Protección contra Servicio Nacional de Migraciones dependiente del Ministerio del Interior y Segur

nombre reservado

Servicio Nacional de Migraciones Recurso de Protección Rol N° 206-2023.- La Serena, nueve de marzo de dos mil veintitrés.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, con fecha dieciséis de febrero de dos mil veintidós comparece nombre reservado, de nacionalidad Venezolana, interponiendo Acción de Protección de garantías constitucionales en contra del Servicio Nacional de Migraciones dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile, por la omisión ilegal y arbitraria en la negación de la autoridad administrativa en poder presentar su solicitud de refugio y en la solicitud de requisitos ilegales, por impedir dicha omisión el principio de igualdad ante la ley, conforme lo preceptuado en el artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política de la República, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 27 de Ley 19.880.

Expone que ingresó a chile por paso no habilitado junto a su madre ELSA, en fecha 18 de diciembre de 2021.

Refiere que en fecha 12 de enero siendo las 9:00 horas se procedió a solicitar audiencia con un funcionario de migración, en la plaza de armas de Coquimbo, frente a correos de chile, sede de migración Coquimbo, donde una funcionaria procede a otorgar una cita para formalizar la solicitud de refugio dándoles como fecha para el encuentro a su persona el 04 de febrero del año 2022, y a su madre el 17 de marzo del mismo año; en dicha audiencia la funcionaria exhorto a ambos a realizar la autodenuncia, situación que según ella ayudaría en la solicitud de refugio.

Añade que en fecha 13 de enero se procedió a realizar la autodenuncia ante la página web de la PDI.

Luego, en fecha 04 de febrero de 2022, procede a ir a su cita en migraciones, sin embargo, debido a un cuadro gripal, no lo atienden, pero le dejan fecha abierta para ir cuando este mejor y realizar su entrevista.

En fecha 11 de febrero se comunican vía telefónica, en funcionario de nombre Javier, quien le indica que la cita del 17 de marzo referente a la solicitud de refugio por parte de su madre no se podía llevar a cabo debido a que no tenían el carnet de infractor que otorga la PDI, producto de la autodenuncia a través de su página web, al mismo tiempo y debido a que se encontraba en la misma situación, le indicó que tenía fecha abierta para ir a su cita pero que tampoco posee el carnet de infractor, solo la solicitud de autodenuncia como comprobante de haber iniciado el trámite, sin embargo, su respuesta fue la misma que ese carnet de infractor era un requisito indispensable para la solicitud de refugio, sin él no había posibilidad de atención.

En esa misma fecha vía telefónica, al 56958147910, numero activo en ese momento, se indicó que debían contactar a la PDI para que ellos les dieran el carnet de infractor y continuar con el trámite de solicitud de refugio.

En fecha 11 de febrero se le escribe a la PDI al correo correo reservado correo reservado donde se le solicita información acerca de lo indicado por migraciones de Coquimbo, y se adjuntan pantallazos sobre las solicitudes realizadas ante la página web de la PDI, y donde estos responden “…la PDI no es la encargada en realizar la entrega o solicitud o cualquier trámite referente a las visas…” continua diciendo “…respecto a la autodenuncia … debe realizarla en la página web www.PDICHILE.cl …”.

En la misma fecha vista las informaciones, y tomando en cuenta la situación se procedió a contactar a ACNUR chile, mediante su línea telefónica, quienes indicaban que el carnet de infractor no era un requisito indispensable como lo decían en migraciones Coquimbo, de hecho era contraproducente e incompatible la solicitud de refugio y la autodenuncia puesto que uno busca protección del país en que se solicita y el otro busca una medida administrativa de expulsión como consecuencia de la infracción al ingresar por paso no habilitado.

En fecha 14 de marzo es contactado por una abogada de ACNUR quien en pocas palabras le indico que migraciones mailto:correo reservado mailto:correo reservado estaba en lo correcto al solicitarle ese carnet de infractor situación que lo dejaba ante la imposibilidad de recurrir a este servicio porque la asesoría negligente de esta persona le desmoralizaba con su respuesta, misma respuesta del servicio de migraciones Coquimbo.

