Protección contra abogado Miguel Ignacio Suzarte Rojo y del alcalde de la Ilustre Municipalidad de

nombre reservado, nombre reservado

nombre reservado y otra Recurso de Protección Rol N° 2098-2021.- La Serena, dos de febrero de dos mil veintidós.

Visto y considerando:

Primero: Que, con fecha 09 de diciembre de 2021, comparece Pedro Arturo Flores San Martín, abogado, interponiendo acción constitucional de protección en favor de nombre reservado, psicólogo, y en contra del abogado Miguel Ignacio Suzarte Rojo y del alcalde de la Ilustre Municipalidad de La Serena, Sr. nombre reservado, por el acto consistente en formular un requerimiento por vulneración de derechos del niño ante un Juzgado de Familia, en el cual se habrían realizado acusaciones falsas en su contra, cuestión que habrían reiterado mediante escrito ingresado ante esta Corte el día 11 de noviembre de 2021. Como garantía vulnerada indica aquella contenida en el numeral 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que el requerimiento al que alude contiene expresiones falsas vertidas con la intención de injuriar y calumniar al actor por una persona que “después de una noche de juerga y luego de una detención policial, rabia e ira incontrolable que la podría llevar a devorar a su propia prole en su furia enceguecida, sólo pensando negativamente en dañar, confundir su entorno laboral. Los hechos relatados a su vez vergonzoso y deshonroso para profesionales pese al mente los que ejercen en su calidad de psicólogos que están determinados para hacerlo objeto de rechazo y marginación de sus colegas, que tu madre, desprestigiando cruelmente su persona al promover aseveraciones falsas tales como: que las produjo lesiones a mujeres; atentado contra una menor de edad con propósito libidinoso, lesiones al padre y a su madre, ingreso furtivo al hogar, que tenía rencilla con su novia y con su madre, que era un alcohólico y un drogadicto, mendaces expresiones de una dipsómana, prontuariada, pendenciera de vida alegre.” (Sic). Sostiene que resulta preocupante que un Juez de la República emitiese una orden de alejamiento y posteriormente la prorrogue, sin oír su versión de los hechos. Manifiesta que “la juez abdicó de sus altas responsabilidades endosándosela a la asistente técnica, carente de todo criterio jurídico y sentido común que emite una torpe información perturbadora por la cantidad de falsedades planteadas, evidenciando las carencias del rigor judicial e inepcia técnica que, obligara a otro magistrado del mismo tribuna, l a corregirla y desecharla dejando en evidencia su impericia jurisdiccional para haber dictado en esa condición esta tan gravosa y desafortunada medida.”. (Sic)

Refiere que el 15 de agosto de 2021 estando el actor en su hogar escucha que una voz de mujer señala reiteradamente “abusador, abusador, abusador”, lo que a su juicio constituía una llamado de auxilio, ingresando entonces a su casa una niña de 12 años. Agrega que observó también a su madre quien se encontraba en estado de ebriedad en la calle con un sujeto apoyado en un auto deportivo. Afirma que el recurrente se acercó a las personas presentándose como vecino y consultando que ocurría, pues escuchó gritos de auxilio. Sostiene que la madre de la niña le pide excusas, la niña retorna a su hogar y él, por su parte, regresa a su domicilio mientras que la madre exclama en forma exaltada que el actor estaba enamorado de ella, golpeando la reja del ante jardín de su casa mientras lo amenaza e insulta. Indica que, al día siguiente de estos hechos, la madre de la niña entra al hogar del actor, golpea su puerta, lo insulta e increpa. Manifiesta que ante aquella actitud de la madre de la niña el recurrente realiza denuncia ante Carabineros quienes concurren al lugar y la detienen. Señala que el 16 de agosto a las 11:00 el recurrente llamó al abogado Miguel Suzarte Rojo con el que compartía labores en la Municipalidad para solicitar orientación jurídica en relación con los hechos antes referidos. Afirma que el recurrido nombre reservado le comunicó que al tener conocimiento de hechos de vulneración de derechos debía hacer una denuncia por escrito y llamar a coordinadora de OPD para conocer su apreciación.

