nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

nombre reservado, nombre reservado

Superintendencia de Seguridad Social Recurso de Protección Rol N° 208-2023.- La Serena, doce de abril de dos mil veintitrés.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, con fecha dieciséis de febrero de dos mil veintitrés comparece nombre reservado y Lillo, abogado de la Corporación de Asistencia Judicial, en favor de doña nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL (SUSESO).

Expone que su representada tiene 66 años de edad. Desde el año 1978 se desempeña como profesora de educación general básica. Destaca que desde el mes de mayo de 2021, post pandemia, la Sra. nombre reservado, se vio resentida de salud por todo el contexto que imperaba en ese momento, con clases on line, caídas de señal de internet y por no contar con recursos tecnológicos apropiados y total desconocimiento e improvisación frente al desafió de no discontinuar el proceso de aprendizaje de sus alumnos. Es en dicho contexto que se produjo la alteración de la salud mental de la Sra. nombre reservado, presentando un trastorno depresivo, con episodios desorientación, pérdida de memoria, alteración del sueño, permanente insomnio, con estados continuos de ansiedad, sudoración constante y ronquera sin causa aparente, provocando mucho descontrol y pérdida en su calidad de vida diaria.

Puntualiza que paralelo a su tratamiento psiquiátrico, la Sra. nombre reservado es paciente crónico de diabetes e hipotiroidismo, cuyos controles durante la pandemia no pudo seguir a cabalidad, afectando el normal desarrollo de su tratamiento, el que ha sido retomado en el Cesfam Juan Pablo II, de La Serena, sometiéndose a exámenes para detectar el avance de sus enfermedades.

Ante este cuadro agudizado por su decreciente estado de ánimo, inicio su consulta siquiátrica con el doctor Marcel Souyet y luego buscando otra opinión por ver escaso avance, consultó con el siquiatra don nombre reservado.

En ese periodo de tiempo, la Sra. nombre reservado empezó su tratamiento con sesiones mensuales de forma ininterrumpida, apoyada por medicamentos como Ciblex, Clotazopan, carbonato de litio, por nombrar algunos de los que le han sido recetadas.

Destaca que todas las licencias otorgadas con antelación a las que son materia del presente recurso de protección, han sido autorizadas. Ha sido a partir de julio de 2022 que sus licencias médicas comenzaron a ser rechazadas sin ninguna justificación médica.

En efecto, las licencias médicas reclamadas en la presente acción de protección son las N°s 73442320-3, 74900092-9, 76229617-9, 77459614-3 y 79001014-0, extendidas por un total de 165 días de reposo, a contar del 20 de julio de 2022.

Hace presente que las resoluciones de rechazos de las 5 licencias médicas dictaminadas por la COMPIN no dan cuenta de ninguna explicación de la causa de justificación invocada, limitándose en indicar “REPOSO INJUSTIFICADO”.

Contra tales resoluciones doña nombre reservado dedujo recurso ante la Superintendencia de Seguridad Social la que por Resolución Exenta N° R-01-UME- 10297-2023, de fecha 24 de enero de 2023, confirmó el rechazo “POR REPOSO NO JUSTIFICADO”.

Sostiene que a resolución reclamada no da ninguna razón médica que justifique el rechazo de las licencias médicas; en la especie, la SUSESO ha omitido analizar los certificados e informes médicos relativos a la condición de salud de doña nombre reservado y más aún han soslayado explicar siquiera someramente acerca de las razones por las qué los certificados e informes médicos acompañados no sirven o no son suficientes para justificar las Licencias Médicas que se reclaman, por lo que la decisión de la recurrida deviene en arbitraria, porque se ha fundamentado lisa y llanamente en el mero capricho o la sola voluntad del ente recurrido, precisamente debido a que no contiene las motivaciones mínimas que justifique su decisión. La arbitrariedad denunciada en estos autos consistente en que todos los antecedentes médicos que informa el expediente administrativo de doña nombre reservado, dan cuenta que su afección está clínicamente justificada.

Aduce que la conducta del órgano recurrido constituye una perturbación y amenaza al derecho a la vida e integridad física de doña nombre reservado, el que se encuentra garantizado en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, pues su obrar le priva de ejercer el derecho que significa gozar de licencia médica, o sea, de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, para restablecer su salud.

Asimismo, dicho proceder afecta y lesiona el derecho de propiedad de doña nombre reservado, consagrado en el numeral 24 del artículo 19 de la Carta Magna que nos rige, toda vez que el actuar de la recurrida le priva de gozar, durante la vigencia de las licencias médicas rechazadas, del respectivo subsidio de incapacidad laboral o de la remuneración regular de su trabajo, según fuere el caso.

Por estas consideraciones solicita se ordene dejar sin efecto la resolución que rechazó las licencias médicas materia del presente recurso de protección y, en definitiva, resolver que se deberán autorizar dichas licencias médicas, disponiendo su pago.

