nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

nombre reservado, nombre reservado

Superintendencia de Seguridad Social Recurso de Protección Rol N° 2034-2023.- La Serena, once de octubre de dos mil veintitrés.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece CLAUDIO FERNÁNDEZ RAMIREZ, abogado de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región de Valparaíso, Centro de Atención Jurídica de Segunda Instancia, domiciliado en domicilio reservado, en representación de doña nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, técnica en párvulos, domiciliada en domicilio reservado, Compañía Baja, comuna de La Serena, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), persona jurídica de derecho público, representada por doña nombre reservado, ingeniera comercial, en su calidad de Superintendenta de Seguridad Social, con domicilio en domicilio reservado, por los actos arbitrarios en que dicho servicio público ha incurrido, los cuales afectan las garantías fundamentales de la Srta. nombre reservado.

Indica que con fecha 28 de julio del año en curso, doña nombre reservado tomó conocimiento de la Resolución Exenta N° R-01-UME-99547-2023, de esa misma fecha, por la cual la Superintendencia de Seguridad Social, a través de su Departamento Contencioso, Unidad Médica, confirmó lo resuelto por la COMPIN REGIÓN DE COQUIMBO, en orden a mantener el rechazo de las Licencias Médicas N°s 68414616-5 y 69569368-0, extendidas por un total de 60 días a contar del 01 de abril de 2022, por reposo no justificado.

Agrega como cuestión preliminar, que doña nombre reservado es madre del niño nombre reservado, nacido el 01 de septiembre del año 2020. Agustín nació prematuramente, con 28 semanas de gestación, pesando sólo 920 gramos al nacer. Ante tal situación, evidentemente, requirió cuidados permanentes y especiales tanto por parte del equipo de Neonatología del Hospital de La Serena, como de parte de su madre; la situación se tradujo en que se le otorgaron sucesivas licencias médicas amparadas por la situación delicada de salud por la cual pasaba su hijo.

Posteriormente, desde el mes de septiembre del año 2021, y agobiada por el estrés constante derivado del cuadro de salud de Agustín, doña nombre reservado comenzó a ver deteriorada su salud mental, debido a un cuadro de depresión mayor y trastorno fóbico, lo que derivó en que se otorgaron desde esa época sucesivas licencias médicas, tanto por el Dr. nombre reservado como por el Dr. nombre reservado; y la mayoría de esas licencias médicas no fueron cuestionadas por la COMPIN, lo que se tradujo en que fueron autorizadas sin mayores cuestionamientos; tal situación sufrió un brusco cambio a contar de las licencias presentadas desde el mes de enero del año 2022 y las posteriores, que fueron en principio rechazadas por la COMPÏN, entidad que, luego del recurso de reposición deducido por doña nombre reservado, autorizó 3 de las 5 licencias inicialmente rechazadas.

Las dos licencias cuyo rechazo fue ratificado por la COMPIN, son precisamente las dos licencias señaladas en la resolución aludida al inicio de esta presentación, y la resolución que motiva el presente recurso, se señala que el fundamento para el rechazo de la licencia indicada sería por reposo no justificado, indicando, como suele hacer la recurrida en las resoluciones que dicta en esta materia, que “… esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s 68414616-5, 69569368-0, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los informes emitidos por los tratantes, no exponen elementos psicopatológicos de gravedad que requieran tal extensión del reposo y se observa además que el tratamiento farmacológico indicado no es el óptimo para lograr la recuperación oportuna de la paciente. Sumado a lo anterior la reclamante no acredita el haber iniciado un proceso terapéutico con un profesional psicólogo en todo el período de reposo. Por las razones anteriores, los elementos aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período ya autorizado”.

De lo señalado entonces, se desprende que la resolución señalada es arbitraria, pues mantiene el rechazo de las licencias médicas que señala en base a lo que en ella se indica, pero sin otorgar una explicación racional que la mueva a confirmar el rechazo de tales licencias, más aún si se reconoce que las licencias anteriores a las que se rechaza habían sido autorizadas sin mayores reparos; la decisión del ente administrativo no contiene un análisis de los antecedentes clínicos de la paciente y, por otra parte, y a diferencia de lo que sostiene la recurrida, doña nombre reservado sí ha estado en tratamiento psicológico en el CESFAM Juan Pablo II. Por lo demás, esa exigencia sólo aparece referida en las resoluciones de la COMPIN y la recurrida, pero en su momento la ausencia de acreditación de la terapia psicológica no fue impedimento para que se autorizaran las licencias médicas otorgadas por los médicos tratantes.

