nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

nombre reservado, nombre reservado

Superintendencia de Seguridad Social Recurso de Protección Rol N° 2074-2023.- La Serena, diecisiete de octubre de dos mil veintitrés.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el seis de septiembre de dos mil veintitrés comparece CLAUDIO FERNÁNDEZ RAMIREZ, abogado de la Corporación de Asistencia Judicial, interponiendo acción de protección en favor de nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO).

Expone que el 07 de agosto del año en curso, doña nombre reservado tomó conocimiento de la Resolución Exenta N° R-01-IBS-103341-2023, de esa misma fecha, por la cual la Superintendencia de Seguridad Social, a través de su Departamento de Asistencia y Servicios al Usuario, Unidad de Resolución Abreviada rechaza la solicitud de reconsideración respecto del dictamen N° R-01-DC-178421- 2023, de 28 de diciembre de 2022, mediante el cual se confirmó lo resuelto por la COMPIN REGIÓN METROPOLITANA, en orden a mantener el rechazo de la licencia médica N° RUT reservado, extendida por un total de 60 días a contar del 31 de agosto de 2022, por reposo no justificado.

Hace presente que doña nombre reservado, en el mes de junio del año 2017, sufrió un accidente de carácter laboral, lo que le provocó una fractura de columna lumbar en vertebra L4, además de sufrir fractura en muñeca mano derecha y fractura coxis. Luego de un año de tratamiento, la mutual de seguridad la derivó a Fonasa, catalogando su afección como una enfermedad de origen común. Mientras estuvo en tratamiento por la referida mutual, logró recuperarse tanto respecto de la fractura de su muñeca como del coxis, no ocurriendo lo mismo con la fractura de columna, la cual demoró mucho tiempo en consolidar. No obstante ello, hasta la fecha doña nombre reservado padece secuelas en la misma zona, producto de sufrir además Discopatía Severa L3, L4, L5 y de artrosis también en la misma zona, enfermedades que se encuentran diagnosticadas por médico tratante, todos estos padecimientos se diagnosticaron como fractura columna lumbar antigua y lumbago severo secundario, encontrándose la paciente en la actualidad en tratamiento con los siguientes medicamentos: Celecoxib 200 mg., Duloxetina 30 mg., Pregabalina 75 mg. Y Diclofenaco dietilamina gel tópico.

Añade que desde que sufrió la fractura, doña nombre reservado ha padecido de dolor y molestias en la zona lumbar, limitando su vida normal diaria, tanto en lo personal como en lo laboral.

Actualmente se encuentra con licencia médica continuada desde que tuvo la fractura L4, en el mes de julio de 2017, lo que no le ha permitido volver a retomar su actividad laboral. Se atiende en el Hospital Regional de Coquimbo desde hace 5 años a la fecha. Comenzó siendo atendida por la doctora nombre reservado, neurocirujano, como médico tratante y posteriormente le han atendido diferentes neurocirujanos, de acuerdo a la disponibilidad de horas médicas, en atención a que la doctora nombre reservado dejó de trabajar en este hospital; últimamente ha sido atendida por la doctora nombre reservado, neurocirujano del Hospital de Coquimbo, a la par que ha sido tratada con medicamentos para el dolor, para la inflamación y varios ciclos de tratamiento kinésico anuales, sin tener una mejoría relevante; en agosto de 2021 fue sometida a un bloqueo facetario que no tuvo el efecto esperado, manteniéndose el dolor y las molestias en su vida diaria, lo que le impide en términos prácticos estar mucho rato sentada, o mucho rato de pie, no le permite caminar normal por la vía pública y mucho menos por superficies que no sean planas como subir escaleras o desplazarse por terrenos no pavimentados. Ello implica que debe estar alternando constantemente entre estar de pie, estar sentada y caminar, al cruzar la calle le cuesta mucho, pues no puedo avanzar rápido con el tiempo del semáforo, ya que el dolor y molestias a su espalda le hacen tener movimientos lentos y torpes lo cual provoca un problema en su diario vivir, malestares que incluso le afectan por la noche al acostarse para dormir, ya que el dolor de espalda se mantiene, debiendo cambiar de postura constantemente, lo cual no le permite un dormir tranquilo, ni un descanso adecuado. A lo anterior, debe sumarse el hecho de que su actividad laboral se realiza en terreno, no en oficina, lo cual involucra tener que desplazarse constantemente con muchas dificultades debido a su enfermedad.

