nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES
- Fecha
- 26 de septiembre de 2023
- Sala
- Primera Sala
- Resultado
- Rechazada
- Cita
- Corte de Apelaciones de La Serena, Rol N° 2076-2023, sentencia de 26 de septiembre de 2023
Resumen
Se rechaza el recurso de protección contra el Servicio Nacional de Migraciones: no se advierte dilación excesiva ni omisión arbitraria o ilegal, pues la solicitud de residencia temporal estaba en trámite y la demora se explica por la crisis migratoria y el retraso sanitario.
Texto íntegro
nombre reservado
Servicio Nacional de Migraciones Recurso de Protección Rol N°2076-2023.- La Serena, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que comparece el abogado Jorge Lena Salgado cédula de identidad nacional Nº RUT reservado, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en favor de nombre reservado de nacionalidad ecuatoriana, pasaporte RUT reservado, de su mismo domicilio, en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile, representado por don nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana por la omisión ilegal y arbitraria del pronunciamiento sobre Solicitud de Residencia Temporal, Nº 61242699, de fecha 09 de Febrero de 2023, afectando con ello el principio de igualdad ante la ley, conforme lo preceptuado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 27 de la ley N° 19.980.
Sostiene que su representada Doña nombre reservado, ecuatoriana, en razón de establecerse, trabajar y desarrollar un proyecto de vida en nuestra nación, decidió cambiar su condición migratoria, iniciando el proceso de solicitud de residencia temporal, toda vez que cumple a cabalidad los requisitos para hacerlo, y además decidió modificar su situación haciendo la respectiva solicitud de obtener su visa al Ministerio del Interior y Seguridad Pública del Servicio Nacional de Migraciones; sin embargo, han transcurrido más de 7 meses, sin que a la fecha haya recibido alguna respuesta por parte de la recurrida, pues aún no recibe su comprobante de la solicitud de residencia temporal en trámite, lo que la ha mantenido en una constante preocupación e incertidumbre sin límite en el tiempo, toda vez que el Servicio Nacional de Migraciones hace de éste un trámite indefinido, sin resguardar el principio de celeridad, consagrado en el artículo 7 de la ley N° 19.880, omisión que se mantiene causando un permanente perjuicio a la recurrente.
Luego de transcribir el artículo 27 de la Ley 19880 y de lo dispuesto en el Dictamen Nº003610N20 de la Contraloría General de la República, de fecha 17 de diciembre de 2020, concluye que es necesario que el Jefe Superior del Servicio dicte una resolución o acto administrativo fundado determinando la forma de funcionamiento y la suspensión o extensión de los plazos y por lo tanto, no es posible al recurrido argumentar que el plazo debe haber sido suspendido o se hubiere encontrado suspendido, toda vez que no existe ninguna formalización de dicha necesidad, siendo improcedente la alegación de caso fortuito o fuerza mayor por parte de la recurrida.
Por lo anterior, solicita tener por interpuesto Recurso de Protección en contra del recurrido por la omisión ilegal y arbitraria en la falta de respuesta sobre la solicitud de residencia temporal, acogerlo a tramitación ordenando al recurrido que se pronuncie sobre la misma, adoptando las providencias que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho.
Acompaña a su presentación Pasaporte Nº RUT reservado y 2.- Comprobante de envío de solicitud de residencia temporal de la recurrente.
SEGUNDO: Que don nombre reservado, abogado de la Dirección Regional de Coquimbo del Servicio Nacional de Migraciones procedió a evacuar el informe requerido en la presente acción constitucional de protección, solicitando su rechazo pues no se configuran los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición, debiendo ser considerada como improcedente al no existir acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal que atente en contra de las garantías constitucionales incoadas.
Añade que con fecha 09 de febrero de 2023, doña nombre reservado, de nacionalidad ecuatoriana, pasaporte RUT reservado, postuló al beneficio migratorio de visa temporaria por reunificación familiar bajo el ID N°61242699 se encuentra en etapa de análisis, y con fecha 13 de septiembre de 2023, su solicitud de residencia temporal en trámite bajo el ID N°61242699, se encuentra en trámite.
