nombre reservado con UNIVERSIDAD DE LA SERENA

nombre reservado, nombre reservado

Universidad de La Serena Recurso de Protección Rol N°2038-2024.- La Serena, cuatro de marzo de dos mil veinticinco.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el veintisiete de diciembre de dos mil veinticuatro comparece nombre reservado, recurriendo de protección en contra de la UNIVERSIDAD DE LA SERENA.

Expone que el 29 de noviembre de 2024, fue llamada desde el Departamento de Personal de la Universidad de La Serena, en donde se le hizo entrega de una carta a través de la que se le informó la decisión de la Universidad de no prorrogar su nombramiento para el año 2025 como Profesional en calidad de contrata.

Puntualiza que comenzó a realizar labores para la Universidad de La Serena en el mes de octubre de 2016, bajo la modalidad a honorarios hasta diciembre del año 2017, vinculada al PMI 1401 llamado INEERGIAS. También, como Pedagoga en Historia, Geografía y Ciencias Sociales y Licenciada en Educación con grado de Magister en Ciencias Ambientales, mención en Gestión Ambiental en la Universidad de Tarapacá, impartió clases en distintos electivos de la Universidad durante los años 2016 a 2017.

Luego, desde el año 2018 hasta el año 2024 se mantuvo vinculada a la recurrida bajo la modalidad de contrata, en virtud de consecutivos nombramientos en dicha calidad, renovándose su contratación año tras año.

Agrega que desde el año 2018 hasta el mes de marzo de 2024, sus funciones las realizaba en la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado en el cargo de Encargada de gestión y vinculación del área de Divulgación Científica. En el mes de abril de 2024 fue traspasada a la Dirección de Vinculación con el Medio, en el cargo de Coordinadora institucional de vinculación con el medio, donde asumió nuevas y mayores funciones.

Hace presente que para hacer efectivo el traslado, el Vicerrector de Investigación y Postgrado don nombre reservado le indicó verbalmente que debía presentar una renuncia por escrito, con el único fin de que no existieran inconvenientes con el contrato que la Universidad tenía por el Proyecto Mineduc 21992: Polo Científico y Tecnológico, que era de dónde provenían los recursos con los que se tenía que contratar a otra persona que asumiera su antiguo puesto. En ningún momento se le explicó que aquello se utilizaría como una renuncia a la Universidad y como un argumento para sostener que había perdido la confianza legítima, tal como se expresó en la comunicación de la no renovación de su contrata que le fuera entregada el 29 de noviembre. Su creencia estaba respaldada además por que en ningún momento dejó de prestar funciones para la Universidad, continuando con las mismas labores en el período marzo-abril 2024, y aumentándolas desde el mes de abril. Tanto es así, que en el mes de marzo de 2024 ya estaba trabajando en la Dirección de Vinculación con el Medio ubicado en Casa Lambert nº1453 hasta la actualidad.

Aduce que la recurrida no ha fundamentado de manera suficiente la razón de su decisión de no renovación de su contratación, volviendo la decisión arbitraria y además ilegal, puesto que conforme a las funciones que realizaba para la recurrida, todas ellas son y seguirán siendo necesarias para llevar a cabo los fines que son propios de la Universidad de La Serena, todas labores que, además, realizó de manera óptima y obteniendo resultados destacados y superiores en el área de Vinculación con el Medio.

Indica que su jefatura directa el Director don nombre reservado, le informó que continuaría ejerciendo sus funciones durante el año 2025, en coherencia con toda la planificación que se había realizado en conjunto con él y con todo el equipo de trabajo para el próximo año, y en virtud de ello, es que el 25 de noviembre de 2024 recibió un correo electrónico de su parte dirigido a ella y al resto de las personas que trabajan en la Dirección de Vinculación con el Medio y Extensión, en el que se les informaba que debían completar e ingresar a la plataforma de la Universidad la declaración jurada correspondiente a la prórroga de 2025, declaración que debe ser ingresada por cada funcionaria y funcionario como requisito para la tramitación de la prórroga de contratación, el asunto del referido correo electrónico que recibió es “Renovación Contrata 2025”.

