COMERCIALIZADOR DP TRADING LTDA con FISCO-TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CHILE

Comercializadora DP Trading Spa Servicio de Impuestos Internos y otro Recurso de protección Rol Nº2101-2023.- La Serena, diez de noviembre de dos mil veintitrés.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece Milenko Orlando Zurita Rojas, abogado, con domicilio en domicilio reservado, en representación convencional de la sociedad COMERCIALIZADORA DP TRADING SpA, sociedad del giro de su denominación, rol único tributario número 76.168.033-1, representada por nombre reservado, empresaria, rol único tributario número RUT reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección de garantías constitucionales en contra de la IV DIRECCIÓN REGIONAL DEL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS, persona jurídica de derecho público, representada por su Director don nombre reservado, y en contra del Director Regional del SII La Serena, don Rómulo Gómez Sepúlveda, todos con domicilio en domicilio reservado, y en contra de LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE LA REGIÓN DE COQUIMBO, y su Director Regional titular, domiciliado en domicilio reservado, por el acto ilegal y arbitrario, consistente en la anotación 6601 impuesta por el Servicio de Impuestos Internos y por la negativa del Servicio de Tesorerías a conceder y otorgar a la recurrente las condonaciones generales, y en especial las condonaciones de la ley de alivio tributario número 21.514, actuar que vulnera los derechos fundamentales de igualdad ante la ley, derecho de propiedad y la garantía que ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, del los numerales 2, 24 y 3 inciso 8 del artículo 19 de la Constitución Política.

Expone que el 17 de agosto de 2023, el Servicio de Tesorería, frente a una solicitud de la recurrente de acogerse a los beneficios de la Ley 21.514 sobre alivio tributario, comunicó a Comercializadora DP Trading SPA que de acuerdo con el sistema no es posible hacer el convenio solicitado, debido a que Servicios de Impuestos Internos a su RUT/ROL lo excluye por tener una observación.

Explica que las “anotaciones”, llamadas en el ámbito informático como “bloqueos”, son atributos de los contribuyentes asignados por la administración tributaria, que producen diversos efectos tributarios, y que han sido reguladas en diversos actos administrativos del Servicio de Impuestos Internos. Agrega que estas tienen diversos propósitos, uno de los cuales es asignar una “condición” o “rotulo” producto de una decisión administrativa o judicial, configurando un atributo que impide al contribuyente acceder a beneficios; así por ejemplo, no se puede acceder a beneficios como convenios de pago con el Servicio de Tesorería, obtención de condonaciones, tanto del SII como de Tesorería.

Señala, que el fundamento de la negativa de Tesorería General para poder acogerse a los beneficios de la Ley 21.514 sobre alivio tributario, radica en una anotación impuesta por el SII codificada como anotación 6601, que se aplica a los contribuyentes a quienes se les ha impuesto una sanción pecuniaria por (supuesto) delito tributario de acuerdo con el artículo 161 del Decreto Ley 830 de 1974, cuya acta de denuncia, se tramita ante el Tribunal Tributario de la Región de Coquimbo.

Sin embargo, en relación a la anotación 6601, argumenta que no existe fundamento legal que permita al Servicio de Impuestos Internos colocar una anotación fundada en el hecho de haber sido denunciado por supuesto delito tributario. Agrega, que la anotación 6601, en los hechos es una sanción, a una conducta no tipificada en la ley, y que ello infringe el principio de legalidad de las infracciones y de la sanción, afectando el principio de ius puniendi de la administración.

Asimismo, sostiene que tal anotación infringe el principio de “inocencia” contemplado en el artículo 4 del Código Procesal penal, ya que en los hechos supone la imputación de una conducta por delito tributario. En tal sentido, explica que la recurrente ostenta la notación 6601 debido a que fue notificado del acta de denuncia número uno de 2022, la cual fue enviada al Tribunal Tributario y Aduanero de la región de Coquimbo. Señala que la recurrente presentó un reclamo en contra de dicha acta de denuncia y se dictó sentencia el 7 de octubre del año 2022 que la dejó sin efecto, siendo apelado el fallo por el Servicio, por lo que no existe una sentencia ejecutoriada que estime que la recurrente es culpable.

Además, alega que la anotación 6601 es desproporcionada en el ámbito del derecho, haciendo mención a lo que establece el artículo 38 de la Ley N°18.216 en materia penal, en cuanto a la omisión de la anotación a que diere lugar la condena contra aquel que carece de antecedentes previos. En tal sentido, argumenta que tal como la ley penal permite omitir anotaciones respecto de condenados a penas inferiores a tres años, es de toda lógica, que se omitan las anotaciones administrativas que impiden al sujeto reinsertarse en la vida social, incluso si quiere pagar sus deudas tributarias con derecho a condonación.