Aclara que el recurrido nombre reservado, con la autorización del Sr. alcalde nombre reservado, interpuso requerimiento con el solo merito de las declaraciones de la madre de la niña, convirtiendo una consulta privada en algo de connotación pública. Manifiesta que el tribunal rechazó el requerimiento formulado, sin que el recurrido nombre reservado interpusiere recurso alguno en contra de la resuelto. Detalla que el texto del requerimiento indicaba que “con fecha 16 de agosto de 2021 el psicólogo del área de gestión intersectorial de ODP La Serena, ingresa verbalmente y sin respetar el protocolo normal de ingreso -remisión vía correo electrónico-, denuncia espontánea sobre vulneración de derechos de la hija de su vecina, pese a instarlo a cumplir con el procedimiento interno; relata una confusa e incongruente secuencia de hechos, donde no es capaz de explicar cuál sería el hecho constitutivo de la vulneración”, tras lo cual hace eco de la versión de la madre de la niña quien sostiene que el actor se le habría insinuado amorosamente a ella y a su hija, a quienes incluso habría causado lesiones, acosaría y hostigaría en forma permanente. Manifiesta que todas las expresiones vertidas por el recurrido son falsas y que culminaron con la desvinculación del actor de la Municipalidad, remitiéndose los antecedentes a SENAME Regional.

En otro acápite de su recurso, acusa al recurrido nombre reservado de ser un “homosexual acosador” y que los actos impugnados se fundarían “en un acto de despecho y de antipatía personal provocado por el rechazo a los afanes gay.”.

Sostiene que las expresiones del recurrido, publicitadas en su círculo laboral y vecinal, causan daño a la imagen del actor vulnerando su garantía consagrada en el artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República.

Previas citas de derecho solicita acoger el recurso interpuesto y, en definitiva, disponer que el recurrido nombre reservado “deberá abstener de hacer presentaciones o requerimiento ante los tribunales de justicia adjudicándose un interés por el bienestar de los menores” mientas que el recurrido Sr. nombre reservado “debe reintegrar a su labores al psicólogo nombre reservado pagando el tiempo en que sido apartado su labores sin perjuicio de la reserva de acciones civiles y penales que pudieran impetrarse en contra de los recurridos.”, todo ello con costas.

Acompaña a su recurso 1.- Copia de presentación de Miguel Ignacio Suzarte Rojo ante Ilustrísima La Corte de Apelaciones de La Serena 2.-Copia de requerimiento presentado por nombre reservado, incluyendo la Providencia. 3- Copia de la resolución que deja sin efecto la medida de alejamiento.

Posteriormente adjuntó al proceso, además, copias de links a sitios de noticias, y copias de pantallazos de dos cadenas de comunicación en línea (chats) en que aparentemente interviene el recurrido nombre reservado.

Segundo: Que, evacuó informe Miguel Ignacio Suzarte Rojo, abogado de la OPD La Serena, solicitando el rechazo de la acción con costas. Manifiesta en lo pertinente al recurso que el día 16 de agosto de 2021 envió correo electrónico a la coordinadora de OPD La Serena en que le comunica que fue contactado por el recurrente para efectuar denuncia espontánea relativa a la hija de su vecina y que se le instruyó que realizase la denuncia por correo electrónico. Detalla que la denuncia del actor aludía a que su vecina era una persona con trastorno antisocial de la personalidad y que vulneraba los derechos de sus hijos. Señala que al ser consultado el recurrente respecto a la forma en que le constaba dicho diagnóstico, refirió que conocía a su vecina de mucho tiempo, tenía conversaciones con ella por WhatsApp y en forma presencial, por lo que él estaba entregando una impresión psicológica profesional.

Afirma que al ser consultado el actor respecto a la finalidad de la denuncia este contestó que su intención era fiscalizar a la familia de la vecina, haciéndosele entonces presente que aquella no es una tarea de OPD conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley N°20.032. Sostiene que el recurrente no fue capaz de precisar hechos o circunstancias verosímiles que dieran cuenta de vulneración de derechos. Indica que el recurrente no cumplió el procedimiento interno para el ingreso de denuncias espontaneas como le fuera instruido, y que entregó posteriormente tres relatos diversos en relación con los hechos que pretendía denunciar.