En consecuencia, en la conducta y resolución de la recurrida no existe una real justificación que permita racionalmente entender los motivos del rechazo de las dos licencias médicas cuestionadas, si ellas son sólo la continuación de licencias médicas anteriores que fueron autorizadas en su oportunidad. Si los antecedentes acompañados por doña nombre reservado a su reclamación merecían dudas por parte de la recurrida, perfectamente pudo solicitar al profesional que extendió tales licencias, información complementaria respecto de la situación de salud de la Srta. nombre reservado y la necesidad de reposo y su rol terapéutico, lo cual tampoco se verificó en este caso, pese a tener facultades para hacerlo.

Por otra parte, del análisis del tenor de la resolución emanada de la recurrida parece desprenderse que lo que cuestiona son omisiones de información en los documentos e informes acompañados por la paciente, omisiones que en modo alguno pueden ser atribuidas la recurrente; en su resolución, la Superintendencia hace presente las ausencias u omisiones que presentarían los antecedentes e informes que señala, no dejando de llamar la atención que son estos reproches que se formulan respecto de los documentos acompañados por la paciente los argumentos invocados para mantener el rechazo de las licencias médicas, sin entrar a un análisis más acucioso no sólo de las licencias cuestionadas en sí y el diagnóstico que en ellas se indica, sino que también respecto de la historia clínica de doña nombre reservado, o por lo menos haber dispuesto medidas para complementar aquellos datos que, según refiere, debieron haberse consignado en la licencia e informes médicos presentados por la paciente.

En esta materia conviene tener presente el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, que indica en lo atingente lo siguiente: Artículo 16.- “La COMPIN, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas, reducir o ampliar el periodo de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”.

Artículo 21°. “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la COMPIN, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas; a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas; b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe; c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador. d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador; e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica. La COMPIN deberá requerir todos los demás antecedentes y exámenes que el Ministerio de Salud ordene solicitar, respecto de aquellas patologías específicas que éste señale, para que la licencia pueda ser visada por períodos superiores a los que esa Secretaría de Estado determine.”

Artículo 22°. La unidad de Licencias Médicas podrá elevar a consideración de la COMPIN los antecedentes de cualquier trabajador que se encuentre acogido al régimen de licencia médica y cuya afección se estime de naturaleza irrecuperable. Lo anterior, se entiende sin perjuicio del dictamen obligatorio de dicha COMPIN, en los casos establecidos por la ley y este Reglamento.”

Si la normativa faculta a los entes administrativos vinculados con el otorgamiento y autorización de licencias médicas, para requerir del médico que emite la licencia, antecedentes complementarios para un mejor acierto de la decisión, incluso permitiéndole disponer la práctica de peritajes a la trabajadora para despejar toda duda, sea respecto del diagnóstico de la enfermedad que motiva el otorgamiento de la licencia, sea respecto de la necesidad de reposo y su extensión, no se entiende por qué no se ha hecho uso de tales herramientas en este caso, máxime si lo que se busca con ello es compatibilizar la vida laboral con la salud de la trabajadora en los casos en que alguna enfermedad le impide prestar sus servicios, garantizando su derecho al reposo para así poder recuperarse y reincorporarse a su trabajo.

Por otra parte, indica que debe tenerse presente que el acto rebatido constituye un acto administrativo, decisión escrita adoptada por la Administración, vale decir, una decisión formal emitida por un órgano de la Administración del Estado que contiene una declaración de voluntad, realizada en el ejercicio de una potestad pública, en definitiva es una resolución (Artículo 3, Ley 19.880), que debe cumplir con los requisitos de un acto administrativo, entre ellos, el principio de imparcialidad contenido en el artículo 11 de la Ley 19.880, el cual en su inciso segundo dispone que "Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recurso administrativos". A su turno, el inciso 4° del artículo 41 de la misma Ley dice "Las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada. Expresarán, además, los recursos que contra la misma procedan, órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno". Como se percibe, es un requisito de todo acto administrativo su fundamentación, la que debe abarcar los hechos y el derecho, y aquello está íntimamente ligado con la posibilidad de control del proceder de la Administración y la comprensión de su actuar por los administrados o destinatarios de sus decisiones, de manera que esta fundamentación, si bien puede ser somera, debe explicitarse y contenerse en el respectivo acto administrativo, para una debida inteligencia.