Agrega que la recurrente solicitó al Servicio, estando dentro de nuestro país, un permiso de residencia temporal para extranjeros dentro de Chile, de la subcategoría migratoria de reunificación familiar. El permiso de residencia temporal es regulado en el artículo 68 de la Ley N° 21.325, siendo su regulación específica en los artículos 4, 10, 12 y siguientes del Decreto Supremo N° 177, de 10 de mayo de 2022, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública,en cumplimiento al artículo 70 de la Ley N° 21.325.
Sostiene que la recurrente cuenta con un certificado de permiso de residencia en trámite, el cual acredita su condición migratoria regular en el país, pudiendo hacer ingreso y egreso del territorio libremente, como también ejercer actividades remuneradas, en virtud de los artículos 77 inciso 1° y 79 del Decreto N° 177 por lo tanto, se encuentra jurídicamente protegido por las normas legales y complementarias que regulan este permiso de residencia en particular, ostentando una condición migratoria regular para todos los efectos legales y autorizado para ser contratado y ejercer cualquier tipo de actividades lícitas dentro del territorio nacional.
En cuanto al tiempo de tramitación de la solicitud, expone que según lo señalado en el artículo 27 de la Ley N°19.880, el plazo del procedimiento administrativo podrá ser mayor a 6 meses cuando exista caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose como tal, el aumento exponencial de los flujos migratorios hacia el país, proveniente de diversos países, lo cual tuvo por consecuencia un aumento importante en la cantidad de solicitudes recibidas por esa autoridad. Lo anterior significó un retraso considerable e irresistible para la autoridad migratoria. Cita jurisprudencia al efecto e indicando que, en todo caso, dicho plazo no es fatal para la administración.
Entiende que por las consideraciones previas no existe acto u omisión arbitraria o ilegal que genere privación, perturbación o amenaza a los derechos consagrados en el Artículo 19 de la Constitución Política de la República, y no existe por tanto perturbación alguna derechos del extranjero, toda vez que la solicitud de la recurrente se encuentra actualmente en tramitación, solicitando el rechazo de la acción.
Acompaña al informe Solicitud de residencia temporal en trámite, de fecha 13 de septiembre de 2023.
TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.
CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.
QUINTO: Que, por la presente acción constitucional, se recurre en contra del Servicio Nacional de Migraciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por la dilación injustificada en dar respuesta a la solicitud presentada, lo cual califica la actora de ilegal y arbitrario, señalando que vulnera, entre otras, su garantía fundamental contemplada en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la Republica.
SEXTO: Que, para resolver el asunto en examen, se debe acudir a lo estatuido en la Ley N° 19.880. En este sentido resulta útil destacar el principio de celeridad, previsto en su artículo 7, conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Lo anterior, resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental, del artículo 9, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios.
Por último, el artículo 14 define el principio de inexcusabilidad señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación.
SÉPTIMO: Que, de acuerdo con los antecedentes que constan en la tramitación de la presente causa, no se evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, en los términos que aduce el recurrente, toda vez que consta que la solicitud de residencia temporal fue realizada recién con fecha 09 de febrero de 2023, encontrándose desde el día 13 de septiembre en trámite.
Así las cosas, en consideración a la fecha de solicitud de la residencia temporal, en este caso particular, no se advierte en su tramitación una dilación excesiva que haga concluir la existencia de una omisión arbitraria o ilegal por parte de la recurrida, máxime considerando que es un hecho público y notorio la crisis migratoria que ha afectado al país este último tiempo, lo que ha generado un aumento de trabajo de los organismos administrativos vinculados al tema, lo que, unido al retraso que generó la contingencia sanitaria relacionada a Covid-19 para toda la ciudadanía y organismos estatales, se entiende que las garantías fundamentales invocadas por la recurrente, no se ve, en este caso, conculcada, desde que no importa una discriminación en contra de quien recurre en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han presentado solicitudes ante la autoridad migratoria.
Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto a favor de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones (ex Departamento de Extranjería y Migración) dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile.
Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.
Rol N°2076-2023 Protección.-