nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

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Superintendencia de Seguridad Social Recurso de Protección Rol N° 2049-2023.- La Serena, diez de octubre de dos mil veintitrés.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el treinta de agosto de dos mil veintitrés comparece GUSTAVO ADOLFO TORRES MENDOZA, abogado, en representación de nombre reservado, deduciendo Recurso de Protección de en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, respecto de la RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UNRA-100681-2023 Santiago, de 31 de julio de 2023.

Expone que su representado, en la época de emisión de la pertinente licencia médica, se desempeñaba como chofer para la Empresa Relix S.A. cumpliendo turno de 7x7 en la localidad de Calama. En este trabajo, se mantuvo desde el mes de octubre de 2022, hasta el mes de julio de 2023, cuando fue desvinculado de la empresa en cuestión.

Refiere que con motivo de lo extenso de los turnos que desempeñaba, sumado a una serie de problemas familiares, que devinieron en una separación de su pareja durante los últimos 18 años, fue intensificando sus problemas tanto para desarrollar de manera normal sus funciones en faena, como para desarrollar su vida diaria en la zona, mientras estaba en sus días de descanso.

Con motivo de lo anterior, su representado solicitó asistencia de un médico Psiquiatra, partiendo en primer lugar con el médico nombre reservado, el cual fue quien le extendió las licencias médicas, que después han sido cuestionadas no solo por la COMPIN, sino que también en lo que se relacionaba con su trabajo.

Aduce que toda la evaluación inicial que se le realizó, significo determinar que a don nombre reservado le aquejaba un trastorno mixto, que le generaban sobresaltos al dormir, miedo, temores cotidianos.

Esta enfermedad le proporcionada incapacidad laboral, situación que era principalmente desencadenada por eventos de connotación negativa, relacionados con la acumulación de stress y sometimiento a las condiciones de limitación extrema en su lugar de trabajo.

Los síntomas que tenía su representado pasaban por un estado de ánimo irritable, pérdida de placer de actividades habituales, dificultad para conciliar el sueño, grandes cambios de apetito a menudo con aumento o pérdida de peso, cansancio, falta de energía, sentimiento de inutilidad, odio a sí mismo y culpa. De lo anterior, le fue recetado tratamiento farmacológico, con alprazolam a diario, además de hacer la pertinente derivación a terapia psicológica.

Señala que debido a los hechos descritos previamente a su representado, su médico tratante le otorgo diversas licencias médicas, pues los hechos conllevaban la imposibilidad de realizar sus funciones laborales habituales, incluso las más básicas.

Esta licencia ha sido, rechazadas por la COMPIN, siendo, en este contexto apeladas ante la SUSESO.

Sostiene que dicho rechazo carece de toda fundamentación y por lo demás, no se condice con los antecedentes médicos aportados y reales, siendo abiertamente abusivo, arbitrario e ilegal, puesto que ha sido evaluado por un médico de especialidad, diagnosticado luego de las correspondientes evaluaciones, indicando que se sí existe una patología que motiva sus licencias médicas.

Precisa que el acto impugnado es la resolución administrativa de la SUPERINTENDECIA DE SEGURIDAD SOCIAL, notificada el día 31 de julio de 2023, correspondiente a RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UNRA-100681- 2023, Santiago, de 31 de julio de 2023, emanada de Unidad de Resolución Abreviada, Departamento de Asistencia y Servicio al Usuario, dictada por don nombre reservado, Jefe de la Unidad de la Superintendencia de Seguridad Social.

Indica que en el caso de autos se ha vulnerado el artículo 19 Nº 1 de la Constitución Política de la República, que garantiza el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas, ya que según consta en los informes médicos adjuntos, su patología y consecuencias no había cesado a la época de reclamo del rechazo pertinente de COMPIN, encontrándose justificado el descanso.