En la especie, a juicio de la recurrente, tal estándar normativo no se cumple, por las razones ya explicitadas precedentemente, pues, se reitera, no se entiende el motivo de rechazo de las licencias extendidas a doña nombre reservado, si los antecedentes acreditan que se mantiene el cuadro médico que ha motivado el otorgamiento de licencias anteriores que sí fueron autorizadas, por lo que no se explica el cambio de criterio del ente administrativo, que ante la misma situación de salud de la paciente, modifica su criterio y dispone el rechazo de las licencias médicas, sin que aparezca revestida de justificación racional esta disparidad de criterios, y asimismo con los informes y certificados acompañados se acredita la necesidad y justificación del reposo prescrito en las licencias rechazadas, ni tampoco se entiende que, de manera arbitraria, se rechacen las licencias médicas sin haber recabado más información y antecedentes respecto del estado de salud mental del paciente, a fin de agotar las vías para despejar las dudas acerca de la necesidad del reposo prescrito en las licencias médicas que se cuestionan por el ente administrativo.

Sobre este aspecto en particular, indica que resulta relevante tener presente lo que ha señalado la Excelentísima Corte Suprema, que, en un fallo del presente año, sostiene lo siguiente: “Cuarto: Que, conforme dan cuenta los antecedentes de autos, la decisión adoptada por la recurrida se apoya únicamente en la revisión por un facultativo de su dependencia de la información contenida en la licencia rechazada, sin que conste que la COMPIN, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre respectiva, hayan ordenado realizar alguna de las medidas indicadas en el citado artículo 21 del Reglamento, previstas precisamente para el caso de que, tras dicha revisión preliminar de la licencia que se trate, se decida rechazarla o disminuir el tiempo de reposo indicado en ella.

Quinto: Que, de este modo, al basarse el ejercicio de la facultad de rechazar una licencia médica únicamente en la revisión de la información contenida en el documento rechazado, sin que se haya tomado previamente alguna de las medidas que permiten, según el Reglamento aplicable, fundamentar ese rechazo, la decisión recurrida carece de sustento y deviene en un acto meramente discrecional de la recurrida y, por ende, arbitrario y contrario a nuestro ordenamiento jurídico.

Sexto: Que, establecido lo anterior, no escapa a esta Corte la constatación de que la arbitrariedad impugnada, esto es, la falta de realización previa al rechazo de una licencia médica de alguna de las medidas señaladas en el artículo 21 del Decreto Supremo N° 3 que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, no es un acto aislado e individual, acotado al presente recurso de protección, sino que se ha generalizado por parte de la autoridad, lo que ha provocado una excesiva judicialización y la consiguiente dilatación excesiva de un conflicto que, sobre la base de la normativa referida, podría ser oportunamente zanjado por aquella” Corte Suprema, Rol 152.861-2022, 14 de marzo de 2023).

Agrega que la decisión de la recurrida es ilegal, carente de fundamento legal y de toda racionalidad, constituyendo su actuar, una vulneración al derecho a la vida y a la integridad física y síquica, garantía contemplada en el artículo 19 N° 1 de La Constitución Política de la República, pues al rechazar la licencia, priva al paciente de la posibilidad de adquirir los medicamentos necesarios para el tratamiento de sus patologías, lo que pone en serio riesgo su salud mental y genera la posibilidad de un agravamiento en su cuadro clínico; en virtud de lo razonado, la decisión del órgano recurrido deviene en arbitraria, pues carece de fundamento y además, infringe la garantía constitucional contenida en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, toda vez que representa una discriminación respecto del resto de la población que en iguales condiciones de salud puede acceder al subsidio por reposo laboral (Corte Suprema, Rol 1235-2022, 19 de enero de 2022); y finalmente, la conducta que se denuncia vulnera asimismo, el derecho consagrado en el artículo 19 número 24 de la Constitución Política de la República, ya que el rechazo indebido de las licencias médicas legalmente emitidas, privan del derecho a la retribución monetaria contemplada en la ley, en caso que el trabajador se imposibilite de trabajar por motivo de enfermedad, como en este caso.

Resulta además procedente tener presente que de acuerdo a lo establecido en el artículo 1° del texto constitucional, el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, contribuyendo a crear las condiciones sociales que permitan a los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización material y espiritual posible, con pleno respeto de los derechos y garantías constitucionales, evitando toda forma de discriminación entre ellos; adicionalmente, es deber del Estado, proteger a la población.

