nombre reservado con MINISTERIO DE EDUCACIÓN

nombre reservado

Ministerio de Educación Recurso de Protección Rol N° 2050-2021.- La Serena, veintiséis de enero de dos mil veintidós.

Visto y considerando:

Primero: Que, con fecha dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno comparece Patricia Torres Guerrero, abogada, recurriendo de Protección en favor de don nombre reservado, en contra del Ministerio De Educación.

Expone que don nombre reservado es Profesor de Estado en Historia y Geografía con 40 años al servicio de la Educación Pública, ininterrumpidamente, de los cuales 36 años los sirvió en la Municipalidad de Andacollo. Desde el año 1990 en adelante se ha desempeñado bajo el Estatuto Docente.

Agrega que en septiembre del año 2016 asumió su segundo período como jefe del Departamento de Administración de Educación Municipal, por 5 años (hasta el año 2021). Sin embargo, en marzo de 2018 fue traspasado en el marco de la ley 21.040, al Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera. Señala que junto con otros tres docentes pasaron a conformar lo que se denominó “Planta en Extinción”. Al momento de llegar al SLEP Puerto Cordillera (marzo de 2018) lo hizo como profesional docente de apoyo en la Unidad Técnica Pedagógica.

Destaca que el traspaso del recurrente consta en N° 88 (sic), de 28 de febrero de 2018, que individualiza profesionales de la educación y asistentes de la educación que se desempeñan en los establecimientos educacionales de dependencia de la municipalidad de Andacollo, traspasados al servicio local de Puerto Cordillera y en Decreto 87, de 28 de febrero de 2018.

Agrega que con fecha 03 de junio de 2021 presentó formulario de “Retiro Voluntario Docente” para optar al Bono de Incentivo al Retiro, siéndole comunicado a través de carta certificada, en los primeros días del mes de julio pasado, la Resolución Exenta N°3456, de fecha 15 de junio de 2021, la cual resuelve iniciar procedimiento de invalidación parcial del Decreto Exento N° 87, de 2018, del Ministerio de Educación que aprueba el traspaso del personal que se individualiza, desde la Municipalidad de Andacollo al Servicio Local Puerto Cordillera, según lo dispuesto en el artículo trigésimo noveno transitorio de la ley N°21.040.

Puntualiza que la resolución previamente referida busca invalidar el traspaso en razón y fundamento que don nombre reservado no habría formado parte del personal municipal regido por el Estatuto Docente (en palabras del Decreto N°87) en el tiempo anterior al asumir el cargo de Jefe de Departamento de Educación Municipal de Andacollo.

Precisa que el recurrente realizó los descargos, en los cuales se enerva el fundamento para la invalidación iniciada, esto es, confirma que formó parte de la dotación docente, que fue parte del personal municipal regido por el Estatuto Docente en el tiempo anterior al asumir el cargo de Jefe de Departamento de Educación Municipal de Andacollo. Además, en el acto adjunta una serie de documentos que confirman sus aseveraciones, que enervan el motivo, razón y fundamento de la invalidación pretendida.

Refiere que el día 20 de octubre el recurrente recibió en su hogar un sobre que contenía el Decreto Exento N° 1231, de 29 de septiembre de 2021, que “Concluye el Procedimiento de Invalidación Parcial del Decreto Exento N°87, de 2018, de Ministerio de Educación, que aprueba el traspaso del personal que se individualiza, desde la Municipalidad de Andacollo al Servicio Local de Puerto Cordillera según lo dispuesto en el artículo trigésimo noveno transitorio de la Ley Nº 21.040”.

Respecto a dicho Decreto, señala que:

a) No se hizo cargo ni realizó análisis alguno de los descargos presentados por don nombre reservado. No se pronunció acerca del fundamento que había utilizado el órgano administrativo para fundar la invalidación del decreto 87. En tal sentido, es posible concluir, que no los consideró, y solo fue cumplir con el paso formal para invalidar.

b) A su vez, cambió el fundamento y el motivo para invalidación del decreto 87, motivo que por cierto jamás se señaló, ni de manera somera en el inicio del proceso de invalidación y por el cual se le dio al afectado la posibilidad de hacer descargos.

c) En consecuencia, el motivo de invalidación en que el referido decreto se afianza no fue puesto jamás en conocimiento del afectado.

