nombre reservado con SUPERINTENDENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL (SUSESO)

nombre reservado, nombre reservado

Superintendencia de Seguridad Social Recurso de Protección Rol N°2057-2023.

La Serena, cinco de octubre de dos mil veintitrés.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el cuatro de septiembre de dos mil veintitrés comparece MATÍAS VALENZUELA FARÍAS, abogado, en representación de nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL (SUCESO).

Expone que su representado se encuentra en tratamiento psiquiátrico y psicológico siendo diagnosticado con Trastorno Depresivo/Ansioso severo, presentando como signos de dicho diagnóstico abulia, anhedonia, hipertimia, displacentera hacia la angustia/tristeza, insomnio y manifiesta ideas de minusvalía y desesperanza. Señala que los síntomas que y enfermedades que padece su representado nacen a consecuencia de un acto de vulneración de derechos que sufrió su hija la adolescente nombre reservado, respecto de quien se encuentra en tramitación la causa de Medida de Protección P-400-2022 del Juzgado de Familia de Illapel, la cual nace por parte denuncia que realiza la hija de su representado en donde su progenitora amenazó con incendiar el inmueble con la adolescente en su interior.

Así, su representado mantuvo tratamiento médico consistente en Escitalopram 20mg; Seroquel 25 mg; Neuroval 5 mg.

Añade que a consecuencia de los hechos antes denunciados su representado no pudo volver a desarrollar su actividad lucrativa en el sector minero, dado que le fue otorgada licencia médica respecto a los periodos de enero, febrero y marzo del año 2023 las cuales fueron rechazadas por la COMPIN y posteriormente conociendo del recurso de apelación la SUSESO confirmó el rechazo.

Precisa que consta en resolución exenta N° R-01-IBS-103390-2023, de fecha 07 de agosto del año 2023 dictada por la Superintendencia de Seguridad Social, el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo correspondiente al año 2023, por reposo no justificado.

Señala que la decisión de la SUSESO en caso alguno se ajusta al mérito del proceso, toda vez que su representado acompañó diversas certificaciones, informes médicos que indicaban que su patología y enfermedad continuaba.

Lo cierto es que de los antecedentes de autos, en particular la Resolución Recurrida N° R-01-IBS-103390-2023, dictada con fecha de 07 de agosto del año 2023, no se da cuenta de que la decisión adoptada por la recurrida se haya apoyado en un elemento de convicción que le avale, es decir, no existe siquiera un factor objetivo para el rechazo de las licencias médicas en comento, sino que más bien, el dictamen demuestra la carencia de la resolución sin señalar los motivos por los cuales se priva de la licencia médica a su representado, en consecuencia no ofrece los elementos de juicio necesarios que permitan comprenderla y entender la razón por la cual se le niega el derecho a su reposo prescrito.

Así, la actuación ilegal y arbitraria dice relación con que la conducta del organismo no se ajustó a la perspectiva que gobierna la cuestión, pues, no ha decretado nuevos exámenes o disponer de una evaluación médica con el propósito de esclarecer la condición de su representado, sino que más bien, a pesar de que le fueron presentado y acompañados todos los antecedentes que fundamentaron las licencias médicas emitidas, solo otorga un argumento genérico para fundar su rechazo.

Sostiene que la actuación de la recurrida ha infringido y vulnerado los derechos de su representado señalados en los artículos:

1. 19 N° 1, esto es el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona.

2. 19 N° 2, esto es, la igualdad ante la Ley, toda vez que el actuar de la recurrida ha implicado en los hechos una discriminación respecto en su trato, en atención a que demás personas en igualdad de condiciones están haciendo uso de su derecho que le otorga la ley.

3. 19 N° 24, en atención a que su representado se ha visto privado del pago legítimo de sus licencias médicas es que se ha afectado a no percibir un sustento que le permita solventar sus necesidades.

Por estas consideraciones solicita se deje sin efecto la resolución recurrida y en consecuencia se autorice y ordene el pago de las licencias médicas rechazadas a su representado don nombre reservado, lo anterior, con expresa condena en costas.

Acompaña los siguientes documentos: 1. Resolución Exenta N° R-01-IBS-103390-2023, de 07 de agosto de 2023; 2. Certificados médicos de Centro Médico Vida Plena de Illapel; 3. Parte de denuncia de causa Rit P-400-2022 del Juzgado de Familia de Illapel; 4. Licencia Médica correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo del año 2023.