El mismo día acusó recibo del correo enviado por el Director y completó la “Declaración Jurada Simple, D.F.L. Nº29 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº18.834 sobre Estatuto Administrativo de 2005”, ingresándola a la plataforma en línea de la Universidad, tal como lo hizo desde el año 2018 hasta el presente 2024, a fin que su contrata fuese renovada para el año siguiente.

Por lo anterior, se generó en ella la legítima expectativa de que continuaría realizando sus funciones en el futuro, siendo su contratación renovada para el año 2025 tal como se lo informó expresamente su Jefatura, refrendando dicha expectativa toda la planeación de trabajo que había realizado para el próximo año, y por lo mismo, la circunstancia de que a los pocos días se le comunicara precisamente lo contrario, dejándola sin trabajo, privándola de su remuneración y truncando su carrera profesional en la Universidad, la tomó completamente desprevenida, afectándola emocionalmente de la peor manera, sin poder entender el motivo por el que después de que el mismo recurrido proyectara su trabajo hacia el futuro, ahora le ponía fin de forma repentina e injustificada, a través de una decisión abiertamente arbitraria y apartada de la legalidad.

Agrega que inmediatamente después de presentar la referida renuncia que la Universidad le solicitó, continuó ejerciendo sus funciones, y es más, las nuevas funciones ya las había asumido en el mes de marzo, todas labores a través de las cuales el recurrido ejecuta los fines que le son propios en su calidad de Institución de Educación Superior del Estado. En los hechos, y tal como lo demuestra la Resolución Exenta RA N° 340/2207/2024 de 24 de abril de 2024 de Designación a Contrata dictada por la Universidad, nunca dejó de prestar labores para la recurrida en la misma calidad, lo que se reflejó en las respectivas resoluciones, las que indican como continuación el día hábil siguiente al término de su anterior cargo. Así también se demuestra con el Certificado nº358 emitido por la recurrida, en donde se indica que la mal llamada renuncia tuvo lugar el 30 de marzo de 2024 para luego continuar en la misma calidad de nombramiento como “Profesional, del Escalafón de Profesionales, Jornada de 44 horas semanales” desde el 1 de abril de 2024.

Pretender que su renuncia seguida de una nueva contratación excluye la aplicación del principio de confianza legítima resulta improcedente por las siguientes razones:

1. Carácter administrativo y condicionado de la renuncia:

Tal como ya se mencionó, su renuncia no tuvo como propósito la terminación de la relación estatutaria/laboral, sino que fue requerida por la propia Universidad de La Serena como un trámite administrativo necesario para ajustar procedimientos internos. Este acto, que permitió la continuidad de sus funciones bajo un nuevo cargo, no interrumpió el vínculo laboral ni afectó la estabilidad derivada de su nombramiento a contrata, y que era de muy antigua data.

2. Continuidad en la prestación de servicios:

A pesar de esta renuncia, continuó ejerciendo funciones sin interrupción. Los actos administrativos posteriores, confirman la continuidad de esa relación laboral, lo que refuerza la expectativa razonable de permanencia en el cargo y consolida la confianza legítima.

3. Contradicción con actos propios de la recurrida:

La Universidad, a través de comunicaciones oficiales y otros actos administrativos, generó expectativas legítimas de renovación del contrato para el 2025. Ejemplo de ello es el correo del 25 de noviembre de 2024, en el que se le solicitó completar documentación para la renovación. La posterior decisión de no renovar el contrato, basándose en una renuncia que no interrumpió la relación laboral, contradice dichos actos y vulnera el principio de buena fe administrativa.

4. Principio de buena fe y confianza legítima:

La buena fe administrativa obliga a las instituciones públicas a actuar de manera coherente, transparente y no contradictoria. Usar la renuncia como fundamento para negar la aplicación de la confianza legítima constituye un acto arbitrario, ya que:

- La recurrida se benefició de la prestación continua de sus servicios después de la renuncia.

- Generó expectativas razonables y justificadas de continuidad en la relación laboral.

- Posteriormente se utiliza la renuncia como argumento en contradicción de su propia conducta previa, lo que configura un abuso del derecho.