Refiere que en agosto de 2021 OPD tomó contacto con la denunciada quien le señaló que el recurrente siempre había mantenido una conducta extraña, generando conflictos con los vecinos, manteniendo una actitud psicopática, y con consumo de alcohol y drogas. Agrega que la madre de la niña manifestó que decidió alejarse del recurrente por sus conductas extrañas, y por actos de acoso que cometía el actor, tales como enviarle mensajes a altas horas de la madrugada, esperarla al interior de su domicilio sin que se le hubiere autorizado para ingresar, y seguirla en sus actividades cotidianas. Indica que la denunciada expresó que en una ocasión el recurrente mantuvo una discusión con el padre de la niña, a quien reprochó ser un hombre despreocupado, y que el actor le infunde temor a ella y sus hijos pues está siempre atento y pendiente de sus vidas, incurriendo, inclusive, en hechos de violencia física en su contra en frente de la niña. Afirma que la niña fue entrevistada por esa institución manifestando respecto al actor “La verdad él está obsesionado con mi mamá la sigue, me da miedo que ella salga porque la sigue está pendiente. Ese día la alcancé a ver porque mi mamá se cayó contra el muro, me dio miedo. Tengo miedo de que algún día el entre a la casa, es una sensación de inseguridad… yo temo por mi vida, también por mis perros.”

Expone que la dupla psicosocial a cargo del caso realizó un informe que en su parte conclusiva consigna que “De acuerdo a las gestiones realizadas en entrevista psicológica a la niña, se logra observar la existencia de un apego seguro, así como también un vínculo positivo con la madre y su hermano. Sin embargo, se logran percibir indicadores de afectación emocional asociada a la relación entre su familia y su vecino nombre reservado, de quien refiere sentir temor de encontrarlo en la calle, situación que ha generado la modificación de su rutina, al no desear salir sola a pasear a sus mascotas, por sentirse con miedo, amenazada frente a las acciones que podría realizar el referido, puesto que este generalmente mantendría una actitud vigilante con todos los integrantes del hogar, según relata. También, se logra observar afectación emocional al haber sido testigo de una situación de violencia ejercida por el psicólogo nombre reservado en contra de su madre doña nombre reservado, que a raíz de lo anterior se continuará con el seguimiento de la situación proteccional por parte de OPD La Serena con el fin de verificar la adherencia a tratamiento psicológico.” Sostiene que, en el intertanto, el recurrente comunicó a OPD que había puesto la denuncia por él formulada en conocimiento de la arrendadora de la madre denunciada, a fin de que se pusiera término a su contrato de arrendamiento, vulnerando el derecho a la intimidad y privacidad de la niña y su grupo familiar completo.

En cuanto a su propia intervención en el caso, manifiesta que se le instruyó por OPD interponer requerimiento proteccional acompañando como documentos fundantes el Informe de OPD La Serena, certificado de nacimiento de la niña de autos y certificado emitido por psicóloga particular tratante de esta. Arguye que en el proceso narrado se observaron los protocolos y normas correspondientes, recabando la información necesaria y actuando en resguardo de los derechos de la niña de autos. Hace presente que si bien el tribunal desestimó la aplicación de una medida de protección debido a que no existirían antecedentes de alguna situación que haga presumir vulneración grave de derechos provenientes de sus cuidadores y entorno familiar, ni de la existencia de negligencia parental, decidió derivar los antecedentes al Ministerio Público a fin que se investigue un posible delito de amenazas y violación de morada, y decretó como medida cautelar la prohibición de acercamiento del recurrente a la niña por el plazo de 90 días, manteniendo, además, monitoreo y seguimiento de parte de OPD. Manifiesta que el recurrente solicitó en su oportunidad al Juzgado de Familia de La Serena que dejase sin efecto la medida cautelar que lo afectaba, petición que fue rechazada por el tribunal, interponiendo el actor en contra de esta ultima decisión recurso de reposición con apelación en subsidio. Precisa que la reposición fue concedida y que la apelación a la fecha del informe se encontraba pendiente de resolución por esta Corte.

Afirma que durante el monitoreo y seguimiento que fueran ordenados por el tribunal se pudo constatar que la niña se encuentra al cuidado de sus progenitores quienes satisfacen sus necesidades de acuerdo a su ciclo vital; que la niña se encuentra inserta en las redes intersectoriales acorde a sus necesidades; y que el recurrente vive en casa contigua al domicilio de la niña de autos, por lo que no está dando cumplimiento a la prohibición de acercamiento, por lo que se solicitó al tribunal remitir los antecedentes al Ministerio Público. Refiere que el tribunal mantuvo la medida cautelar que afecta al recurrente y lo apercibió a cumplir la misma. Manifiesta que no habiéndose decretado otras diligencias realizar por OPD la niña fue egresada del programa el 16 de diciembre de 2021.