Destaca, además, que este decreto, para fundamentar la invalidación pretendida, hace alusión al dictamen N°45750/2020 de la Contraloría General del Republica.

Reitera que la recurrida se basa en el principio de juridicidad para iniciar el procedimiento de invalidación, mediante Resolución Exenta N° 3456 del 15 de junio de 2021, pero dicho proceso se fundamentó en otros hechos y causales, distintos a los hechos y fundamentos que señala el Decreto Exento N°1231, con que se concluyó el proceso.

Así las cosas, los descargos presentados por don nombre reservado fueron destinados a enervar los hechos y fundamentos en que se basó el procedimiento para invalidar parcialmente el decreto N° 87, sin embargo, en un acto fuera de la legalidad, la autoridad administrativa en cuestión resuelve sobre hechos y fundamentos que jamás fueron puestos en conocimiento del afectado, por tanto, mal pudo tener la posibilidad de enervarlos.

A mayor abundamiento en ninguna parte del Decreto que concluye el proceso de invalidación y que ordena dejar sin efecto el traspaso de don nombre reservado, se observa análisis o mera enunciación de los argumentos y documentos que presentó en la etapa concedida por el Mineduc para presentar los descargos. Solo enuncia que don nombre reservado presentó descargos, de esta manera cumplieron con el deber de “audiencia previa”, restándole el carácter esencial y de defensa del trámite.

Sostiene que la denunciada no solo incurrió en un acto ilegal, sino que también, desde el punto de vista del derecho a defensa en un proceso justo, incurrió en una vulneración a la Constitución Política de la Republica y la Garantía Constitucional del Debido Proceso.

Invoca como garantías constitucionales vulneradas las establecidas en el artículo 19 N° 1, 3, 16 y 24 de la Carta Fundamental.

Por estas consideraciones solicita dejar sin efecto el decreto invalidatorio, así como también todo el procedimiento, en tanto, con costas.