Por lo anterior, es que la razón que sustenta el Principio de Confianza Legítima tiene lugar plenamente en su situación y en su trayectoria en la Universidad de La Serena, con una permanencia en ella en calidad de Profesional a Contrata durante 6 años consecutivos, lo que se constata con lo resuelto por la Excelentísima Corte Suprema en sentencia de 30 de agosto de 2023, Rol 34.864-2023, donde la Magistratura expone las razones por las que los Tribunales de Justicia han debido instaurar y aplicar el Principio de la Confianza Legítima.

En su caso, no se inició ningún sumario administrativo, y es más, en el último proceso de calificación que le fuera realizado por el período septiembre 2022 a agosto 2023, obtuve como resultado encontrarme en la lista de calificación de distinción. Desconoce la razón por la que no fue evaluada por el período septiembre 2023 y agosto de 2024, pero no existe una hoja de calificación por dicho período y tampoco fue notificada de la evaluación correspondiente.

Sostiene que la decisión de no renovación de su contratación por parte de la recurrida constituye un acto arbitrario e ilegal, que lesiona la garantía constitucional de igualdad ante la ley y en la aplicación de la ley, ya que la somete a un trato diferente al esperado y dispuesto para quienes se encuentran en su misma situación, como son el resto del funcionariado que también recibió por parte de sus jefaturas la comunicación mediante correo electrónico, a fin de ingresar a la Plataforma institucional de la Universidad la declaración jurada necesaria para la tramitación de su renovación para el año 2025, lo que hizo, al igual que las demás funcionarias y funcionarios, pero a ella, de forma totalmente injustificada, se le comunica a los pocos días contradictoriamente, que no será renovada en sus funciones.

Es en el mismo sentido que, también le correspondía esperar la misma conducta por parte de la Universidad que ha tenido lugar con el resto del funcionariado que se ha mantenido realizando funciones para la recurrida de forma continua por 5 años o más, es decir, esperar la renovación de la contratación para el año 2025, pero en lugar de ello, se afirma de forma ilegal y arbitraria que no existe a su favor el principio da la confianza legítima, a pesar de prestar funciones para la Universidad desde el año 2018 de forma permanente y continua, en virtud de consecutivos nombramientos a contrata.

Hace presente que su remuneración mensual ascendía a la suma de $1.575.700. El actuar ilegal y arbitrario que se acusa en el presente recurso por parte de la Universidad de La Serena la priva de las remuneraciones que legítimamente le correspondía recibir durante el año 2025 en virtud de la renovación de su contrata, pero que hoy no obtendrá como consecuencia de su decisión, dejándola sin su fuente laboral y sin gran parte de los ingresos con los que su familia y ella subsisten.

Por estas consideraciones solicita se deje sin efecto la decisión de no renovación y se ordene a la recurrida UNIVERSIDAD DE LA SERENA reintegrarla de forma inmediata en sus funciones, renovando su contratación para el período 2025; que la UNIVERSIDAD DE LA SERENA debe proceder al pago de todas las remuneraciones, bonos, asignaciones, cotizaciones de AFP, AFC y de salud, y todas las demás prestaciones laborales que se devenguen desde su desvinculación y cese de sus servicios, hasta que la sentencia que se dicte en la presente acción se encuentre ejecutoriada; y que se condene a la recurrida UNIVERSIDAD DE LA SERENA al pago de las costas del recurso.