También el consagrado en el artículo 19 nº 24 de la Constitución Política de la República, que garantiza el derecho de propiedad en sus diversas especies, puesto que por esta resolución la SUSESO al rechazar el pago de su licencia médica, vulnera su legítimo derecho de propiedad sobre la totalidad del subsidio de incapacidad laboral.

Añade que en el caso de autos y como se observa del solo texto, carece de fundamentación suficiente siendo del todo arbitrario e ilegal, puesto que desestima la opinión de un experto en la materia, así como tampoco se acompaña un informe detallado de algún especialista del servicio (SUSESO) que pueda confrontarse con el diagnostico entregado por los mismos.

En el caso de autos, la SUSESO no logra fundamentar racionalmente su decisión, indicando que los informes acompañados no establecen un diagnóstico claro de la enfermedad de su representado que justifique su reposo, más aún si no existe la descripción de un informe evacuado por un médico de dicho servicio que contradiga el diagnostico de su representada.

En este caso, la resolución impugnada señala no estimar justificado el reposo lo cual se basa en el informe médico aportado, el cual, a su parecer no permite establecer incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo ya autorizado, a pesar de que todo esto se indica en los documentos acompañados a la SUSESO. De igual forma no se acompaña ningún documento, informe o antecedente médico pericial que acredite lo anterior.

En dicho sentido, la resolución indica que su representado debió aportar informe amplio y fundado de psiquiatra además de un informe psicológico de psicoterapia, todo lo cual fue aportado en la instancia y que se acompañara en otrosí de su presentación.

Agrega que con independencia de la escasa fundamentación de la resolución, esta es del todo errónea, ya que incluso consta en los antecedentes de la recurrida un informe de COMPIN el cual da cuenta en detalle del padecimiento de su representado, lo cual justificaba su reposo.

Por estas consideraciones solicita que se acoja este recurso y que se tenga por aprobada la licencia Nº RUT reservado, la cual fue rechazada por el acto impugnado, debiendo el organismo recurrido proceder a los trámites que en derecho correspondan, efectuando los pagos de dicha licencia médica a su representado y asimismo se adopten todas las medidas que fueren pertinente para establecer el imperio del derecho, con expresa condena en costas.

Acompaña los siguientes documentos: 1) RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UNRA-100681-2023 Santiago, de 31 de julio de 2023, dicada por nombre reservado, SUSESO; 2) Informe médico de don nombre reservado, evacuado por COMPIN y que da cuenta de su padecimiento; 3) Certificado de 5 de junio de 2023, evacuado por el Psicólogo nombre reservado, del Centro Médico Bienestar, La Serena.

SEGUNDO: Que, evacuó informe FRANCISCO ORTEGA BELLO, abogado, en representación de la recurrida la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL.

Solicita que se declare a la presente Acción de Protección como improcedente, por cuanto la materia sobre la que realmente versa dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

En subsidio de las alegaciones anteriores, informa en cuanto al fondo del asunto que motiva la acción constitucional de autos.

Expone que consta en el expediente administrativo que acompaña, que el Sr. nombre reservado reclamó mediante presentación de 11 de julio de 2023, apelando en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) Región Metropolitana, que rechazó la licencia médica N° RUT reservado, extendida por un total de 15 días, a contar del 06 de mayo de 2023, por reposo no justificado.