Por otra parte, señala que doña nombre reservado ha iniciado los trámites para acceder a una pensión de invalidez en 2 oportunidades. El primer trámite realizado en marzo del año 2019 no tuvo un buen resultado, ya que no fue considerada con ningún porcentaje de invalidez por falta de procedimientos médicos; para la segunda postulación, de agosto de 2022 sí se cumplió con estos procedimientos médicos faltantes, pero se dictaminó una pérdida de capacidad de ganancia de tan sólo un 15%, lo que no le daba derecho a la pensión.

Ahora, en cuanto a las licencias médicas, desde 2019 al 2022, la mayoría de ellas fue autorizada sin mayores inconvenientes, y las pocas que fueron rechazadas, posteriormente fueron autorizadas al presentar informes médicos solicitados, situación que se mantuvo hasta julio del año 2022.

Destaca que desde el 31 de agosto de 2022, le fue rechazada la licencia médica folio 68791175, habiendo empezado ya el segundo trámite de solicitud de invalidez el 25 de ese mismo mes y año; al efecto consigna que, con anterioridad a esta licencia rechazada, hubo otra licencia médica Folio N° 10988890 que fue en principio rechazada y posteriormente aprobada con la presentación de documentos en los que constaba haberse iniciado el trámite de invalidez; sin embargo, la licencia posterior a ella se rechaza tan solo 13 días después de haberse aprobado la anterior, sin que la decisión del ente administrativo tenga una justificación que permita entender la razón del cambio de criterio en tan poco tiempo.

Precisa que en la resolución que motiva el presente recurso se señala que el fundamento de rechazo de la licencia señalada sería por reposo no justificado.

Sostiene que sin perjuicio que ya del tenor de la resolución se evidencia la ausencia de una justificación racional y completa de la decisión del ente administrativo, hace presente además que, tal como lo reconoce la propia recurrida en su resolución, doña nombre reservado ha presentado solicitudes de declaración de invalidez por su problema a la columna. Hasta la fecha, fueron 2 las solicitudes, pero ambas han sido rechazadas por la Comisión Médica de la Superintendencia de Pensiones, por cuanto el menoscabo de la capacidad de trabajo de la Sra. nombre reservado fue de un 0% en la primera resolución de rechazo, y de un 15% en la segunda resolución, también de rechazo.

Así las cosas, y a diferencia de lo que sostiene la recurrida en sus argumentos, el rechazo de la licencia reclamada de doña nombre reservado resulta arbitrario e ilegal, por cuanto, en primer término, no analiza y ni siquiera menciona los antecedentes, certificados e informes médicos presentados en sede administrativa por la Sra. nombre reservado y, en segundo término, deja sin protección, de manera absolutamente injustificada, a todas aquellas personas que, teniendo una patología crónica pero no invalidante, y que por lo tanto mantienen una capacidad residual para trabajar, no pueden acceder al beneficio de la licencia médica cuando su enfermedad le genere algún episodio que merme temporalmente su capacidad de trabajo, negándole así el derecho al reposo y a recuperar sus fuerzas de trabajo, que es precisamente el fin perseguido por la licencia médica.

En efecto, la recurrida reconoce que su representada presenta una patología de curso crónico, y sólo asila su negativa indicando de un modo bastante genérico que el reposo prescrito por la licencia rechazada no estaría justificado por cuanto, por una parte, los antecedentes evaluados (sin indicar cuáles fueron ellos), no permitirían establecer la existencia de incapacidad laboral temporal durante la licencia médica que rechaza, y, por otra parte, sostiene que, atendido a que doña nombre reservado presenta lesiones de carácter crónico e irreversible, por lo que no procede la autorización de la licencia médica; es decir, la recurrida sostiene que su enfermedad no sería recuperable con reposo médico, desatendiendo la realidad de las cosas, pues, se reitera, el criterio sostenido por el ente administrativo en la resolución que se analiza, sienta un precedente peligroso, al dejar sin cobertura médica a aquellos pacientes que puedan tener un cuadro también crónico pero no invalidante, como por ejemplo, una crisis de hipertensión arterial o una baja de insulina si se es diabético.