A su vez, el artículo 5° de la misma Carta Fundamental, reitera que es deber de los órganos del Estado respetar y promover los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, los que constituyen una limitación al ejercicio de la soberanía y que se encuentran garantizados por la Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Asimismo, el artículo 19 de la Constitución Política de la República, asegura a todas las personas, en su número 9° el derecho a la protección de la salud, en el sentido que el Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo. Si bien, esta última garantía, del número 9° en la parte transcrita, no se encuentra amparada por el recurso de protección según lo establece el artículo 20, sí constituye un derecho garantizado a todas las personas por la Carta Primera, por lo que no es posible desentenderse de su existencia para una adecuada administración de justicia.

Tales garantías fundamentales se han visto conculcadas en este caso respecto de doña nombre reservado, por los hechos aquí expuestos, por lo que se hace imprescindible adoptar las medidas necesarias para resguardar sus derechos como ser humano, por lo cual solicita acoger el recurso de protección, restableciendo el imperio del derecho y asegurando la debida protección de su persona, ordenando a la recurrida dejar sin efecto la resolución de fecha 28 de julio del año en curso, y en su lugar acoger la reclamación deducida por su representada, dictaminando que se autorizan las Licencias Médicas N°s 68414616-5 y 69569368-0, extendidas por un total de 60 días a contar del 01 de abril de 2022, adoptando asimismo cualquier otra medida que el Tribunal considere necesario para restablecer el imperio del derecho y asegurar el debido resguardo y respeto a las garantías fundamentales del Srta. nombre reservado, con costas.

Se acompañan como antecedentes fundantes del recurso: 1) Resolución Exenta SUSESO N° R-01-UME-99547-2023, de fecha 28 de julio de 2023, que confirma el rechazo de las licencias médicas individualizadas, 2) Informe Médico emitido por el Dr. nombre reservado con fecha 29 de abril de 2022, 3) Informe Médico Dr. nombre reservado, 4) Epicrisis Hospital La Serena, Unidad Paciente Crítico Neonatal de nombre reservado, 5) Epicrisis de Enfermería, Programa Prematuro, Unidad de Paciente Crítico Neonatal, del niño nombre reservado, de fecha 28 de octubre de 2020, 6) Certificado de reincorporación laboral Integra, de fecha 11 de agosto de 2023, 7) Certificado emitido por la Psicóloga nombre reservado, del CESFAM Juan Pablo II, que acredita las atenciones recibidas en dicho centro por doña nombre reservado, y 8) Set de 7 licencias médicas autorizadas por la COMPIN Región de Coquimbo, que abarcan desde el mes de septiembre de 2021 a marzo de 2022.

SEGUNDO: Que, evacuó informe la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, solicitando el rechazo de la acción intentada con costas.

Alega, en primer término, la improcedencia del recurso de protección por cuanto la materia sobre la que realmente versa dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

En efecto, la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica que se extienda de conformidad con el artículo 149 del DFL. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud y el Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del mismo Ministerio, que contiene el Reglamento sobre Autorización de Licencias Médicas; las reconsideraciones y apelaciones que se deduzcan respecto de las resoluciones de los organismos administradores de este derecho, a saber, las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) y las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y el pago, según corresponda, de la prestación pecuniaria por éstas originadas, esto es, el subsidio por incapacidad laboral (regulado en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social) son materias que sin duda alguna pertenecen al campo de la Seguridad Social, y por lo tanto, se encuentran expresamente excluidas por el constituyente, del ámbito de la acción de protección.

Debido al carácter de la acción de protección, expresa que debe dársele una aplicación restringida únicamente para aquellos casos de violación flagrante de los derechos constitucionales, que por su naturaleza y características requieren un pronunciamiento judicial especialmente rápido, que ponga pronto remedio a “actos u omisiones arbitrarios o ilegales”. Tratándose en consecuencia de una materia integrante del Derecho a la Seguridad Social, no es admisible accionar de protección ni siquiera frente a una eventual amenaza o perturbación de la misma, por cuanto como ya se dijo, el artículo 20 de la Constitución Política no lo admite respecto de esa garantía constitucional, consagrada en el N° 18, del artículo 19 de la carta fundamental.