En razón de lo anterior, esa Superintendencia, previo estudio de los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por la licencia médica reclamada no se encontraba justificado. Esta conclusión se basó en que, “el informe médico aportado no permite establecer incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo ya autorizado. Que, resulta relevante además señalar que la parte reclamante no aporta informe amplio y fundado de psiquiatra que indique evolución cronológica del cuadro clínico y compromiso funcional que le ocasiona la patología, plan farmacológico y/o ajustes de terapias, fecha probable de alta médica; copia de interconsulta o derivación a especialidad (psiquiatría). Cabe agregar que, entre los antecedentes tenidos a la vista, no consta derivación a GES. Que, a mayor abundamiento, cabe señalar que la persona interesada tampoco acompaña informe de psicoterapia que dé cuenta acerca del número de sesiones efectuadas y detalle de las medidas psicoterapéuticas aplicadas o pendientes de ejecutar durante el periodo de reposo laboral cursado. En efecto, el informe emitido por psicóloga tratante es muy general y no permite comprender el rol terapéutico del tratamiento prescrito. Que, la ausencia de tales antecedentes, no permiten a especialistas de este Organismo Fiscalizador formarse convicción respecto de la pertinencia de prolongar el reposo por sobre aquel ya autorizado por la Contraloría Médica de la COMPIN reclamada, el cual alcanza a 75 días por el mismo cuadro clínico”. Lo anterior según consta en la Resolución Exenta N° R-01-UNRA-100681-2023, de 31 de julio de 2023.

Al respecto destaca que en atención al reclamo presentado por el Sr. nombre reservado, la Contraloría Médica de la COMPIN en justificación del rechazo de su licencia ante ese Organismo, registró la siguiente información en la cartola médica del paciente:

“(19/05/2023)… LM 2543: Sin nuevos antecedentes médicos que justifiquen prolongación del reposo. Consulta con médico general en extra sistema, sin información detallada de valoración de especialista psiquiatra, tratamiento farmacológico, apoyo psicoterapéutico y recuperabilidad laboral/FPA. Se rechaza…”

Por otra parte, la resolución impugnada señala los antecedentes que sirvieron de base para la decisión adoptada y los necesarios para la justificación del reposo “…la parte reclamante no aporta informe amplio y fundado de psiquiatra que indique evolución cronológica del cuadro clínico y compromiso funcional que le ocasiona la patología, plan farmacológico y/o ajustes de terapias, fecha probable de alta médica; copia de interconsulta o derivación a especialidad (psiquiatría). Cabe agregar que, entre los antecedentes tenidos a la vista, no consta derivación a GES. Que, a mayor abundamiento, cabe señalar que la persona interesada tampoco acompaña informe de psicoterapia que dé cuenta acerca del número de sesiones efectuadas y detalle de las medidas psicoterapéuticas aplicadas o pendientes de ejecutar durante el periodo de reposo laboral cursado. En efecto, el informe emitido por psicóloga tratante es muy general y no permite comprender el rol terapéutico del tratamiento prescrito...”

Ahora bien, el Sr. nombre reservado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, sobre Bases del Procedimiento Administrativo, pudo interponer Recurso de Reposición ante esta Superintendencia, acompañando los antecedentes necesarios para la justificación del reposo reclamado, situación que no ocurrió.

Con ello, analizados los antecedentes disponibles, en ese momento, los profesionales médicos de esa Superintendencia no lograron formarse convicción respecto de la procedencia de la justificación del reposo prescrito en las licencias médicas reclamadas, más allá del periodo de reposo ya autorizado.

En consecuencia, lo resuelto por la Superintendencia de Seguridad Social, en el sentido de rechazar las licencias médicas del recurrente, se encuentra médico-administrativamente justificada, según lo indicado precedentemente, debido a que los antecedentes médicos tenidos a la vista, no permiten justificar el reposo prescrito y el rol terapéutico que este debe cumplir.

Sin perjuicio de lo ya señalado, hace presente que la pretensión del recurrente, en orden a que se le autoricen las licencias médicas y se le pague el subsidio por incapacidad laboral, fuera de no tener fundamento legal de acuerdo con los antecedentes y preceptos legales que se han expuesto, ciertamente, desborda claramente los límites de aplicación de la Acción de Protección, la que fue pensada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, tal como se colige claramente de la expresión utilizada por el mismo, al disponer en el artículo 20 que ésta es procedente cuando una persona, por un acto ilegal o arbitrario “…sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19…”. En el caso del recurrente claramente su derecho a licencia médica y consecuentemente al subsidio por incapacidad laboral, no reúnen la condición de un derecho preexistente, indubitado, cuyo ejercicio resulte legítimo, por el contrario, tras las sucesivas revisiones de la COMPIN y de esa Superintendencia, se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de sus licencias médicas.

