Protección contra SOCIEDAD EDUCACIONAL ANDRÉS BELLO LIMITADA

nombre reservado y otra Sociedad Educacional Andrés Bello Ltda.

Recurso de protección Rol Nº2079-2025 La Serena, seis de enero de dos mil veintiséis.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece Rodrigo Alejandro Valdivia Briceño, abogado, con domicilio en domicilio reservado, en representación de doña nombre reservado, técnico jurídico, y don nombre reservado, ingeniero industrial, ambos con domicilio en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en beneficio de su hijo adolescente nombre reservado, dirigido en contra de la SOCIEDAD EDUCACIONAL ANDRÉS BELLO LIMITADA, sociedad del giro de su denominación, Rol Único Tributario Nº88.703.300-5, representada legalmente por don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, por la omisión que señala como ilegal y arbitraria, consistente en la negativa a entregar antecedentes de carácter pedagógico y la falta de implementación oportuna del Plan de Acompañamiento Curricular Individual, actuar que vulnera el derecho fundamental a la integridad física y psíquica, así como el derecho a la igualdad ante la ley de su hijo, consagrados en los numerales 1 y 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Señala que ambos son padres y apoderados del adolescente nombre reservado, quien actualmente cursa primer año de enseñanza media en el Colegio nombre reservado.

Refiere que el hijo de los recurrentes fue diagnosticado con Trastorno de Déficit Atencional con Hiperactividad (TDAH) en 2020, además de sintomatología ansiosa-nerviosa, situación conocida por el colegio.

Pese a lo anterior, indica que el establecimiento no implementó oportunamente un Plan de Acompañamiento Curricular Individual (PACI), aplicándolo recién de forma tardía durante el segundo semestre de 2025.

Asimismo, señala que desde que su hijo fue diagnosticado con Trastorno de Déficit Atencional con Hiperactividad, ha sido objeto de diversas anotaciones negativas que los recurrentes califican como desproporcionadas o erróneas, incluso una efectuada en un día en que el alumno no asistió a clases, la cual luego fue eliminada por la docente que la realizó, reconociendo la improcedencia de la anotación. Por lo anterior, afirman que desde el diagnóstico de nombre reservado, el establecimiento ha tenido una actitud más punitiva que educativa respecto del adolescente.

En dicho contexto, refiere que sus padres solicitaron reiteradamente copia del Plan de Acompañamiento Curricular Individual (PACI), actas de citación y otros antecedentes pedagógicos, solicitudes que fueron rechazadas por el colegio, alegando que se trataba de documentos privados. Sin embargo, arguye que dicha negativa configura una falta de transparencia y un incumplimiento del deber de información, derecho expresamente reconocido a los padres y apoderados, además de no existir norma legal que autorice al establecimiento a retener dichos antecedentes.

Asimismo, refiere que el colegio incumple una obligación de carácter legal establecida en inciso 2° del artículo 3 de la Ley N° 21.430 de 2022, que establece un marco de Garantías y Protección Integral de los derechos de Niñez y Adolescencia.

Además, sostiene que con el actuar denunciado se infringe el interés superior del niño, al excluir a la familia del proceso educativo y adoptar una lógica punitiva en vez de pedagógica.

En cuanto a los derechos fundamentales vulnerados, afirma que se infringe el derecho a la integridad física y psíquica del alumno, consagrado en el artículo 19 N°1 de la Carta Fundamental, por el impacto emocional y educativo causado al alumno mediante la actitud punitiva tomada por el establecimiento; como también el derecho a la igualdad ante la ley, garantizado en el numeral 2 de la misma disposición, al configurarse una discriminación arbitraria al negar información que legalmente debe estar a disposición de los padres.

Culmina solicitando que se acoja el recurso de protección y se ordene a la recurrida entregar la información curricular solicitada por los recurrentes respecto a su hijo nombre reservado.

SEGUNDO: Que, a folio 8 de la carpeta digital, se evacuó informe por la recurrida, solicitando el rechazo del recurso.