Acompaña los siguientes documentos: 1°.- Copia de la Resolución Exenta Nº R-01-UME-10297-2023, de fecha 24 de enero de 2023, pronunciada por la Superintendencia de Seguridad Social; 2°.- Copias de 4 informes médicos emitidos por el Médico Psiquiatra nombre reservado, de fechas 18-08-2022, 22-10-2022, 23-11-2022 y 06-02-2023, y 3°.- Copias de recetas para compra de medicamentos (3).

SEGUNDO: Que, evacuó informe SEBASTIÁN DE LA PUENTE HERVÉ, Abogado, en representación de la recurrida la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL.

Solicita, en primer lugar, se declare la improcedencia de la presente Acción de Protección por haber sido ésta interpuesta en forma EXTEMPORÁNEA. En efecto, como consta de la copia del expediente administrativo que acompaña, por presentación de fecha 9 de septiembre de 2022, la Sra. nombre reservado reclamó contra la COMPIN REGIÓN DE COQUIMBO, confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s 73442320-3, 74900092-9, 76229617-9, 77459614-3, 79001014-0, extendidas por un total de 165 días a contar del 20 de julio de 2022, por reposo no justificado.

Al respecto, mediante RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UME-10297-2023 de 24 de enero de 2023 su representada señaló que: “Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s 73442320-3, 74900092-9, 76229617-9, 77459614-3, 79001014-0, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado”.

Concluye la mencionada Resolución que: “Esta Superintendencia confirma el rechazo de las licencias médicas N°s 73442320-3, 74900092-9, 76229617-9, 77459614-3, 79001014-0, de acuerdo a lo anteriormente expuesto”.

Ahora bien, la recurrente solo ejerció esta acción constitucional con fecha 16 de febrero de 2023, esto es, cuando el plazo fatal de 30 días corridos estaba con creces vencido, toda vez que en su momento la Sra. nombre reservado, ya tenía conocimiento cierto del rechazo dispuesto por la citada Compin del formulario en comento. En efecto, en virtud de la presentación de fecha 9 de septiembre de 2022 que realizó la Sra. nombre reservado, en la cual acompañó los antecedentes sobre el rechazo de la licencia reclamada, consta que los mencionados formularios fueron rechazados PREVIAMENTE por la señalada Compin, con conocimiento de la Sra. nombre reservado, en una fecha anterior a la de su presentación ante esta Superintendencia. Por lo anterior, se evidencia que ya desde más de 4 meses antes de la fecha de interposición de la presente acción, la Sra. nombre reservado ya tenía conocimiento del rechazo de sus licencias, máxime si este formulario fue emitido A CONTAR DE JULIO DE 2022.

En subsidio, solicita se le declare improcedente por cuanto la materia sobre la que realmente versa dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

En subsidio de las alegaciones anteriores, informa en cuanto al fondo. Expone que consta dentro de los antecedentes, los informes que realizaron las siguientes especialistas de esta Superintendencia:

1.- Informe del especialista Dr. nombre reservado de fecha 23/1/2023 que señala –en lo pertinente-: “Fundamentos de la resolución: FOLIO EXPEDIENTE R- 154027-2022 nombre reservado 79001014-0, por 45 días, desde 17/11/2022 F32 - EPISODIO DEPRESIVO LM 77459614-3, por 30 días, desde 18/10/2022 F32 - EPISODIO DEPRESIVO LM 76229617-9, por 30 días, desde 18/09/2022 F32 - EPISODIO DEPRESIVOLM 74900092-9, por 30 días, desde 19/08/2022 F32 - EPISODIO DEPRESIVO LM 73442320-3, por 30 días, desde 20/07/2022 F32 - EPISODIO DEPRESIVO Reposo previo (autorizado) 419 / Reposo previo autorizado (no consecutivo) 457 / No autorizado 180 Comentarios: Fonasa Informe médico complementario (no especialista), fecha 23/11/2022. Diagnóstico: episodio depresivo, hipotiroidismo, diabetes mellitus II. Tratamiento: Escitalopram 10mg + mirtazapina 15mg Informe médico complementario (no especialista), fecha 22/10/2022. Diagnóstico: hipotiroidismo, diabetes mellitus II. Tratamiento: mirtazapina 15mg + lamotrigina 50mg + clonazepam 10mg + carbonato de litio 400mg Informe médico complementario (no especialista), fecha 17/08/2022. Diagnóstico: hipotiroidismo, diabetes mellitus II. Tratamiento: mirtazapina 15mg + lamotrigina 25mg”.

Hace presente que no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, pues su representada se limitó a resolver la situación de la Sra. nombre reservado, dentro del ámbito de su competencias, tampoco ha existido vulneración y ni siquiera amenaza del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica y a la protección de la salud, ni se ha vulnerado el derecho de propiedad de la recurrente, reconocido a todas las personas en el numeral 24 del artículo 19 de nuestra Constitución Política, y en este caso respecto de un eventual derecho al subsidio por incapacidad laboral, como tampoco ningún otro derecho garantido por nuestra Carta Fundamental.