Por otra parte, en cuanto a la negativa de acceder a los beneficios de la ley 21.514, afirma que Tesorería incurre en un actuar ilegal y arbitrario, pues la ley no contiene expresamente ningún supuesto de exclusión para acceder a los beneficios contemplados en el artículo 6 de la ley N°21.514. Señala que conforme al inciso final del artículo seis de la ley N°21.514, Tesorería regulará mediante instrucciones internas las reglas generales para la aplicación de los beneficios y los casos excepcionales en que no procedan por razones fundadas. No obstante, afirma que el Servicio de Tesorerías no ha dictado las instrucciones que exige la ley, ni las reglas generales y las situaciones de exclusión por las cuales no proceden los beneficios.

En cuanto a los derechos fundamentales afectados, señala que se infringe el derecho a la igualdad ante la ley del numeral 2 del artículo 19 de la Constitución, por cuanto la anotación 6601 impuesta por el Servicio de Impuestos Internos y la negativa del Servicio de Tesorería a conceder la condonación establecida en la ley 21.514, constituyen diferencias arbitrarias, mediante la construcción artificiosa de una categoría o estigma que afecta el principio de inocencia.

Asimismo, se afecta su derecho de propiedad del numeral 24, en concreto el derecho de propiedad sobre todos los beneficios que la ley establece en el ámbito económico y tributario, y el derecho de propiedad en sentido pecuniario, por cuanto los intereses penales se aplican por el Fisco sin beneficio de ser condonados, afectando a ellos el patrimonio del recurrente.

Finalmente, sostiene que se afecta la garantía del inciso octavo del numeral 3 del artículo 19, puesto que la notación 6601 constituye una verdadera sanción al privar al recurrente de los beneficios que establece la ley 21.514, argumentado que dicha anotación y sus efectos en ningún caso se encuentran señaladas en una ley y, que en el caso de marras, el servicio de tesorerías impide el acceso a los beneficios de esta ley fundado en anotaciones impuestas con anterioridad a su publicación.

Por tales fundamentos, solicita acoger la acción interpuesta, a objeto que se adopten las medidas que el tribunal estime pertinentes para el restablecimiento del derecho, con costas.

SEGUNDO: Que, a folio 11 se evacuó informe por el Servicio de Impuestos Internos, solicitando el rechazo del recurso.

Señaló que el 01 de junio de 2022, se registró en el sistema de cumplimiento tributario, respecto de la recurrente la anotación 6601, relativa a Acta de Denuncia por sanción Pecuniaria, la cual encuentra su antecedente en el procedimiento de aplicación de sanciones, RUC N° 22-9-000-0322-6, RIT N° GS-06-00005-2022, seguida ante el Tribunal Tributario y Aduanero de Coquimbo, por diversas maniobras (registro y contabilización de facturas falsas de 7 proveedores), subdeclarando el porcentaje total de débito y crédito fiscal, conductas que se encuadran dentro del tipo penal sancionado en el artículo 97 N°4 inciso 2º del Código Tributario, causando un perjuicio fiscal de $53.992.899.

Señala que la recurrente reclamó de la aplicación del acta de denuncia, reclamación que fue acogida por el Tribunal Tributario y Aduanero de Coquimbo, dejando sin efecto la misma, decisión que fue apelada por el Servicio, estando en tramitación ante la Iltma. Corte de Apelaciones de la Serena en autos Rol N° 15-2022.

Luego, expone que en diversas oportunidades la recurrente ha solicitado el alzamiento de la anotación 6601: en solicitudes efectuadas el 17 de abril de 2023, luego el 27 de abril de 2023, y la última el 17 de julio de 2023, a la cual se respondió negativamente por encontrarse en tramitación la causa Rol 15-2022 ante la Corte de Apelaciones de La Serena.

En tal sentido, alega la extemporaneidad del recurso de protección, señalando que si bien el contribuyente efectuó una solicitud administrativa (Folio N°7732325922) en orden a que se alzara la referida acción, y la respuesta negativa a aquello, le fue notificada al contribuyente el 14 de agosto de 2023, la contribuyente tenía conocimiento de esta situación con mucha anterioridad, en virtud de las anteriores solicitudes a que hizo referencia anteriormente. Por lo tanto, afirma que computar el plazo para la interposición del recurso, desde la última respuesta que otorgó el Servicio, mediante el Oficio Ordinario N°141, de 26 de julio 2023, notificado el 14 de agosto de 2023, constituye una forma de crear un nuevo plazo para la interposición de la acción de protección.