Acompaña los siguientes documentos: 1. Certificado de Cotizaciones Obligatorias emitido por AFP Habitat, cartola histórica correspondientes a los períodos junio 1981 a octubre de 2021, con Rut pagador; 2. Formulario de Retiro Voluntario Docente; 3. Licencias Médicas; 4. Resolución Exenta N° 3456 de 15 de junio de 2021; 5. Decreto Exento N° 1231, de 29 de septiembre de 2021; 6. Cese de remuneraciones N°3943 del Ministerio de Educación, de fecha 15 de diciembre de 1981. Traspaso a la Municipalidad de Andacollo; 7. Decreto N° 88, de 28 de febrero de 2018, que individualiza profesionales de la educación y asistentes de la educación que se desempeñan en los establecimientos educacionales de dependencia de la municipalidad de Andacollo, traspasados al servicio local de Puerto Cordillera según lo dispuesto en el artículo cuadragésimo segundo transitorio de la ley 21.040; 8. Documento “Datos Funcionario” en traspaso a Municipalidad de Andacollo; 9. Contrato de trabajo con la Municipalidad de Andacollo de fecha 02 de enero de 1982; 10. Contrato de trabajo con la Municipalidad de Andacollo de fecha 08 de marzo de 1982; 11. Contrato de trabajo con la Municipalidad de Andacollo de fecha 02 de enero de 1984; 12. Contrato de trabajo con la Municipalidad de Andacollo de fecha 02 de enero de 1985; 13. Anexos de contrato, con fecha 02 de junio de 1986, 01 de septiembre de 1987, 01 de enero de 1988, 01 de enero de 1989, 01 de junio de 1989, 01 de agosto de 1990, 01 de marzo de 1991; 14. Certificado emitido por la Universidad de La Serena, agosto 1993; 15. Carta enviada por AFP Provida a la Municipalidad de Andacollo, septiembre de 1988; 16. Orden de traspaso AFP, empleador Municipalidad de Andacollo, noviembre de 1988; 17. Carta enviada por Unión AFP a la Municipalidad de Andacollo, enero y marzo de 1990; 18. Carta enviada por AFP Provida a la Municipalidad de Andacollo, marzo de 1993; 19. Resolución Exenta N°88, de Asignación de Experiencia Docente, de fecha 31 de marzo de 1993; 20. Resolución Exenta N°124, de Asignación de Experiencia Docente, de fecha 31 de marzo de 1992; 21. Resolución Exenta N°274, de Asignación de Responsabilidad, de fecha 29 de agosto de 1991; 22. Decreto Alcaldicio Exento N°65, Autoriza Realización y Cancelación Hora Extraordinarias, de fecha 12 de enero de 2005; 23. Decreto Alcaldicio Exento N°428, reconoce Derecho a Percibir Asignación Responsabilidad, de fecha 02 de marzo de 2005; 24. Decreto Alcaldicio Exento N°644, reconoce Derecho a Percibir Asignación Experiencia, de fecha 05 de abril de 2005; 25. Decreto Alcaldicio Afecto N°195 de 12 de marzo de 2007; 26. Decreto Alcaldicio Afecto N° 292, Reubicación de Cargo, 04 de abril de 2007; 27. Carta enviada al Sr. Alcalde en la que renunció al cargo de Coordinador Gestión Pedagógica para asumir el cargo de Director en el mismo Liceo, con fecha 08 de febrero de 2008; 28. Carta enviada por Sra. Alcaldesa en que se le informa que he sido seleccionado para ocupar el cargo de Director, de fecha 30 de enero de 2008; 29. Decreto Alcaldicio Afecto N° 228, Nombramiento Titular. “nómbrese a los docentes que se individualizan”, entre ellos el recurrente, en el cargo de Director, de fecha 06 de marzo de 2008; 30. Decreto Alcaldicio Exento N°717, Asignación de Responsabilidad, de fecha 13 de marzo de 2008; 31. Carta enviada por Secretaria Municipal en que se le informa que he sido seleccionado para ocupar el cargo de Jefe DAEM, de fecha 30 de marzo de 2009; 32. Carta enviada al Sr Alcalde de Municipalidad de Andacollo en la que acepta la designación para ocupar el cargo de jefe DAEM, de fecha 30 de marzo de 2009; 33. Acta N°2, de comisión evaluadora del concurso público para proveer el cargo de jefe DAEM, de 17 de marzo de 2009; 34. Decreto Alcaldicio Afecto N°969 reconoce Derecho a Percibir Asignación Experiencia, de fecha 20 de abril de 2007; 35. Decreto Alcaldicio Afecto N° 496, Nombramiento Titular, “nómbrese al docente que se individualiza”, el recurrente, en el cargo de Jefe DAEM, de fecha 01 de abril de 2009; 36. Certificado de Titulo, otorgado por la Universidad Tecnológica Metropolitana, Licenciado en Educación, mención Administración Educacional, 10 de diciembre de 2001; 37. Certificado otorgado por la Universidad de Chile, en que se certifica que el 12 de diciembre de 1980 dicha casa de estudios otorgó el Titulo Profesor de Estado en Historia y Geografía; 38. Certificado otorgado por la Universidad de la República, grado de Magister en educación, 04 de septiembre de 2006; 39. Certificado de pos título, de Administrador y Supervisor Educacional otorgado por la Universidad de La Serena; 40. Hoja de vida funcionaria; 41. Declaración Jurada para optar a cargo público, de 01 de abril de 2009; 42. Certificado de Salud; 43. Decreto Alcaldicio Exento N°1064, Reconoce Beneficio Incentivo Profesional, de 08 de abril de 2009; 44. Decreto Alcaldicio Exento N°15, Complementa Beneficio Incentivo Profesional, de 05 de enero de 2011; 45. Solicitud al Sr Alcalde de feriado legal, con fecha 11 de enero de 2012; 46. Decreto Alcaldicio exento N°0111, de la municipalidad de Andacollo, que “autoriza feriado legal a funcionario docente que se identifica”, nombre reservado, nombre reservado, de fecha 11 de enero de 2013; 47. Resolución exenta N° 1132, Aceptase como encargado de la educación y sostenedor de los establecimientos educacionales de la comuna de Andacollo a don nombre reservado, de fecha 06 de junio de 2013.

