COMUNIDAD AGRICOLA LA VERDIONA con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OVALLE

Comunidad Agrícola La Verdiona Ilustre Municipalidad de Ovalle Recurso de Protección Rol Nº 2106-2021.- La Serena, veintiséis de enero de dos mil veintidós.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, con fecha once de diciembre de dos mil veintiuno comparece JORGE ALEJANDRO VARGAS MUÑOZ, Abogado, en representación de la COMUNIDAD AGRÍCOLA LA VERDIONA, deduciendo Recurso de Protección en contra de la Sociedad Tasui Norte y de la Ilustre Municipalidad de Ovalle.

Expone que con fecha 11 de noviembre del 2021, terminó el incendio que afectara el vertedero del Kilómetro 20 de la Ruta D-43. Este se habría iniciado según los vecinos de la Comunidad La Verdiona, que representa, y los de Higueritas Unidas, desde el día 3 de noviembre, y según los encargados del vertedero desde el sábado 6 de noviembre.- Señala que sin perjuicio de la fecha de inicio, el incendio generó una columna de humo ALTAMENTE CONTAMINANTE. Ello es una situación recurrente, a la que se suman otros problemas conexos tales como la invasión de moscas, malos olores o fragmentos de papeles contaminados que se esparcen con el viento.

Destaca que no es primera vez que ocurre esta situación, ya que al solo somero análisis de los datos existentes en internet, puede visualizarse que ha habido incendios en dicho lugar el 15 de julio del 2015, 23 de diciembre del 2018 y 22 de enero del 2019.- Sostiene que no resulta posible que la Ilustre Municipalidad de Ovalle, a través de su Alcalde y sus dependencias no haya tomado cartas en el asunto, a través de una fiscalización a dicho vertedero, y que además, dicho lugar cuente con procedimientos y material para mitigar cualquier siniestro.

Añade que sus representados ignoran si tal vertedero cuenta con las autorizaciones del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y obviamente de las resoluciones de los órganos con competencia ambiental que lo califique favorablemente.

Indica que en el presente caso, la conducta ilegal viene dada porque la recurrida, Sociedad Tasui Norte Sur S.A., desde hace bastante tiempo cuya data se ignora comenzó la ejecución trabajos en un terreno que arrendó a una comunidad que no es la recurrente, y que en muchas oportunidades han sufrido incendios sin contar con los elementos necesarios para poder combatir el fuego, menos aún para mitigarlo y no contar con procedimientos para tales eventualidades. Ignora su representada si tal es un vertedero, un relleno sanitario u otra figura, y además sin cuenta con los estudios relativos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, establecidos por la Ley N° 19.300.

Agrega que, según consta de las publicaciones que se acompañan, la sociedad Tasui Norte Sur S.A., la recurrida, es la titular del vertedero. Queda de manifiesto además que su fiscalización corresponde mayoritariamente a la Municipalidad de Ovalle.

Señala que el vertedero en su lamentable y paupérrimo estado, su falta de cuidado y fiscalización vulnera el ejercicio legítimo del derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación, consagrado en el artículo 19 N° 8 de la Constitución Política de la República. Refiere que al no contar el proyecto con un Estudio o Declaración previa, resulta difícil determinar a ciencia cierta los daños concretos que genera su ejecución.

Por estas consideraciones solicita se ordene que se paralicen de inmediato la ejecución de las obras señaladas, con costas.

Acompaña los siguientes documentos; 1.- Publicación del Diario EL Ovallino, de domingo 7 de noviembre del 2021; 2.- Publicación del Diario “El Día”, de fecha 10 de noviembre del 2021.

SEGUNDO: Que, evacuó informe nombre reservado, en representación de SOCIEDAD TASUI NORTE SUR S.A.

Expone que la recurrente, en base a un acto aislado e individual, que hace consistir en el incendio que indica, evento que por lo demás tuvo lugar ya hace más de dos meses, busca cuestionar el funcionamiento del vertedero que administra la sociedad que representa, no dando cuenta ni acompañando antecedente alguno que avale sus dichos y justifique sus pretensiones.

En este sentido, existe total inconsistencia y falta de correlación de los hechos en que el actor funda su recurso, con las peticiones concretas que solicita a este Tribunal.

En efecto, como se lee del propio recurso, no hay obra particular alguna a que se refiere el recurrente, y que esta parte puede hacerse cargo para formular sus descargos, y en su caso, pueda entender, cuál es la acción en concreto que el actor pide a la empresa cesar en su ejecución. Resulta indudable que el recurso interpuesto en ningún caso podría llegar a sustentar una paralización del vertedero que la empresa administra, como la encargada de la recolección de todos los residuos domiciliarios de la Comuna de Ovalle.