Alega que en el recurso no se identifica con precisión la obligación concreta que se habría incumplido, ni la normativa específica que la impone.

Por otra parte, afirma que desde inicios del año escolar 2025, el colegio mantuvo una actitud permanente de apoyo, seguimiento y diálogo con el estudiante y sus apoderados, adoptando medidas pedagógicas concretas, informadas y acordadas con sus apoderados, las que constan en el Plan de Indicación de Evaluación Diferenciada, de 4 de abril de 2025. En tal orden de ideas, destaca la implementación de evaluación diferenciada desde abril de 2025, incluso antes de contar con todos los informes médicos externos; la existencia de reuniones periódicas con los apoderados para analizar informes psicológicos y coordinar medidas de apoyo; el seguimiento psicológico interno y adopción de ajustes pedagógicos razonables (fragmentación de evaluaciones, flexibilización de tiempos, ajustes organizativos). Asimismo, la autorización de cambio de curso a solicitud de los apoderados, como la entrega de informes escolares y comunicación constante sobre el proceso académico.

Por consiguiente, sostiene que el establecimiento ha actuado de manera diligente, anticipada y proporcional, resguardando el bienestar del alumno, incluso frente a la tardía entrega de antecedentes por parte de los apoderados.

En cuanto a la elaboración del Plan de Adecuación Curricular Individual, señala que este no procede por el solo diagnóstico de Trastorno de Déficit Atencional con Hiperactividad, dado que conforme al Decreto N°83, Decreto N°170 y la Ley General de Educación, el PACI solo es exigible cuando existen barreras significativas de aprendizaje acreditadas técnicamente. Sin embargo, refiere que los informes profesionales acompañados por los apoderados no recomendaban ni exigían la elaboración de un PACI formal, sino solo orientaciones generales. En consecuencia, no existía obligación legal de implementar un PACI, sin perjuicio de que igualmente se adoptaron medidas pedagógicas de apoyo.

Respecto a la entrega de los antecedentes pedagógicos, señala que el colegio nunca se negó a informar, sino que explicó los antecedentes en reuniones presenciales, y que las actas de citación fueron leídas y firmadas por los apoderados, por lo que su contenido era plenamente conocido.

Por lo anterior, sostiene que tampoco es efectivo que se haya vulnerado alguno de los derechos fundamentales del alumno.

Asimismo, afirma que el conflicto planteado corresponde a una discrepancia pedagógica o administrativa, ajena al ámbito del recurso de protección.

Por ello, solicita el rechazo del recurso de protección, con costas.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición, y que por actos u omisiones, arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

CUARTO: Que, acorde a las alegaciones formuladas por ambas partes y los antecedentes acompañados, se advierte que los recurrentes reclaman por la falta de implementación oportuna del Plan de Acompañamiento Curricular Individual, como también, la supuesta negativa a entregar antecedentes de carácter pedagógico relativas a su hijo, estudiante del colegio nombre reservado.

En este orden de ideas, debe tenerse presente que la acción constitucional de protección, constituye ante todo una acción cautelar, que -como se dijo- tiene por objeto resguardar los derechos fundamentales garantizados en la Constitución Política a las personas, frente a aquellos actos u omisiones arbitrarios o ilegales que priven, perturben o amenacen los mismos, de modo de obtener el cese inmediato del acto arbitrario o ilegal y restablecer el imperio del derecho. Por lo mismo, es que conforme lo ha sostenido reiteradamente la jurisprudencia de los tribunales superiores, es una acción que requiere que los derechos en cuestión se encuentren indubitados y fuera de discusión.

