nombre reservado con SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTICACIÓN

nombre reservado

Servicio de Registro Civil e Identificación Recurso de Protección Rol N°2087-2025 La Serena, nueve de enero de dos mil veintiséis.

VISTO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece Ignacio Andrés Salinas Parra, abogado, interponiendo acción de protección en favor de nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, trabajador dependiente, domiciliado en domicilio reservado, en contra DEL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN, por el acto ilegal y arbitrario consistente en oponerse a omitir las anotaciones penales de la hoja de vida del conductor del recurrente, en circunstancias que dichos antecedentes se encuentran omitidos de su certificado de anotaciones penales, afectando con ello sus garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N°2, 3 inciso 5°, 4 y 16 de la Carta Magna.

Expone que, fue condenado en la causa RIT O-1326-2007, RUC 0700104746-3 del 11° Juzgado de Garantía de Santiago (que pasó al Sexto Juzgado Oral en lo Penal de Santiago con el RIT N°395-2008), por el delito de tráfico de sustancias estupefacientes; en la causa RIT N°2055-2011 RUC N°1.100.167.059-1 del Juzgado de Garantía de Coquimbo, por falta del artículo 494 bis del Código Penal; y en la causa RIT O-2054-2015, RUC 1500308936-0, del Juzgado de Garantía de La Serena, por tráfico ilícito de estupefacientes y porte ilegal de arma de fuego. Cumplió la totalidad de las penas el 13 de septiembre de 2024 y actualmente se encuentra cumpliendo las firmas exigidas por el D.L. 409 para eliminación de sus antecedentes penales.

Refiere que, buscando trabajo como chofer profesional en minería, se le solicitó hoja de vida del conductor donde aún figuran las anotaciones de sus condenas, pese a encontrarse omitidas en su certificado de antecedentes penales. Solicitó al 11° Juzgado de Garantía de Santiago y al Juzgado de Garantía de La Serena la emisión de oficios ordenando la omisión de dichos antecedentes en su hoja de vida del conductor. Con tales resoluciones acudió el 28 de noviembre de 2025 al Servicio de Registro Civil e Identificación, donde se le señaló que únicamente podía obtener un certificado que acreditara su inscripción en el D.L. 409 y que debía completar todas las firmas, y además que no existía procedimiento para omitir antecedentes de la hoja de vida del conductor sino solo respecto del Certificado de Anotaciones Penales, conforme al artículo 38 de la Ley N°18.216.

Sostiene que la persistencia de dichos antecedentes en la hoja de vida del conductor le impide acceder a empleos en el rubro minero, desconociendo el espíritu de reinserción social previsto en la normativa aplicable. Indica que la acción de negativa del Servicio de Registro Civil e Identificación es ilegal y arbitraria, pues vulnera sus derechos de igualdad ante la ley, la garantía del debido proceso, el respeto a la vida privada y honra, y la libertad de trabajo.

Concluye solicitando se acoja el presente recurso y se ordene al Servicio de Registro Civil e Identificación omitir en la hoja de vida del conductor las anotaciones judiciales materia de la presente acción.

SEGUNDO: Que, habiéndose solicitado informe al Servicio de Registro Civil e Identificación de Chile, este fue evacuado, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Alega que, el recurrente registra tres anotaciones penales: Causa RIT N°395-2008 RUC N°700.104.746-3, del Sexto Juzgado Oral En Lo Penal de Santiago, por tráfico ilícito de drogas; Causa RIT N°2055-2011 RUC N°1.100.167.059-1, del Juzgado de Garantía de Coquimbo, por falta del artículo 494 bis del Código Penal; y Causa RIT N°2054-2015 RUC N°1.500.308.936-0, del Juzgado de Garantía de La Serena, por tráfico ilícito de drogas y porte de armas. Respecto de dichas causas, el recurrente ya cuenta con beneficio de omisión en certificados para Fines Particulares y Fines Especiales de acuerdo al artículo 21 de la Ley 19.628.