Sostiene que el tratamiento y disposición final de los residuos sólidos de la ciudad de Ovalle, que es operada por la empresa bajo la forma de vertedero, se hace con plena sujeción a las normas legales y administrativas impuestas por el contrato de licitación y adjudicación de 29 de mayo de 2012, y sus diversas prórrogas, según Propuesta Pública N°02/2012, DE DISPÓSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN VERTEDERO Y/O RELLENO SANITARIO PARA LA COMUNA DE OVALLE, y a lo dispuesto en el Código Sanitario y de la Resolución N°02444 de 1980, Sobre Normas Sanitarias mínimas para la operación de basurales.

Por lo tanto, lo planteado por el recurso de protección interpuesto, como una acción llamada a resolver una cuestión en forma breve y sumaria, resulta incompatible con la importancia de la materias involucradas, y cualquier resolución de este tribunal, que pudiere entrabar o comprometer el tratamiento de los residuos domiciliarios de una vasta población, con graves consecuencias sanitarias para la población, requiere un estudio más acabado en el respectivo procedimiento ordinario contemplado especialmente para estas materias, y escapa a las materias y objeto de una acción de protección.

Sin perjuicio de todo lo anteriormente expresado, señala que su mandante ha actuado en ejercicio de sus funciones, amparado en las normas legales y estatutarias que rigen su actividad como es, la disposición final de residuos sólidos para la ciudad de Ovalle.

No es efectivo, como señala el recurrente, que el vertedero donde se hace efectiva la actividad de la sociedad que representa, este sujeta a la obligación y necesidad de la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental, de acuerdo a la normativa establecida en la Ley N°19.300.

En este sentido, el vertedero cuenta con la respectiva aprobación del órgano competente, esto es, el Ministerio de Salud, otorgada en su oportunidad por medio del Servicio de Salud de Coquimbo, según consta de Resolución N°937 de 25 de julio de 1990 y su actividad ha sido adecuada a la actual normativa, según los requerimientos que ha hecho la autoridad sanitaria a lo largo de todos estos años.

El supuesto acto arbitrario e ilegal que la recurrente hace consistir en el incidente el incendio, corresponde a un acto fortuito, propio del riesgo derivado de la actividad de la empresa, contando esta con todas las condiciones para desarrollar y enfrentar estos eventos, tal como ha sido constatado y fiscalizado por la autoridad sanitaria por más de 30 años.

Por estas consideraciones solicita rechazo del recurso de protección interpuesto, con expresa condenación en costas.

Acompaña los siguientes documentos: 1.- Copia de Resolución N°937, de 25 de julio de 1990 del Servicio de Salud de Coquimbo, que aprueba el vertedero; 2.- Copia de contrato de licitación para la disposición final de residuos en vertedero, de fecha 29 de mayo de 2012.

TERCERO: Que, evacuó informe RODRIGO FERNANDO FLORES OSORIO, Abogado, por la Ilustre Municipalidad de Ovalle.

Expone que con fecha 9 de Noviembre del año 2021 mediante oficio dirigido al Sr. nombre reservado., del Departamento de Aseo y Ornato de la Municipalidad de Ovalle, don nombre reservado., de Servicios Tasui S.A. Ovalle, informó a su representada del amago de incendio en el Vertedero El Incienso, que habría comenzado a las 06:00 horas, expandiéndose durante el día. En cuanto a las acciones ejecutadas para controlarlo se da cuenta de que varias Compañías de Bomberos de Ovalle intentaron sofocarlo sin éxito, por lo que se trabajó también con Bulldozer más una excavadora y un camión Tolva, además se contó con el apoyo de un camión municipal, pero esto tampoco fue suficiente, retirándose las Compañías de Bomberos alrededor de las 18:30 horas. El día lunes siguiente se retomó el trabajo con Bulldozer, Excavadora, Camión Tolva, más camión Tolva, más camión Tolva arrendado. El origen del siniestro era desconocido y se estaba investigando.

Destaca que el recurso señala que el incendio generó una columna de humo “altamente contaminante”, sin acompañar antecedentes que fundamentaran lo señalado, alegando otros supuestos eventos similares, de los que tampoco acompañó antecedentes ni les constan.

En cuanto a las obligaciones que le competen a su representada, se ha realizado una permanente fiscalización al vertedero en cuestión, ya que la empresa recurrida opera hace años en la recolección de los residuos domiciliarios en la comuna, manteniendo sus permisos con plena sujeción a las normas legales y administrativas, lo que es ratificado por su representada, sin observaciones que formular al respecto.