Debido a los altos costos de los recursos judiciales para hacer valer sus pretensiones, no tuvo opción que esperar, hasta noviembre del año 2022, cuando después de 4 registros de autodenuncias presentadas por su persona a través de la página web, le conceden cita para ir a retirar el carnet de infractor, que, aunque incompatible con su solicitud de refugio, insistían en migraciones Coquimbo que sin eso no me podían atender y formalizar la solicitud de refugio.

En fecha 23 de noviembre del año 2022, procede a dirigirme a la sede de migraciones Coquimbo, se entrevista con una funcionaria de esa sede, y se le informa de tres de dos opciones debido a su situación migratoria. La primera tiene que ver con salir del país por Avión e ingresar con visa de trabajo, solicitando un permiso previo de 15 días; el segundo una carta al viceministro del interior solicitando una regularización judicial, resalta que cuando le comentó que iba a solicitar refugio, se le indico que esa opción no estaba sobre la mesa, no calificaba para ella para esa solicitud así que no podía.

En esa misma fecha le comunicó que ella debía expedirme la solicitud y que finalmente era un comité el que resolvería si me negaba o no la solicitud, porque le parecía que estábamos en una fase de pre-admisibilidad que la ley no contempla.

Destaca que atendido al permanente perjuicio que reporta la omisión recurrida, es que nos encontramos encuentro dentro del plazo, ya que la omisión al día de hoy es de carácter permanente. Además, acompaña antecedentes de facto que hasta la fecha de presentación de esta acción se sigue sin haber respuesta o avance alguno respecto de su solicitud para convertirse en solicitante de refugio, negando su derecho a esta petición legal.

Agrega que las garantías y derechos constitucionales que resultan afectados lo son por la omisión arbitraria e ilegal por parte de recurrido en el excesivo tiempo de tramitación en dar respuesta, y entrega de una solución para poder presentar su solicitud de refugio, ya han transcurrido años sin que la autoridad administrativa se haya pronunciado desde la solicitud e inclusive con los reclamos.

Invoca la garantía constitucional del artículo 19 Nº 3 de nuestra Constitución, esto es, la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos.

Por estas consideraciones solicita conceder el remedio solicitado y, en general, adoptar todas las demás medidas que se estimen necesarias para esos efectos, con expresa condenatoria en costas.

Acompañados copia de antecedentes personales y fundantes.

SEGUNDO: Que, evacuó informe nombre reservado

Toro, abogado de la Dirección Regional de Coquimbo del Servicio Nacional de Migraciones.

Expone que el recurrente ingresó al territorio nacional por pasos no habilitado. Aduce que este es un antecedente relevante, pues, la forma de ingresar al territorio nacional es mediante pasos habilitados, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la ley 21.325.

En ese sentido, La ley 20.430, que establece disposiciones sobre protección de refugiados, establece en su artículo 6° el principio de no sanción por ingreso clandestino, siempre que el infractor se presente dentro de los diez días siguientes de cometida la infracción ante la autoridad, alegando una razón justificada.

Respecto de los requisitos para la formalización de solicitudes de refugio, el artículo 8° del Decreto N° 837 (Reglamento de la Ley N° 20.430) expresa que los extranjeros que hubieren ingresado irregularmente al país o cuya residencia actual fuere irregular y deseen formalizar una solicitud de refugio, deberán presentarse ante la autoridad migratoria correspondiente, dentro de los 10 días siguientes de producida la infracción, alegando una razón justificada para ello.

Señala que es importante tener presente que las disposiciones previamente mencionadas de la normativa de refugio se encuentran vigentes y en armonía con lo establecido en el artículo 31 de la Convención de Ginebra de 1951.

