expreso de su parte para renunciar a la interposición de recursos.

Indica que el actuar de la defensora es ilegal o arbitrario, pues no tuvo en consideración su participación, ni la comprensión de la situación, sin ajustarse a los requerimientos y necesidades de su defendido, privándole de mecanismos de defensa posteriores, como son los recursos procesales, y con ello, se ha vulnerado el derecho a defensa y debido proceso, en cuanto tomó la determinación de dejar a su defendido sin recursos procesales, por haber renunciado a ellos para llegar a un acuerdo, y sin su licencia de conducir.

Refiere que con lo anterior se ha vulnerado el artículo 19N°2, esto es, el derecho a la igualdad ante la ley, pues no se consideró la situación de igualdad material en la que se encuentra por su estado de necesidad laboral. Asimismo, estima vulnerado el artículo 19 N°7 letra b), afectando una debida defensa, por arribar a un acuerdo sin considerar sus circunstancias y privándolo de recursos procesales; y los numerales 4° y 24°, “por privarlo de postulaciones laborales, pues conducir vehículos es su fuente de ingreso y sustento”.

Solicita a esta Corte restaurar el imperio del derecho, y dejar sin efecto la decisión adoptada en acuerdo entre la Fiscalía y la Defensoría Penal Pública, requiriendo un nuevo juicio bajo las consideraciones que se omitieron al momento de tomar la decisión de renuncia a los recursos procesales correspondientes.

SEGUNDO: Que a folio 5, y con fecha cinco de octubre de los corrientes, comparece don nombre reservado, Defensor Nacional, en representación de la Defensoría Penal Pública, quien evacua el informe de rigor, solicitando el rechazo del recurso de protección.

Indica que los hechos indicados por el recurrente dicen relación con la causa penal seguida ante el Juzgado de Garantía de La Serena, RUC 2300897285-0, RIT 5394- 2023, donde fue formalizado el día diecinueve de agosto de dos mil veintitrés en el siguiente tenor: “El día 18 de agosto de 2023, a las 11:25 horas aproximadamente, en la intersección de las calles Balmaceda y Avda. Francisco de Aguirre, La Serena, el imputado nombre reservado, fue sorprendido por Carabineros conduciendo el taxi colectivo marca Hyundai, placa patente JWJB-91, correspondiente a la línea N° 21 con Licencia de conducir Clase B/D, sin haber obtenido Licencia de conducir Profesional Clase A-1, A- 2 o A-3 que lo habilita para conducir vehículos motorizados de dicha clase.” Por lo que el delito imputado fue conducir sin haber obtenido licencia debida contemplado en el artículo 194 de la Ley 18.290, en calidad de autor y en grado de consumado.

Agrega que el Ministerio Público ofreció la salida alternativa de suspensión condicional del procedimiento, la que fue aceptado por el recurrente, y a lo cual el tribunal accedió y se suspendió condicionalmente el procedimiento por el plazo de un año, imponiéndose además de no ser formalizado por otros delitos, las siguientes condiciones del artículo 238 del Código Procesal Penal: f) Firma bimensual en dependencias de la Fiscalía Local de La Serena y g) Fijar domicilio e informar al Ministerio Público de cualquier cambio del mismo. Los intervinientes renunciaron a los recursos y plazos.

Invoca la falta de legitimidad pasiva de la Defensoría Penal Pública, pues ésta no posee la facultad legal para dejar sin efecto una resolución judicial que aprobó una salida condicional del procedimiento con la expresa voluntad informada del recurrente.

Señala que el recurrente no explica en qué consisten y cómo se manifiestan las vulneraciones a sus derechos alegada, pues alude el derecho a la igualdad ante la ley sin establecer la forma cómo se produce dicha afectación. Tampoco precisa en qué consiste la vulneración al artículo 19 N°3 de la Constitución Política de la República y no se entiende de qué manera el recurrente se ve afectado en el derecho a la libertad personal y seguridad individual; y, por último, no se expresa de manera razonable de qué forma se afectaría la libertad de trabajo y propiedad privada, por lo cual solicita su rechazo.

Adjunta a su informe los siguientes documentos: 1) Acta de la audiencia celebrada el diecinueve de agosto de dos mil veintitrés, ante el Juzgado de Garantía de La Serena, RUC 2300897285-0, RIT 5394-2023; 2) Copia simple del Decreto Supremo N°129, de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

TERCERO: Que para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que la acción constitucional de protección de garantías constitucionales contemplada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, de los fundamentos expuestos por el recurrente, la controversia principal se hizo consistir en la falta de consentimiento y de conocimiento acerca de las consecuencias jurídicas que conlleva la suspensión condicional del procedimiento resultado de la imputación del delito de conducción sin licencia de conducir contemplado en el artículo 194 de la Ley de tránsito en audiencia celebrada el diecinueve de agosto del presente año ante el Juzgado de Garantías de La Serena en causa RUC 2300897285-0, RIT 5394-2023.

SEXTO: Que en su informe la recurrida precisa que efectivamente, en la realización de la audiencia referida en el motivo anterior, la defensora arribó a un acuerdo con la Fiscalía a fin de optar por la suspensión condicional del procedimiento, acordando las medidas de: Firma bimensual en dependencias de la Fiscalía Local de La Serena y fijar domicilio e informar al Ministerio Público de cualquier cambio del mismo. Los intervinientes renunciaron a los recursos y plazos. Alude también que no se le suspendió la licencia de conducir, acompañando los antecedentes respectivos.

SÉPTIMO: Que deberá desestimarse la acción incoada por cuanto esta no es la vía idónea para debatir sobre la actuación de la defensa y lo acontecido en una audiencia celebrada ante un Juez de Garantía, además, no es efectivo el acto reprochado -suspensión de la licencia de conducir- por cuanto las condiciones aprobadas y aceptadas libremente por el recurrente fueron las previstas en las letras f) y g) del artículo 238 del Código Procesal Penal, esto es, firma bimensual y la de fijar domicilio e informar al Ministerio Público de cualquier cambio del mismo.

Por estas consideraciones y lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de la DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA de La Serena.

Regístrese, notifíquese y en su oportunidad, archívese.

Redacción de la abogada integrante doña Carolina Salas Salazar.

Rol 2111-2023 (Protección)