nombre reservado con CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR DE LOS ANDES
- Fecha
- 25 de septiembre de 2023
- Sala
- Primera Sala
- Resultado
- Rechazada
- Cita
- Corte de Apelaciones de La Serena, Rol N° 2035-2023, sentencia de 25 de septiembre de 2023
Resumen
Se rechaza sin costas el recurso de protección porque perdió oportunidad: la recurrida acreditó el cese de los descuentos en las remuneraciones del recurrente y la devolución de lo descontado, desapareciendo los presupuestos fácticos.
Texto íntegro
nombre reservado, nombre reservado
Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes Recurso de Protección Rol N°2035-2023.- La Serena, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, con fecha veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés comparece MARIO ESPINOSA VALDERRAMA, abogado, en representación de nombre reservado, interponiendo recurso de protección de garantías constitucionales en contra de CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES.
Expone que con fecha 27 de febrero del 2014 su representado suscribió pagaré N° 43.RUT reservado en favor de la recurrida, por la suma de $ 5.028.363 por concepto de capital, más intereses. El capital e intereses serian pagados en 48 cuotas mensuales y sucesivas. Conforme consta del mismo instrumento, con fecha 9 de enero del 2015 su representado reprogramó la citada operación de crédito social, por la suma de $4.850.427, la que debía ser solucionada en 48 cuotas mensuales y sucesivas de $140.971, venciendo la primera de ellas el 31 de agosto de enero 2014 y la ultima el 31 de diciembre 2018.
Asimismo, en el pagaré se estipuló que, el simple retardo en el pago de todo o parte de una cualquiera de las cuotas permitirá exigir la solución integra de la suma debida, considerándose la obligación de plazo vencido y capitalizados los intereses devengados y no pagados, todo conforme al artículo 9° de la ley 18.010.
Es del caso que su representado pierde su trabajo, estando cesante durante varios meses, cayendo en mora respecto del referido pagaré respecto de la segunda cuota, con fecha de vencimiento 31 de diciembre del 2014. Es así como, con fecha 04 de septiembre del 2015, se inicia un procedimiento ejecutivo en su contra, por parte de la caja de compensación de asignación familiar Los Andes, radicada en el 1° Juzgado de Letras de Coquimbo, bajo el rol C-2638-2015, quien haciendo uso de la cláusula de aceleración, de forma tal que en la referida demanda ejecutiva se cobró todo el pagaré como si fuera de plazo vencido, haciéndose exigible toda la obligación el 24 de octubre de 2015, fecha en la cual se me notificó la demanda.
Destaca que en dicha causa con fecha 17 de julio de 2023, su parte presenta incidente de abandono del procedimiento, respecto del cual el Tribunal confiere traslado a la contraria el 20 de julio de este año ordenando que se notifiqué por cédula, no existiendo más movimientos a la fecha desde esta presentación.
Aduce que no existiendo una sentencia ejecutoriada, su representado nota que la parte recurrida está realizando descuentos a su liquidación de pago a fin de mes, advirtiendo que la cantidad entregada por concepto de remuneración era menor a la pactada debido a un descuento por la suma de $222.816.- por concepto “Préstamo CCAF Los Andes Ct.:61 de 97”. Lo anterior importa un detrimento ilegal y arbitrario a su remuneración mensual.
Añade que incluso habían transcurrido más de 8 años desde que se había realizado el último descuento, reviviendo un descuento años después de manera arbitraria y antojadiza.
Señala que, como se desprende de lo anteriormente señalado, el actuar de la recurrida es un acto arbitrario, antojadizo e ilegal, que carece de fundamento alguno, tanto en su realización como en el monto que ordenó retener al empleador de su representado y reviste un abuso de los preceptos legales que regulan el funcionamiento de estas entidades respecto al cobro oportuno de los créditos sociales, descontando una proporción estructural de su remuneración liquida, de manera absolutamente forzada, intempestiva y en contra de su voluntad, sin entregar ninguna información previa a su representado ni a su empleador.
Al efecto, la recurrida actuó de manera caprichosa a injustificada, reviviendo por medio del descuento mensual, cual es un beneficio que la ley prevé para un cobro oportuno. Con su actuar, está forzando una garantía de pago improcedente en la especie, por lo que deviene en antojadiza su actual decisión de requerir el pago a través de esa vía.
Sostiene que el actuar de la recurrida vulnera claramente lo dispuesto por el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.
Agrega que en el presente caso podemos advertir un uso arbitrario e ilegal del artículo 22 de la Ley 18.833.
Precisa que el acto de autotutela efectuado por Caja de Compensación Los Andes, se trata de un descuento ilegal y arbitrario en sus remuneraciones, paralelo a la vía judicial que CCAF Los Andes ejerció y promovió mediante el cobro ejecutivo del pagaré referido inicialmente en esta presentación y además NO ES OPORTUNO y fue realizado sin dar noticias o informaciones previas a la determinación del descuento o explicar el por qué, ni el cómo se llegó a ese monto ordenado a descontar, lo que corresponde a una vulneración flagrante a la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N°24 de nuestra Constitución Política de la República, esto es, el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, toda vez que, se le ha privado y ha perturbado de su Derecho de propiedad sobre $$222.816.- pesos de su remuneración, que podría repetirse para los pagos de los próximos meses de su remuneración.
Indica que también existe arbitrariedad en el actuar de la recurrida al ordenar un descuento amparándose en el artículo 22 de la ley 18.833, paralelo a vía judicial ya iniciada con el cobro ejecutivo del pagaré y además este cobro no es oportuno y desconociendo su deber de dar noticias previas respecto a su determinación de ejecutar los abusivos e inoportunos descuentos.