De lo señalado entonces, se desprende que la resolución señalada es arbitraria, pues mantiene el rechazo de la licencia médica sin que dicha decisión aparezca dotada de suficientes motivos médicos, sin otorgar una explicación racional del por qué una patología de la columna, al no ser invalidante pero sí crónica, queda fuera de la cobertura de las licencias médicas, siendo que dicha explicación es lo mínimamente esperable tratándose de pronunciamientos administrativos que afectan directamente el derecho al reposo y al subsidio por incapacidad laboral temporal.

A mayor abundamiento, se evidencia la arbitrariedad de la actuación del ente fiscalizador, al no considerar en su decisión las resoluciones emanadas de la Superintendencia de Pensiones, por las cuales se ha rechazado en más de una ocasión las solicitudes de pensión por invalidez que doña nombre reservado ha deducido ante dicho organismo, pero que acreditan la existencia de la patología que justifica el otorgamiento de la licencia y el derecho al reposo que asiste a su representada.

Agrega que la SUSESO, como ente fiscalizador del cumplimiento de la normativa aplicable a las prestaciones de seguridad social, perfectamente pudo haber ordenado a la COMPIN, por ejemplo, que solicitara al médico tratante de doña nombre reservado, información complementaria respecto de las patologías que le aquejan, así como su tratamiento y evolución, o bien que se le efectuara un peritaje, a fin de determinar su estado de salud, pues está dentro de sus potestades hacerlo, pero en lugar de ello, y se reitera, de manera infundada, opta por rechazar las licencias médicas, sin siquiera constar que la totalidad de los antecedentes aportados por el usuario a su reclamo hubieren sido revisados y ponderados al momento de resolver la petición del administrado, ni tampoco consignando las razones clínicas que lo llevan a considerar que el reposo prescrito en tales licencias resultan injustificado.

Finalmente, y sin perjuicio de lo ya señalado, refiere que cabe tener en consideración, en este caso particular, que lo dictaminado por la recurrida va en contra incluso de lo que ha sostenido en pronunciamientos previos, específicamente el Dictamen N° 19.392-2016, de 01 de abril de 2016, pues en el criterio que ahora sustenta en la resolución que motiva el presente recurso, y que contraría absolutamente lo sostenido en el Dictamen precedentemente transcrito, si una persona presenta una lesión o enfermedad de carácter crónico e irreversible o irrecuperable, automáticamente pierde el derecho a la licencia médica, al reposo y al respectivo subsidio por incapacidad laboral si la licencia médica tiene como justificación dicha patología, aun cuando la enfermedad no sea de la intensidad suficiente para generar invalidez que otorgue derecho a una pensión, en circunstancias que el artículo 1° del D.S. N° 3 del Ministerio de Salud, del año 1984, en ninguna parte exige que el reposo busque sanar de la enfermedad al trabajador que hace uso del derecho a la licencia, sino que busca que dicho trabajador recupere su capacidad de trabajo y pueda así reincorporarse a sus labores, abriendo entonces la posibilidad que aún los pacientes con enfermedades crónicas, pero que tengan capacidad residual de trabajo, puedan acceder a dicho reposo aun cuando este tenga como causa dicha patología.

Sostiene que la decisión de la recurrida es ilegal, carente de fundamento legal y de toda racionalidad, constituyendo su actuar, una vulneración al derecho a la vida y a la integridad física y síquica, garantía contemplada en el artículo 19 N° 1 de La Constitución Política de la República, pues la Sra. nombre reservado, ha debido endeudarse para cubrir sus gastos médicos y acceder a las prestaciones de salud, en la medida de sus posibilidades y no de manera completa, lo cual dificulta aún más la recuperación de su enfermedad, ya de por sí difícil y complicada, lo que genera la posibilidad de un agravamiento de sus lesiones; además, se infringe la garantía constitucional contenida en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, toda vez que representa una discriminación respecto del resto de la población que en iguales condiciones de salud puede acceder al subsidio por reposo laboral (Corte Suprema, Rol 1235-2022, 19 de enero de 2022); y finalmente, la conducta que se denuncia vulnera asimismo, el derecho consagrado en el artículo 19 número 24 de la Constitución Política de la República, ya que el rechazo indebido de la licencia médica legalmente emitida, priva del derecho a la retribución monetaria contemplada en la ley, en caso que el trabajador se imposibilite de trabajar por motivo de enfermedad, como en este caso.