Precisa que esta condición de presentarse ante la autoridad en el plazo de 10 días es legal y se materializa, en la práctica, en el documento denominado “tarjeta de extranjero infractor” emanado de la Policía de Investigaciones de Chile, instrumento que acredita fehacientemente que el extranjero ha cumplido con lo dispuesto en los art. 6° de la ley 20.430, y 8° de su reglamento.

Indica que en lo tocante a la formalización de una solicitud de refugio es importante considerar, además, lo establecido en el artículo 26 de la ley 20.430, norma relacionada con lo señalado en los artículos 35 y 36 del reglamento de refugio. A su vez, Lo anteriormente expresado se encuentra en armonía con lo dispuesto en el art. 14 de la ley 20.430 y en el art. 18 de su reglamento. En ese mismo sentido, el artículo 2º de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, suscrita en Ginebra con fecha 28 de julio de 1951.

Destaca que, al haber ingresado el extranjero al territorio nacional por un paso no habilitado, eludiendo el control de las autoridades contraloras de fronteras, su situación migratoria es irregular, al no haber cumplido con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 21.325 y por no mantener un permiso de residencia vigente que autorice su permanencia en Chile. Lo anterior resulta particularmente relevante, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 35 del Decreto N° 837 de 2010, que aprueba el Reglamento de la Ley N°20.430, de refugio y el inciso primero del artículo 8° del Reglamento de la Ley de Refugio —al que alude la norma citada.

Señala que esa autoridad guarda un estricto y completo registro de todas las atenciones de extranjeros que realiza, lo que queda de manifiesto en el hecho que, cada vez que esta Corte ha requerido informar sobre antecedentes migratorios de personas que efectivamente han realizado presentaciones ante esta Dirección, se han aportado todos los antecedentes disponibles sobre la fecha de atención y respuesta otorgada.

Consultadas las funcionarias del área de Refugio y Reasentamiento de esta Dirección Regional de Iquique del Servicio Nacional de Migraciones acerca de los hechos fundantes de la presente acción de protección, y revisados los registros de atención de usuarios del área de refugio, es posible informar lo siguiente; el recurrente fue atendido el día 24 de noviembre de 2022. Al momento de ser atendido, manifestó libre y espontáneamente que había ingresado clandestinamente al territorio nacional y que quería regularizar su situación migratoria en el país. En atención a lo indicado por el propio recurrente, se le entregó información para regularizar su situación migratoria conforme a la vía establecida en la ley, esto es, mediante una solicitud de regularización ante el Subsecretario del Interior, quien es la única autoridad administrativa facultada para regularizar el ingreso de los extranjeros y concederles visa tras dicha regularización, según lo dispuesto en el artículo 155 N° 8 y N° 9 de la Ley 21.325.

Además se señala que vino para solicitar refugio y se comprometió a venir nuevamente con los antecedentes necesarios para poder acompañarlos en el formulario de formalización de solicitud de refugio. No existe ningún funcionario del área de refugio con nombre JAVIER. No se hacen llamados para agendar entrevistas de refugio, solamente atención presencial y por orden de llegada. No es cierto que existe un examen de pre admisibilidad y negación de atención o rechazo por no tener carnet infractor, se atienden con o sin dicho documento. A la fecha de redacción del informe, no ha concurrido a esa Dirección Regional de Coquimbo del Servicio Nacional de Migraciones con los documentos que se comprometió a traer para formalizar su solicitud de refugio, por tanto, hubo una manifiesta falta de interés del extranjero en dicho procedimiento. Hace presente que NO ES UN RECHAZO a su solicitud, ni existe dicho RECHAZO a su solicitud. Hace presente que esa autoridad no ha decretado alguna medida de abandono, de expulsión o alguna sanción de cualquier naturaleza en contra del recurrente.

Además, y sin perjuicio de lo señalado respecto a la manifestación de su intención de regularizar su estadía en el país, en el caso de este recurrente, no se pudo constatar que había dado cumplimiento a lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 8° del reglamento de refugio, toda vez que solo portaban el comprobante de recepción de declaración de ingreso clandestino, otorgado vía correo electrónico por la Policía de Investigaciones de Chile, y no la tarjeta de extranjero infractor.