Segundo: Que evacuó informe Nicolás Ortiz Correa, abogado, Jefe de la División Jurídica del Ministerio de Educación, sosteniendo, en primer término, que la naturaleza jurídica del Recurso de Protección es la de una acción cautelar respecto de un derecho indiscutido y palmario frente a hechos o vías de hecho, o actos u omisiones ilegales o arbitrarios que priven, perturben o amenacen alguna de las garantías constitucionales expresamente señaladas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República. Ahora bien, en la especie se da la circunstancia de que los hechos que fundan la acción de autos, y las peticiones contenidas en el mismo exceden las materias que pueden ser conocidas por el presente recurso, atendida su naturaleza cautelar, toda vez que las actuaciones que describe no revisten la calidad de acto administrativo terminal que importe la afectación, amenaza o transgresión de alguna de las garantías constitucionales protegidas por la acción de protección.

En efecto, esta vía procesal no es la idónea, toda vez que el inciso tercero, del artículo 53 de la Ley N° 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado establece que la vía para impugnar un acto administrativo invalidatorio es un procedimiento breve y sumario ante los tribunales ordinarios de Justicia, y en caso alguno, de una acción de protección, conforme ha obrado la parte recurrente.

En cuanto al fondo, señala que don nombre reservado fue Jefe del Departamento de Administración de Educación Municipal de Andacollo, en calidad de contratado, conforme al Decreto Alcaldicio N° 4438, de 19 de agosto de 2016, de la I. Municipalidad de Andacollo, hasta el 1 de marzo de 2018, fecha en que fue traspasado al Servicio Local de Educación Puerto Cordillera, conforme al Decreto Exento N° 87, de 2018, de Educación, que aprueba el traspaso del personal que se individualiza, desde la Municipalidad de Andacollo al Servicio Local de Puerto Cordillera, según lo dispuesto en el artículo trigésimo noveno transitorio de la Ley N° 21.040.

Que, conforme a lo antes citado, la Directora de Educación Pública, remitió a esa Cartera de Estado el Oficio N° 551, de 17 de marzo de 2021, solicitando la invalidación parcial del precitado Decreto Exento, dictándose para dicho efecto la Resolución Exenta N° 3456, de 15 de junio de 2021, del Ministerio de Educación, que inició el procedimiento de Invalidación Parcial del Decreto Exento N° 87, de 2018, del Ministerio de Educación.

Destaca que dentro del plazo otorgado en la Resolución Exenta N° 3456, de 15 de junio de 2021, don nombre reservado presentó sus descargos y antecedentes ante esa Secretaría, acreditando que perteneció a la dotación docente y que, al momento de ser traspasado al Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera, era Jefe del respectivo Departamento Municipal de Andacollo, por lo que, conforme a lo señalado en el artículo trigésimo noveno transitorio de la Ley N° 21.040, no correspondía su traspaso al Servicio Local de Educación referido, pues, si cumplía ciertos requisitos, sólo podía continuar desempeñándose en una dotación docente.

En ese orden de cosas, la Resolución Exenta N° 3456, de 15 de junio de 2021, del Ministerio de Educación, que inició el procedimiento de Invalidación Pardal del Decreto Exento N° 87, de 2018, de Educación, se dictó conforme lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley N° 19.880, toda vez que, cuando se advierte una irregularidad que incide en la eventual legalidad de un acto administrativo, la Autoridad podrá, de oficio o a petición de parte, invalidarlo si estima es contrario a derecho, siempre que lo haga dentro de los dos años, contados desde la notificación o publicación del acto, previa audiencia del interesado.