Por estas consideraciones solicita se ordene a la recurrida dejar sin efecto la Resolución Exenta N° R-01-IBS-103341-2023, de 07 de agosto de 2023, que rechazó la solicitud de reconsideración deducida por su representada respecto del dictamen N° R-01-DC- 178421-2023, de 28 de diciembre de 2022, mediante el cual se confirmó lo resuelto por la COMPIN REGIÓN METROPOLITANA, en orden a mantener el rechazo de la licencia médica N° RUT reservado, y en su lugar disponer que la recurrida deberá acoger dicha solicitud, autorizando la licencia médica referida, adoptando asimismo cualquier otra medida que este Ilustrísimo Tribunal considere necesaria para restablecer el imperio del derecho y asegurar el debido resguardo y respeto a las garantías fundamentales de la Sr. nombre reservado, con costas.

Acompaña los siguientes documentos: 1) Copia Solicitud de reconsideración y resolución de rechazo emanada de la SUSESO, de 07 de agosto de 2023; 2) Copia licencia médica rechazada y resolución de rechazo de la COMPIN Región Metropolitana; 3) Informe Médico Dr. nombre reservado e Informe Médico Dra. nombre reservado; 4) Copia Licencia mayo de 2022, autorizada; 5) Copia licencia médica julio de 2022, rechazada en principio y luego autorizada; 6) Informes médicos e Informe de Comisión Médica Superintendencia de Pensiones; 7) Solicitud de Invalidez año 2019, Dictamen de Invalidez de 30 de marzo de 2023 y Dictamen de Invalidez de 12 de junio de 2019.

SEGUNDO: Que, evacuó informe SEBASTIÁN DE LA PUENTE HERVÉ, abogado, en representación de la recurrida la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL.

Solicita, en primer lugar, se declare la improcedencia de la presente Acción de Protección, por cuanto la materia sobre la que realmente versa dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

En subsidio de la alegación anterior, informa en cuanto al fondo del asunto que motiva la acción constitucional de autos.

Expone que conforme consta en el expediente administrativo PAE código R-203065-2022, la interesada recurrió a su representada el 7 de diciembre de 2022, reclamando por cuanto la COMPIN REGIÓN METROPOLITANA, confirmó el rechazo de la licencia médica N° RUT reservado, extendida por un total de 60 días a contar del 31 de agosto de 2022, por reposo no justificado.

Por lo anterior, mediante la Resolución Exenta Nº R-01-DC-178421-2022, de 28 de diciembre de 2022, previa solicitud de informe, y del estudio de los antecedentes del caso, su representada concluyó que: “…el reposo prescrito por la licencia médica N° RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes aportados no permiten establecer incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo ya autorizado, el cual alcanza 690 días por la misma patología. Cabe señalar que cursa su segundo Trámite de Calificación de Invalidez, si este resulta favorable, es decir, con un porcentaje de menoscabo mayor al 50%, puede reconsiderar la licencia médica apelada”.

Concluye dicha Resolución que: “Esta Superintendencia confirma el rechazo de la licencia médica N° RUT reservado, de acuerdo a lo anteriormente expuesto”.

Por su parte, de acuerdo a lo consignado en el expediente administrativo PAE código R-15298-2023, la interesada recurrió a su representada el 27 de enero de 2023, solicitando la reconsideración del dictamen N°R-01-DC-178421-2022, de 28 de diciembre de 2022, mediante el cual se confirmó lo resuelto por la COMPIN REGIÓN METROPOLITANA, en orden de mantener el rechazo de la licencia médica N° RUT reservado, extendida por un total de 60 días a contar del 31 de agosto de 2022, por reposo no justificado.

Conforme a lo indicado, mediante la Resolución Exenta Nº R-01-IBS-103341-2023, de 7 de agosto de 2023, previa solicitud de informe, y del estudio de los antecedentes del caso, su representada concluyó que: “…el reposo prescrito por la licencia médica N° RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes aportados no permiten establecer incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo ya autorizado, el cual alcanza 690 días por la misma patología.

Que, en la especie, la Superintendencia de Pensiones, a través de su respectiva Comisión Médica, ha emitido el Dictamen N° 005.1663/2023, de fecha 30-03-2023, ejecutoriado con fecha 30-06-2023, por medio del cual se le ha reconocido a la Sra. nombre reservado, un 15 % de menoscabo de su capacidad de trabajo, acordando, en consecuencia, rechazar solicitud de pensión de invalidez.