Manifiesta que tanto él como OPD han actuado conforme a sus obligaciones legales y éticas, y arguye que el actor ha podido ejercer los recursos procesales correspondientes. Arguye que malamente pudo afectarse el derecho a la honra del recurrente pues la causa en que se ventilaron los antecedentes es de carácter reservado, mientras que la remisión de estos a SENAME Regional se realizó en virtud de ser aquel servicio quien en ese entonces supervisaba al programa OPD.

Tercero: Que evacuó informe Sergio Olave Rivera, abogado, en representación de la Ilustre Municipalidad de La Serena, solicitando el rechazo del recurso con costas. Alega, en primer lugar, que el recurso es ininteligible y no expresa en forma clara los hechos que presuntamente vulnerarían los derechos constitucionales del actor.

Referente a la desvinculación del actor, indica que éste fue contratado a honorarios para prestar funciones de psicólogo desde el 13 de junio de 2021 y hasta el 31 de diciembre del mismo año. Señala que el contrato celebrado con el actor en su cláusula décimo novena prescribe que el municipio “tendrá derecho a poner término anticipado al presente contrato, con a lo menos 30 días continuos de anticipación, sin expresión de causa y sin derecho a indemnización alguna, en cualquier momento durante su vigencia, previo aviso por escrito formulado a la contraparte, la que se comunicará de manera personal o por carta certificada al domicilio informado por el prestador de servicios, en éste último caso la notificación se entenderá realizada al tercer día de su recepción en la correspondiente oficina de correos (…)”. Sostiene que, en uso de aquella facultad contractual, el municipio decidió poner término anticipado al contrato celebrado con el actor, comunicándole lo resuelto con la antelación prevista en la misma cláusula y concretándose el término de su contrato el 25 de septiembre de 2021. Arguye que al haber ejercido una facultad contractual el municipio no ha actuado en forma ilegal o arbitraria ni ha afectado garantías constitucionales del actor. Afirma que, igualmente, el recurso sería extemporáneo a éste respecto, atendida la fecha en que el actor recurre ante esta Corte.

Referente a la actuación de la OPD manifiesta que la dupla psicosocial a cargo del caso tomó conocimiento de episodios de violencia grave y de acoso reiterado al grupo familiar completo por parte del actor, apreciándose un relato de los hechos, más claro y consistente que el del recurrente, impresionando en particular el relato de la niña quien indicó vivir con inseguridad, miedo y angustia producto de la obsesión que tendría el recurrente con su madre. Refiere que OPD contrastó la información obtenida en la visita con un informe psicológico emitido por la profesional psicóloga tratante de la niña de fecha 23 de agosto del año 2021, que determina la existencia de afectación emocional en la niña producto de los episodios protagonizados por el recurrente. Señala que en ese contexto se remite oficio a SENAME para que tomaran conocimiento de la situación expuesta.

Tras dar cuenta de la historia de tramitación de la causa de medida de protección impetrada en favor de la niña, sostiene que la OPD ha actuado conforme a la normativa vigente, activando los protocolos contemplados en la Ley N°20.032 y su reglamento. Destaca que la Circular N°5 de 06 de agosto de 2019 de la Dirección Nacional del Servicio Nacional de Menores prescribe que ante hechos eventualmente constitutivos de delitos contra niños, niñas y adolescentes, que se encuentran bajo el cuidado o atendidos por los organismos colaboradores de las funciones del Servicio y por las instituciones coadyuvantes “será obligación de los organismos colaboradores de las funciones del SENAME, reportar el o los hechos eventualmente constitutivos de delito de inmediato o dentro de las 24 horas siguientes al momento en que se tomó conocimiento de los hechos, a la Dirección Regional del SENAME, mediante la utilización del módulo que al efecto se habilitará debiendo consignar, entre otros aspectos, las medidas tomadas para proteger al niño, niña o adolescente o jóvenes y evitar la ocurrencia de eventuales futuras vulneraciones, así como las indicación expresa de haberse presentado la denuncia y de haberse realizado las comunicaciones a los tribunales competentes”. En lo tocante a la intervención del recurrido nombre reservado, manifiesta que aquel se ha desempeñado en forma correcta, desarrollando sus funciones de acuerdo con la normativa vigente.

