INVERSIONES C Y F LIMITADA con INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE LA SERENA

Inversiones C Y F Limitada Inspección Provincial Del Trabajo De La Serena Recurso de protección Rol N° 206-2025 La Serena, seis de marzo de dos mil veinticinco.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, a folio 1, comparece don Diego Mardones Zamora, abogado, en representación judicial de Inversiones C y F Limitada, quien interpone recurso de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de La Serena, representada por doña nombre reservado, por la dictación de la Resolución de Multa N°8379/24/22 de fecha 3 de abril de 2024 y la resolución que rechazó un recurso de revisión de ésta dictada el 30 de enero de 2025, lo que vulnera las garantías establecidas en el artículo 19 N°3 y 24 de la Carta Fundamental.

En efecto explica que desde la constitución de la sociedad Inversiones C y F Limitada y hasta la fecha el único socio que representa a la sociedad Inversiones C y F Limitada es don nombre reservado y que el proceso de de fiscalización que dio origen a la multa se habría notificado al correo electrónico correo reservado el 20 de marzo de 2024, el cual jamás ha estado vinculado a la empresa recurrente, dando cuenta de una Certificación de Página Web del Notario Suplente don Osvaldo Manthey Pinto de la Primera Notaría de La Serena. Expone que dicha empresa no tiene registrado correo electrónico alguno en la Inspección del Trabajo por lo que la recurrida debió notificar personalmente o por carta certificada del procedimiento de fiscalización, lo que nunca ocurrió.

Que lo anterior lleva al que se tramitará un procedimiento administrativo Ah no malo y sin el cumplimiento de las formalidades básicas del debido proceso que impidió a la recurrente ejercer adecuadamente su derecho a defensa culminando en la multa desproporcionada e improcedente.

Da cuenta que se interpuso un recurso extraordinario de revisión ante la Dirección Regional Del Trabajo De Coquimbo, la que por Resolución Exenta N° 400-2631/2025, rechazó el recurso estimando que la notificación efectuada al correo electrónico mencionado constituye un emplazamiento válido del recurrente, dando cuenta que, no obstante, dicha resolución se notificó a un correo electrónico diverso, lo que refleja de que las comunicaciones se realizaron de manera antojadiza y arbitraria a diferentes correos electrónicos.

Expone que al no haber sido válidamente notificado de la fiscalización que originó la multa en cuestión, fue vulnerado su derecho de igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos consagrado en el artículo 19 número 3 de la carta fundamental, dando cuenta que la multa aplicada es desproporcionada, lo que también vulnera el derecho de propiedad, observando que a la época en que ocurrieron los hechos la empresa recurrente contaba con no más de siete trabajadores, por lo que debió aplicarse los parámetros establecidos en el artículo 505 bis del Código del Trabajo, esto es, el estatuto de una microempresa para los efectos de aplicación de multa, por lo que esta debió ir en un rango de 1 a 5 Unidades Tributarias Mensuales y no la que se impuso ascendente a 26,73 Ingresos Mínimos Mensuales, equivalentes a $7.925.740.- Por lo expuesto pide acoger el recurso y ordenar que la recurrida deje sin efecto la multa N°8379/24/22 y su cumplimiento, con costas.

Acompaña los siguientes documentos: Solicitud de documentos a la Inspección Provincial del Trabajo de La Serena de fecha 30 de diciembre de 2024; 2) Informe de fiscalización 0401/2024/254, en relación a la Resolución Multa N° 8379/24/22, notificaciones y citaciones emitidas por la Inspección Provincial del Trabajo de La Serena; Certificaciones de Página Web del Notario Suplente Osvaldo Manthey Pinto, que acreditan la ausencia de vinculación entre la dirección de correo notificada y la empresa; 4) Escritura de constitución de la sociedad Inversiones C y F Limitada; 5) Resolución Exenta N° 400-2631/2025 dictada por el Director Regional de la Dirección del Trabajo Coquimbo; 6) Certificado de inscripción de la sociedad en el Registro de Comercio; 7) Certificado de representante legal de la sociedad.

SEGUNDO: Que, informa el recurso doña Karem González Rojo, abogada, en representación de la Inspección Provincial del Trabajo de La Serena, solicitando el rechazo del recurso con costas.

Señala que la fiscalización que dio origen a la Resolución de Multa que por este acto se recurre se originó a raíz de una denuncia de ocultamiento de accidente laboral ocurrido el 19 de febrero de 2024.

Da cuenta que la fiscalizadora concurrió el 19 de marzo de 2024 al lugar de trabajo descrito en la denuncia, sin embargo no logró recabar información suficiente que permitiera ubicar a la empresa fiscalizada, ni a su representante, por lo que revisó el registro de correos electrónicos de empleador que tiene la dirección del trabajo verificando que la empresa recurrente registraba el correo electrónico: correo reservado, el cual había sido ingresado el 27 de octubre de 2021, por lo que se conforme a lo dispuesto en el artículo 508 del Código del Trabajo se notificó a la empresa el inicio del procedimiento de fiscalización requiriéndose información.

Da cuenta que la empresa no respondió al requerimiento por lo que no fue posible realizar la fiscalización generada por la denuncia y atendida la infracción, se cursó una sanción mediante la Resolución de Multa N°8379/24/22, por 27,73 ingresos mínimos mensuales.

Señala que antes de notificar la resolución de multa nuevamente se revisó el registro del correo electrónico de la empresa, manteniendo la misma casilla de correo electrónico al 7 de mayo del 2024 procediendo a notificar la resolución de multa.