Acompaña los siguientes documentos: 1.- Comunicación enviada por el Director de Recursos Humanos de la Universidad de La Serena a doña nombre reservado, de fecha 29 de noviembre de 2024, con constancia de recepción de la misma fecha; 2.- Certificado nº358 emitido con fecha 04 de diciembre de 2024 por el Departamento de Personal de la Universidad de La Serena, el que muestra la trayectoria de doña nombre reservado desde el 01 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2024, con indicación de cargo, calidad de nombramiento y Resolución de cada nombramiento; 3.- Correo electrónico de fecha 25 de noviembre de 2025, asunto: renovación contrata 2025, enviado por el Director de Vinculación con el Medio y Extensión nombre reservado correo reservado, a nombre reservado correo reservado, y a otros destinatarios; junto con respuesta de la misma fecha de doña nombre reservado a nombre reservado en que acusa recibo; y una segunda respuesta en que da aviso de haber realizado la acción solicitada, en la misma fecha; 4.- Declaración jurada simple DFL Nº29 que fija texto refundido y sistematizado de la Ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo de 2005, emitida por nombre reservado con fecha 25 de noviembre de 2024; 5.- Resolución exenta RA Nº340/1750/2024 de fecha 26 de marzo de 2024 por la que se acepta la renuncia de doña nombre reservado a su cargo de Profesional, jornada de 44 horas semanales, a contar del día 30 de marzo de 2024; 6.- Resolución exenta RA Nº340/2207/2024 de fecha 26 de abril de 2024, que designa a Contrata en el cargo de Profesional, jornada de 44 horas semanales, a doña nombre reservado a contar del día 01 de abril de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024; 7.- Hoja de calificación por el período de evaluación del 01 de septiembre de 2022 al 31 de agosto de 2023, la que indica como resultado de Lista de Calificación: Distinción; 8.- Registro de Estadísticas en el ámbito de vinculación con el medio por año, el que muestra el aumento en el porcentaje de ejecución durante el año 2024 en relación con los años anteriores, el que se obtiene desde la Plataforma Phoenix de la Universidad de La Serena; 9.- Set de correos electrónicos de fechas 27 de noviembre de 2024, dirigidas por doña nombre reservado a la Facultad de Ciencias, a la Facultad de Humanidades, a la Facultad de Ciencias Sociales Empresariales y Jurídicas y a la Facultad de Ingeniería, los que dan cuenta de las gestiones realizadas por doña nombre reservado en el ejercicio de sus funciones, en relación a la Planificación del trabajo a realizar durante el año 2025; 10.- Decreto Exento nº909 de 13 de septiembre de 2024 de la Subsecretaría de Educación, que aprueba el convenio de desempeño entre el Ministerio de Educación y la Universidad de La Serena “Conectando a La Universidad de La Serena con el territorio, mediante el fortalecimiento de comunidades de aprendizaje dialógico en establecimientos educacionales de la Región de Coquimbo”, junto con Propuesta de Proyecto emitida por la Universidad de La Serena, el que indica una duración proyectada de 24 meses, y en su página 29 indica a doña nombre reservado como integrante del proyecto; 11.- Correo electrónico de fecha 22 de octubre de 2024 enviado por nombre reservado sobre la planificación para el año 2025 del Proyecto ADAIN, junto con Formulario de Postulación, el que indica una duración proyectada de 24 meses, y en su página 25 indica a doña nombre reservado como integrante del proyecto.

SEGUNDO: Que, evacuó informe DANIEL ALBERTO SAAVEDRA LATORRE, abogado en representación de la UNIVERSIDAD DE LA SERENA.

Expone, en lo pertinente, que la recurrente se desempeñó dentro de esa Institución en 3 periodos distintos como se expondrá a continuación:

Primera vinculación de la recurrente con Universidad de La Serena, mediante Resolución Exenta RA N°340/8/2018. La recurrente fue contratada para prestar funciones en calidad profesional, por 44 horas, desde el 1 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018. Dicha designación fue prorrogada para el año 2019 mediante Resolución Exenta RA N°340/239/2019, nuevamente para el año 2020 mediante Resolución Exenta RA N°340/5008/2019 y luego para todo el año 2021 mediante Resolución Exenta RA N°340/455/2021.

Así mediante Resolución Exenta RA N°340/3291/2021 se determinó la decisión de no prorrogar la Contrata de la recurrente para el año 2022, culminando entonces su primer vinculo jurídico con la Institución el 31 de diciembre de 2021 por la causal contenida en la letra f) del artículo 146 del DFL 29; Término del período legal por el cual se es designado.

Segunda vinculación de la recurrente con Universidad de La Serena, mediante Resolución Exenta RA N°340/411/2022 la recurrente fue contratada a contar del 5 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022 como profesional, por 44 horas, dejando expresa constancia que asumió sus funciones a contar del día 5 de enero de 2022.

Lo anterior implica que los días; lunes 2 de enero, martes 3 de enero y miércoles 4 de enero la recurrente estuvo desvinculada de la administración, situación que fue omitida por la recurrente en su recurso y que a todas luces constituye solución de continuidad, con los efectos que se analizarán más adelante.