Seguidamente, alega la inexistencia de arbitrariedad y/o ilegalidad en las actuaciones impugnadas. En dicho sentido, sostiene que conforme a la normativa contenida tanto en el Código Tributario, como en el D.F.L. N°3, del Ministerio de Hacienda del año 1969, que crea el Rol Único Tributario, el Servicio De Impuestos Internos posee la facultad legal de establecer anotaciones, respecto de contribuyentes que se encuentren en determinadas situaciones. Explica que la propia legislación señala cuál es la naturaleza de la anotación, la cual es una especie de registro particular, con la finalidad de observar determinadas conductas del contribuyente, no pudiendo ser considerado, en este contexto un tipo de sanción.

Asimismo, refiere que la facultad de establecer o suscribir convenios de pago, es una atribución exclusiva de la Tesorería General de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 192, del Código Tributario; en tanto que, la facultad de acceder a la condonación de intereses, puede ser ejercida, tanto por el Servicio de Impuestos Internos, como por el Servicio de Tesorerías. Agrega que, conforme a la Circular N°50, de 20 de julio 2016, del Director del Servicio de Impuestos Internos, se ha establecido como exclusiones de la condonación, a los contribuyentes que se encuentren querellados o hayan sido sancionados por delitos tributarios, hasta el cumplimiento total de su pena. En el mismo sentido, las instrucciones impartidas por Tesorería, contenidas en la Circular Normativa Nº198, en su versión número 9.0, dispone que no podrá otorgarse condonación a aquellos contribuyentes excluidos por el SII y que son informados con las exclusiones N°4 a 9.

Luego, en cuanto a la condonación regida por la Ley N°21.514 de 03 de diciembre de 2022, considera la creación de listas de beneficiarios que son generadas por el SII y depuradas por la Tesorería general de la República, en base a la política general de convenios y condonaciones. Esta “política general”, establece parámetros y criterios de selección, conocidos como “exclusiones tributarias” que finalmente determinan el acceso a los beneficios tributarios.

Expone que para efectos determinar cuáles contribuyentes resultan elegibles, para acceder a estos beneficios, los incisos tercero y cuarto del artículo 6 de la Ley 21.514 señala que los convenios sólo procederán respecto de contribuyentes que cumplan, al momento de solicitar el convenio, con los requisitos para acogerse al régimen para las micro, pequeñas y medianas empresas que contempla la letra D) del artículo 14 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, y que el Servicio de Tesorerías regulará, mediante instrucciones internas, las situaciones excepcionales en que los beneficios no procederán por razones fundadas.

En consecuencia, sostiene que el Servicio ha actuado conforme a la normativa que rige la materia, no existiendo actuar ilegal o arbitrario.

Por lo mismo, argumenta que no es efectivo que se haya vulnerado alguno de los derechos fundamentales invocados por el recurrente.

Solicita el rechazo del recurso, con costas.

TERCERO: Que a folio 15 se evacuó informe por Tesorería General de la República, solicitando el rechazo del recurso.

En primer lugar, alegó la extemporaneidad del recurso, argumentado que el mismo se dirige, aparentemente, en contra de la supuesta negativa de dicho Servicio de 17 de agosto de 2023, de que el recurrente pudiera acogerse a los beneficios de la Ley N°21.514 sobre alivio tributario. Sin embargo, afirma que el recurrente intenta confundir, buscando crear un nuevo plazo para la interposición de la acción, por cuanto en realidad la acción tiene su fundamento en la anotación 6602, la cual fue registrada el 01 de junio de 2022. Por lo que, a la fecha de interposición del recurso, ha transcurrido más de un año desde que se registró el acto que motiva la acción. Agrega que esto se ve corroborado, además, porque es el propio contribuyente quien, el 17 y 30 de abril de 2023 celebró convenios de pago por la totalidad de la deuda (sin condonación) de lo que se sigue que tenía perfecto conocimiento ya a esa época de las causales de exclusión de condonaciones de multas e intereses.

