nombre reservado con ASOCIACIÓN GREMIAL DE MUJERES EMPRENDEDORAS DE GUANQUEROS

nombre reservado, nombre reservado

Asociación Gremial de Mujeres Emprendedoras de Guanaqueros Recurso de Protección Rol N° 2033-2023.- La Serena, ocho de noviembre de dos mil veintitrés.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el veintitrés de agosto de dos mil veintitrés comparece JOSÉ IGNACIO DÍAZ MALDONADO, abogado, en representación de nombre reservado, deduciendo acción constitucional de protección en contra de la Asociación Gremial de Mujeres Emprendedoras de Guanaqueros “Mujeres Emprendedoras de Guanaqueros AG”.

Expone que su representada, junto con otras mujeres emprendedoras de la localidad de Guanaqueros, fundaron la denominada agrupación “Mujeres Emprendedoras de Guanaqueros AG”, con el ánimo de promover la racionalización, desarrollo y protección de la actividad común de las asociadas, cual es la realización de pequeños y microemprendimientos.

Destaca que los estatutos de constitución de esta organización se suscribieron el 29 de junio de 2018, cumpliendo con todas las disposiciones legales para su constitución.

Aduce que lo que debería ser una agrupación que buscara efectivamente el bienestar de todas las asociadas, desde el 2018 a la fecha, en realidad se ha derivado en una agrupación que solo busca velar por los intereses de algunas de sus asociadas y no de todas. Lo anterior, fue denunciado por su representada y por su hija doña nombre reservado, también socia de la agrupación, mediante escrito a la SEREMI de Economía de la Región de Coquimbo.

Fue así como a través de oficio Folio OFIC202302323 de 29 de marzo de 2023, don nombre reservado quien es jefe División De Asociatividad y Cooperativas de la Subsecretaria de Economía y Empresas de Menor Tamaño, requirió a las directoras de la Asociación Gremial De Mujeres Emprendedoras De Guanaqueros - Mujeres Emprendedoras A.G-, que informaran al tenor de dichas denuncias, lo que desconoce su parte si efectivamente se realizó.

Señala que en razón de estas reclamaciones, y añadido a que su representada mediante carta de 30 de junio del año 2023, remitida a doña nombre reservado, Presidenta de la Asociación Gremial de Mujeres Emprendedoras de Guanaqueros Mujeres Emprendedoras A.G., expone una serie de irregularidades e incumplimientos de una parte del Directorio, que se han generado durante el funcionamiento de la asociación gremial, que han conformado. Y en la cual también se solicitó, que en virtud del termino del plazo que duraba en sus funciones el actual directorio, se citara a la brevedad, a asamblea para proceder a desarrollar las elecciones del nuevo directorio de la asociación gremial, y definir con la asociación una nueva distribución de los módulos de trabajo, ya que a la fecha, arbitrariamente se han cambiado dichos puestos impidiendo a su parte trabajar, y tratar la situación de vulneración de derecho que ha afectado a esa socia, en conformidad al artículo 11, letra F, del Estatuto gremial que los rige.

Añade que posterior a la fecha en que se envió la carta mencionada, su representada, recibió el día 30 de julio, en su domicilio, distintas cartas suscritas por la presidenta de la asociación, el 9 de julio de 2023, en las que se le aplicaban las sanciones de cierre de local por feriados largos durante el año para el dueño del local y expulsión en el caso de socio cooperador y/o trabajador y la sanción de desvinculación como socia y como beneficiaria del proyecto de mercado gastronómico, haciendo alusión a supuestas infracciones al reglamento interno de la agrupación.

Desde ya, su parte desconoce los hechos que fundan la aplicación de dichas sanciones como así también si las mismas fueron aplicadas directamente por la presidenta o si fueron fruto de una discusión de la directiva y/o socias. De igual forma señala que su representada, en este pseudo proceso disciplinario, ni siquiera tuvo opción de ofrecer sus descargos, y lo que torna en más gravosa la situación, es que terminó siendo sancionada con la destitución como miembro de la agrupación.

Sostiene que durante el conocimiento de la situación expuesta han existido múltiples vulneraciones a la garantía de existencia de un proceso racional y justo en los términos que establece el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República. En ese sentido, se verifican las siguientes vulneraciones:

1.- La sanción aplicada es ilegal.

Tal como se anticipó, el acto que dio origen al pseudo proceso disciplinario no fue nada más que el envío de diversas cartas donde se denunciaban situaciones que estaban ocurriendo en la agrupación. A raíz de aquellas cartas, la actual directiva de la agrupación, con fundamentos espurios aplica sanciones por la comisión de supuestos actos que su representada desconoce.

En ese sentido, los hechos descritos, no pueden constituir en caso alguno una falta que habilite a aplicar la sanción de desvinculación como socia y como beneficiaria del proyecto de mercado gastronómico.