SEGUNDO: Que, evacuó informe TOMÁS GARRO GÓMEZ, abogado, en representación de la recurrida la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL.

Respecto a la acción de autos interpuesta en contra de su defendida en forma previa a informar respecto de la materia de fondo de la misma, alega su palmaria falta de oportunidad, al haberse interpuesto en forma subsidiaria de las reclamaciones que en su oportunidad se interpusieron ante la COMPIN y posteriormente ante la Superintendencia de Seguridad Social.

En efecto, consta de los antecedentes que obran en el expediente administrativo electrónico, que don nombre reservado, con fecha 3 de marzo de 2023, recurrió ante la superintendencia de seguridad social reclamando en contra de la COMPIN de la Región Metropolitana, por cuanto había confirmó el rechazo de la licencia médica N° RUT reservado, extendida por un total de 30 días de reposo a contar del 4 de enero de 2023, por la causal de orden médico reposo injustificado.

De acuerdo con lo antes expuesto el recurrente tenía conocimiento cierto de la confirmación del rechazo de las licencias médicas que reclama, dispuesto por la COMPIN ya citada, desde que reclamó de ello ante su defendida, a saber, al 3 de marzo del año 2023, sino muchos antes.

A mayor abundamiento, resuelto el referido reclamo mediante en conocimiento de la recurrente mediante Resolución Exenta N° R-01-UNRA-41796-2023, de 29 de marzo del año 2023, esta fue objeto de recurso de reposición con fecha 17 de abril de 2023.

De tal forma, la acción constitucional de autos interpuesta con fecha 4 de septiembre del año 2023, en subsidio de las reclamaciones administrativas, incluido el recurso jerárquico ante la Superintendencia de Seguridad Social, resulta extemporánea, pues se hizo una vez vencido el plazo que se contempla para su ejercicio.

En subsidio de lo anterior, informa respecto al fondo del asunto debatido.

Expone que como consta en el expediente administrativo que acompaña, don nombre reservado, con fecha 3 de marzo del año 2023, recurrió ante la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL reclamando en contra de la COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ (COMPIN) DE LA REGIÓN METROPOLITANA, en cuanto confirmó, en su oportunidad y en ejercicio de sus facultades legales, el rechazo de la licencia médica N° RUT reservado, extendida por un total de 30 días de reposo a contar del 4 de enero de 2023 , por cuanto la referida comisión médica consideró que el reposo otorgado por el médico tratante no se encontraba justificado.

Señala que, con la finalidad de resolver adecuadamente la antedicha reclamación, ese organismo fiscalizador recabó los antecedentes médicos de la COMPIN reclamada, a saber, el maestro o registro histórico de licencias médicas y la cartola médica del Servicio de Salud respectivo remitió los antecedentes médicos del caso de la recurrente. En la referida cartola médica del Servicio de Salud se dejó constancia de las razones del rechazo de las licencias médicas señalando lo siguiente: “...LM 2267 (P): adjunta informe de médico general extra sistema (firma como especialista sin acreditarlo), con fecha del 18-01-23: trastorno depresivo ansioso severo. En tratamiento con escitalopram tiazepam y quetiapina. FPA en 6 m a 1 año. Informe insatisfactorio para justificar la prolongación del reposo más allá de los días previamente autorizados (90), sin GAF, sin demostrar derivación a especialista en psiquiatría o SM de APS. No adjunta otros antecedentes que justifiquen cómo carnet de psicoterapia, exámenes, constancia GES. Se rechaza. ULME Hombre de 36 años, con reposo laboral desde el 05/10/22, por Fxx, indicado por médicos grales particulares que dicen ser psiquiatras, pero no consta en RNPI. Informe médico enviado es muy general e insuficiente para justificar la prolongación del reposo más allá de los 90 días ya autorizados. Sin ingreso a PSM, sin psicoterapia, sin evaluación de psiquiatra, sin GAF, ni otros indicadores de gravedad...”

