nombre reservado con FUNDACIÓN EDUCACIONAL THE INTERNATIONAL SCHOOL LA SERENA

nombre reservado

Fundación Educacional The International School la Serena Recurso de Protección Rol N° 207-2024.- La Serena, veintiuno de marzo de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el veintiocho de febrero de dos mil veinticuatro comparece Luis Eduardo Battaglia Castillo, abogado, en beneficio de nombre reservado, nacida el 15 de marzo del año 2010, interponiendo acción de protección en contra de la Fundación Educacional The Internacional School La Serena.

Expone que nombre reservado, ha estado en el colegio The International School La serena, desde los 3 años de edad, donde ingreso a Play Group. El año 2023, cursó octavo básico, aprobando su año escolar normalmente, de forma que le correspondía cursar, en este año escolar 2024, en el mismo establecimiento educacional, el primer año de enseñanza media.

Destaca que debido a graves problemas económicos por parte de su familia, la madre de la menor no pudo pagar íntegramente el año escolar 2023, pagando hasta el mes de abril de 2023.

Añade que el padre de la recurrente se encuentra en prisión preventiva desde abril del año 2023, lo que produjo que la madre de la recurrente, doña nombre reservado, se encontrara de repente sin sustento económico. Desde esa fecha la madre de la recurrente se ha dedicado a buscar diversos trabajos, los que ha realizado, y le han ayudado a seguir viviendo junto con sus hijas. Indica que en la actualidad el padre de la recurrente sigue en prisión preventiva, mientras la madre de ella trabaja para mantener el hogar.

Aduce que producto de esta tragedia vivida, la madre de la recurrente se vio impedida de pagar al colegio The International School La Serena, las sumas que le debía del año 2023, ella se acercó al colegio para explicar la situación y solicitar algún tipo de beca para su hija, no teniendo respuesta del establecimiento educacional.

De todas maneras y en relación a la escolaridad de su hija, pretendía la señora nombre reservado, como lo había hecho el año pasado, acercarse al colegio cerca del inicio del año escolar, reunir la mayor cantidad de dinero posible y pagar o abonar su deuda y documentar el resto del año, para asegurar la educación de su hija el año 2024, con ese fin envió varios mails a la Rectora del Colegio doña nombre reservado, mails que jamás fueron respondidos por esta.

Sin embargo, cuando la señora nombre reservado, el 26 de febrero del presente año, pretendió efectuar estas tratativas para asegurar la educación de su hija, se encontró que el colegio recurrido, le indican que no puede matricular a su hija, si no paga toda la deuda. Así lo expresó el Funcionario del colegio don nombre reservado, quien le impidió matricular a su hija. El señor nombre reservado le comunico a la señora nombre reservado que se podría en contacto con rectoría para ver su situación, a lo que el 27 de febrero la llama para comunicarle, que efectivamente tiene prohibición de matricular, por orden de la rectoría.

Sostiene que la decisión del colegio recurrido de no admitir como alumna a la menor recurrente, durante el año 2024 por el no pago de la deuda anterior, constituye un acto ilegal y arbitrario que constituye una privación, perturbación y amenaza en el ejercicio de garantías constitucionales.

Se viola también con ese accionar la Ley General de Educación en sus artículos 1 y 3.

Arguye que el accionar del colegio recurrido es ilegal y arbitrario, discriminatorio e injusto, y atenta contra la equidad que busca el sistema educativo chileno, violando así su garantía constitucional para escoger el establecimiento educacional en que se educan, establecido en el artículo 19 n° 11 de la Constitución Política de la República.

También infracciona el accionar del Colegio recurrido los derechos garantidos en el artículo 19 n° 2 de la Constitución Política de la República de igualdad ante la ley, de igualdad ante la justicia del artículo 19 n° 3, y afecta la integridad psíquica de la recurrente conforme al artículo 19 n° 1 del mismo cuerpo legal.

Por estas consideraciones solicita acoger el recurso, declarando:

a.- Que se deja sin efecto por ser ilegal y/o arbitraria la negativa del Colegio The Intenational School La Serena a matricular para el año 2024 a nombre reservado, y que se ordena a este Colegio darle en ese establecimiento educacional la matrícula y atención educativa que les corresponde durante el presente año 2024, con la ley 21.290.

b.- Que se condena expresamente en costas del recurso a la recurrida.