También invoca la igualdad ante la ley de su mandate, garantizada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República.
Por estas consideraciones solicita se ordene:
A. Que la recurrida, CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES, debe desistir o cesar en los descuentos por planilla efectuados sobre el sueldo que la parte recurrente percibe;
B. La devolución de todos los dineros descontados con motivo del crédito antes señalado, y que motiva el presente recurso, incluyendo aquellos que se descuenten hasta que se dicte sentencia;
C. Condenar en costas a la recurrida.
Acompaña los siguientes documentos: 1.- Liquidación de Sueldo de nombre reservado correspondiente al mes de julio del año 2023; 2.- EBOOK de la causa C-2638-2015, caratulada “CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES con nombre reservado” tramitada ante el 1ºJuzgado de Letras Civil de Coquimbo; 3.- Mandato Judicial protocolizado mediante firma electrónica ante Notario Público Felipe Villarino Krumm, Repertorio Nro.: 2546– 2023. Cuidad de Valdivia, 28 de junio de 2023.
SEGUNDO: Que, evacuó informe INES RIQUELME ARAO, abogado, en representación de la CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE LOS ANDES.
Expone que dicha Caja de Compensación con fecha 25 de febrero 2014 otorgo al señor nombre reservado la operación de crédito código N° RUT reservado por un capital inicial de $5.028.363.-, a una tasa de Interés de 1.45%, pagadero en un plazo de 36 meses, con una cuota mensual de $183.397, cuyo primer vencimiento correspondió a fecha 31 de marzo 2014.
Destaca que las cuotas de los meses de marzo a julio 2014, fueron pagadas con fecha 10 de abril al 24 de octubre 2014.
Añade que producto de la morosidad existente en las cuotas de los meses de agosto a diciembre 2014, el señor nombre reservado, con fecha 29 de diciembre 2014 efectúa una reprogramación de la deuda por la suma de $4.850.427, pagadero en un plazo de 60 meses, con una cuota de $143.974, cuyo primer vencimiento corresponde a fecha 31 de enero 2015.
Señala que las cuotas de los meses enero a noviembre 2015, fueron pagadas entre los periodos comprendido entre el 10 de febrero 2015 al 10 de marzo 2017.
Posteriormente, producto de la morosidad existente en las cuotas de los meses de diciembre 2015 a marzo 2017, el señor nombre reservado con fecha 27 de marzo 2017, efectúa una 2° reprogramación de la deuda por la suma de $4.992.406, pagadero en un plazo de 60 meses, con una cuota de $128.270, cuyo primer vencimiento correspondió a fecha 30 de abril 2017.
Puntualiza que las cuotas de los meses de abril 2017 a marzo 2019, fueron pagadas entre los periodos comprendido entre el 10 de mayo 2017 al 07 de septiembre 2023.
Indica que, a la fecha, la presente operación de crédito mantiene en estado moroso las cuotas de los meses de abril 2019 a marzo 2022.
Hace presente que los descuentos para el pago de cuotas de crédito social son informados al empleador del deudor de acuerdo al mecanismo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N° 18.833.
Por otro lado, su representada se encuentra efectuado el cobro de una deuda cuya acción de cobro no ha sido declarada prescrita, de tal manera que mientras no exista un pronunciamiento judicial emanado del Tribunal competente en la materia, la obligación de pagar la suma de dinero recibida en préstamo por la actora existe y es plenamente exigible. A lo anterior agrega el hecho de que, procesalmente, la vía idónea para alegar o excepcionar de prescripción no puede ser una acción de protección como la ventilada en autos.
Por ende, mal puede la recurrente pretender evadir el pago las obligaciones que mantiene para con su representada a través del ejercicio de una acción constitucional en circunstancias de que ni siquiera posee un derecho indubitado que obste su exigibilidad, el cual, en todo caso, debe ser discutido y declarado en la sede jurisdiccional correspondiente, en un juicio de lato conocimiento.
De este modo, rechaza haber efectuado actuación ilegal o arbitraria alguna que hubiese infringido, perturbado o amenazado alguna garantía constitucional del recurrente.
No obstante lo informado precedentemente y sin reconocer extinción de la deuda ni los hechos ni fundamentos de derecho que esgrime el recurrente en el presente recurso de protección, hace presente que Caja Los Andes ha dispuesto el cese definitivo de los descuentos del crédito otorgado a la recurrente. Asimismo, dispondrá la restitución de aquellas sumas que hayan sido recibidas a partir de la reanudación de los cobros, esto es, desde julio 2023.
Señala que las planillas de descuentos son generadas los días 25 del mes anterior a aquel en que se hacen efectivos los descuentos. No obstante, su representada dispondrá la devolución de toda suma que sea recibida en el intertanto.
En estas circunstancias, solicita el rechazo de la acción de protección incoada por cuanto ha perdido oportunidad toda vez que su representada ha accedido voluntariamente al cese de los descuentos y restitución solicitados.
Por estas consideraciones solicita rechazar, por falta de oportunidad, la acción de protección incoada en marras.
TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.
CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.
QUINTO: Que, atendido el mérito de los antecedentes, en particular, lo expuesto en el informe evacuado por la recurrida, el cual da cuenta del cese de los descuentos efectuados en las liquidaciones de remuneraciones del actor como también de la devolución de las sumas ya descontadas, es que solo cabe concluir que el recurso interpuesto ha perdido oportunidad, al desaparecer sus presupuestos fácticos, por lo que solo cabe desestimar la acción impetrada.
Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se declara que, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por MARIO ESPINOSA VALDERRAMA, en representación de nombre reservado, en contra de CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES.
Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.
Rol N° 2035-2023 (Protección).-