Pues bien, la Superintendencia de Seguridad Social, previo estudio de los antecedentes médicos del caso por parte de profesionales médicos del Departamento Contencioso de la Superintendencia de Seguridad Social, mediante Resolución Exenta N° R-01-UNRA-41796-2023, de 29 de marzo de 2023, confirmó el rechazo de la licencia médica reclamada. Lo anterior, por cuanto como se señala en el dictamen en comento: “...el reposo prescrito por la licencia médica N° RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes evaluados entre los que se encuentra el maestro histórico de licencias médicas y los informes del médico tratante, no permiten establecer incapacidad temporal más allá del periodo ya autorizado, el cual alcanza a 90 días por la misma patología. No acredita evaluación por psiquiatra, asistencia regular a terapia psicológica ni derivación a programa de salud mental para manejo por equipo multidisciplinario, del cual pudo haberse visto beneficiado precozmente para lograr un reintegro laboral adecuado y oportuno. Los informes médicos no describen el compromiso funcional de los síntomas, su evolución ni ajustes en tratamiento de lo cual se desprenda rol terapéutico del reposo...”

En efecto, revisado el caso por el DR. nombre reservado, Psiquiatra de la Unidad Médica del Departamento Contencioso de la Superintendencia de Seguridad Social, dejó constancia de lo siguiente, tras el estudio del mismo: “...Fundamentos de la resolución: Conclusiones: Comentarios: Médico no especialista. Hombre de 36 años. Con permiso autorizado por 90 días con diagnóstico de F41.2 - Trastorno mixto de ansiedad y depresión. En IMT no describe síntomas de gravedad o incapacitantes que le impidan trabajar, no acredita psicoterapia ni atenciones por psiquiatra. Se rechaza.”

En seguida, don nombre reservado, con fecha 17 de abril de 2023, recurrió nuevamente ante la Superintendencia de Seguridad Social, interponiendo recurso de reposición en contra de la Resolución Exenta N° R-01-UNRA-41796-2023, ya singularizada. Además, en esa oportunidad la ahora recurrente reclamó en contra de la ya citada Comisión Médica toda vez que había confirmado el rechazo de las licencias médicas N°RUT reservado y N° RUT reservado, extendidas por un total de 60 días de reposo, bajo la misma causal de rechazo.

Pues bien, la Superintendencia de Seguridad Social, previo estudio de los antecedentes del caso, por parte de su Unidad Médica, mediante Resolución Exenta N° R-01-IBS-103390-2023, de 7 de agosto de 2023, rechazó el referido recurso, haciendo presente que: “...el reposo prescrito por las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado, el que se estima suficiente para la recuperación de la sintomatología descrita en informes de profesionales tratantes. No hay consistencia entre el cuadro clínico y el rol terapéutico de la extensión del reposo...”.

Destaca que revisado el caso, esta vez por la DRA. nombre reservado, Psiquiatra de la Unidad Médica del Departamento Contencioso de la Superintendencia de Seguridad Social, dejó constancia de lo siguiente, tras el estudio del mismo: “...Fundamentos de la resolución: Solicita autorizar las licencias, presenta trastorno ansioso-depresivo y trastorno del sueño, con crisis de angustia, refiere sufrir situación de violencia intrafamiliar por parte de la ex esposa que ejercía violencia física, violencia emocional, provocó incendio de la vivienda, con pérdida total. Se encuentra en juicio y tutela momentánea de la hija, con visitas frecuentes de instituciones de cuidado de la niña infancia. Sin red de apoyo familiar. Informe médico 18/1/2023; 1/3/2023; 3-14/4/2023 describe paciente con síntomas de apatía, abulia, anhedonia, desesperanza, angustia, reacciones vegetativas, insomnio, inapetencia, alteración de ciclos biológicos. Diagnóstico trastorno ansioso depresivo severo, se inicia psicoterapia cognitivo conductual, escitalopram 10 mg, clotiazepam, quetiapina 25mg. RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UNRA-41796-2023 del 29 / 03 / 2023 rechazó licencia médica N° RUT reservado, extendida por un total de 30 días a contar del 04 de enero de 2023. 90 días autorizados Oficio 25/1/2023 audiencia para cuidado de hija adolescente en coordinación con tía materna, alejamiento de la madre Propongo mantener rechazo, tratamiento mínimo sin modificaciones por médico no especialista, cuidado de hija adolescente aparentemente sana no requiere reposo…”

Por lo tanto, de acuerdo con lo expuesto, no existe actuación ilegal o arbitraria de parte de su defendida la Superintendencia de Seguridad Social, al confirmar por la resolución impugnada, el rechazo de las licencias médicas dispuestos por la COMPIN de la Región Metropolitana y finalmente por la Superintendencia de Seguridad Social.

Conforme a ello, jamás nació a la vida jurídica la prestación pecuniaria (subsidio por incapacidad laboral o remuneración según el caso) que en definitiva solicita la recurrente, como tampoco ningún otro derecho respecto del cual proceda la cautela constitucional de la acción de protección.

