Protección contra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA

Sociedad Repuestos y Accesorios nombre reservado Ltda.

I. Municipalidad de La Serena Recurso de protección Rol Nº2043-2025 La Serena, veintinueve de diciembre de dos mil veinticinco.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece el veintisiete de noviembre de dos mil veinticinco, don nombre reservado, en representación de la SOCIEDAD REPUESTOS Y ACCESORIOS nombre reservado LIMITADA, deduciendo recurso de protección en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA, representada por su alcaldesa doña Daniela Norambuena Borgheresi, por el acto arbitrio e ilegal de exigir la regularización de una deuda por patente comercial que no le corresponde, para obtener su patente comercial definitiva, lo que señala vulnerar sus derechos constitucionales consagrados en los numerales 21 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Expone que, la sociedad recurrente es titular de una patente comercial provisoria otorgada por la recurrida, la que la habilita para desarrollar su actividad económica, consistente en la compra y venta de repuestos y accesorios automotrices, la cual desarrolla en un inmueble arrendado ubicado en calle nombre reservado N°1590, La Serena.

Señala que el 05 de septiembre de 2024 se le otorgó patente provisoria, bajo el siguiente rotulo o giro “(rentas) patentes no devengados años anteriores regulariza pago de patente provisoria en giro venta de repuestos y accesorios automotrices, of administrativa, correspondiente al segundo semestre de 2019 a segundo”. Y que la patente provisoria del primer semestre del 2025, se le otorgó en agosto bajo el siguiente rotulo o giro: “patentes años anteriores morosas en giro venta de repuestos y accesorios automotrices, correspondiente al primer semestre de 2025, vigente entre 22/08/2025 y 31/08/2025”

Indica que en octubre de 2025, se solicitó la patente definitiva en la sección de patentes de la Municipalidad, en aquella oportunidad se informó que debía renovar su patente provisoria para el segundo semestre de 2025, pagando en oficina municipal el primer semestre del año 2025, y que, sorpresivamente recibió un correo, a la casilla de correo correo reservado, por parte de funcionario de la municipalidad que indicaba que la propiedad donde se encuentra emplazado con un local comercial, mantiene una deuda de patentes anteriores de una sociedad llamada Sociedad Comercial Huanhuali Ltda., por la suma ascendente a $1.929.878.-, y para obtener su patente provisoria del segundo semestre del año en curso debía hacer pago efectivo de la deuda de arrastre que figuraba en el inmueble que arrienda. Alega que la Municipalidad recurrida no puede condicionar el otorgamiento de una patente comercial al pago de patentes anteriores adeudadas por otro contribuyente, lo cual afecta su actividad económica licita y su derecho de propiedad.

Refiere que, la recurrida se negó al otorgamiento, y al pago de una patente comercial, necesaria para explotar lícitamente su establecimiento de comercio, no obstante haberse constatado el cumplimiento de los requisitos legales, solo porque la anterior arrendataria del inmueble en que la recurrente ejerce hoy su comercio, no pagó sus propias patentes y generó una deuda por ese concepto.

Señala que se le condiciona el otorgamiento de la patente ilícitamente, pretendiendo obligar a la recurrente hacerse cargo de una deuda que no es suya, bajo sanción de no otorgarle patente, lo que es una presión ilícita, porque nada autoriza endosar a ella deudas que no son suyas, por más que se trate de comercios ejercidos en el mismo inmueble. Añade que no tiene ninguna relación con la contribuyente deudora Sociedad Comercial Huanhuali Ltda., Rut. RUT reservado, con la cual se da únicamente la circunstancia de haber ejercido ocupación de un mismo inmueble, que pertenece a un tercero quien lo destina a arriendo.

Afirma que, la conducta municipal es además abusiva, porque pretende obligar a pagar una deuda anterior en la que se involucran cobros por períodos cubiertos por patentes provisorias dadas a la recurrente, que se encuentran pagadas por ella.

Indica que, la patente comercial es simplemente un impuesto municipal que grava actividades comerciales, empresariales y de servicios y, consecuencialmente, cada comerciante, empresario o prestador de servicios responde por sus propias obligaciones y no de aquellas asumidas y/o generadas por otros.

En cuanto a la vulneración de garantías constitucionales, primero se refiere al derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen, la cual indica infringirse por la recurrida al exigir hacerse cargo de una deuda ajena, privándolo de la patente comercial necesaria para el desarrollo de su actividad económica. Luego se refiere al derecho de propiedad, indicando haber sido vulnerado por cuanto la obtención y pago de una patente comercial es una exigencia necesaria para el funcionamiento de un establecimiento comercial, de manera que, si no se le otorga tal patente y no se le permite el pago respectivo, se afectan las facultades de uso y goce de su establecimiento, porque se deja a la recurrente en una situación de impedimento forzado y no culpable para explotar su establecimiento.

Indica haber interpuesto la acción en tiempo, pues la negativa de otorgar la patente se produce el 27 de octubre de 2025.

Concluye solicitando que, se acoja el recurso, y se declare que la Municipalidad no puede condicionar el otorgamiento de patente comercial a la recurrente obligándola a asumir la deuda de patentes impagas de otra contribuyente, ordenando que se le otorgue y permita el pago de la patente comercial definitiva, con condena en costas.