Da cuenta que la empresa recurrente en enero del 2025 presentó ante la Dirección Regional Del Trabajo un recurso extraordinario de revisión argumentando que la fiscalización se realizó sin el debido emplazamiento el cual fue rechazado, indicando que posteriormente, en la tramitación del recurso de revisión, se verificó que la empresa había actualizado su correo registrado a correo reservado, por lo que la notificación final se envió a dicho correo.

Sostienen la legalidad del procedimiento de fiscalización y de la multa impugnada, citando lo dispuesto en el artículo 508 del Código del Trabajo y que no resulta procedente acoger la alegación del recurrente en orden a que se debió realizar una notificación personal o por carta certificada, toda vez que en las fechas en que se realizaron las notificaciones, la empresa sí tenía un registro de correo electrónico en la página web de la recurrida y sin que conste que la empresa hubiese solicitado ante ese servicio una forma de comunicación diversa al correo electrónico.

Agrega que la certificación ante el notario público acompañado por la recurrente es parcial e incompleta, y que no reúnen la suficiencia para desvirtuar el registro de correos electrónicos que ha realizado la empresa desde el 2021. En cuanto al monto de la sanción aplicada señala que se encuentra ajustada al rango dispuesto por el artículo 32 del DFL Nº 2, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Asimismo, hace presente la presunción de veracidad de los hechos constatados por el fiscalizador conforme a lo dispuesto en el artículo 23 de la norma recién citada.

Por todo lo expuesto alega la ausencia de una ilegalidad o arbitrariedad en el actuar de la dirección del trabajo, argumentando que el procedimiento de fiscalización y las notificaciones han derivado de un proceso serio y ajustado tanto a la normativa legal como a los procedimientos de ese servicio, actuando dentro de la competencia fiscalizadora y conforme a sus atribuciones legales, dentro de su esfera territorial intentando dar cumplimiento al principio de bilateralidad por los medios legales, sin embargo, dada la falta de respuesta de la empresa, la fiscalización simplemente no se pudo concretar.

Finalmente descarta la vulneración de garantías constitucionales que señala el recurrente y solicita tener por evacuado el informe, rechazando el recurso en todas sus partes con costas.

Acompaña los siguientes documentos: Carátula de informe de fiscalización e investigación de accidente de trabajo N° 0401/2024/254, de 03.04.2024. Resolución de Multa N° 8379/24/22 y correo electrónico de notificación. Consulta de Actualización de Datos Mi DT de la empresa Inversiones C y F Limitada. Correo electrónico de notificación de inicio de procedimiento de fiscalización. Formulario FI-1: Notificación de inicio de fiscalización. Formulario FI-4-1: Anexo de requerimiento de documentación. Formulario FI-2: Antecedentes verificados en la fiscalización.

TERCERO: Que, el recurso de protección constituye una acción de naturaleza cautelar que tiene por objeto amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales y derechos establecidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarias que vulneren el ejercicio de estos, mediante la adopción de medidas cautelares inmediatas destinadas a restablecer el imperio del derecho.

Que, de lo antes expresado, aparece como requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a la ley, o arbitrario, producto de mero capricho de quien incurre en él, que afecte una o más de las garantías protegidas.

Sobre el punto, la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

CUARTO: Que a través del presente arbitrio se reclama respecto de la Resolución de Multa N°8379/24/22 de 3 de abril de 2024 y posteriormente rechazó el recurso de revisión deducido por la empresa recurrente y que mantuvo el cobro de 26,73 Ingreso Mínimo Mensual (IMM), equivalente a $7.925.740, alegando que dicha resolución es arbitraria e ilegal, toda vez que su representada nunca fue debidamente notificada del procedimiento de fiscalización ni de la resolución de multa, ya que las comunicaciones fueron enviadas a un correo electrónico ajeno a la empresa.

QUINTO: Que la recurrida sostiene la legalidad del proceso de fiscalización y de la aplicación de multa, dando cuenta que la recurrida efectivamente tenía registrado un correo electrónico en la página web de la Dirección del Trabajo en conformidad a lo dispuesto en el artículo 508 del código del ramo, arguyendo que es de cargo del usuario la revisión y actualización del mencionado registro, descartando en consecuencia la existencia de una actuación ilegal y arbitraria y una vulneración a las garantías fundamentales que señala el recurrente.

SEXTO: Que delimitado sustrato fáctico de la discusión, aparece que la alegación planteada en el libelo escapa al ámbito de competencia de este recurso, toda vez que para acoger la presente acción debe constatarse el carácter preexistente e indiscutido de un derecho afectado, condición que no se verifica en este caso desde que el derecho cuya protección se busca por esta vía no tiene el carácter de indubitado, pues lo esencial del asunto, esto es, si hubo una errónea o falta de emplazamiento del demandado en el proceso de fiscalización llevado a efecto por la recurrida, es una cuestión que se encuentra controvertida conforme a las alegaciones de las partes.

SÉPTIMO: Que, de lo expuesto, aparece que no es esta la vía idónea para conocer y resolver una materia que resuelta ser propia de un juicio de lato conocimiento, en donde, conforme a los procedimientos legales establecidos al efecto, las partes puedan hacer valer sus pretensiones y rendir todas las pruebas que estimen convenientes para lograr el establecimiento de sus pretendidos derechos.

OCTAVO: Que, así las cosas, la presente acción cautelar escapa al ámbito de competencia de este recurso, por no existir derechos indubitados y no ser la vía idónea para el conocimiento de la controversia planteada por el actor, por lo que el presente recurso sólo puede ser rechazado, según se dirá a continuación.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por Inversiones C y F Limitada en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de La Serena.

Notifíquese, regístrese y archívese.

Rol N°206-2025