Que, en tal sentido, es posible establecer que aunque la patología en cuestión no alcanza a configurar un grado de invalidez que otorgue derecho a obtener pensión por dicha causa, en este caso produce una incapacidad laboral de carácter permanente, cuyas alteraciones son de curso crónico y no susceptibles de mejorar con reposo médico, situación en la que no procede la autorización de licencia médica por tratarse de un derecho esencialmente temporal, toda vez, que la trabajadora era portadora de una patología irrecuperable, pero no invalidante, como queda de manifiesto en la resolución de invalidez rechazada.

Que, sólo en la medida que la interesada cuente con una resolución ejecutoriada de las Comisiones Medicas de la Superintendencia de Pensiones, que le asigne un porcentaje de invalidez igual o superior a un 50%, esta Superintendencia podrá revisar nuevamente su situación”.

Concluye la referida Resolución que: “Esta Superintendencia confirma el rechazo de la licencia médica N° RUT reservado, de acuerdo a lo anteriormente expuesto”.

Indica que el 22 de diciembre de 2022, la profesional de su representada, Dra. nombre reservado, informó lo siguiente en relación a la situación de la Sra. nombre reservado: “Fundamentos de la resolución: Mujer de 59 años, con 690 días de reposo autorizado. Apela 60 días, emitidos en modalidad institucional por neurocirujano. Aporta TPI, primero no configurado por tener tratamientos pendientes, el segundo en trámite. En esta presentación no aporta IMC, antecedentes complementarios que permitan justificar la prolongación del reposo. Visto lo anterior, se sugiere rechazar”.

Conforme a lo anterior, el reposo reclamado impresiona como no justificado por ser prolongado y sin claro rol terapéutico.

Además, la interposición del presente recurso desborda claramente los límites de aplicación de la Acción de Protección, la que fue creada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, tal como se colige claramente de la expresión utilizada por el mismo, al disponer en el artículo 20 que ésta es procedente cuando una persona, por un acto ilegal o arbitrario “…sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19…”. En el caso de la Sra. nombre reservado, claramente su “derecho a licencia médica” no reúne la condición de un derecho preexistente, indubitado, por el contrario, tras las sucesivas instancias de revisión y estudio se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de las licencias médicas reclamadas.

Lo anteriormente expuesto, debe llevar a este Tribunal a desestimar la ilegalidad y arbitrariedad en la actuación de su defendida. Es del caso, que, respecto de las licencias reclamadas, el dictamen impugnado de arbitrariedad contiene los argumentos en base a los que emite su conclusión, los cuales están en armonía con los antecedentes que constan en el respectivo expediente administrativo, en cuyo mérito resolvió esa Superintendencia previo estudio de los antecedentes médicos del caso.

Por último, hace presente que, tal como no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, pues como ya se indicó, su representada se limitó a resolver la situación de la Sra. nombre reservado, dentro del ámbito de su competencias, tampoco ha existido vulneración y ni siquiera amenaza del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica y a la protección de la salud, ni se ha vulnerado el derecho de propiedad de la recurrente, reconocido a todas las personas en el numeral 24 del artículo 19 de nuestra Constitución Política, y en este caso respecto de un hipotético derecho al subsidio por incapacidad laboral, como tampoco ningún otro derecho garantido por nuestra Carta Fundamental.

Por estas consideraciones solicita el rechazo en todas sus partes del recurso, con costas.

Acompaña copias de los antecedentes que obran en los expedientes administrativos, relativos al caso de doña nombre reservado.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, en cuanto a la alegación de improcedencia de la acción en materias de seguridad social, fundada en que el artículo 20 de la Carta Fundamental no establece dentro del catálogo taxativo de garantías constitucionales protegidas aquella prevista por el numeral 18 del artículo 19 de la Carta Magna, cabe señalar que si bien es efectivo lo sostenido por la recurrida, no es menos cierto que ello sólo implica que por este acápite no podrá, si correspondiere, ser acogido el presente recurso.