Señala que, el artículo 210 del D.F.L. N°1 de 2009 crea el Registro Nacional de Conductores de Vehículos Motorizados, a cargo del Servicio de Registro Civil e Identificación, cuyo objetivo es reunir y mantener los antecedentes de los conductores e informar sobre ellos a las autoridades competentes. El artículo 211 del mismo cuerpo normativo dispone que el Registro debe registrar las sentencias ejecutoriadas por delitos, cuasidelitos, faltas e infracciones tipificadas en la ley.

Agrega que, el Decreto 739 de 1985 establece que el Registro contendrá las faltas y contravenciones gravísimas y graves, y registrará las condenas que signifiquen suspensión o cancelación de las licencias. El artículo 217 del DFL N°1, de 2009, dispone que cuando una causa resulte anotada tanto en el Registro Nacional de Conductores como en el Registro General de Condenas, esta se borrará cuando se haya procedido a la eliminación de las anotaciones prontuariales o del prontuario penal mismo, en conformidad con la ley.

Sostiene que, el ordenamiento jurídico no contempla el beneficio de omisión respecto de las anotaciones contenidas en el Registro Nacional de Conductores de Vehículos Motorizados, toda vez que la normativa que rige dicha materia tiene relación con las anotaciones penales realizadas en el Registro General de Condenas, las cuales, por tratarse de normas de carácter público y de derecho estricto, no es posible aplicarlas por analogía en otras materias.

Refiere que, el recurrente registra en su prontuario más de una anotación penal, circunstancia que impide evaluar una eventual eliminación en virtud de lo dispuesto en la letra g) del artículo 8° del Decreto Supremo N°64 de 1960, que exige que sea la única anotación que registra en el prontuario.

Indica que, en consecuencia, una eventual eliminación de las anotaciones solicitadas infringiría las normas legales citadas y lo dispuesto en el artículo 8, inciso 3°, del Decreto Supremo N°64, de 1960. Sin perjuicio de aquello, para eliminar las anotaciones prontuariales, podrá acogerse a los beneficios del DL 409 de 1932, el cual se encontraría en tramitación.

Agrega que, este Servicio no ha incurrido en ningún acto ilegal o arbitrario, ya que la omisión de los antecedentes de la hoja de vida del conductor se fundamenta en los preceptos e instituciones legales. El Servicio no incurre en discriminación al aplicar las normas vigentes, las cuales señalan claramente las formas de omitir antecedentes penales y antecedentes de la hoja de vida del conductor.

Solicita el rechazo del recurso, con costas.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición, y que por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.

Que, de lo antes expresado, aparece como requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a la ley, o arbitrario, producto de mero capricho de quien incurre en él, que afecte una o más de las garantías protegidas.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

CUARTO: Que, lo que en definitiva se pretende por el actor es que se omita de su hoja de vida del conductor la existencia de tres condenas que se ordenó omitir de sus certificados de antecedentes penales para ingreso a la administración pública, para fines particulares y para fines especiales de acuerdo con lo previsto en el artículo 21 de la Ley N°19.628 sobre Protección de la Vida Privada.

QUINTO: Que, para resolver el asunto en examen es pertinente traer a colación lo resuelto por la Excma. Corte Suprema en sentencia dictada el 17 de marzo de 2025, en causa Rol 6.528-2025, que señala en lo pertinente: "Octavo: …tratándose de las anotaciones a que de origen una sentencia condenatoria, cuya pena privativa de libertad sea sustituida por una de las de la Ley N°18.216, ella ordena omitir su constancia en los certificados de antecedentes que el Registro Civil y de Identificación emita, mientras tal pena sustitutiva no haya sido revocada.

Noveno: Que entre tales certificados se encuentran no solo los de antecedentes penales que emite el Registro Civil y de Identificación, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N°64, de 1960, sino también los que, de conformidad con el artículo 210, N°7, de la Ley de Tránsito, "les sean solicitados por los conductores inscritos", coloquialmente conocidos como "Hoja de Vida del Conductor".