Acompaña los siguientes documentos: 1.- Certificado de nacimiento de nombre reservado; 2.- Certificados de estudio de la menor recurrente, correspondientes a los años 2023, 2022, 2021 y 2020.

SEGUNDO: Que, evacuó informe nombre reservado, Profesora de Estado, Rectora del Establecimiento Educacional THE INTERNATIONAL SCHOOL LA SERENA, en representación de la Fundación sostenedora, del mismo nombre.

Expone, en lo pertinente, que quien debió pagar es el padre, quien celebró el contrato de prestación de servicios educacionales de la recurrente. Luego sostiene que el motivo del no pago es que el obligado al pago está preso por haber atentado contra la vida de una docente del colegio y de su hijo. Adiciona que todos los mails fueron respondidos como se demuestra con la cadena de correos electrónicos que acompaña.

Puntualiza que de los derechos que el recurrente estima vulnerados solamente fundamenta la supuesta violación al artículo 19 N° 11 de la Constitución Política y no lo hace con el resto de los invocados, por lo que al respecto solamente se limitará a negar su existencia.

Adiciona que el padre de la recurrente, además de acosar a la profesora nombre reservado, infringió como apoderado las medidas de seguridad del colegio ingresando a sus dependencias en forma reiterada y subrepticia, burlando los controles y causando gran inquietud y preocupación en los apoderados. Además de su intento de matar a la docente, inventó una situación de acoso a su hija por parte de la profesora acosada, dando origen a una investigación sumaria que terminó evidenciando la construcción mendaz con el propósito evidente de perjudicar a la profesora, todo lo cual dio origen a una investigación sumaria ordenada por la Resolución N° 03/2023, de 10 de marzo de 2023 de esa Rectoría, que concluyó que no existían hechos vulneratorios de los derechos de la alumna recurrente, nombre reservado y que se prohibía el ingreso de don nombre reservado al Establecimiento Educacional The International School La Serena, a quien se le impuso la obligación de nombrar un apoderado reemplazante.

Por su parte, en cuanto a la madre de la recurrente, doña nombre reservado, hace presente que el Juzgado de Garantía de Coquimbo la condenó a una pena de multa de dos unidades tributarias mensuales como autora de la falta de lesiones leves contempladas en el artículo 494 N° 5 del Código Penal y la falta de daños, prevista y sancionada en el artículo 495 N° 21 del mismo cuerpo legal, cometida en esa ciudad, en contra de la profesora previamente individualizada.

Indica que además de los hechos señalados, que por sí solos son suficientes para justificar la decisión del Colegio de no renovar la matrícula de la amparada, también el padre tantas veces citado, mantiene una deuda considerando solamente el capital por la suma de $ 4.517.346 correspondiente al año escolar 2023, suma que corresponde íntegramente a la escolaridad anual de la amparada en este recurso.

Refiere que la madre de la recurrente, doña nombre reservado, mediante correos electrónicos ha solicitado la condonación de la deuda del año académico 2023 y una beca de escolaridad para la amparada por el año 2024, peticiones que no están contempladas dentro de las facultades que tiene esa Rectoría para la colegiatura 2024, en atención a que el Colegio es particular pagado y dichos beneficios deben ajustarse a las condiciones y requisitos regulados por los reglamentos respectivos y la solicitante pretendía obtenerlos sin cumplir con sus requerimientos. Todos los mails conteniendo dichas peticiones fueron contestados oportunamente como se demuestra con la copia de ellos que acompaña.

Sostiene que su representada no ha cometido ni ha incurrido ningún acto ilegal o arbitrario como erradamente lo pretende sostener la parte recurrente.

El recurso expresamente reconoce que se adeuda al Colegio The International School La Serena la escolaridad de la recurrente de todo el año 2023 y que la madre se acercó al colegio para explicar la situación de morosidad y solicitar algún tipo de beca para su hija.

El actuar de la Fundación sostenedora del Colegio The International School La Serena de ninguna manera supone la comisión de actos arbitrarios o ilegales por haber hecho uso de las facultades que le confiere el ordenamiento legal vigente para los establecimientos educacionales particulares pagados.

Entre el Colegio y los apoderados del mismo cada año debe celebrarse un contrato de prestación de servicios educacionales y obviamente rige sólo por el período de un año académico. En consecuencia, su extensión en el tiempo requiere de la suscripción de un nuevo acto jurídico, regla que es obligatoria para las partes del mismo al tenor de lo dispuesto en el artículo 1.545 del Código Civil.