QUINTO: Que, por su parte, el recurrido ha afirmado que la elaboración del Plan de Acompañamiento Curricular Individual (PACI), no es un trámite automático, ni se activa por la sola existencia de un diagnóstico, sino que responde a un estándar técnico-jurídico objetivo, resultando solo exigible cuando el estudiante que presenta necesidades educativas especiales debidamente acreditadas no puede acceder, participar o progresar adecuadamente en el currículo mediante adecuaciones generales. En tal sentido, señaló que en la especie no era exigible un PACI bajo los antecedentes manejados por el Colegio, sin perjuicio que sí existieron otras medidas idóneas para el apoyo pedagógico del alumno.

Asimismo, no consta que el alumno se encontrara en una situación de barreras significativas que hicieran jurídicamente exigible un PACI formal bajo el estándar del Decreto N°83.

SEXTO: Que, conforme a lo expresado, el acto en contra del que se presenta el libelo, esto es, la elaboración del Plan de Acompañamiento Curricular Individual, se encuentra discutido en su procedencia técnica por la recurrida.

Teniendo eso claro, queda de manifiesto que las peticiones que sostiene el libelo y sus fundamentos exceden el ámbito del presente recurso, sin que la vía constitucional intentada sea la oportuna para resolver el asunto de fondo.

En efecto, cabe recordar que el recurso de protección es un procedimiento excepcional que “Se aplica sólo cuando existe una amenaza, perturbación o privación del legítimo ejercicio de un derecho esencial producida por una acción u omisión arbitraria o ilegal de un tercero, sea este público o privado, existiendo una manifestación de dicha actuación que no requiere de un proceso de prueba complejo, la afectación del derecho debe ser relativamente clara o evidente. En caso contrario, debe utilizarse el procedimiento ordinario o sumario correspondiente.” (Nogueira Alcalá, Humberto; El Recurso de Protección en el Contexto del Amparo de los Derechos Fundamentales Latinoamericano e Interamericano, en Revista Ius et Praxis, 13 (1): 75 - 134, 2007), por lo que corresponde el rechazo de este recurso, ya que nos encontramos en sede cautelar de urgencia en la cual no es dable una discusión para la declaración de derechos dubitados, lo que requiere de un proceso de lato conocimiento, circunstancia esta última presente en la especie, pues del tenor de las argumentaciones de los intervinientes se revela una controversia en relación a la procedencia técnico- pedagógica de elaborar un Plan de Acompañamiento Curricular Individual, cuestión que deben ser determinada en las instancias técnicas pertinentes.

SÉPTIMO: Que, respecto a la alegada negativa en entregar información (actas de citación), los documentos acompañados demuestran que los apoderados participaron en múltiples entrevistas, firmando las actas respectivas y manifestando su conformidad con los acuerdos alcanzados. El hecho de que se haya explicado el carácter interno de ciertos registros no constituye una omisión ilegal, toda vez que el contenido y los acuerdos pedagógicos fueron informados y entregados mediante resúmenes y correos electrónicos, documentación toda que se acompañó al informe del recurso.

OCTAVO: Que, en relación con la supuesta "actitud punitiva", esta Corte observa que el colegio adoptó medidas de apoyo tales como evaluación diferenciada desde abril de 2025, cambio de curso solicitado por los padres y ajustes en la fragmentación de evaluaciones. No se aprecia un nexo causal entre las anotaciones registradas (una de las cuales fue rectificada por error administrativo) y las vulneraciones alegadas.

En cualquier caso dado la falta de precisión de los hechos y las fechas en que estos presuntamente ocurrieron aparece que la presente acción se encontraría fuera de plazo, puesto que tanto el diagnóstico del niño como las medidas adoptadas exceden con mucho el plazo para la interposición de la presente acción.

NOVENO: Que, en definitiva, la controversia planteada por los recurrentes constituye una discrepancia de carácter técnico-pedagógico sobre la modalidad de apoyo educativo más adecuada, materia que excede el ámbito de esta acción constitucional. Al no existir un acto arbitrario ni un derecho indubitado afectado, la presente acción no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado y don nombre reservado, en contra de la Sociedad Educacional Andrés Bello Limitada.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°2079-2025 (Protección).