Agrega respecto al informe requerido que la interposición del presente recurso desborda claramente los límites de aplicación de la acción de protección, la que fue creada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, tal como se colige claramente de la expresión utilizada por el mismo, al disponer en el artículo 20 que ésta es procedente cuando una persona, por un acto ilegal o arbitrario “…sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19…”. Así, debemos entender que un derecho tiene el carácter de INDUBITADO, cuando su existencia o evidencia no deja margen de duda, por lo que no es necesario recurrir a otros medios de comprobación para constatar su presencia. Por el contrario, cuando un Derecho Reclamado por una parte es discutido por la otra parte, de manera que para zanjar el conflicto necesariamente debe sujetarse a un procedimiento controversial, podemos afirmar que, en dicha situación, tal derecho carece de la entidad exigida por nuestra carta fundamental para su protección por la presente vía de acción.

Pues bien, en el caso de marras, está presente un conflicto o controversia respecto de la legalidad de una resolución que se pronuncia sobre un tema de una ciencia determinada, cual es la medicina con especialidad en psiquiatría, en que intervienen diversos profesionales quienes emiten una evaluación con arreglo a sus conocimientos, por lo que, existiendo controversia respecto de esas conclusiones, aquello escapa ampliamente del objeto de una acción cautelar de esta naturaleza.

Por tanto, en el caso de la Sra. nombre reservado, claramente no es titular del “derecho a licencia médica y del consecuente subsidio por incapacidad laboral”, por cuanto no se ha cumplido los requisitos legales para que éste nazca a la vida del derecho y produzca sus efectos, de tal forma que no reúne la condición de un derecho preexistente, indubitado, cuyo ejercicio resulte legítimo, por el contrario, tras las sucesivas revisiones y estudio de la compin y esta superintendencia se llegó a la conclusión que no era procedente autorizar las licencias médicas que se le extendieron al recurrente, por las razones latamente expuestas.

Lo anteriormente expuesto, debe llevar al Iltmo. tribunal a desestimar la ilegalidad y arbitrariedad en la actuación de mi defendida. En esta parte, para que un acto sea arbitrario, este debe responder al capricho, a la mera voluntad sin fundamento o raciocinio alguno por parte del que lo emite. Es del caso, que, respecto de la licencia reclamada, el dictamen impugnado de arbitrariedad contiene los argumentos en base a los que emite su conclusión, los cuales están en armonía con los antecedentes que constan en el respectivo expediente administrativo, en cuyo mérito resolvió esta Superintendencia previo estudio de los antecedentes médicos del caso.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que la Superintendencia alegó la improcedencia de la acción recurrida por tratarse de materias de seguridad social, garantizadas en el N°18 del artículo 19 de nuestra Constitución Política de la República, que no se encuentran amparadas por la acción cautelar que se ejerce, argumentación que tampoco puede prosperar, debido a que de los fundamentos fácticos del recurso, aparece meridianamente claro que con, el rechazo del pago de la licencias médica, se ha visto vulnerado el patrimonio y la integridad psíquica de la recurrente, derechos que sí se encuentran tutelados por el recurso que se ejerce.

SEXTO: Que este recurso se erige en contra de la Resolución Exenta R-01-UME-99547-23, de fecha 28 de julio del año en curso, que confirmó el rechazo efectuado por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la región de Coquimbo, en adelante COMPIN, que no autorizó las licencias médicas Médicas N°s 68414616-5 y 69569368-0, extendidas por un total de 60 días a contar del 01 de abril de 2022, por la causal de reposo no justificado.

En cuanto al argumento vertido por la SUSESO, organismo recurrido, al mantener la decisión de rechazar las licencias médicas referidas previamente, aquella gira en torno a la siguiente idea: “Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y cuyo mérito concluyó que el reposo inscrito por las licencias médicas 68414616-5 y 69569368-0, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que el informe emitido por los tratantes, no exponen elementos psicopatológicos de gravedad que requieran tal extensión de reposo y se observa además que el tratamiento farmacológico indicado no es el óptimo para lograr la recuperación oportuna de la paciente. Sumado a lo anterior, la reclamante no acredita el iniciar proceso terapéutico con un profesional psicólogo en todo el período del reposo. Por las razones anteriores, los elementos aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período ya autorizado”.

SÉPTIMO: Que, para resolver el asunto sometido al conocimiento de esta Corte, por vía de la presente acción cautelar, cabe señalar que el artículo 16 del Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, contenido en el Decreto Supremo Nº3, del Ministerio de Salud, de 1984, señala que “La COMPIN la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia.”

Por otro lado, el artículo 11 de la Ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad que rige los procedimientos administrativos, prescribiendo que “la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, para lo cual ordena que los “hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley, los que disponen que una decisión de este tipo, debe ser fundada.