Por estas consideraciones solicita rechazar la acción en todas sus partes, con costas.

Acompaña copias de los antecedentes que obran en el expediente administrativo, relativos al caso de la Sra. nombre reservado.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, la alegación de extemporaneidad de la presente acción constitucional se rechazará, pues de la copia resolución impugnada, acompañada por la recurrente, se desprende que esta fue emitida el día 24 de enero de 2023, resolviendo el recurso de la actora al dictamen que confirmó el rechazo de la COMPIN, lo que permite establecer que es ésta la fecha y no otra del acto de término desde el cual procede computar el plazo de 30 días que establece el auto acordado que regula la tramitación y fallo del recurso de protección, y habiéndose presentado el recurso el 16 de febrero pasado, a juicio de estos sentenciadores se encuentra dentro de plazo.

SEXTO: Que, en cuanto a la alegación de improcedencia de la acción en materias de seguridad social, fundada en que el artículo 20 de la Carta Fundamental no establece dentro del catálogo taxativo de garantías constitucionales protegidas aquella prevista por el numeral 18 del artículo 19 de la Carta Magna, cabe señalar que si bien es efectivo lo sostenido por la recurrida, no es menos cierto que ello sólo implica que por este acápite no podrá, si correspondiere, ser acogido el presente recurso.

SEPTIMO: Que, es relevante tener presente que este recurso se erige en contra de la Resolución Exenta N° R-01-UME-10297-2023, de 24 de enero de 2023, dictada por la Superintendencia de Seguridad Social, en virtud de la cual mantiene lo dictaminado por la COMPIN en relación a las licencias médicas N°s 73442320-3, 74900092-9, 76229617-9, 77459614-3 y 79001014-0.

En torno al argumento vertido por la SUSESO, organismo recurrido, al mantener la decisión de rechazar las licencias médicas referidas previamente, aquel gira en torno a la siguiente idea: “Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s 73442320-3, 74900092-9, 76229617-9, 77459614-3, 79001014-0, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado”.

OCTAVO: Que, del mérito de lo expuesto, no cabe duda que la argumentación otorgada por la recurrida tiene un carácter genérico, al no contener la resolución recurrida referencia alguna a los antecedentes concretos en virtud de los cuales arriba a la decisión que en ella se contiene, ni un análisis de los mismos, todo lo cual deja a la recurrida en un estado de indefensión, al desconocer en base a qué elementos la recurrida ha adoptado la determinación que en esta sede se reprocha.

NOVENO: Que, en este punto, cabe traer a colación lo dispuesto en el Decreto Supremo N°3 del Ministerio de Salud, que sostiene “Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico-cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante "el o los profesionales", según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante "Compin", de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante "Seremi", que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en proporción que corresponda.” (Artículo 1).

Por otro lado, el artículo 11 de la Ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad que rige los procedimientos administrativos, prescribiendo que “la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, para lo cual ordena que los “hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley, los que disponen que una decisión de este tipo, debe ser fundada.

Así, la justificación racional y legal del acto administrativo es una condición de validez del mismo. En consecuencia, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicando al administrado el porqué del acto, su sustento material y juridicidad.

DECIMO: Que, con lo dicho, emana que la argumentación otorgada a la paciente por la recurrida escapa a los márgenes de sus facultades y al expreso mandato legal, dejando a la paciente en una situación compleja, razón suficiente para entender que, aunque aparezca, la fundamentación de rechazo de las licencias dada en este asunto, es carente de sustento.

UNDECIMO: Que, este actuar de la recurrida atenta contra las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 numerales 1 y 24; la primera, pues dificulta su vida e integridad física; la segunda porque, al no contar con el subsidio de incapacidad laboral, afecta el patrimonio de la recurrente, desde que el trabajador, que padece una patología, no cuenta con el dinero proveniente de este ítem, afectando aún más su debilitada salud mental.

DUODECIMO: Que, a mayor abundamiento, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, en su artículo 12 consagra expresamente el derecho de protección a la salud de las personas pertenecientes a ese grupo etario, como también contempla diversas disposiciones sobre el derecho al trabajo de las personas mayores, normas que por mandato del artículo 5° inciso 2° de nuestra Constitución tienen un carácter vinculante y que también se ven vulneradas con el actuar previamente descrito, todo lo cual abona a acoger el presente recurso, en los términos que se indicarán en lo resolutivo.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

I.- Que SE RECHAZAN las alegaciones de extemporaneidad e improcedencia.

II.- Que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de doña nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, y en consecuencia se deja sin efecto la Resolución Exenta N° R-01-UME-10297-2023, de fecha 24 de enero de 2023, que mantiene lo dictaminado por la COMPIN en relación a las licencias médicas N°s 73442320-3, 74900092-9, 76229617-9, 77459614-3 y 79001014-0, ordenándose que la recurrida Superintendencia de Seguridad Social deberá disponer el pago de las licencias médicas previamente individualizadas.

Notifíquese, regístrese y archívese.

Rol N° 208-2023 (Protección).-