En este sentido, su representada se encuentra facultada, sin que ello signifique de manera alguna ejecutar acto ilegítimo o arbitrario, para definir los términos de la matrícula y colegiatura del año siguiente, lo que implica la celebración de un contrato diferente, cuestión que emana de las facultades que la ley le otorga en su calidad de parte contratante, en orden a determinar el contenido del acuerdo y ofrecer a la contraria la aceptación o rechazo del mismo.

Hace presente que la misma Carta Fundamental consagra en el numeral 11 de su artículo 19, el derecho a la libertad de enseñanza, lo que incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales, estando facultada su representada para definir el proyecto educacional, los medios para su logro, el régimen de dirección, administración y responsabilidad, las normas de orden y disciplina y el sistema de administración financiera.

Sin embargo, lo más relevante de este caso son los hechos de violencia extrema ejercida por ambos padres de la recurrente en contra de una docente del Colegio recurrido y que han afectado gravemente la convivencia escolar en el interior de la comunidad educativa, causando conmoción entre los padres, apoderados, alumnado y cuerpo docente, la cual naturalmente se vería nuevamente afectada de acceder al requerimiento de la recurrente.

Por otra parte, la Superintendencia de Educación, creada por la Ley 20.529, en la Circular N° 2 de los Establecimientos Educacionales Particulares Pagados, en el numeral 31 señala que ”…los Establecimientos Educacionales Pagados cuentan solamente con el financiamiento de los Padres y Apoderados.” En el numeral 31.1 De los cobros a los Apoderados dispone: “Cada establecimiento define libremente lo que cobrará por concepto de admisión, matrícula, escolaridad (mensualidad). Derechos de práctica profesional, procesos de titulación, Centro de Padres y cuota de incorporación. Los padres deben informarse de los derechos y obligaciones que adquieren al matricular a sus hijos, los cuales se deben establecer en el respectivo contrato de prestación de servicios…”.

Asimismo, la Reglamentación financiera del colegio recurrido para el año escolar 2024 dispone en el Capítulo III denominado “Derecho de Matrícula Anual” que: ”Todos los alumnos de TISLS (abreviatura del nombre del colegio) deberán cancelar un Derecho de Matrícula Escolar para integrarse como alumno regular al Colegio. En caso que el sostenedor económico no esté al día en el pago de los aranceles 2022 y/o 2023 (Incorporación, Matrícula y Escolaridad) no podrá hacer efectivo el derecho a matrícula del período escolar 2024”.

Consecuente con lo anterior, el Contrato de Prestación Anual de Servicios Educacionales celebrado entre el padre de la recurrente, don nombre reservado y la Rectora que suscribe, en representación de la fundación sostenedora recurrida, el 2 de marzo de 2023, conforme a la cláusula Tercera, dicho apoderado se obligó a pagar las cantidades por derecho de matrícula 17,2 UF y Escolaridad Anual $ 4.517.346 conforme a las disposiciones de la Reglamentación Financiera del colegio que declaró conocer y aceptar como parte integrante del contrato. De acuerdo con lo pactado en la cláusula sexta del contrato citado anteriormente, el incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones, será causal suficiente para que el Colegio no renueve el presente contrato para el próximo año lectivo.

Precisa que el cobro de los aranceles por la colegiatura de los estudiantes del Colegio que representa obedecen a la necesidad de contar con los recursos económicos necesarios para que este establecimiento escolar, particular pagado, cumpla con su proyecto educativo, además, en el contrato de prestación de servicios educacionales se destaca como obligaciones del apoderado respetar las normas de convivencia del Reglamento respectivo y del Reglamento Financiero impidiendo la renovación del contrato para el año 2024 en caso de deudas por el año académico anterior, como es el caso que nos ocupa.

Por estas consideraciones solicita rechazar en todas sus partes el recurso de protección en contra de su representada, con costas.