Así, la justificación racional y legal del acto administrativo es una condición de validez de este. En consecuencia, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicando al administrado el porqué del acto, su sustento material y juridicidad.

OCTAVO: Que, además es necesario tener presente que el artículo 21 del Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional prescribe que “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas:

a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas;

b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe;

c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador;

d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador;

e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica.

Sin perjuicio de lo anterior la COMPIN, deberá requerir todos los demás antecedentes y exámenes que el Ministerio de Salud ordene solicitar, respecto de aquellas patologías específicas que éste señale, para que la licencia pueda ser visada por períodos superiores a los que esa Secretaría de Estado determine.”.

NOVENO: Que, en conformidad a las normas legales precedentemente referidas, aparece que la resolución recurrida dictada por la Superintendencia de Seguridad Social carece de la fundamentación exigida por el ordenamiento jurídico, en la medida que su decisión contenida en los actos administrativos objeto de la presente acción, se funda exclusivamente en que se ha estimado que los antecedentes que obran en poder de dicha entidad permiten entender que lo resuelto por COMPIN es justificado y que, por otra parte, no permitirían justificar el reposo prescrito.

Tal consideración, permite concluir que la decisión de la recurrida respecto a las licencias médicas materia del presente recurso es arbitraria al no expresar razones concretas en base a las cuales se califica el reposo como no justificado.

DÉCIMO: Que, si bien el rechazo de las licencias médicas fue realizado por la entidad llamada por la ley a resolver, la falta de ejercicio de atribución legal conferida por el artículo 21 del Decreto Supremo Nº3, del Ministerio de Salud, de 1984, aparece como antojadiza, pues bien pudo el ente administrativo llamado a resolver, disponer la práctica de diligencias que permitieran despejar sus dudas en torno a la procedencia de autorizar el pago de licencias médicas.

Que los mayores y mejores antecedentes que pudo haber aportado la práctica de peritajes, la elaboración de informes y otras medidas tendientes a recabar de mejor forma los fundamentos para el rechazo de la licencia médica, no aparecen vertidos en el acto administrativo que se reclama, el que se limita a indicar que lo resuelto por la COMPIN se encuentra justificado y que los antecedentes no permiten justificar el reposo prescrito, sin siquiera mencionar los efectivos datos que pudieron otorgar basamento a su decisión, impidiendo de ese modo a la destinataria tomar debido conocimiento de las razones por las que sus licencias médicas fueron rechazada, dejándola, como ya se ha dicho, en una situación de indefensión frente a los actos de la autoridad administrativa.

UNDÉCIMO: Que, en estas circunstancias, el actuar de la recurrida es arbitrario, ya que la falta de la necesaria fundamentación de su resolución de rechazo de la licencia médica transforma su decisión en caprichosa y carente de razones e injustificada, y este acto vulnera el derecho de propiedad del actor, protegido en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, pues, como es obvio, dice directa relación con su patrimonio que se vio mermado por la referida decisión que le impiden acceder al subsidio por enfermedad, todo lo cual conduce a conceder la protección impetrada del modo que se dirá.

DUODÉCIMO: Que, a mayor abundamiento, lo razonado es coherente con lo resuelto recientemente por la Excma. Corte Suprema en la causa Rol N°157.728-2022, en cuanto consideró que “al basarse el ejercicio de la facultad de rechazar una licencia médica únicamente en la revisión de la información contenida en el documento rechazado, sin que se haya tomado previamente alguna de las medidas que permiten, según el Reglamento aplicable, fundamentar ese rechazo, la decisión recurrida carece de sustento y deviene en un acto meramente discrecional de la recurrida y, por ende, arbitrario y contrario a nuestro ordenamiento jurídico.” (Cons.5°, sentencia pronunciada el veintidós de marzo de dos mil veintitrés en la causa Rol 157.728-2022 sobre recurso de protección).

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia:

I.- Que se rechaza la alegación de improcedencia de la acción de protección.

II.- Que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto a favor de nombre reservado, en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, disponiendo que se deja sin efecto la Resolución Exenta R-01-UME-99547-23, de fecha 28 de julio del año en curso, que confirmó el rechazo efectuado por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la región de Coquimbo, que no autorizó el pago de las licencias médicas N° 68414616-5 y 69569368-0, extendidas por un total de 60 días a contar del 01 de abril de 2022 y, en su lugar, se resuelve que se autorizan dichas licencias médicas, ordenándose su pago inmediato.

Notifíquese, regístrese y archívese.

Rol N° 2034-2023.- (Protección)