nombre reservado con SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION REGIONAL

nombre reservado, nombre reservado

Servicio de Impuestos Internos Recurso de protección Rol N° 2090-2021.- La Serena, treinta y uno de enero de dos mil veintidós.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece nombre reservado, quien interpone acción constitucional de protección en contra del Servicio de Impuestos Internos, en adelante SII, representada por su Director Regional don ROMULO GOMEZ S, por los actos ilegales y arbitrarios cometidos al negarse a liberar sus dineros retenidos en la operación renta correspondiente al año 2019.

Expone que con fecha 17 de abril de 2020 presentó su declaración de impuestos a la renta, de manera oportuna y sin errores, sin embargo con fecha 19 de mayo de 2020 el referido Servicio retuvo el monto que debía pagarle, ante lo cual con fecha 19 de mayo de 2020 presentó petición administrativa consistente en que se le paguen los dineros retenidos. Sin embargo con fecha 19 de noviembre de 2020, el SII argumenta que no autorizará el pago de los dineros resultantes del cálculo de su renta del año 2019 bajo el pretexto de que la PYME de la cual es representante legal debe dineros a la Tesorería General de la República, cuestión que es falsa -toda vez que la verdad es que aquella se encuentra pagando un convenio de pago en cuotas, sin presentar deudas- y además ilegal, por cuanto no le compete al SII retener sus dineros bajo el pretexto de haber una PYME con una supuesta deuda.

Estima que la negativa del SII a liberar sus dineros retenidos carece de sustento legal o racional y se convierte en mero capricho, por lo que resulta evidente que el SII está cometiendo el delito de apropiación indebida al negarle el derecho de propiedad que tiene sobre dineros que por ley se le concedieron.

Refiere que dicho acto arbitrario e ilegal impuesto por el SII le ha causado una perturbación y privación a sus derechos constitucionales garantizados en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, actuando el referido Servicio como dueña de sus dineros, decidiendo como administrarlos y aprovechándose de los derechos que esa administración implica.

Por estos argumentos, solicita que se proceda a restablecer el imperio del derecho, ordenando al SII entregar y autorizar el pago de los dineros correspondientes al resultado de la declaración de Impuesto a la Renta año 2019.

Acompaña a su presentación; 1.- Formulario Compacto de declaración de Impuesto a la Renta año 2019 y 2.- Respuesta a solicitud de liberación de dineros retenidos por declaración de Impuesto a la Renta año 2019.

SEGUNDO: Que, evacuó informe nombre reservado, Director Regional, de la IV Dirección Regional La Serena, del Servicio de Impuestos Internos, quien sostiene que conforme al Sistema Integrado de Cumplimiento Tributario, el actor registró como actividad económica o giro la prestación de servicios de seguridad privada por independientes. Además, es representante y propietario de nombre reservado Empresa de Control de Plagas EIRL, RUT N° RUT reservado, y representante y único accionista de Gercor Servicios SpA, RUT N°RUT reservadoEncontrándose, en consecuencia, obligado a declarar sus rentas y pagar los impuestos que le afectan, durante el mes de abril de cada año, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 65 y 69, ambos de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

Refiere que en cumplimiento de la obligación anterior, el actor presentó la declaración correspondiente al Año Tributario 2020, declarando como único ingreso rentas atribuidas de terceros, provenientes de su empresa nombre reservado Empresa de Control de Plagas EIRL, por un monto de $37.976.700, con un crédito por Impuesto de Primera Categoría sin obligación de restitución, por $9.494.175; el que imputó íntegramente en contra de su Impuesto Global Complementario ($2.453.167); solicitando, en definitiva, una devolución ascendente a $7.041.008.

Explica que dicha declaración fue objeto de revisión por parte del servicio, en atención a que se detectaron inconsistencias relacionadas con el crédito por impuesto de primera categoría declarado, que fue imputado contra el impuesto final, el que según sus registros no se encontraría enterado en arcas fiscales por la EIRL; razón por la cual se procedió a retener el monto solicitado por concepto de devolución, en espera a que el contribuyente aclarara su situación.

Refiere que de esta manera, con fecha 23 de abril de 2020, a través de su sitio personal, en la página web de este Servicio, se le informaron las siguientes observaciones: i) F117: “nombre reservado declara créditos en F22, cuya fuente de información Formulario 1923 se encuentra observado”; e ii) F123: “Control a contribuyentes informados en declaraciones juradas impugnadas que otorgan créditos de Impuesto de Primera Categoría”, y que su situación se encontraba supeditada a la revisión de las sociedades de la que provenían los créditos.