Dicha designación fue prorrogada para el año 2023 mediante Resolución Exenta RA N°340/4104/2022 y luego para el año 2024 en virtud de la Resolución Exenta RA N° 340/556/2024; en dicha prorroga se dejó expresa constancia de que el motivo de esta prórroga consistía en: “Profesional Encargada de gestión y vinculación del área de divulgación científica, en el marco del proyecto ULS21992, cuya contratación no deberá exceder el plazo de ejecución del proyecto individualizado, de acuerdo con lo señalado en la cláusula 8 del Decreto Exento N°533 de 2021, previa evaluación, adscrito a la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado.”

Destaca que la recurrente presentó de forma libre, espontánea, en términos puros y simples su renuncia a contar del 30 de marzo de 2024, la cual fue aceptada mediante Resolución Exenta RA N°340/1750/2024 a contar de la misma fecha, lo que da término a su segundo periodo de vinculación con esa Corporación de Educación Superior.

Lo anterior implica igualmente solución de continuidad puesto que la recurrente no se encontró vinculada a la administración el 31 de marzo de 2024.

Tercera vinculación de la recurrente con Universidad de La Serena. La recurrente fue contratada a contar del 1 de abril de 2024 mediante Resolución Exenta RA N°340/2207/2024 cuya motivación plasmada en la propuesta de contratación establece: “Coordinadora Institucional de Vinculación con el Medio Y Extensión”.

Dicha contrata estableció como plazo de contratación entre el 1 de abril de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024 y en virtud del análisis de todas las contratas ya citadas se determinó que la recurrente no contaba con confianza legitima, tanto de acuerdo a los criterios impartidos por Contraloría General de la República, como por la Jurisprudencia asentada en los Tribunales de Justicia, motivo por el cual se le comunicó la decisión de no prorrogar su contrata mediante carta de 29 de noviembre de 2024, notificada personalmente a la exfuncionaria el mismo día.

Sostiene que la recurrente no contaba con confianza legitima, por tanto su no renovación resulta licita, sin embargo acatando la orden evacuada por este Tribunal ha dictado la Resolución Exenta RA N°340/983/2025, donde se contrata a la recurrente, a contar del 1 de enero de 2025 y hasta el 30 de junio de 2025, un plazo prudencial que a juicio de su parte asegurará la continuidad de sus servicios, el pago de sus remuneraciones y otros emolumentos, así como beneficios funcionarios mientras dure la tramitación de esta causa y por supuesto será extendida si la extensión de la tramitación de la presente causa se extiende más allá de este plazo.

Indica que la Excelentísima Corte Suprema ha fijado el plazo para adquirir la confianza legitima en 5 años, la recurrente tiene menos de un año en su nueva contrata, como se expuso habiendo interrumpido su contrata y en definitiva existiendo solución de continuidad en 2022 y luego en 2024, por lo que no tiene en caso alguno 5 años ininterrumpidos.

Aduce que el derecho de propiedad de la recurrente no se encuentra vulnerado en absoluto, pues, en lo que respecta a la propiedad sobre el empleo, a nuestro entender se rige por las normas del artículo 19 N°17 de la Constitución y no por la garantía del numeral 24.

Además, debe tener presente que en ningún caso se podría estimar que este sea un derecho absoluto a todo evento, toda vez que, así como el Estatuto Administrativo a regulado el derecho a la estabilidad del empleo, también ha establecido mecanismos de cesación de las funciones, como es el caso de lo dispuesto en el artículo 10, respecto a los funcionarios a contratas, quienes cesan de sus funciones el 31 de diciembre del año correspondiente por el solo ministerio de la ley.

En cuanto lo referido a la garantía de igualdad ante la ley, no se vislumbra de qué forma sería afectada la recurrente, lo anterior por cuanto en el presente año se les informó a decenas de exfuncionarios que no serían prorrogados en sus contratas a causa de la aplicación de las normas e instituciones jurídicas ya latamente explayadas, por lo que en caso alguno la recurrente se ve vulnerada en dicha garantía puesto que no ha sido tratada distinta a cualquier otra persona en situación jurídica idéntica, por supuesto lo anterior, a la luz de los antecedentes aportados por su parte los cuales dan real cuenta de la situación jurídica de la recurrente.