Lo anterior se reafirma al momento de analizar el Estatuto y los Reglamentos de la agrupación, instrumentos en los cuales no existe ninguna referencia a la existencia de una facultad, por parte del Directorio, para la desvinculación como socia y como beneficiaria del proyecto de mercado gastronómico, sino antes de haberla convocado a la reunión en la que se expondrá sus descargos, como lo señala el artículo 13 de los estatutos. Por otro lado, tampoco está prescrito como una falta estatutaria o reglamentaria, el exigir que se corrijan vicios por parte de la actual administración de la agrupación, lo cual confirma que la sanción aplicada es totalmente ilegal pues no encuentra asidero alguno en normas estatutarias y/o reglamentarias.

2.- La sanción aplicada es desproporcionada.

Además de que la sanción no tiene asidero alguno en normas reglamentarias y estatutarias, igualmente es desproporcionada atendido no solamente al hecho de que su representada no puede ser sancionada por denunciar a los organismos públicos pertinentes que se fiscalicen hechos que atentan contra los estatutos de la organización. No esta demás señalar que su representada se dirigió al Directorio en términos respetuosos, denunciando una materia que tenía relación directa con los objetivos de la agrupación.

En ese sentido, resulta del todo irracional y desproporcionado expulsar de la agrupación, que constituye la sanción más gravosa de todas las que se pueden aplicar, a un miembro fundador de ésta, por el solo hecho de haber remitido dichas cartas a la SEREMI de Economía.

3.- El recurrente no pudo efectuar sus descargos ni ofrecer prueba alguna.

Tal como se hizo presente anteriormente, se infringieron gravemente las disposiciones estatutarias y reglamentarias que rigen el procedimiento disciplinario de exclusión de una socia, todo lo cual a la postre supone infracciones graves a la garantía de “debido proceso”, en particular porque afectaron los derechos a defenderse, ofrecer descargos y pruebas por parte del sancionado, ya que de los documentos que se acompañan, es posible evidenciar que su representada no pudo exponer sus descargos ni dar su versión en relación a lo que se le imputaba.

Invoca como garantías constitucionales conculcadas, las de igualdad ante la ley del artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República y la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos del artículo 19 N° 3 del mismo cuerpo normativo. Lo anterior, pues se desconoce a su representada el derecho que le asiste a un procedimiento racional y justo dado que ni siquiera ha sido emplazada a la audiencia que los propios estatutos establecen. Esta situación, en su consideración, configura un juicio carente de garantía mínimas de constitucionalidad, situándolo a su vez en un estado de total de indefensión, sin posibilidad de oponer excepciones a la ejecución, circunstancia que le ha ocasionado un perjuicio real, serio y grave reparable sólo por la vía de la declaración de nulidad.

Por estas consideraciones solicita que se acoja el recurso y se ordene que, en conformidad a la ley y a los respectivos reglamentos, se ordene dejar sin efecto las sanciones aplicadas, todo con expresa condenación en costas.

Acompañados los siguientes documentos: 1) Carta de dirigida al abogado C. Navarro Seremis Regional de Economía de 17 de marzo de 2023; 2) oficio Folio OFIC202302323 de 29 de marzo de 2023; 3) Carta de dirigida a don nombre reservado Seremi Regional de Economía de 22 de diciembre de 2022; 4) Carta de amonestación a doña nombre reservado, de 9 de julio de 2023; 5) Estatutos de la Asociación Gremial de Mujeres Emprendedoras de Guanaqueros “Mujeres Emprendedoras de Guanaqueros AG; 6) Reglamento interno de la Asociación Gremial de Mujeres Emprendedoras de Guanaqueros; 7) Mandato Judicial.

SEGUNDO: Que, atendido el tiempo transcurrido, se prescindió del informe solicitado a la recurrida.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que en este caso para determinar si ha existido alguna conducta ilegal o arbitraria por parte de la recurrida que pueda configurar una vulneración a los derechos fundamentales de la actora, de aquellos considerados en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, es preciso analizar los hechos que se encuentran acreditados.

En primer término, de los documentos acompañados por la recurrente, tales como cartas emitidas por ella y dirigidas a Seremi Regional de Economía y carta de amonestación de fecha 9 de julio de 2023, en que se le notifica sanción que le aplicó la recurrida se encuentra acreditada la calidad de socia de la recurrente.

A su turno, se acreditó que se le notificó con fecha 9 de julio de 2023, mediante una carta firmada y con timbre de la recurrida, de las sanciones aplicadas.