Pues bien, en el caso en comento, el recurrente hizo uso de todas las instancias que contempla la normativa a la que se ajusta la autorización, modificación o rechazo de licencias médicas, incluyendo la revisión de la COMPIN y de esa Superintendencia, como institución de fiscalización de tales instituciones de previsión, y se concluyó que no era medicamente procedente la autorización de las licencias médicas cuestionadas, de acuerdo con los antecedentes médicos del caso ya latamente expuestos.

Hace presente que la pretensión del recurrente, en orden a que se le autoricen las licencias médicas y se le pague el subsidio por incapacidad laboral, fuera de no tener fundamento alguno, ciertamente, desborda claramente los límites de aplicación de la Acción de Protección, la que fue pensada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, tal como se colige claramente de la expresión utilizada por el mismo, al disponer en el artículo 20 que ésta es procedente cuando una persona, por un acto ilegal o arbitrario “…sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19…”.

En este caso, claramente, la parte recurrente no es titular del “derecho a licencia médica y del consecuente subsidio por incapacidad laboral”, por cuanto no se ha cumplido los requisitos legales para que éste nazca a la vida del derecho y produzca sus efectos, de tal forma que no reúne la condición de un derecho preexistente, indubitado, cuyo ejercicio resulte legítimo, por el contrario, tras las sucesivas revisiones de la COMPIN y esa Superintendencia se llegó a la conclusión que no era procedente autorizar las licencias médicas que se le extendieron a la recurrente, por las razones latamente expuestas.

Aclarado lo anterior, hace presente que no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, pues como ya se indicó, su representada resolvió, dentro del ámbito de sus competencias, las presentaciones efectuadas por la recurrente, tampoco ha existido vulneración y ni siquiera amenaza de las garantías constitucionales que señala como amagadas.

A mayor abundamiento, hacer presente que la materia sobre la que realmente versa dice relación con un aspecto específico del derecho a la seguridad social, garantía que no está amparada por la acción cautelar que motiva estos autos.

Por estas consideraciones solicita sea desestimado en todas sus partes el recurso, con costas.

Acompaña copias de los antecedentes administrativos que obran en el expediente administrativo, relativo al caso de la parte recurrente de autos y que terminó con la resolución exenta reclamada.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, en cuanto a la alegación de improcedencia de la acción esgrimida por la recurrida Superintendencia de Seguridad Social, fundada en que el artículo 20 de la Carta Fundamental no establece dentro del catálogo taxativo de garantías constitucionales protegidas aquella prevista por el numeral 18 del artículo 19 de la Carta Magna, cabe señalar que si bien es efectivo lo sostenido por la recurrida, no es menos cierto que ello sólo implica que por este acápite no podrá, si correspondiere, ser acogido el presente recurso.

SEXTO: Que, del mismo modo, se desestimará la alegación de extemporaneidad formulada por la denunciada, toda vez que el recurso es claro en cuanto se dirige en contra de la Resolución Exenta N° R-01-IBS-103390-2023 de 07 de agosto del año 2023, la cual constituye el acto terminal del procedimiento administrativo, por lo que habiéndose deducido la acción el día cuatro de septiembre de los corrientes, es que solo cabe concluir que la misma se interpuso dentro del plazo previsto para tales efectos por el auto acordado que rige la materia.

SEPTIMO: Que, en cuanto al fondo, es relevante tener presente que este recurso se erige en contra de la Resolución Exenta N° R-01-IBS-103390-2023, de 07 de agosto del año 2023, por la cual la Superintendencia de Seguridad Social mantiene el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado.

En torno al argumento vertido por la SUSESO, organismo recurrido, al mantener la decisión de rechazar las licencias médicas referidas previamente, aquel gira en torno a la siguiente idea: “...el reposo prescrito por las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado, el que se estima suficiente para la recuperación de la sintomatología descrita en informes de profesionales tratantes. No hay consistencia entre el cuadro clínico y el rol terapéutico de la extensión del reposo...”.

OCTAVO: Que, del mérito de los antecedentes expuestos, no cabe duda que la argumentación otorgada por la recurrida devela la obligación que pesaría sobre la paciente de demostrar la viabilidad de su reposo temporal.