Así y en virtud de todo lo expuesto es dable concluir que no solo no han sido vulnerados derechos algunos de la recurrente, sino que esa Universidad ha actuado conforme a derecho y en cumplimiento absoluto de la legislación aplicable y de lo ordenado por esta Corte.

Por estas consideraciones solicita el rechazo del recurso de protección interpuesto con costas.

Acompañados los siguientes documentos: 1- Resolución TRA N°340-8-2018; 2- Resolución Exenta RA N°340-239-2019 Prorroga; 3- Resolución Exenta RA N°340-5008-2019 Prorroga; 4- Resolución Exenta RA N°340-455-2021 Prorroga; 5- Resolución Exenta RA N°340-3291-2021 Decisión de Prorrogar; 6- Resolución Exenta RA N°340-411-2022 Designa a Contrata; 7- Resolución Exenta RA N°340-4104-2022 Prorroga Contrata; 8- Resolución Exenta RA N°340-556-2024 Prorroga Contrata; 9- Carta Renuncia de la recurrente; 10- Resolución Exenta RA N° 340-1750-2024 acepta renuncia; 11- Resolución Exenta RA N° 340-2207-2024 con propuesta anexo y dj; 12- Carta Notificación decisión de no prorrogar; 13- Ficha de Personal de la recurrente con resumen de contratas; 14- Resolución Exenta RA N°340/983/2025 que contrata a la recurrente en cumplimiento de la Orden de No Innovar.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, de los antecedentes agregados, resultan hechos del recurso, con relación al vínculo estatutario de la recurrente con la recurrida, los siguientes: i) Que la recurrente ingresó a desempeñar funciones a contrata por resolución exenta RA N°340/8/2018, contratada para prestar funciones en calidad profesional, por 44 horas, desde el 1 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018. Designación que fue prorrogada para el año 2019 mediante Resolución Exenta RA N°340/239/2019, nuevamente para el año 2020 mediante Resolución Exenta RA N°340/5008/2019 y luego para todo el año 2021 mediante Resolución Exenta RA N° 340/455/2021. ii) Por Resolución Exenta RA N°340/3291/2021 se determinó la decisión de no prorrogar la Contrata de la recurrente para el año 2022, sin embargo, mediante Resolución Exenta RA N° 340/411/2022, fue contratada a contar del 5 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022 como profesional, por 44 horas. Dicha designación fue prorrogada para el año 2023 mediante Resolución Exenta RA N° 340/4104/2022 y luego para el año 2024 en virtud de la Resolución Exenta RA N° 340/556/2024; en dicha prorroga se dejó expresa constancia de que el motivo de esta prórroga consistía en: “Profesional Encargada de gestión y vinculación del área de divulgación científica, en el marco del proyecto ULS21992, cuya contratación no deberá exceder el plazo de ejecución del proyecto individualizado, de acuerdo con lo señalado en la cláusula 8 del Decreto Exento N°533 de 2021, previa evaluación, adscrito a la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado.” iii) la recurrente presentó renuncia a contar del 30 de marzo de 2024, la cual fue aceptada mediante Resolución Exenta RA N° 340/1750/2024 a contar de la misma fecha, iv) La recurrente fue contratada a contar del 1 de abril de 2024 mediante Resolución Exenta RA N° 340/2207/2024 cuya motivación plasmada en la propuesta de contratación establece: “Coordinadora Institucional de Vinculación con el Medio Y Extensión”. Dicha contrata estableció como plazo de contratación entre el 1 de abril de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024. v) Comunicación enviada por el Director de Recursos Humanos de la Universidad de La Serena a doña nombre reservado, de fecha 29 de noviembre de 2024, con constancia de recepción de la misma fecha por la que se le informa de la no renovación de su contrata; vi) Correo electrónico de fecha 25 de noviembre de 2025, asunto: renovación contrata 2025, enviado por el Director de Vinculación con el Medio y Extensión nombre reservado correo reservado, a nombre reservado correo reservado, y a otros destinatarios; vii) Set de correos electrónicos de fechas 27 de noviembre de 2024, dirigidas por doña nombre reservado a la Facultad de Ciencias, a la Facultad de Humanidades, a la Facultad de Ciencias Sociales Empresariales y Jurídicas y a la Facultad de Ingeniería, los que dan cuenta de las gestiones realizadas por doña nombre reservado en el ejercicio de sus funciones, en relación a la Planificación del trabajo a realizar durante el año 2025.