Sostiene que el recurso de protección interpuesto incurre en varios errores e imprecisiones que lo hacen inviable; en cuanto al acto ilegal, indica la recurrente que la empresa Sociedad Tasui Norte Sur S.A., no sabe desde cuándo, estaría ejecutando trabajos en un terreno que arrendó a una comunidad que no es parte de esta causa; materia que tampoco es objeto del presente recurso, que habrían sufrido incendios sin contar con elementos para combatirlo, tampoco acompaña antecedentes; luego cita la norma del artículo 11 de la Ley N° 19.300, que está cortada y no desarrollada por lo que no se entiende qué es lo que pretende indicar; finalmente, en la parte petitoria, solicita que “se ordene la paralización de las obras señaladas, restableciendo el imperio del derecho” en circunstancias que ningunas obras se están ejecutando por la recurrida, menos que afecten a la recurrente.

Con todo lo expuesto, entiende que no existe una afectación actual, cierta y concreta del derecho cuya conculcación se denuncia, no existe tampoco la realización de obras y los hechos descritos en la descripción del acto ilegal no corresponden al vertedero sino a los Bosques de Reñaca, en la comuna de Viña del Mar, no existiendo vulneración alguna y menos responsabilidad en los hechos por su representada la Ilustre Municipalidad de Ovalle, por lo que el recurso de protección de autos no puede prosperar.

Por estas consideraciones solicita se rechace el recurso de protección interpuesto en su contra, con costas.

Acompaña carta emitida por nombre reservado., por Servicios Tasui S.A. Ovalle, a don nombre reservado., Departamento de Aseo y Ornato de la Ilustre Municipalidad de Ovalle, de fecha 9 de Noviembre de 2021.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

QUINTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

SEXTO: Que, a fin de resolver la controversia sometida al conocimiento de esta Corte, cabe hacer presente, como primera cuestión que salta a la vista del mero examen del libelo pretensor, la imprecisión en que se incurre tanto respecto de los hechos que se denuncian como de las normas jurídicas supuestamente infringidas, toda vez que gran parte de su texto dice relación con hechos ocurridos en la comuna de Viña del Mar y de disposiciones de la Ley N° 19.300 que, en principio y por su propio tenor, no resultarían aplicables en la especie, máxime si se considera lo informado por la recurrida Sociedad Tasui en orden a la inaplicabilidad de dicho cuerpo legal en el caso que nos convoca, circunstancia que no se ha sido controvertida por el actor en audiencia.

SEPTIMO: Que, del mismo modo, aparece de la atenta lectura del recurso que lo que se persigue a través del mismo es “la paralización de las obras”, en circunstancias que en el mismo no se describe la realización de obra particular alguna, sino un evento concreto consistente en un incendio ocurrido en el vertedero “El Incienso” de Ovalle, aparentemente entre los días 3 y 11 de noviembre de la anualidad pasada, y que afectó, como ya se indicó, un vertedero cuyo funcionamiento data de hace décadas, por lo que tampoco se logra comprender cuales son las medidas cuya adopción se solicitan a esta Corte en el evento de acogerse la acción y que permitirían restablecer el imperio del derecho.

OCTAVO: Que, por último, y en estricta relación con lo previamente consignado, cabe hacer presente conforme al tenor expreso del inciso final del artículo 20 de nuestra Carta Fundamental, la acción de protección, en el caso de la garantía constitucional del numeral 8° del artículo 19 del mismo cuerpo normativo, que es precisamente la que se invoca como vulnerada, solo procede respecto de actos u omisiones ilegales imputables a una autoridad o persona determinada.

En este sentido, y como ya se anticipó, la propia vaguedad e impresión del recurso no permite dilucidar, por una parte, cual es la acción u omisión ilegal especifica que se atribuye a las recurridas, desde el momento que si bien se citan en forma aislada e inconexa algunas disposiciones de la Ley N° 19.300, no se precisa de qué forma dichas normas han sido vulneradas por acciones u omisiones de las recurridas, y por otra, si bien el evento denunciado se ha producido en un recinto administrado por una de las recurridas y fiscalizado por la otra, lo cierto es que no se ha acompañado a esta causa antecedente alguno que permita concluir que tal evento sea imputable a las mismas, por el contrario, el origen del mismo ha sido catalogado como desconocido.

NOVENO: Que, así las cosas, no verificándose en la especie el presupuesto básico de la acción impetrada, en orden a la existencia de una acción u omisión ilegal imputable a las denunciadas, es que solo cabe desestimar la misma.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por JORGE ALEJANDRO VARGAS MUÑOZ, en representación de la COMUNIDAD AGRÍCOLA LA VERDIONA, en contra de la Sociedad Tasui Norte y de la Ilustre Municipalidad de Ovalle.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 2106-2021 (Protección).-