Décimo: Que, en consecuencia, y teniendo presente que la omisión de antecedentes en un certificado extendido para conocimiento de terceros no conlleva su destrucción permanente, sino que opera exclusivamente en el documento que se entrega al solicitante, manteniéndose la inscripción en el Registro correspondiente para su comunicación a las autoridades pertinentes hasta su eliminación en los casos establecidos por la ley, correspondería acoger una acción constitucional interpuesta únicamente con dicho alcance.

Undécimo: Que, por otra parte, la Ley N°19.628, sobre Protección de la Vida Privada, establece en su artículo 21 que "Los organismos públicos que sometan a tratamiento datos personales relativos a condenas por delitos, infracciones administrativas o faltas disciplinarias, no podrán comunicarlos una vez prescrita la acción penal o administrativa o cumplida o prescrita la sanción o la pena", exceptuándose las comunicaciones que deban hacerse a las tribunales de justicia y demás organismos públicos competentes.

Décimo tercero: Que, en tales circunstancias, no se advierte razón alguna para no aplicar el citado artículo 21 de la Ley N°19.628 a la emisión de certificados solicitados por los interesados respecto de sus anotaciones en el Registro Nacional de Conductores de Vehículos Motorizados pues, por lo señalado en el considerando décimo, la omisión de una determinada anotación en un certificado no es óbice para mantenerla en el Registro que se trata y comunicarla a las autoridades competentes cuando sea requerida, de modo que resultando arbitraria la negativa de la recurrida, con este alcance deberá acogerse el arbitrio deducido".

SEXTO: Que, como ya ha tenido oportunidad de pronunciarse esta Corte en fallo Rol 1715-2025 protección, a partir de lo reflexionado por el Máximo Tribunal debe concluirse que el acto reclamado es ilegal y arbitrario, ya que la negativa a omitir en los certificados de anotaciones del interesado en el Registro Nacional de Conductores de Vehículos Motorizados, las condenas que pesan sobre el recurrente se fundamenta en una interpretación de las normas que no se aviene con su tenor literal ni con los fines de reinserción social que estas buscan propiciar.

Asimismo, teniendo presente que, la omisión de antecedentes en un certificado extendido para conocimiento de terceros no conlleva su destrucción permanente, sino que opera exclusivamente en el documento que se entrega al solicitante, manteniéndose la inscripción en el Registro correspondiente para su comunicación a las autoridades pertinentes hasta su eliminación en los casos establecidos por la ley, corresponde acoger la acción constitucional interpuesta en esos términos, porque lo contrario, como ocurre en la especie, vulnera la garantía de igualdad ante la ley del actor, en la medida que se le deja en una situación desfavorable respecto del resto de la población, sin que el ordenamiento jurídico autorice esa diferencia de trato que, en definitiva, impone obstáculos injustificados en su proceso de reinserción social, finalidad que, por el contrario, obliga a que el Estado adopte medidas positivas para su favorecimiento.

Por estas consideraciones y visto, además, lo establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE ACOGE el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación y, en consecuencia, se ordena a la institución recurrida emitir los certificados de anotaciones del interesado en el Registro Nacional de Conductores de Vehículos Motorizados, omitiendo y no comunicando al público las condenas provenientes de las causas RIT O-1326-2007, RUC 700104746-3 del 11° Juzgado de Garantía de Santiago (causa que posteriormente pasó al Sexto Juzgado Oral en lo Penal de Santiago, con el RIT N°395-2008, RUC N°700104746-3), RIT N°2055-2011 RUC N°1.100.167.059-1 del Juzgado de Garantía de Coquimbo y RIT O-2054-2015, RUC 1500308936-0 del Juzgado de Garantía de La Serena.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°2087-2025 Protección.-