En el mismo sentido, se acreditó que conforme a lo establecido en el artículo 12 del estatuto de la asociación gremial de la recurrida, la calidad de socio se pierde entre otras causales: ..”d) por exclusión acordada por el Directorio y fundada en una o más de las siguientes causales:…IV) por causa grave, debidamente calificada, que atente contra los objetivos perseguidos por la asociación.”

Luego en su artículo 13, el estatuto antes citado, detalla el procedimiento para proceder a la exclusión de un socio, indicando que cuando el Directorio ha tomado conocimiento que un socio ha incurrido en una de las causales de exclusión citará a una reunión al socio, en la que expondrá los cargos y escuchará los descargos que el afectado formule verbalmente o por escrito, de lo que se dejará constancia en el acta. La citación al socio deberá hacerse al domicilio o correo electrónico que tenga registrado en la asociación, y en aquella se registrará el motivo de la misma. La decisión de expulsión tomada por el Directorio deberá notificarse por escrito al socio dentro de los siete días siguientes a la reunión. De la decisión el socio podrá apelar en la siguiente Asamblea ordinaria o extraordinaria.

Por su parte el Reglamento Interno de la Asociación en el título V relativo a la ubicación de las mesas, artículo 18 establece sanción de multa en UF a los socios que modifiquen la ubicación de las mesas estableciendo cambios a beneficios personales. Asimismo, el Reglamento en su Título III de las Sanciones y Multas, establece las conductas que tipifican las faltas en graves, graves y reiteradas y gravísimas, y las multas que deberán aplicarse que van desde las 2 a las 10 UF respectivamente.

SEXTO: Que, como se viene razonando, para proceder a la exclusión de la actora de la Asociación recurrida, el Directorio una vez que hubiere tomado conocimiento de las conductas que podrían enmarcarse en algunas de las causales de exclusión, debía cumplir con el procedimiento establecido en el artículo 13 antes mencionado, citando a la reunión respectiva a la socia y en dicha citación debía constar el motivo de la reunión. En esa reunión se le debían señalar los cargos para que ella hiciera sus descargos verbalmente o por escrito, dejando constancia de ello en el acta a la que se alude en dicha norma.

SÉPTIMO: Que, también aparece claro que en la carta en que se le notificó a la recurrente de las sanciones aplicadas, no consta que se haya cumplido con el procedimiento regulado en los estatutos para proceder a la exclusión de la socia. Es así, que no consta que se haya efectuado la reunión de Directorio a la que alude el estatuto en la norma previamente indicada, tampoco consta que se haya citado a la recurrente señalando los motivos de dicha citación, menos se hace mención al acta en que debió de dejarse constancia de los cargos señalados a la sra. nombre reservado y los descargos que ella hubiere realizado, ya sea verbalmente o por escrito.

Así las cosas, resulta claro que si bien se dota a las organizaciones intermedias de atribuciones para contar con un régimen disciplinario, como en la especie consta, los asociados deben tener la oportunidad de efectuar sus descargos y defensas; que la falta esté contemplada en los estatutos, y que la sanción, esté contemplada en ellos, como también que las medidas que se dispongan, sean impuesta conforme a esa regulación y que sean proporcionales a la falta investigada.

Sin embargo, en los hechos de marras, no se encuentra acreditado que de modo alguno se haya dado cumplimiento al procedimiento que pudiere tener como corolario la exclusión de la recurrente, todo lo cual lleva a estos sentenciadores a concluir que la grave sanción aplicada fue fruto de una comisión que se tornó en especial y que la actuación del Directorio no se ajustó al procedimiento establecido en los Estatutos que rigen a la asociación recurrida, para determinar la aplicación de las sanciones impugnadas, por lo que dicha actuación es ilegal y arbitraria.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se resuelve que SE ACOGE, el recurso de protección interpuesto por JOSÉ IGNACIO DÍAZ MALDONADO, en representación de nombre reservado, en contra de la Asociación Gremial de Mujeres Emprendedoras de Guanaqueros, “Mujeres Emprendedoras de Guanaqueros AG”, en consecuencia se dejan sin efecto las sanciones aplicadas a la recurrente doña nombre reservado, consistentes en su desvinculación como socia y como beneficiaria del proyecto de mercado gastronómico, debiendo aplicarse estrictamente el procedimiento regulado en los estatutos de la Asociación para perseguir la responsabilidad que se le atribuye a la actora en las conductas que el Directorio pudiera estimar tipificadas como faltas conforme a su normativa interna.

Redacción de la Ministra señora Gloria Negroni Vera.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 2033-2023 (Protección).- Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte de Apelaciones, integrada por los Ministros titular señor Felipe Pulgar Bravo, señora Gloria Negroni Vera y el abogado integrante señor Jorge Fonseca Dittus. No firma el Ministra señora Negroni, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa, por encontrase con permiso.

En La Serena, a ocho de noviembre de dos mil veintitrés, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.