Hace presente que las normas de Refugio no contemplan dicha institución como una vía para regularizar la situación migratoria en que se pueda encontrar un extranjero en el país, sino como una instancia migratoria reservada para casos graves en que una persona —o su familia— se encuentre sujeta a un riesgo o amenaza evidente a su vida u otros derechos fundamentales, que exige que deba recurrir a la protección de un tercer Estado, de acuerdo a los casos mencionados en el artículo 2° de la Ley N° 20.430.

En tal sentido, lo manifestado clara, libre y espontáneamente por el extranjero recurrente al momento de presentarse en las oficinas del Servicio permite descartar alguna necesidad de protección internacional que diga relación con la institución del refugio, circunstancia que no puede ser soslayada por el funcionario encargado de brindarles la atención.

Así las cosas, y de acuerdo con lo expuesto, no ha existido acción u omisión ilegal o arbitraria alguna por parte de la administración en relación a los hechos mencionados en el recurso, limitándose la autoridad a dar aplicación a las normas legales y reglamentarias vigentes, velando por el cumplimiento de los requisitos legales y entregando a los extranjeros la información acerca de la vía establecida en la ley para regularizar su situación migratoria, de acuerdo con lo manifestado libre y espontáneamente por ellos.

De esta manera se puede apreciar que la actuación de ese Servicio y de sus funcionarios no es arbitraria ni ilegal, pues se ajusta tanto a la normativa nacional como internacional en materia de refugio.

Por estas consideraciones solicita rechazar la acción de protección intentada en todas sus partes, por cuanto de acuerdo a lo expuesto respecto de los recurrentes de autos, ya individualizados, no es posible desprender que exista un acto u omisión ilegal o arbitrario, que resulte en la privación, perturbación o amenaza del legítimo ejercicio de alguno de los derechos tutelados por la acción constitucional de protección, no siendo procedente por ende que su parte sea condenada en costas.

Acompaña los siguientes documentos: 1. Copia de escritura pública de mandato judicial Repertorio NUM000, otorgada ante la Notaría de Coquimbo, de don nombre reservado

nombre reservado; 2. Publicación de Resolución Exenta N°50.422, de fecha 9 de junio de 2022, del Director Nacional del Servicio Nacional de Migraciones en el Diario Oficial del día 22 de junio de 2022.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, atendido el mérito de los antecedentes, en particular, del informe evacuado por la recurrida y de lo expuesto por su apoderado en audiencia, aparece como una circunstancia no controvertida el hecho de haber concurrido el actor a dependencias de la denunciada, manifestando su intención de formalizar una solicitud de refugio, no habiéndose recibido a tramitación tal solicitud y requiriéndose antecedentes no disponibles en tal oportunidad para el actor.

Estiman estos juzgadores que el proceder previamente descrito escapa de la servicialidad a la que es obligado el Estado en virtud de lo dispuesto en el artículo 1° de nuestra Carta Fundamental, resultando por tanto la omisión en la cual ha incurrido la denunciada ilegal y arbitraria, toda vez que no existe razón ni disposición legal o reglamentaria alguna que le permita obrar en los términos expuestos, circunstancia que se erige como una vulneración de la garantía constitucional de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política del Estado, desde el momento en que el recurrente, con los actos denunciados, ha quedado en una situación diversa respecto de otros solicitantes de refugio que han podido tramitar sus solicitudes sin demora, todo lo cual amerita acoger la presente acción, en los términos que se indicarán en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile, y en consecuencia se dispone que la recurrida deberá citar a la brevedad al recurrente, a fin de hacerle entrega de los formularios y antecedentes necesarios para formalizar su solicitud de refugio, debiendo admitir la misma a tramitación.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol N° 206-2023 (Protección).-