Acompaña a su informe 1. Contrato de Prestación de Servicios a Honorarios entre la Ilustre Municipalidad de La Serena y nombre reservado. 2. Carta de término de contrato de fecha 26 de agosto 2021, firmada por nombre reservado. 3. Decreto Alcaldicio Nº 1333, de fecha 17 de agosto del año 2021. 4. Decreto Alcaldicio Nº 2021, de fecha 3 de diciembre del año 2021. 5. Informe de la coordinadora de la OPD de fecha 29 de diciembre 2021.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Quinto: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

Sexto: Que, tal como ya se ha indicado, los hechos que se reprochan por el actor al primero de los recurridos, el abogado de OPD Miguel Suzarte, dicen relación con las afirmaciones vertidas en un requerimiento de medida de protección ante el Juzgado de Familia, las que estima que habrían dañado su imagen, vulnerando la garantía consagrada en el artículo 19 N°4 de la Constitución, e incidiendo en su desvinculación de las labores que prestaba para el Municipio local. Respecto del segundo recurrido, se reclama que haya autorizado la presentación del requerimiento ya referido, pudiendo inferirse de las peticiones planteadas en el libelo, que se cuestiona igualmente la terminación del contrato que lo vinculaba con la Municipalidad de La Serena. En cuanto a su temporalidad, los hechos denunciados habrían ocurrido aparentemente en el mes de agosto del año 2021, tanto en lo que mira a la presentación del requerimiento en cuestión, como a la comunicación de la terminación anticipada del contrato a honorarios, si bien en este último caso, para hacerse efectivo en el mes de septiembre. Sin perjuicio de ello, teniendo presente la relativa indeterminación de los hechos denunciados, habiéndose mencionado otras actuaciones procesales a la presentación del requerimiento de protección, es posible entender que la actuación de los recurridos pudo haberse extendido hasta el mes de noviembre pasado.

Séptimo: Que, en lo que mira al fondo de las argumentaciones del recurrente, debe tenerse primeramente en consideración que la función de las Oficinas de Protección de los derechos del Niño, Niña o Adolescente (OPD), de acuerdo con el texto original de la Ley 20.032 que les dio origen, es la de configurarse como instancias de atención ambulatoria de carácter local, destinadas a realizar acciones encaminadas a otorgar protección integral de los derechos de los niños, niñas o adolescentes, a contribuir a la generación de las condiciones que favorezcan una cultura de reconocimiento y al respeto de los derechos de la infancia. Se trata además de una línea de acción que en la medida de ser desarrollada por organismos colaboradores acreditados (v.gr. las municipalidades) podían recibir subvención desde SENAME. Desde su creación la normativa que las rige ha contemplado el trabajo en red, la posibilidad de atención directa en la protección de menores que han sufrido vulneración de derechos, y la derivación de los casos a los programas e instituciones pertinentes, cuando su complejidad así lo requiera.

Por otra parte, en el evento de vulneración o amenaza grave de derechos que requiera la adopción de una medida de protección, la competencia exclusiva recae en los tribunales de familia, al tenor del artículo 8 N°7 de la Ley 19.968, pudiendo iniciarse el respectivo procedimiento ya sea de oficio, a requerimiento del niño, niña o adolescente, de sus padres o de las personas que determinadamente indica el artículo 70 del mismo cuerpo legal, amén de cualquier otra persona que tenga interés en ello.

Finalmente, tanto la actuación de las OPD como la de los tribunales de familia debe necesariamente enmarcarse en la normativa constitucional y de derecho internacional aplicable en la materia, y en especial a los principios contenidos en la Convención de los Derechos del Niño y en las observaciones general del Comité Internacional de los Derechos del Niño, de los cuales deriva un estándar de debida diligencia que obliga al Estado y a todos sus organismos a activar el aparataje institucional para dar respuesta a cualquier situación de vulneración o amenaza de vulneración grave de derechos de la que tomen conocimiento, a fin de adoptar oportunamente las medidas necesarias para el restablecimiento y reparación de los bienes jurídicos involucrados.

Octavo: Que, a la luz del marco normativo pertinente, y teniendo en consideración los antecedentes que fueron puestos en su conocimiento, no cabe duda que la actuación del abogado Miguel Suzarte se ajusta plenamente a las funciones que le corresponden al organismo en el cual presta sus servicios, tratándose de acciones que se encontraban evidentemente encaminadas al resguardo y protección de los derechos de una niña, vecina del recurrente de autos, la que de acuerdo a la indagación exploratoria de la dupla psicosocial de la propia OPD se encontraría en una situación al menos aparente de vulneración de derechos, a lo menos en lo que mira a su vida privada e integridad psicológica. En esas condiciones, no cabía que OPD realizara una investigación adicional para corroborar la efectividad de los antecedentes inicialmente reunidos, toda vez que la indagación respectiva, de conformidad a la Ley 19.968, era resorte del respectivo tribunal de familia, siendo la judicatura la llamada a establecer la efectividad o no de la situación de vulneración o amenaza, así como las medidas pertinentes a ser adoptadas en resguardo de la menor de edad. Por lo tanto, bajo ningún aspecto es posible calificar de ilegal la conducta del recurrido nombre reservado.