Por último, hace presente que no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, pues como ya se indicó, su representada se limitó a resolver la situación del Sr. nombre reservado, dentro del ámbito de su competencias, tampoco ha existido vulneración y ni siquiera amenaza del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica y a la protección de la salud, ni se ha vulnerado el derecho de propiedad del recurrente, reconocido a todas las personas en el numeral 24 del artículo 19 de nuestra Constitución Política, y en este caso respecto de un eventual derecho al subsidio por incapacidad laboral, como tampoco ningún otro derecho garantido por nuestra Carta Fundamental.

Por estas consideraciones solicita que la Acción de Protección interpuesta sea desestimada en todas sus partes, con costas.

Acompaña copia del expediente administrativo, relativo al caso del Sr. nombre reservado.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, en cuanto a la alegación de improcedencia de la acción esgrimida por la recurrida Superintendencia de Seguridad Social, fundada en que el artículo 20 de la Carta Fundamental no establece dentro del catálogo taxativo de garantías constitucionales protegidas aquella prevista por el numeral 18 del artículo 19 de la Carta Magna, cabe señalar que si bien es efectivo lo sostenido por la recurrida, no es menos cierto que ello sólo implica que por este acápite no podrá, si correspondiere, ser acogido el presente recurso.

SEXTO: Que, en cuanto al fondo, es relevante tener presente que este recurso se erige en contra de la Resolución Exenta N° R-01-UNRA-100681-2023, de 31 de julio del año 2023, por la cual la Superintendencia de Seguridad Social mantiene el rechazo de la licencia médica N° RUT reservado.

En torno al argumento vertido por la SUSESO, organismo recurrido, al mantener la decisión de rechazar la licencia médicas referida previamente, aquel gira en torno a la siguiente idea: “el informe médico aportado no permite establecer incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo ya autorizado. Que, resulta relevante además señalar que la parte reclamante no aporta informe amplio y fundado de psiquiatra que indique evolución cronológica del cuadro clínico y compromiso funcional que le ocasiona la patología, plan farmacológico y/o ajustes de terapias, fecha probable de alta médica; copia de interconsulta o derivación a especialidad (psiquiatría). Cabe agregar que, entre los antecedentes tenidos a la vista, no consta derivación a GES. Que, a mayor abundamiento, cabe señalar que la persona interesada tampoco acompaña informe de psicoterapia que dé cuenta acerca del número de sesiones efectuadas y detalle de las medidas psicoterapéuticas aplicadas o pendientes de ejecutar durante el periodo de reposo laboral cursado. En efecto, el informe emitido por psicóloga tratante es muy general y no permite comprender el rol terapéutico del tratamiento prescrito. Que, la ausencia de tales antecedentes, no permiten a especialistas de este Organismo Fiscalizador formarse convicción respecto de la pertinencia de prolongar el reposo por sobre aquel ya autorizado por la Contraloría Médica de la COMPIN reclamada, el cual alcanza a 75 días por el mismo cuadro clínico”.

SEPTIMO: Que, del mérito de los antecedentes expuestos, no cabe duda que la argumentación otorgada por la recurrida devela la obligación que pesaría sobre el paciente de demostrar la viabilidad de su reposo temporal.

Sin embargo, esta Corte no puede dejar pasar aquella argumentación que, sin duda, pone de cargo del recurrente, afectada por una patología de salud mental, de buscar uno y otro profesional del área, que sea de confianza de la recurrida y, pagando sus servicios, obtenga un informe que ratifique el diagnóstico otorgado por su médico tratante.

Para el análisis de las licencias, digamos que el Decreto Supremo N°3 del Ministerio de Salud sostiene que “Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico-cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante "el o los profesionales", según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante "Compin", de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante "Seremi", que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en proporción que corresponda.” (Artículo 1).