En segundo término, alega la falta de legitimación pasiva, sosteniendo que el recurrente mezcla dos situaciones distintas, ya que, lo que pretende, no es que se deje sin efecto una supuesta negativa por parte del Servicio de Tesorerías de que el contribuyente pueda celebrar un convenio de pago con condonación, sino que, lo hace con la finalidad de que el Servicio de Impuestos Internos elimine toda anotación de sus sistemas informáticos y como consecuencia de ello, el Servicio de Tesorería le permita suscribir un convenio de pago y conceder las respectivas condonaciones. Sin embargo, afirma que el uso de las anotaciones corresponde a una facultad exclusiva del Servicio de Impuestos Internos.

Luego, en cuanto al fondo del recurso, sostiene que no ha existido ninguna actuación u omisión arbitraria o ilegal de parte del Servicio, pues la recurrente registra una anotación correspondiente a una exclusión tipo 4, la que afecta al RUT y, por tanto, le impide al contribuyente celebrar convenios con condonaciones de multas e intereses. Sin embargo, no lo impide de celebrar convenios sin condonación.

Además, refiere que en virtud de lo establecido por el inciso 1° del artículo 192 del Código Tributario, la política de convenios y condonación permanente del Servicio se encuentra refrendada en la Circular Normativa N°198, que establece las normas o criterios objetivos y de general aplicación.

Hace presente, también, que el otorgar facilidades para el pago de los impuestos adeudados, como la condonación total o parcial de los intereses y sanciones por la mora en el pago, no corresponde a un derecho que se otorga per se, sino que cumpliéndose con los requisitos y condiciones que se establecen en la Circular Normativa 198, la que en su página 28 señala que no podrá otorgarse condonación a aquellos contribuyentes excluidos por el SII y que son informados con las exclusiones N° 4 a 9, correspondiendo el numeral 4 a los Contribuyentes que hayan cometido infracción tributaria sancionada con multa y pena privativa de libertad.

En consecuencia, refiere que dicho servicio no ha hecho más que apegarse estrictamente a Derecho, cumpliendo tanto con la normativa administrativa, como con las disposiciones legales vigentes.

Por lo anterior, sostiene que tampoco se han vulnerado los derechos fundamentales alegados por el recurrente en su recurso.

Por ello, solicita el rechazo del recurso, con costas.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición, y que por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.

Que, de lo antes expresado, aparece como requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a la ley, o arbitrario, producto de mero capricho de quien incurre en él, que afecte una o más de las garantías protegidas.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

QUINTO: Que, en cuanto a la alegación de extemporaneidad efectuada por ambos recurridos, debe tenerse presente que el numeral 1° del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, dispone que “El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos”.

SEXTO: Que, conforme a lo señalado precedentemente, debe considerarse que el hecho basal en que se sustenta la acción, es la anotación 6601 de 01 de junio de 2022, época desde la cual el recurrente ya tenía conocimiento de su existencia, a lo que se une la circunstancia que con posterioridad a la dictación de la ley 21.514 de 27 de diciembre de 2022, durante este año la recurrida celebró convenios de pago por la deuda de obligaciones tributarias.

Así las cosas, debe tenerse presente que el recurso de protección fue interpuesto el 12 de septiembre de 2023, esto es, ya trascurrido el plazo de 30 días que establece la norma citada en el motivo precedente.

Además, teniendo presente que la parte recurrente en abril y julio de este año pidió que se dejara sin efecto la anotación, siendo dicha solicitud respondida en forma negativa, es que se advierte la última petición como una actuación destinada a generar un plazo artificial para interponer la acción fuera del plazo establecido en el Auto Acordado respectivo.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por COMERCIALIZADORA DP TRADING SpA, en contra de la IV DIRECCIÓN REGIONAL DEL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS, y en contra de LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE LA REGIÓN DE COQUIMBO.

Se previene que el Ministro Sr. Troncoso estuvo por rechazar la acción de protección, teniendo además presente que, independiente de la calificación que pudiera hacerse del actuar de los recurridos, no se visualiza en su conducta alguna amenaza o perturbación de las garantías invocadas por los recurrentes, toda vez que la acusación de los recurridos se ha sujetado a criterios uniformes y objetivos, sin que se advierta alguna discriminación respecto del actor al amparo de la normativa que los rige, y sin que se haya discutido que efectivamente adeude la cantidad que se le está requiriendo, por lo que mal podría entenderse afectado su derecho de propiedad, a lo que se agrega que la referencia al inciso octavo del artículo 19 N°3 de la Constitución, resulta impertinente en el ejercicio del arbitrario constitucional en análisis.

Notifíquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol N°2101-2023.- (Protección)