En relación con lo señalado, se hace presente que, con fecha 18 de abril de 2020, rectificada posteriormente con fecha 27 de julio de 2020, la empresa nombre reservado Empresa de Control de Plagas EIRL presentó Declaración Jurada 1923, correspondiente a la determinación de la renta líquida imponible, renta a atribuir y renta atribuida a su titular, informando que para el año comercial 2019 (AT 2020), en donde informa que se atribuyeron rentas por $37.976.700, con crédito por impuesto de primera categoría sin obligación de restitución por $9.494.175; la que fue observada a fin de controlar que el impuesto respectivo, que dio origen al crédito declarado, estuviera efectivamente enterado en arcas fiscales, lo anterior por cuanto, de acuerdo a sus sistemas, dicho impuesto no se encontraba pagado Agrega que con fecha 27 de abril de 2020, esta empresa presentó su Declaración de nombre reservado a la Renta, declarando un impuesto a pagar por la suma de $6.395.208, acogiéndose al beneficio de pago diferido, por lo que debía enterar el mismo a más tardar con fecha 31 de julio de dos mil veinte, lo que no hizo. En relación con lo anterior, se emitió el giro de impuestos folio N°342495120 que, de acuerdo a sus registros, actualmente se encuentra con convenio de pago con la Tesorería General de la República.

Refiere que posteriormente, con fecha 12 de febrero de 2021, el recurrente, en calidad de representante de la EIRL, y a nombre de ésta, presentó una solicitud administrativa, requiriendo liberar su renta AT2020, ya que su devolución como socio está retenida por el no pago del Impuesto de la Sociedad, indicando que -según lo aconsejado por su abogado- sea abonado directamente a su deuda y de esta manera, quedar solo obligado a pagar en Tesorería la diferencia que son los intereses que se han generado por el retraso del pago. Al respecto se dio respuesta indicándose “Sr. nombre reservado. Solicite retención por mandato en Tesorería Coquimbo, la devolución como persona natural sea para pagar el impuesto que adeuda la empresa AT2020. Después realice nueva solicitud al SII y adjunte petición de Tesorería.” [sic]

Tras lo anterior, con fecha 17 de noviembre de 2021, el contribuyente presentó una nueva petición administrativa, Folio 77321088428, solicitando que se liberara la retención correspondiente al AT 2019, ya que la empresa a la que pertenece ya realizó el pago del impuesto a la renta. Hace presente que, sin embargo, no acompañó ningún antecedente que diera cuenta de aquello, por lo tanto dicho impuesto aún se encuentra adeudado. Por esta razón se procedió a rechazar su solicitud, con fecha 19.11.2021, indicándosele que no es posible liberar y/o rectificar su declaración de renta AT2020, dado que la empresa 76.219.786-3 no ha pagado el IDPC, señalando que puede solicitar a Tesorería una retención por mandato para que su devolución se abone al IDPC que adeuda la empresa.”

Señala que la acción debe ser rechazada por extemporánea, ya que el actor recurre en contra de: i) la no devolución o retención del monto solicitado en su Declaración de nombre reservado a la Renta correspondiente al año tributario 2020 y, ii) que se le obligue a abonar dicha devolución al pago de la deuda que un tercero tendría con la Tesorería General de la República. Respecto de la primera, señala que el actor tuvo conocimiento de la misma el 23 de abril de 2020 cuando se le informa que su solicitud de devolución había sido observada, por existir inconsistencias entre lo declarado por él y la información que obraba en poder del Servicio, añadiendo que con fecha 12 de febrero de 2021, el actor reconoce que su devolución como socio está retenida por el no pago del Impuesto de la Sociedad, siendo por tanto extemporánea cualquier acción de protección en la que se pretenda impugnar ésta.

Posteriormente indica que la acción de protección no es la vía idónea para conocer del asunto puesto que pronunciamientos como los pretendidos escapan con creces del marco de la acción intentada, agregando que resulta indudable que el recurrente carece de un derecho indubitado respecto de esta, y que adicionalmente que, conforme a la normativa tributaria, dentro de plazos de prescripción, el Servicio podrá llevar a cabo procedimientos de fiscalización y revisión de declaraciones de los contribuyentes.

Advierte que en los hechos descritos por el recurrente, no existe ilegalidad y/o arbitrariedad alguna por parte de esta repartición, por cuanto, la devolución que solicita como dueño de la EIRL, se encuentra supeditada a la existencia y correcta determinación del crédito por impuesto de primera categoría declarado por aquella, debiendo estar, para su procedencia, el correspondiente impuesto efectivamente pagado o enterado en arcas fiscales, de lo cual no hay constancia a esta fecha. Explica que, no obstante, lo anterior, y a fin de dar una solución al recurrente de autos, ante su propia sugerencia, se le instó que viera la posibilidad de solicitar una retención por mandato a la Tesorería General de la República, en la que él, como persona natural, le cediera a su empresa el monto de la devolución pedida a fin de pagar el impuesto que ésta adeuda. Tras lo cual, deberá realizar una nueva petición a este Servicio, acompañando los antecedentes que den cuenta de lo anterior, a fin de poder liberar su devolución imputándosela directamente al pago del impuesto adeudado por su empresa.

