nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES DE CHILE

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Servicio Nacional de Migraciones Recurso de Protección Rol N°2084-2025.- La Serena, veintinueve de diciembre de dos mil veinticinco.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que Junior Armando Daza Vargas, abogado, recurre de protección en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por la omisión que estima ilegal y arbitraria en concluir el procedimiento de reconocimiento de su condición de refugiado, alegando vulneración de sus derechos constitucionales de los números 2 y 3 del artículo 19 de la Constitución Política.

Expone que el 9 de octubre de 2024, su representado ingresó a territorio nacional por paso no habilitado, en calidad de pasajero en tránsito, manifestando de inmediato ante funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile su intención de solicitar refugio, debido al temor fundado por su vida e integridad personal, derivado de persecución política sufrida en su país de origen.

Señala que es médico cirujano, y que en el ejercicio de su profesión en el sistema público de salud venezolano fue objeto de hostigamiento, acoso y persecución sistemática, a raíz de su desacuerdo con políticas sanitarias estatales y de la manifestación pública de opiniones críticas respecto de la gestión gubernamental, circunstancias que lo obligaron a abandonar su país.

Indica que, conforme al procedimiento vigente, funcionarios de la PDI activaron el protocolo correspondiente, otorgándole Tarjeta Única Migratoria y citándolo para formalizar su solicitud ante el Servicio Nacional de Migraciones, lo que efectivamente realizó el 27 de febrero de 2025, quedando registrada su solicitud en el sistema administrativo.

Alega que, desde dicha fecha y hasta el momento de interposición del recurso, el Servicio recurrido no ha emitido pronunciamiento alguno, manteniéndolo en un estado de incertidumbre jurídica prolongada, sin visación, sin autorización para trabajar y sin documentación habilitante, pese a haber cumplido todas las exigencias legales.

Sustenta que la omisión denunciada vulnera sus derechos a la igualdad ante la ley, al debido proceso administrativo, al trabajo, a la dignidad humana, y a la integridad psíquica, además de infringir las obligaciones impuestas al Estado por la Ley N° 20.430 sobre Protección de Refugiados y los tratados internacionales vigentes.

Concluye que la conducta del Servicio Nacional de Migraciones constituye una omisión ilegal y arbitraria de carácter permanente, que se renueva día a día, por lo que solicita se acoja el recurso y se ordene a la autoridad dictar el acto administrativo correspondiente, restableciendo el imperio del derecho y otorgando la debida protección a sus garantías fundamentales.

SEGUNDO: Que informa Roberto Ignacio Castillo Toro, abogado de la Dirección Regional Coquimbo del Servicio Nacional de Migraciones, y pide el rechazo de la acción.

Indica que el recurrente ingresó al territorio nacional por paso no habilitado, encontrándose en situación migratoria irregular. El 11 de octubre de 2024, presentó solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, la cual fue debidamente recepcionada y registrada. El 27 de febrero de 2025, el recurrente asiste a la entrevista de refugio a las dependencias de esta dirección regional. Dicha solicitud se encuentra actualmente en tramitación, sin haberse dictado resolución de rechazo ni de inadmisibilidad.

Señala que el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado se rige por la Ley N° 20.430 y su Reglamento, los cuales establecen un procedimiento administrativo especial, compuesto por diversas etapas sucesivas, entre ellas la admisibilidad, la entrevista personal, el análisis técnico y la dictación de una resolución fundada.

Indica que dicho procedimiento debe ser interpretado considerando la naturaleza de la solicitud y la carga administrativa existente, sin que la sola extensión del plazo configure, por sí misma, una infracción constitucional.

Finalmente, la recurrida sostiene que el recurso de protección no constituye una vía idónea para obtener la aceleración de procedimientos administrativos en curso, especialmente cuando no existe acto ilegal o arbitrario que justifique la intervención cautelar de esta Corte.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, por la presente acción constitucional, se recurre en contra del Servicio Nacional de Migraciones por la dilación injustificada en concluir procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado del actor, presentada en 14 de octubre de 2024 y que se encuentra pendiente de resolución desde 27 de febrero de 2025, lo que se califica de ilegal y arbitrario, alegando vulneración de su garantía fundamental contemplada en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEXTO: Que, para resolver el asunto en examen, se debe acudir a lo estatuido en la Ley 19.880. En este sentido resulta útil destacar el principio de celeridad, previsto en su artículo 7, conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Lo anterior, resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental, del artículo 9, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Por último, el artículo 14 de la misma disposición, define el principio de inexcusabilidad señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación.

SÉPTIMO: Que, de acuerdo a los antecedentes que constan en la tramitación de la presente causa, queda en evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, toda vez que la autoridad respectiva ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto ha dilatado la decisión respecto de la solicitud, excediendo el plazo establecido en el artículo 27 de la mencionada Ley 19.880 (SCS Rol N°24.827-2020).

OCTAVO: Que, por tanto, habiéndose ingresado la petición en octubre de 2024 y sin registrar movimientos desde febrero de este año, la dilación constatada debe ser calificada de ilegal y arbitraria porque vulnera la garantía de igualdad ante la ley, en tanto importa una discriminación en contra de la parte recurrente, en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes, obteniendo una respuesta formal en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se resuelve que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones y, en consecuencia, se dispone que el servicio deberá emitir el pronunciamiento que en derecho corresponda respecto de la solicitud de reconocimiento de su condición de refugiado, dentro de plazo de treinta (30) días corridos, contados desde que la presente sentencia se encuentre ejecutoriada.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

Rol N°2084-2025 Protección.-