Acompaña a su recurso: 1.- Copia de contrato de arriendo entre sociedad comercial e Inmobiliaria Paredes Limitada, y Sociedad de Repuestos y accesorios nombre reservado Limitada de 26 de enero de 2024.; 2.- Copia Patente Comercial Provisoria segundo semestre año 2024, de 5 de septiembre de 2024, correspondiente al segundo semestre del año 2024; 3.- Copia Patente Comercial Provisoria Primer semestre año 2025, de 22 de agosto, del año en curso, correspondiente al primer semestre del año 2025; 4.- Estado de deuda por contribuyente, emitido por la Ilustre Municipalidad de La Serena de 27 de octubre de 2025.- contribuyente Sociedad Comercial Huanhuali Limitada, deuda patente total $1.929.878; 5.- Declaración Jurada de Iniciación de actividades emitida por el Servicio de Impuestos Internos; 6.- Correo enviado por funcionario de la Municipalidad don nombre reservado, de 27 de octubre de 2025, al poderdante de su representada don nombre reservado, a la casilla de correo electrónico correo reservado; y 7.- Extracto N°188 de Modificación de Sociedad de Repuestos y Accesorios nombre reservado Limitada, de 4 de abril de 2025, emitido por el Conservador de Comercio del Registro Conservador de Bienes Raíces de La Serena.

SEGUNDO: Que, a folio 8, comparece el abogado Fernando Nazer Castro, en representación de la Ilustre Municipalidad de La Serena, evacuando el informe ordenado, solicitando su rechazo, con costas.

En primer término alega la extemporaneidad del recurso, pues señala que dentro de los antecedentes acompañados por la parte recurrente, se encuentra un correo electrónico de 27 de octubre de 2025, del cual llama la atención que en el recurso se refiere haberse recibido este correo "por sorpresa”, pero señala que su contenido indica “Junto con saludar, envío adjunto lo solicitado”, de lo que es posible inferir dos hechos: 1.- Se trata de una situación en conocimiento de forma anterior al 27 de octubre; y, 2.- Es la respuesta a una solicitud de la recurrente; y por tanto concluye que habiéndose ingresado el recurso de protección del 27 de noviembre de 2025, es extemporáneo.

En cuanto al fondo señala que, es efectivo que la recurrente solicitó a la Municipalidad de La Serena realizar una actividad comercial en el inmueble ubicado en domicilio reservado. Indica que la solicitud de patente se relaciona con el artículo 23 del Decreto Ley N°3.063, que señala: “El ejercicio de toda profesión, oficio, industria, comercio, arte o cualquier otra actividad lucrativa secundaria o terciaria, sea cual fuere su naturaleza o denominación, está sujeta a una contribución de patente municipal, con arreglo a las disposiciones de la presente ley”, por tanto, cada actividad económica realizada por un contribuyente está sujeta al pago de este derecho público.

Hace presente que, cada patente debe ser terminada para liberar al contribuyente del respectivo pago, de lo contrario se sigue devengando el pago, por lo que al solicitar la parte recurrente el otorgamiento de una patente comercial definitiva, el sistema arrojó la existencia de una deuda asociada al establecimiento comercial. Indica que la responsabilidad del pago de las patentes recae sobre quienes desarrollan la actividad, pero, si el negocio o establecimiento es traspasado, comprado u ocupado por otra persona, esta es responsable del pago de las patentes morosas anteriores.

Señala que al ser consultada la Jefa de la Sección de Rentas Municipales ha informado que la posición se sustenta en el artículo 34 de la Ley de Rentas Municipales, que señala: "El comprador, usufructuario, sucesor u ocupante a cualquier título, de un establecimiento, negocio o giro gravado con contribución de patentes, responderá del pago de las patentes morosas que se adeudaren.”, por tanto, la recurrente al ocupar el mismo establecimiento es responsable de las patentes morosas relacionadas a él, conformándose una obligación real o ambulatoria, también conocida como obligación propter rem.

Concluye refiriendo que la serie de actos necesarios para pronunciarse sobre la solicitud de la patente, se ajustaron a la normativa legal, obedeciendo a antecedentes concretos, objetivos y no al mero capricho que implica una arbitrariedad como se le imputa, y que, lo anterior no obsta, además, para que inicie un nuevo procedimiento administrativo para la solicitud, buscando acreditar aquello que le ha sido solicitado por la Sección de Patentes Comerciales. Solicita el rechazo del recurso, con costas.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, del mérito de autos, se desprende que lo alegado es la exigencia realizada a la sociedad actora por la entidad edilicia, en cuanto debe pagar una deuda por patentes provisionales de otro contribuyente, no permitiéndole optar y pagar una patente comercial definitiva hasta saldar la deuda del arrendatario anterior del inmueble donde actualmente desarrolla su actividad económica, vulnerando el actuar de la municipalidad sus garantías consagradas en el artículo 19 numerales 21 y 24.

Por su parte, la recurrida ha señalado que, por aplicación del artículo 34 de la Ley de Rentas Municipales, si el negocio o establecimiento es traspasado, el comprador, sucesor u ocupante también puede ser responsable del pago de las patentes morosas anteriores, por lo que sostiene que la Municipalidad ha actuado conforme a derecho.

SEXTO: Que, en relación a la extemporaneidad alegada, se tendrá presente que el mismo recurrente señala en su libelo haber tomado conocimiento del acto arbitrario e ilegal el día 27 de octubre, lo cual se acreditó con el correo electrónico de esa misma fecha, y que, siendo el plazo de treinta días corridos, según lo dispuesto por el Auto Acordado de recurso de protección, el plazo para interposición de la acción se cumplió el día 26 de octubre de 2025, y habiéndose presentado el 27 de octubre pasado, no cabe más que resolver que este es extemporáneo.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, por extemporáneo el recurso de protección interpuesto a favor de la SOCIEDAD REPUESTOS Y ACCESORIOS nombre reservado LIMITADA, en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°2043-2025 (Protección).