Sin embargo, esta Corte no puede dejar pasar aquella argumentación que, sin duda, pone de cargo de la recurrente, afectada por una patología de salud mental, de buscar uno y otro profesional del área, que sea de confianza de la recurrida y, pagando sus servicios, obtenga un informe que ratifique el diagnóstico otorgado por su médico tratante.

Para el análisis de las licencias, digamos que el Decreto Supremo N°3 del Ministerio de Salud sostiene que “Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico-cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante "el o los profesionales", según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante "Compin", de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante "Seremi", que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en proporción que corresponda.” (Artículo 1).

Luego, el artículo 16 del citado cuerpo normativo regula que “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia.”

Luego, agrega que “Sin perjuicio de lo anterior la Compin, podrá requerir todos los demás antecedentes y exámenes que el Ministerio de Salud ordene solicitar, respecto de aquellas patologías específicas que éste señale, para que la licencia pueda ser visada por períodos superiores a los que esa Secretaría de Estado determine.”

Por su parte, el artículo 24 del mismo texto sostiene, en lo pertinente que, en el caso de que “…sea necesario un nuevo examen del trabajador o solicitar informes o exámenes complementarios para pronunciarse sobre la misma, el plazo se prorrogará por el lapso necesario para el cumplimiento de esas diligencias, el que no podrá exceder de 60 días, decisión que deberá ser comunicada al trabajador y al empleador.”

De todo lo anterior fluye con prístina claridad que el organismo a cargo de pronunciarse sobre las licencias médicas otorgadas al trabajador es quien debe asumir un rol activo en torno al análisis de la viabilidad de las mismas, sin poner de cargo del paciente, afectado por una enfermedad, que sea él quien procure la obtención de antecedentes que avalen el diagnóstico del médico tratante de éste, siendo improcedente, a juicio de estos sentenciadores, esgrimir como argumentos de rechazo la falta de antecedentes aportados por el propio paciente.

Por otro lado, el artículo 11 de la Ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad que rige los procedimientos administrativos, prescribiendo que “la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, para lo cual ordena que los “hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley, los que disponen que una decisión de este tipo, debe ser fundada.

Así, la justificación racional y legal del acto administrativo es una condición de validez del mismo. En consecuencia, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicando al administrado el porqué del acto, su sustento material y juridicidad.

NOVENO: Que, con lo dicho, emana que la argumentación otorgada al paciente por la recurrida escapa a los márgenes de sus facultades y al expreso mandato legal, dejando al paciente en una situación compleja, en que debe ser éste quien procure nuevos exámenes, siendo aquello una obligación que la propia ley pone de cargo del organismo que analiza su contenido, razón suficiente para entender que, la fundamentación de rechazo de las licencias dada en este asunto es carente de sustento fáctico, al no mediar antecedentes obtenidos por la propia institución y que echen por tierra las recomendaciones médicas que las precedieron, resultando insuficiente para estos efectos los informes evacuado por los profesionales de la recurrida, toda vez que los mismos, de acuerdo a su propio tenor, solo se basan en un análisis de la documentación medica acompañada por el actor en sede administrativa, sin haber entrevistado ni evaluado directa y personalmente al afectada.

DÉCIMO: Que, este actuar de la recurrida atenta evidentemente con las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 numerales 1 y 24; la primera, pues dificulta la vida e integridad física; la segunda porque, al no contar con el subsidio de incapacidad laboral, afecta el patrimonio del recurrente, desde que el trabajador, que padece una patología, no cuenta con el dinero proveniente de este ítem, afectando aún más su debilitada salud mental, motivos por los cuales se acogerá el recurso, en los términos que se indicarán en lo resolutivo.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

I.- Que, SE RECHAZA la alegación de improcedencia.

II.- Que, SE RECHAZA la alegación de extemporaneidad.

III.- Que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por MATÍAS VALENZUELA FARÍAS, en representación de nombre reservado, en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL (SUCESO), solo en cuanto se dispone que la recurrida deberá realizar al recurrente todos los exámenes y evaluaciones médicas necesarias para determinar la existencia y eventuales concurrencias de la incapacidad laboral temporal que originó el reposo prescrito por las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, para luego determinar la procedencia de su autorización, a fin de que con dichos resultados proceda –o no- al pago de éstas, según corresponda y determine la autoridad competente, todo ello dentro de un plazo de treinta días hábiles administrativos. En caso que la recurrida no realice el peritaje en el plazo previamente dispuesto, deberá proceder derechamente al pago de las licencias médicas previamente individualizadas.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 2057-2023 (Protección).-