Sostiene que es necesario tener presente que, el artículo trigésimo noveno transitorio de la Ley N° 21.040, en su inciso segundo, establece que “En el caso del Jefe del Departamento de Educación Municipal que haya pertenecido a la respectiva dotación docente al asumir dicho cargo, podrá continuar desempeñándose en ella si existe disponibilidad en alguna de las funciones a que se refiere el artículo 5° del Decreto con Fuerza de Ley N° I, de 1996, del Ministerio de Educación, en establecimientos educacionales de la misma municipalidad o corporación municipal. Lo anterior será sin derecho a la asignación establecida en el artículo 34 G del Decreto con Fuerza de Ley ya citado. En el evento de que no exista disponibilidad en la respectiva dotación o no pertenecía a ella, tendrá derecho a una indemnización de cargo fiscal equivalente al total de las remuneraciones devengadas el último mes, por año de servicio o fracción superior a seis meses, con un máximo de seis y un mínimo de uno”.

Hace presente que, según lo previsto en los artículos 16, quinto y sexto transitorios, todos de la Ley N° 21.040, se dictó el Decreto N° 373, de 2017, del Ministerio de Educación, mediante el cual se fijó la denominación, ámbito de competencia territorial, domicilio y calendario de instalación, con indicación de las fechas en que iniciarán sus funciones los Servicios Locales de Educación Pública de la Región de Coquimbo, el que dispuso que el Servicio Local de Educación Pública de Puerto Cordillera, que comprende las comunas de Coquimbo y Andacollo, iniciaría sus actividades con fecha 29 de diciembre del año 2017, traspasándose el Servicio Educacional de las referidas comunas, por el sólo ministerio de la ley, el día 1 de marzo de 2018, conforme lo estipulado en el artículo octavo transitorio de la ley precitada.

Conforme a lo anterior, se dictó el Decreto Exento N° 87, de 2018, del Ministerio de Educación, que regulariza y aprueba el traspaso del personal que individualiza, desde la Municipalidad de Andacollo, al Servicio Local de Puerto Cordillera, según lo dispuesto en el artículo trigésimo noveno transitorio de la Ley N° 21.040, por el cual fue traspasado, entre otros, don nombre reservado al nivel interno del Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera.

Destaca que la Contraloría General de la República, a través del Dictamen N° 45750/2020, ha señalado que “El Inciso segundo de la precitada disposición, previene que, en el caso del Jefe del Departamento de Educación Municipal que haya pertenecido a la respectiva dotación docente al asumir dicho cargo, podrá continuar desempeñándose en ella si existe disponibilidad en alguna de las funciones a que se refiere el artículo 5o del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 1996, del Ministerio de Educación, en establecimientos educacionales de la misma municipalidad o corporación municipal. Lo anterior será sin derecho a la asignación establecida en el artículo 34 G del Decreto con Fuerza de Ley ya citado. En el evento de que no exista disponibilidad en la respectiva dotación o no pertenecía a ella, tendrá derecho a una indemnización de cargo fiscal equivalente al total de las remuneraciones devengadas el último mes, por año de servicio o fracción superior a seis meses, con un máximo de seis y un mínimo de uno.

Como puede advertirse, la situación del jefe del mencionado departamento, fue expresamente regulada por el legislador en la aludida normativa, de la que se desprende que en ningún caso dicho directivo pasa a formar parte de la planta del SLEP respectivo, no obstante podría continuar desempeñándose en una dotación docente, si se dan las siguientes condiciones: i) que haya pertenecido a ella al asumir el cargo de jefe de que se trata; y, 2) que exista disponibilidad en las funciones que se indican en la norma. Lo anterior, sin derecho a la asignación del artículo 34 G”.