Luego, el artículo 16 del citado cuerpo normativo regula que “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia.”

Luego, agrega que “Sin perjuicio de lo anterior la Compin, podrá requerir todos los demás antecedentes y exámenes que el Ministerio de Salud ordene solicitar, respecto de aquellas patologías específicas que éste señale, para que la licencia pueda ser visada por períodos superiores a los que esa Secretaría de Estado determine.”

Por su parte, el artículo 24 del mismo texto sostiene, en lo pertinente que, en el caso de que “…sea necesario un nuevo examen del trabajador o solicitar informes o exámenes complementarios para pronunciarse sobre la misma, el plazo se prorrogará por el lapso necesario para el cumplimiento de esas diligencias, el que no podrá exceder de 60 días, decisión que deberá ser comunicada al trabajador y al empleador.”

De todo lo anterior fluye con prístina claridad que el organismo a cargo de pronunciarse sobre las licencias médicas otorgadas al trabajador es quien debe asumir un rol activo en torno al análisis de la viabilidad de las mismas, sin poner de cargo del paciente, afectado por una enfermedad, que sea él quien procure la obtención de antecedentes que avalen el diagnóstico del médico tratante de éste, siendo improcedente, a juicio de estos sentenciadores, esgrimir como argumentos de rechazo la falta de antecedentes aportados por el propio paciente.

Por otro lado, el artículo 11 de la Ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad que rige los procedimientos administrativos, prescribiendo que “la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, para lo cual ordena que los “hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley, los que disponen que una decisión de este tipo, debe ser fundada.

Así, la justificación racional y legal del acto administrativo es una condición de validez del mismo. En consecuencia, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicando al administrado el porqué del acto, su sustento material y juridicidad.

OCTAVO: Que, con lo dicho, emana que la argumentación otorgada al paciente por la recurrida escapa a los márgenes de sus facultades y al expreso mandato legal, dejando al paciente en una situación compleja, en que debe ser éste quien procure nuevos exámenes, siendo aquello una obligación que la propia ley pone de cargo del organismo que analiza su contenido, razón suficiente para entender que, la fundamentación de rechazo de las licencias dada en este asunto es carente de sustento fáctico, al no mediar antecedentes obtenidos por la propia institución y que echen por tierra las recomendaciones médicas que las precedieron, resultando insuficiente para estos efectos la información consignada en la cartola médica del paciente, toda vez que los mismos, de acuerdo a su propio tenor, solo se basan en un análisis de la documentación medica acompañada por el actor en sede administrativa, sin haber entrevistado ni evaluado directa y personalmente al afectado.

NOVENO: Que, este actuar de la recurrida atenta evidentemente con las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 numerales 1 y 24; la primera, pues dificulta la vida e integridad física; la segunda porque, al no contar con el subsidio de incapacidad laboral, afecta el patrimonio del recurrente, desde que el trabajador, que padece una patología, no cuenta con el dinero proveniente de este ítem, afectando aún más su debilitada salud mental, motivos por los cuales se acogerá el recurso, en los términos que se indicarán en lo resolutivo.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

I.- Que, SE RECHAZA la alegación de improcedencia.

II.- Que, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por GUSTAVO ADOLFO TORRES MENDOZA, en representación de nombre reservado en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, solo en cuanto se dispone que la recurrida deberá realizar al recurrente todos los exámenes y evaluaciones médicas necesarias para determinar la existencia y eventuales concurrencias de la incapacidad laboral temporal que originó el reposo prescrito por la licencia médica N° RUT reservado, para luego determinar la procedencia de su autorización, a fin de que con dichos resultados proceda –o no- al pago de éstas, según corresponda y determine la autoridad competente, todo ello dentro de un plazo de treinta días hábiles administrativos. En caso que la recurrida no realice el peritaje en el plazo previamente dispuesto, deberá proceder derechamente al pago de las licencias médicas previamente individualizadas.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 2049-2023 (Protección).-