SEXTO: Que conforme a lo anterior, las contratas de la recurrente han sido prorrogadas continua y sucesivamente, desde enero de 2018, siendo su última prórroga en abril de 2024, la cual extendió su contratación hasta 31 de diciembre del mismo año, por lo que aparece que la funcionaria tiene más de 5 años de antigüedad como contrata, en forma absolutamente continua y sucesiva desde enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2021, tres años, y luego a partir del 05 de enero de 2022 hasta el 2024, quedando fuera solo los días 2,3 y 4 de enero de 2022, y el día 31 de marzo de 2024, es decir, 6 años menos 4 días, desde enero de 2018 a diciembre de 2024.

Que, si bien la recurrente presentó renuncia a contar del 30 de marzo de 2024, la recurrente fue contratada a contar del 1 de abril de 2024 mediante Resolución Exenta RA N° 340/2207/2024 y se estableció como plazo de contratación entre el 1 de abril de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024.

SÉPTIMO: Que el acto administrativo que se objeta por el presente recurso, lo constituye la Resolución Exenta N° 340/2207/2024, de 29 de noviembre de 2024, por el que se resolvió no renovar la contrata de la recurrente para el año 2025, respecto del cual se aduce por la actora que sería ilegal y arbitrario, conforme a los fundamentos expuestos en el fundamento primero de este fallo.

OCTAVO: Que, en cuanto a la discrecional facultad de la Administración para no renovar o poner término anticipado a las contratas transitorias, mediante resoluciones debidamente fundadas en la ley, se hace necesario distinguir, como lo establece la EXCMA. Corte Suprema, en sentencia dictada en causa rol N 5.883-2023, entre aquellas relaciones que han tenido una extensión temporal mayor en el tiempo, toda vez que dichas personas, según la jurisprudencia judicial y administrativa, se encuentran protegidas por el principio de confianza legitima, el que busca proteger a los funcionarios de los cambios intempestivos en las decisiones de la Administración, entregando estabilidad a los servidores públicos, impidiendo que a través de aquellos se lesionen derechos.

Se ha resuelto en estas materias, que tanto la decisión de poner término anticipado a una contrata, como la no renovación de la misma, respecto de personas que se han vinculado con la Administración por un determinado número de años, transgrede el principio de la confianza legítima del funcionario que alberga la justa expectativa de terminar el periodo cubierto por su designación y a ser recontratado para el año siguiente, la que, en todo caso, se configura cuando concurre, como ya se dijo, un elemento temporal estabilizador, esto es, que se hubieran producido renovaciones sucesivas.

Conforme lo razonado, la determinación del elemento temporal que cobra relevancia, en tanto es aquel el que determinara las exigencias que puedan imponerse para terminar el vínculo, pues si la persona que se desempeña en la Administración está protegida por el principio de confianza legítima, aquella solo puede poner término a esa relación estatutaria por sumario administrativo derivado de una falta que motive su destitución, o por una calificación anual que así lo permita.

En la misma línea, el Estatuto Administrativo establece un procedimiento específico para evaluar el servicio de los funcionarios públicos, que es aplicable a quienes sirvan los cargos en calidad de planta o a contrata, debiendo la autoridad dejar plasmadas en el proceso de calificación las razones de un eventual mal desempeño que, una vez firme, determina que el funcionario deje de prestar servicios, sin que sea admisible para no renovar la contrata, que sus servicios ya no son necesarios conforme a lo estipulado en la resolución última que renovó su designación respecto de personas que se hayan desempeñado por larga data sirviendo el cargo especifico, pues aquello, sin duda vulnera el principio de confianza legítima.