Por lo anterior, y conforme al principio de legalidad que rige a los órganos de la Administración, si se constata que un acto administrativo no se ajusta a derecho, como es el de la especie, se debe dejar sin efecto, toda vez que su subordinación al derecho se extiende no sólo cuando dicho acto se dicta, sino durante el desarrollo de la relación jurídica. Ello, toda vez que la facultad invalidatoria expresa el poder-deber de control que tiene la Administración sobre sus propios actos, de naturaleza unilateral y declarativa, correspondiente a una atribución que se ejecuta en ejercido de una función administrativa fundada en el principio de autotutela con que la Administración debe proceder para atender el interés que general, el cual exige el restablecimiento del orden jurídico quebrantado. Efectivamente, dicha facultad es una potestad de contrario imperio, que le permite a la Administración volver sobre sus propios actos, a través de una revisión en beneficio del principio de legalidad, por el cual esa cartera Ministerial busca garantizar el apego a la ley.

Finalmente, precisa que, en consideración a los requisitos para proceder a la invalidación de un acto administrativo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 53 de la Ley N° 19.880, se hace presente que el Decreto por el cual se inició el proceso de invalidación parcial fue publicado con fecha 7 de noviembre de 2019, estando, en consecuencia, dentro del plazo para dar curso a dicha invalidación.

Por tanto, el actuar de esa Cartera Ministerial se encuentra ajustado al principio de legalidad previsto en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República, en concordancia a lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que dispone que los órganos de la Administración del Estado someterán su acción a la Constitución y las leyes, debiendo actuar dentro de su competencia, por lo que esa Secretaría de Estado no tiene más atribuciones que las que expresamente les haya conferido el ordenamiento jurídico.

Por estas consideraciones solicita se rechace en todas sus partes el recurso deducido.

Tercero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Cuarto: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

Quinto: Que, en cuanto a la alegación de la recurrida, que afirma que la actuación reprochada en autos no revestiría la calidad de acto administrativo terminal, por existir a su respecto la posibilidad de recurrir en sede jurisdiccional según lo dispone el inciso final del artículo 53 de la Ley 19.880, dicha argumentación no resiste mayor análisis, pues resulta evidente que el proceso, en lo que mira a su fase administrativa, se encuentra agotado por la dictación del Decreto Exento 1231, que adopta la decisión de invalidación del Decreto Exento 87, y que tiene por lo mismo la calidad de acto terminal en los términos previstos en el artículo 18 de la Ley sobre bases de los procedimientos administrativos.

Sexto: Que, del examen de los antecedentes acompañados por la parte recurrente, aparece ser efectivo que el proceso invalidatorio iniciado mediante la Resolución Exenta N°3456 de 15 de junio del año 2021, indica como único fundamento fáctico la no pertenencia del afectado a la dotación docente del municipio de Andacollo, lo que haría inaplicable la norma del artículo 39 transitorio de la Ley 21.040. Es así como la resolución en cuestión indica, expresamente, que “revisados los antecedentes, consta que don nombre reservado, se desempeñó como Jefe del Departamento de Educación Municipal de Andacollo desde el año 2016, sin haber pertenecido a la dotación docente de dicho municipio durante el período inmediatamente anterior. Luego, fue traspasado a contar del 1° de marzo de 2018 al Servicio Local de Puerto Cordillera.” A continuación, se reitera la misma idea, señalando que “en atención a que el funcionario indicado no formaba parte de una dotación docente, éste no debió ser traspasado en los términos prescritos en el artículo trigésimo noveno transitorio de la Ley, al nivel interno del mencionado Servicio Local.” Son estas y no otras las razones que motivaron el procedimiento invalidatorio, y que le fueran notificadas al afectado, y fue en este contexto que el recurrente pudo inferir que bastaba con demostrar que el enunciado fáctico referido no era correcto, para que la invalidación pretendida no pudiera prosperar.