Acompaña los siguientes documentos: 1.- Cadena de correos electrónicos entre la madre de la recurrente nombre reservado y la Rectora que suscribe con solicitud de beca y condonación de deudas y respuestas desde el 18 de enero hasta el 30 de enero de 2024; 2.- Circular de la Rectoría dirigida a los Apoderados (as) del Colegio de 30 de octubre de 2023 sobre los requisitos para postular a la Beca de Continuidad Escolar año 2024; 3.- Set de documentos consistentes en Hoja Resumen Plan de Pago Anual Escolar 2023 correspondiente a la familia nombre reservado y alumna nombre reservado; costo y forma de Pago Servicio anual escolar 2023; recibo de documento por cobrar matrícula año 2023, boleta no afecta o exenta electrónica correspondiente al pago matrícula de la recurrente de fecha 2/03/2023 y contrato de prestación anual de servicios educacionales celebrado el 2 de marzo de 2023 entre el Colegio recurrido y el padre de la recurrente don nombre reservado, autorizado ante Notario; 4.- Copia legalizada ante Notario del certificado emanado del Director de Administración y Finanzas de la Fundación Educacional The International School La Serena, de la deuda del padre de la recurrente, por la suma de $4.517.346, correspondiente al año escolar 2023; 5.- Reglamentación Financiera año Escolar 2024 del Colegio recurrido; 6.- Copia del parte N° 01080, de 6 de abril de 2023, de la Segunda Subcomisaría de Carabineros de Tierras Blancas correspondiente a la detención de nombre reservado, como autor de los delitos de femicidio frustrado y lesiones en la persona de nombre reservado y su hijo nombre reservado, respectivamente; 7.- Copia del parte denuncia N° 00688, de 15 de marzo de 2020, de la Segunda Subcomisaría de Carabineros de Tierras Blancas por el delito de lesiones leves efectuado por Doña nombre reservado en contra de nombre reservado, carátula de la causa Ordinaria ROL 3707-2020 del Juzgado de Garantía de Coquimbo, Tabla de contenidos, requerimiento en procedimiento Monitorio en contra de la imputada nombre reservado. Sentencia condenatoria y sobreseimiento; 8.- Copia del contrato de trabajo de doña nombre reservado como profesora General Básica del colegio recurrido, de carácter indefinido; 9.- Copia de la Resolución N° 03/2023 de esta Rectora nombrando comisión investigadora sobre denuncias recíprocas entre la docente nombre reservado y nombre reservado sobre violencia, acoso y hostigamiento y resolución de la comisión investigadora de 20 de marzo de 2023; 10.- Comunicado de Rectoría a la comunidad escolar del colegio recurrido con motivo de los hechos que afectaron a la docente nombre reservado y vulneración de la seguridad del colegio al interior de sus dependencias.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, como se advierte de las alegaciones de las partes, el presente recurso dice relación con asegurar el derecho a la educación de una adolescente y, en tal sentido, la Carta Fundamental asegura debidamente el goce del tal derecho, a través de normativa de menor rango.

SEXTO: Que, en efecto, el artículo 9° de la Ley N° 21.430, dispone “Artículo 9.- Fortalecimiento del rol protector de la familia. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad y la primera encargada de brindar protección a los niños, niñas y adolescentes, de su cuidado y su educación. Es deber del Estado dar protección a la familia y propender a su fortalecimiento, de manera de otorgarle a los padres y/o madres y cuidadores las herramientas necesarias para el ejercicio de su función.

El ejercicio de los derechos establecidos en el presente Título II deberá considerar el derecho preferente y el deber de los padres y/o madres de educar a sus hijos, según lo establece la Constitución Política de la República”.

Por su parte, el artículo 41 del mismo cuerpo legal, prescribe que “Artículo 41.- Derecho a la educación. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser educados en el desarrollo de su personalidad, aptitudes y capacidades hasta el máximo de sus posibilidades. La educación tendrá entre sus propósitos esenciales inculcar al niño, niña o adolescente el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como el respeto de sus padres y/o madres, de su propia identidad cultural, de su idioma, sus valores y el medio ambiente.

El Estado garantizará la educación parvularia, para lo que financiará un sistema gratuito a partir del nivel medio menor, destinado a asegurar el acceso a éste y a sus niveles superiores.

La educación básica y la educación media son obligatorias. El Estado deberá financiar un sistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ellas de toda la población.

El Estado garantizará, en el ámbito de sus competencias y conforme a sus atribuciones y medios, una educación sexual y afectiva integral, y velará por que los establecimientos educacionales otorguen el debido respeto a la diversidad étnica, cultural y religiosa de los niños, niñas y adolescentes, así como por promover ambientes educativos libres de violencia, maltrato y bullying.