Tampoco es posible calificar la conducta de arbitraria, ya que el requerimiento de medida de protección cuestionado por el recurrente se encontraba suficientemente respaldado por múltiples antecedentes, partiendo por la información inicial aportada por el propio actor de autos, a lo que se agrega el informe de la dupla psicosocial de OPD, quienes para elaborar sus conclusiones entrevistaron tanto a la niña como a su progenitora, triangulando además la información con la psicóloga tratante de la menor. Se advierte, en consecuencia, que en los hechos se trata de una denuncia efectuada de manera responsable, con sustento tanto técnico como jurídico, al punto que ameritó que el juzgado de familia la admitiera a tramitación y decretara sendas medidas cautelares, primero de prohibición de acercamiento y luego de prohibición de toda forma de comunicación, estimando necesario incluso la derivación de los antecedentes al Ministerio Público, todo ello de conformidad con los antecedentes acompañados al proceso tanto por el recurrente como por los recurridos, a los que ya se ha hecho referencia. Por lo mismo, las actuaciones procesales subsecuentes se encuentran debidamente legitimadas, sin que pueda reprocharse ilicitud ni arbitrariedad alguna al comportamiento del señor nombre reservado, Noveno: Que, en cuanto a la actuación reprochada al Sr. Alcalde de La Serena, la única conducta concreta que se encuentra acreditada a su respecto es la de haber puesto término al contrato del recurrente de autos, como ya se dijo en agosto del año pasado, actuación que temporalmente resulta improcedente, sin perjuicio del hecho que la posibilidad de revisión de su legalidad y corrección es propia de un juicio de lato conocimiento, excediendo con creces el ámbito de una acción cautelar como el presente recurso. En lo restante, el recurrente se limita a responsabilizar al edil por su presunto respaldo a la actuación del nombre reservado, que como se ha dicho, en lo relevante para este caso, se encuentra plenamente ajustada a derecho, y por no responder a cartas o comunicaciones que le fueran remitidas por el propio recurrente, situación que no sólo no consta en el proceso, sino que tampoco se llega a divisar de qué manera pudiera constituir una ilegalidad o arbitrariedad en los términos pretendidos por el actor.

Décimo: Que, conforme se ha razonado, verificado que las actuaciones que motivaron la interposición del presente arbitrio constitucional no revisten la calidad de ilegal ni arbitraria por parte de los recurridos, no es necesario determinar si el recurrente ha sufrido privación, perturbación o amenaza de un derecho constitucionalmente cautelado, toda vez que no concurriría en tal caso el presupuesto ineludible para que esta acción cautelar pueda ser acogida.

A mayor abundamiento, ninguna de las conductas referidas por el actor, ni los documentos que allegara al proceso, dan cuenta de alguna difusión antojadiza para dañar su imagen en el círculo laboral y vecinal del recurrente, más allá de lo estrictamente necesario para el cumplimiento de los fines de la institución, en especial las actividades de protección de una menor de edad, determinando de este modo que el recurso materia de autos carezca manifiestamente de sustento fáctico y jurídico, lo que en concepto de esta Corte amerita la condena en costas.

Undécimo: Que, finalmente, esta Corte no puede pasar por alto el trato desmedido que se advierte en los escritos suscritos por el abogado del recurrente respecto del requerido nombre reservado, acompañando copias de comunicaciones de carácter privado, y refiriendo aspectos de su esfera personal e incluso íntima que carecen de toda conexión con los hechos materia de autos, utilizando además un tono desmedido y discriminatorio en su contra, de modo que, al margen de las acciones que puedan incumbir al interesado por la afectación a su vida privada, honra y por la difusión de datos sensibles, se estima pertinente poner los antecedentes en conocimiento del Tribunal Pleno, para los efectos que fueren pertinentes en relación con lo previsto en el artículo 546 del Código Orgánico de Tribunales.

Por estas consideraciones, normas legales citadas, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección, se resuelve que SE RECHAZA, con costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra del abogado Miguel Ignacio Suzarte Rojo y del alcalde de la Ilustre Municipalidad de La Serena, Sr. nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del ministro Sergio Troncoso Espinoza.

Rol 2098-2021 Protección.