Sin embargo, al momento de resolver, la recurrida da un giro en su argumentación y esboza una interpretación diversa del artículo 39 transitorio, según la cual sería completamente irrelevante la pertenencia o no a la planta docente, al menos en lo que mira al traspaso de profesionales al Servicio Local de Educación, sin hacerse cargo en modo alguno de las alegaciones y antecedentes acompañados por el afectado. Es así como el Decreto Exento 1231, de 29 de septiembre pasado, afirma que “la situación del jefe del mencionado departamento, fue expresamente regulada por el legislador en la aludida normativa, de la que se desprende que en ningún caso dicho directivo pasa a formar parte del SLEP respectivo…” contrariando de este modo el tenor de la resolución exenta 3456, que claramente daba a entender que el traspaso dependía del hecho de haber formado parte de la dotación docente.

Séptimo: Que la actuación de la requerida en la dictación del Decreto Exento 1231 vulnera el principio de confianza legítima que debe regir entre la Administración y los particulares, que en el caso de autos se traduce en que no resulta admisible que habiéndose informado que el proceso de invalidación obedecía a una determinada situación de hecho, consistente en la no pertenencia a la dotación docente del municipio respectivo, se termine por resolver prescindiendo completamente de dicha justificación y por razones diversas. En efecto, el principio de protección de la confianza legítima (Vertrauenschutz) supone el amparo que debe dar el juez al ciudadano frente a la Administración Pública, la que ha venido actuando de una determinada manera, en cuanto ésta lo seguirá haciendo de esa misma manera en lo sucesivo y bajo circunstancias similares, principio que nuestra doctrina deriva de la normativa constitucional que consagra el Estado de Derecho, y de seguridad jurídica, y que vincula estrechamente a la doctrina iusprivatista de los actos propios.

Por otro lado, al haberse recurrido a una argumentación distinta de aquella que le fue comunicada al afectado, se ha infringido abiertamente el principio de contradictoriedad contemplado en el artículo 10 de la Ley 19.880, desde que el afectado y recurrente de autos, no ha tenido la posibilidad de controvertir los argumentos por los cuales se dio curso al acto invalidatorio impugnado, pues al variarse los fundamentos de la decisión, descartando aquellos que se contenían en la resolución que dio origen a dicho proceso, en los hechos se ha negado al afectado la posibilidad de efectuar alegaciones y rendir probanzas en su favor. Por lo mismo, la audiencia previa a que se refiere el artículo 53 del mismo cuerpo legal, no ha pasado de ser una formalidad vacía de contenido, al punto que el decreto impugnado omite cualquier análisis, limitándose a dejar constancia del hecho que “dentro del plazo otorgado en la Resolución Exenta N°3456, de 15 de junio de 2021, don nombre reservado, presentó sus descargos y antecedentes ante esta Secretaría, cumpliendo de esta forma con el deber de otorgar derecho a audiencia, establecido en el artículo N° 53 de la Ley N°19.880.”

Octavo: Que, de lo razonado se desprende que el afectado y recurrente de autos no ha tenido una posibilidad real de ser oído con relación a los motivos del proceso invalidatorio incoado a su respecto, por lo que debe entenderse infringido lo despuesto en el artículo 53 de la Ley 19.880. El hecho de no haber oído al interesado, que constituye un requisito para el ejercicio de la facultad de la Administración para invalidar sus actos, torna el acto en ilegal, vulnerando la garantía constitucional de igualdad ante la Ley, como reiteradamente ha señalado la Excma. Corte Suprema (v.gr. autos rol 12.479-2014 y 97.683-2016), pues se ha proporcionado al recurrente un trato distinto de aquel que procede conforme a derecho, y del que han gozado otros particulares que sí pudieron ejercer su derecho a audiencia, circunstancia suficiente para acoger el recurso, en la forma que se indicará.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por Patricia Torres Guerrero, en favor de nombre reservado, en contra del Ministerio de Educación, y se declara que se deja sin efecto el Decreto Exento 1231 de 29 de septiembre de 2021, y todos los demás actos que de él se deriven, ordenándose retrotraer el procedimiento administrativo, para el solo efecto que la recurrida dé estricto cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 19.880.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del ministro Sergio Troncoso Espinoza Rol 2050-2021 Protección.