En el mismo orden de ideas, mediante Dictamen N 23.518, de 2016, se estableció que el término anticipado de una designación a contrata dispuesta con la fórmula "mientras sea necesarios sus servicios", como en el caso que nos ocupa, debe materializarse por un acto administrativo fundado, por tanto, la autoridad que lo dicta debe expresar los motivos, las condiciones que posibilitan y fundan su emisión, además de los razonamientos y los antecedentes de hecho y de derecho que le sirven de sustento y conforme a los cuales ha adoptado su decisión, sin que sea suficiente la simple referencia formal, de manera que su sola lectura permita conocer cuál fue el raciocinio para la adopción de su resolución.

NOVENO: Que, la Excma. Corte Suprema, a efectos de establecer un criterio unificador, ha considerado que el plazo de cinco años, es un período prudente para que la Administración evalúe íntegramente no sólo el desempeño del funcionario sino que, además, estudie la necesidad de seguir contando con el cargo que sirve la persona, por cuanto existe una real necesidad del servicio de contar con una persona que desempeñe las funciones específicas que motivaron la dictación del acto administrativo que determinó el inicio del vínculo con la Administración.

DÉCIMO: Que, se concluye de lo expuesto previamente, que si una persona se encuentra vinculada con la Administración a través de contratas anuales y ha tenido un periodo de desempeño por un tiempo superior a cinco años, como lo que ocurre con la recurrente, le asiste el principio de confianza legítima y, en consecuencia, la Administración requiere la dictación de un acto especial al efecto, al ser superior a cinco años su vinculación con la Administración y encontrarse amparada por el principio de confianza legítima.

Abona a lo razonado, lo comunicado a la recurrente mediante correos electrónicos en que en primer término se le informa que le llegará una solicitud para que realice la declaración jurada correspondiente para su prorroga de contrato para el año 2025, y luego, aquellos en que se planifica el trabajo del año 2025.

Asimismo, respecto de la duración del tiempo de las contratas, se ha señalado que un servidor puede ser objeto de múltiples y sucesivas designaciones a contrata por tiempos menores a un año calendario (por ejemplo, solo por algunos meses), tiempos que son útiles para efectos de entender una continuidad en el vínculo que genera la expectativa de seguir siendo designado para la referida contrata, cuando los diferentes periodos continuos, desempeñados abarque más de dos años (dictámenes Nos 53.844 y 78.454, de 2016).

Más aun en el caso de autos, en que las sucesivas designaciones lo fueron desde enero del año 2018 hasta el 31 de diciembre de 2024, con la sola excepción de 4 días durante todo ese periodo, continuidad en la que a juicio de esta Corte no incide el hecho que la recurrente presentó renuncia a contar del 30 de marzo de 2024, la cual fue aceptada mediante Resolución Exenta RA N°340/1750/2024 a contar de la misma fecha, y acto seguido, fue contratada a contar del 1 de abril de 2024 mediante Resolución Exenta RA N°340/2207/2024 que estableció como plazo de contratación entre el 1 de abril de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024.

UNDÉCIMO: Que, de acuerdo con los hechos que se dieron por establecidos en el motivo quinto de la presente sentencia, ha quedado establecido que doña nombre reservado, fue objeto de más de seis contrataciones anuales y sucesivas, esto es, por los años 2018 a 2024.

DUODÉCIMO: Que, en este escenario legal y fáctico, es dable concluir que el hecho que la actora haya sido nombrada en el cargo a contrata por más de seis anualidades, lo que generó a su respecto la confianza legítima de mantenerse vinculada con la recurrida, de modo tal que sólo se puede terminar esa relación estatutaria por sumario administrativo derivado de una falta que motive su destitución o por una calificación anual que así lo permita, aspectos estos últimos que no concurren en la especie.

En consecuencia, es dable concluir que la decisión adoptada en esos términos resulta ser ilegal, por carecer de la motivación que se exige a todo acto administrativo y, en ese contexto, carece de razonabilidad, lo que deviene en una arbitrariedad.

Por las anteriores consideraciones, disposiciones legales citadas y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE, con costas, la acción constitucional deducida por doña nombre reservado, en contra de la UNIVERSIDAD DE LA SERENA, por lo que se deja sin efecto la RA N°340/2207/2024 por la que no se prorrogó su contrata para el año 2025.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Ministra señora Gloria Negroni Vera.

Rol N°2038-2024 (Protección).-