SEXTO: Que, de los antecedentes aportados por las partes, aparece que la decisión de la recurrida, en orden a rechazar la licencia médica de la actora, formalmente se asienta en que “…el reposo prescrito por la licencia médica N° RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes aportados no permiten establecer incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo ya autorizado, el cual alcanza 690 días por la misma patología.

Que, en la especie, la Superintendencia de Pensiones, a través de su respectiva Comisión Médica, ha emitido el Dictamen N° 005.1663/2023, de fecha 30-03-2023, ejecutoriado con fecha 30-06-2023, por medio del cual se le ha reconocido a la Sra. nombre reservado, un 15 % de menoscabo de su capacidad de trabajo, acordando, en consecuencia, rechazar solicitud de pensión de invalidez.

Que, en tal sentido, es posible establecer que aunque la patología en cuestión no alcanza a configurar un grado de invalidez que otorgue derecho a obtener pensión por dicha causa, en este caso produce una incapacidad laboral de carácter permanente, cuyas alteraciones son de curso crónico y no susceptibles de mejorar con reposo médico, situación en la que no procede la autorización de licencia médica por tratarse de un derecho esencialmente temporal, toda vez, que la trabajadora era portadora de una patología irrecuperable, pero no invalidante, como queda de manifiesto en la resolución de invalidez rechazada.

Que, sólo en la medida que la interesada cuente con una resolución ejecutoriada de las Comisiones Medicas de la Superintendencia de Pensiones, que le asigne un porcentaje de invalidez igual o superior a un 50%, esta Superintendencia podrá revisar nuevamente su situación”.

SEPTIMO: Que, además de lo anterior, los propios documentos acompañados tanto en sede administrativa como en la presente sede judicial dan cuenta que la recurrente se ha sometido a procesos de declaración de invalidez, existiendo actualmente un dictamen que determina un 15% de discapacidad física.

OCTAVO: Que, de esta manera, la recurrente se encuentra en una situación evidentemente contradictoria y compleja, por cuanto por una parte no puede trabajar en razón de su diagnóstico de enfermedad crónica e invalidante, y por otra, la propia cronicidad de la misma ha motivado el rechazo del pago del subsidio que las respetivas licencias generan por considerar que se trata de una enfermedad además irrecuperable, lo cual, a mayor abundamiento, no se condice con lo dictaminado por otro órgano integrante de la Administración del Estado, quien ha determinado, por ahora, que las enfermedades que padece la actora no alcanzan a provocar una pérdida de capacidad de trabajo de a lo menos el cincuenta por ciento y por ende determina que no procede otorgar pensión de invalidez.

NOVENO: Que, en relación a los argumentos expuestos por la recurrida, el artículo 16 del Reglamento de Autorización de Licencias Médicas, contenido en el Decreto Supremo N° 3, del Ministerio de Salud, de 1984, señala que en caso de rechazo de una licencia, la resolución o pronunciamiento respectivo debe, en lo pertinente, dejar constancia de los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida.

Del mismo modo, el artículo 11 de la ley 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad que rige los procedimientos administrativos, prescribiendo que “la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la sustanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, y “los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada y pormenorizada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley.

DECIMO: Que, de esta manera, el Órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicitando al solicitante el porqué del acto, su sustento material y las normas jurídicas aplicables a la situación que debe resolver.

Por lo anterior, teniendo presente la situación de contradictoriedad causada y la situación de indefensión y vulnerabilidad en que ha quedado quien recurre, no cabe sino concluir que existe un acto ilegal y arbitrario de parte de la recurrida al decidir el rechazo de las licencias de la recurrente.

De esta manera, se vulnera el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, así como el derecho a la propiedad, al negarse a la actora el respectivo subsidio por incapacidad, por lo que corresponde acoger la acción intentada y disponer la protección solicitada, como se dirá en lo resolutivo de esta sentencia.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se declara:

I.- Que SE RECHAZA la alegación de improcedencia de la acción.

II.- Que, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por CLAUDIO FERNÁNDEZ RAMIREZ, en favor de nombre reservado y en consecuencia se declara que se deja sin efecto la Resolución Exenta Nº R-01-IBS-103341-2023, de 07 de agosto de 2023 emitida por la recurrida Superintendencia de Seguridad Social, debiendo esta última disponer el pago de la licencia médica N° RUT reservado, extendida por un total de 60 días a contar del 31 de agosto de 2022.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 2074-2023 (Protección).-