Los órganos de la Administración del Estado competentes tomarán todas las medidas necesarias para que ningún niño, niña o adolescente sea excluido del sistema educacional o vea limitado su derecho a la educación por motivos que puedan ser constitutivos de discriminación arbitraria.

Es deber del Estado asegurar, en el ámbito de sus competencias y conforme a sus atribuciones y medios, a todos los niños, niñas y adolescentes una educación inclusiva de calidad. Asimismo, es deber del Estado promover que se generen las condiciones necesarias para el acceso y permanencia de los estudiantes con necesidades educativas especiales en establecimientos de educación regular o especial, según sea el interés superior del niño, niña o adolescente, de conformidad con lo dispuesto en el decreto con fuerza de ley Nº 2, de 2009, del Ministerio de Educación.

Es deber del Estado garantizar el ingreso al sistema educacional o su continuidad en él, según corresponda, a los niños, niñas y adolescentes que estén temporal o permanentemente privados de su entorno familiar.

Las medidas pedagógicas y disciplinarias que puedan adoptarse en conformidad a la ley y los reglamentos, respecto de los niños, niñas y adolescentes en el contexto de la actividad educacional, deberán siempre basarse en un procedimiento que garantice el pleno respeto de sus derechos y ser compatibles con los fines de la educación y con la dignidad del niño, niña o adolescente.

En ningún establecimiento se podrá negar la constitución y funcionamiento de los centros de alumnos u otra forma de asociación y organización, en conformidad a la ley y al proyecto educativo del respectivo establecimiento. Asimismo, los reglamentos escolares deberán ajustarse a la legislación vigente y a las obligaciones legales emanadas de los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes.

Los órganos de la Administración del Estado deben poner especial atención en prevenir y, en su caso, detectar los casos de no escolarización, absentismo y abandono escolar, y deben adoptar de forma coordinada las medidas necesarias para la más pronta restitución del derecho a la educación, mediante los correspondientes protocolos”.

SEPTIMO: Que, como se observa de las normas legales previamente transcritas, en este país, por mandato Constitucional, existe una oferta educativa múltiple, que va desde el sistema público al privado, debiendo optar los ciudadanos por un establecimiento que se adecue a sus preferencias y a su situación particular, no resultando admisible que se imponga a un colegio particular pagado, que tiene requisitos propios y particulares de admisión –lícitos a la luz de la libertad de enseñanza que consagra la misma Constitución- admitir como alumno a quien no cumple con los mismos, dentro de los cuales está naturalmente el pago de la colegiatura.

En consecuencia, no hay acto ilegal o arbitrario, pues no hay negativa a matricular a la alumna; la negativa se ajusta al convenio celebrado entre las partes y la posibilidad de acceder a la educación debe ser buscada en alguna de las otras modalidades que el Estado asegura. Por ende, en este caso ni el Estado ni la recurrida han privado o vulnerado su derecho a la educación de la adolescente en favor de quien se recurre, ni ninguna de las otras garantías que se invocan en el recurso.

OCTAVO: Que, además, de los instrumentos que se acompañan al informe evacuado se advierte que la recurrida ha dado respuesta a las solicitudes de la apoderada de la actora, indicándose los procedimientos para acceder a becas y la imposibilidad de otorgar beneficios en base a los reglamentos que rigen al establecimiento y a los cuales se obligaron los padres de la adolescente al momento de matricularla en el mismo, lo cual abona al rechazo de la acción.

NOVENO: Que, por último, de los antecedentes incorporados en la tramitación digital de la presente causa, en particular, del propio tenor del recurso y del informe evacuado, aparece como una circunstancia no controvertida –por el contrario, expresamente reconocida por el recurrente- que el apoderado de la adolescente en favor de quien se recurre no ha pagado la deuda correspondiente a la colegiatura del año 2023, por lo que en concepto de estos juzgadores no existen derechos amagados que puedan ser amparados por esta vía, circunstancia que, sumada a los argumentos expuestos en los considerandos que anteceden, determina el rechazo del arbitrio, y así precisamente se declarará en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se resuelve que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por Luis Eduardo Battaglia Castillo, en beneficio de nombre reservado, en contra de la Fundación Educacional The Internacional School La Serena.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 207-2024 (Protección).-