Refiere que no ha existido de parte de este Servicio actuación alguna que pudiese considerarse arbitraria y/o ilegal, sino que, por el contrario, cada una de las actuaciones impugnadas encuentra su debido respaldo en el marco legal aplicable al caso concreto, debiendo rechazarse el presente recurso.

Añade, que no existe afectación a la garantía constitucional invocada, ya que las actuaciones impugnadas se enmarcan plenamente dentro de la legalidad vigente, amén de ser el resultado del ejercicio de las potestades que el legislador expresamente ha conferido al Servicio de Impuestos Internos. Concluye informando que las declaraciones de impuestos presentadas por los contribuyentes, no configuran ni pueden ser el origen del nacimiento de derechos indubitados para estos, ya que ellas tienen el carácter de provisorias y siempre pueden ser objeto de revisión por parte del Servicio de Impuestos Internos.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que el acto que se estima ilegal y arbitrario a juicio de la recurrente consiste en la negativa del Servicio, de fecha 19 de noviembre de 2021, a liberar sus dineros retenidos en la operación renta correspondiente al año 2019, argumentando que la PYME de la cual es representante legal debe dineros a la Tesorería General de la Republica, cuestión que es falsa -toda vez que la verdad es que aquella se encuentra pagando un convenio de pago en cuotas, sin presentar deudas- y además ilegal, por cuanto no le compete al SII retener sus dineros bajo el pretexto de haber una PYME con una supuesta deuda.

Añade que dicho acto “le ha causado una perturbación y privación a sus derechos constitucionales garantizados en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, actuando el referido Servicio como dueña de sus dineros, decidiendo como administrarlos y aprovechándose de los derechos que esa administración implica.”

SEXTO: Que en contra de este arbitrio la recurrida ha alegado extemporaneidad por haber tomado conocimiento del hecho, según sostiene, con fecha 23 de abril del 2020, oportunidad en la cual el Servicio a través de su página Web le informó que su solicitud de devolución había sido observada por existir inconsistencias entre lo declarado por él y la información que obraba en poder del Servicio, concretamente en relación con la empresa que le atribuyó las rentas, citando además una petición administrativa del contribuyente del mes de febrero del 2021.

Que no obstante lo razonablemente alegado por la recurrida, sin embargo no presentó documentación que respalde tales asertos, motivo por el cual su alegación de extemporaneidad será rechazada.

SEPTIMO: Que en cuanto al fondo del recurso, son hechos no controvertidos a)que el contribuyente nombre reservado presentó con fecha 17 de abril de 2020 declaración de impuesto a la renta mediante formulario N°22, correspondiente al año tributario 2019, señalando como único ingreso rentas atribuidas de terceros provenientes de su empresa nombre reservado por un monto de $37.976.700 con crédito impuesto primera categoría sin obligación restitución por un monto de $9.494.175 que imputó a global complementario $2.453.167, solicitando devolución por $7.041.008, y b) que con fecha 17 de noviembre de 2021 presentó administrativamente una solicitud para que le liberen la retención del AT 2019 señalando como fundamento que la empresa a la que pertenece ya realizó el pago de impuesto a la renta, respondiendo el Servicio que no es posible ya que la empresa no ha pagado el IDPC, hechos que se encuentran respaldados con la documentación acompañada en el recurso.

OCTAVO: Que de acuerdo con lo expuesto precedentemente y lo informado por el recurrido, a juicio de estos sentenciadores no existe en la especie un derecho indubitado por parte del recurrente toda vez que en estos autos el Servicio discute la procedencia de liberar los dineros retenidos acorde a lo previsto en el inciso penúltimo del artículo 56 del Código Tributario, negativa que por lo demás dice relación con una fiscalización efectuada al contribuyente dentro de las potestades que el legislador ha conferido al Servicio de Impuestos Internos.

NOVENO: Que, así las cosas, esta controversia excede el ámbito del presente arbitrio constitucional que es de naturaleza cautelar y, por esencia, breve y concentrado, con el objeto de dar respuesta oportuna a afectaciones flagrantes, notorias o evidentes que impliquen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de determinados derechos y garantías constitucionales, siendo la situación aquí planteada no dilucidable mediante la acción de urgencia incoada.

Por ende, corresponde rechazar el arbitrio.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se RECHAZA el recurso de protección interpuesto por el compareciente nombre reservado, en contra del Servicio de Impuestos Internos, representada en esta región por su Director Regional don ROMULO GOMEZ, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la ministro titular señora Marta Maldonado Navarro.

Rol N° 2090-2021(Protección).-