nombre reservado con nombre reservado

nombre reservado, nombre reservado y otra nombre reservado, nombre reservado

Recurso de Protección Rol N° 2028-2021.- La Serena, treinta y uno de enero de dos mil veintidós.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Primero: Que a folio 1, comparecen don nombre reservado y doña nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado y deducen recurso de protección, en contra de don nombre reservado, Secretario Ministerial de Bienes Nacionales Región de Coquimbo.

Señalan que cada uno es dueño de las propiedades mineras denominadas Cynthia 1 al 28 y Yuliana 1 al 16, respectivamente, las cuales se encuentra debidamente mensuradas e inscritas a sus nombres en el Registro de Propiedad de Minas del Conservador de Minas de La Serena, a fojas 546 N° 118 del año 2016 y a fojas 353 N° 76 del año 2016, respectivamente y amparadas con las patentes mineras debidamente pagadas.

Indican que por haberse ausentado de la ciudad en búsqueda de mejores perspectivas de trabajo, debido a la situación de Pandemia, por aproximadamente un año, dejaron abandonadas las propiedades en cuestión, las que se encuentran ubicadas en el sector denominado QUEBRADA SANTA GRACIA, SECTOR LAMBERT, La Serena, cuyas coordenadas geográficas, conforme a las mensuras inscritas son Norte 6.701.200,00 metros y al Este 298.750,00 metros la primera de ellas y la segunda Norte 6.700.800,00 metros y al Este 298.700,00 metros.

Exponen que, se vieron en la obligación de suspender las labores que habían proyectado efectuar en las respectivas propiedades mineras, y que grande fue su sorpresa, cuando al regresar descubren que habían tres familias ingresado a los territorios que comprenden sus mensuras y procedieron a instalar vivienda y cierres perimetrales, en concreto, don nombre reservado, don nombre reservado y doña nombre reservado, se habían instalado ocupando parte de las propiedades mineras referida y al consultarle en qué se amparaban para ello, manifestaron que lo hacían amparadas por Bienes Nacionales, entidad que se encontraba regularizándole los Títulos en conformidad con lo que dispone el Decreto Ley número 2.695, que Fija Normas Para Regularizar La Posesión De La Pequeña Propiedad Raíz Y Para La Constitución Del Dominio Sobre Ella.

Indican que, por lo expuesto, efectuaron petición escrita de 23 de septiembre de 2021, ante el Secretario Ministerial de Bienes Nacionales, don nombre reservado, quien por medio de ORD N° 002236 de fecha 12 de octubre del presente, en parte reconoció la efectividad de los argumentos esgrimidos por los ilegales ocupantes y estimó procedente el ejercicio de tales actos, desestimando sus alegaciones al señalar:

“Contrario a lo que usted indica en su presentación, no existe vulneración en el procedimiento administrativo al no notificarle la existencia de una solicitud de regularización, dado que, tanto usted como su señora son dueños de derechos en pertenencias mineras y siendo este - como se explicó anteriormente - un derecho de propiedad diverso al que ostenta el propietario del inmueble superficial.

Que, como se indicó en detalle la forma de resguardar su derecho de propiedad sobre la pertenencia minera y poder continuar con la explotación de esta, es derechamente interponer las acciones que el ordenamiento jurídico le entrega, como por ejemplo la solicitud de Servidumbre Minera.”

Exponen que aquellos que se encuentran ocupando su propiedad minera, reconocieron tener en trámite ante Bienes Nacionales expedientes para obtener sus respectivos títulos de propiedad y dominio, los cuales están basados en falsas declaraciones juradas de posesión, las que le fueron reconocidas, también falsamente por la presidenta de la Junta de Vecinos quien resultó ser doña nombre reservado, ya individualizada precedentemente.

Señalan que la recurrida, desconoce abiertamente su mejor derecho de propiedad, que los ampara el cual adquirieron en forma legal y no ilegal como los están haciendo y pretendiendo quienes ha recurrido ante Bienes Nacionales y amparados por dicha entidad y se pretende obligarlos a acceder a una servidumbre respecto de propiedades que no tienen título válido Hacen presente que las regularizaciones ante Bienes Nacionales están sustentadas en hechos falsos de posesión supuesta, por cuanto los recurrentes son dueños de las propiedades mineras desde hace más de 5 años a la fecha y que en caso de ser cierto que se haya regularizado por Bienes Nacionales, algún título de dominio, dentro de los límites de su propiedades, , ha sido efectuado transgrediendo la Ley, vulnerando lo que dispone el artículo 9 del D.L número 2.695, los actos posesorios con que han pretendido justificar alguna regularización son falsos y no reúnen los requisitos legales por lo que deben ser denunciados al Ministerio Público, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 473 del Código Penal.

Indican que, en definitiva, Bienes Nacionales, mediante la resolución contenida en el Ordinario número 002236 de fecha 12 de octubre de 2021, desconoce en forma arbitraria e ilegal sus derechos, se cuestiona la decisión de la autoridad administrativa, que regulariza indiscriminadamente títulos de dominio, vulnerando el derecho de propiedad que les asiste y llama a la autoridad a no perseverar con la regularización ilegal de títulos dentro de las propiedades mineras legalmente constituidas y amparadas en su derecho de propiedad.

Señalan que es necesario, prohibir de manera inmediata la autorización de proseguir con la regularización indiscriminada de la zona de los proyectos Cynthia 1 al 28 y Yuliana 1 al 16, que afecta la ilegalidad y el riesgo de afectación de los derechos mineros.

Refieren que, procede acoger la acción de protección fundada en el principio precautorio, de manera a que el eventual infractor y causante de una afectación al derecho minero, pruebe que su actividad es inocua y que el presente arbitrio es compatible con el ejercicio de otros derechos y por las vías pertinentes y que se impone a la jurisdicción el emitir decisión respecto del recurso planteado, puesto que en nuestro ordenamiento jurídico ninguna materia está exenta de acción ante los tribunales ordinarios o especiales, según corresponda, pero ello no es obstáculo para requerir de la jurisdicción el amparo de las garantías constitucionales cuando corresponda, Por lo expuesto, piden que se ordene al Ministerio de Bienes Nacionales que suspenda de inmediato todo acto que vulnere sus derechos, que se abstenga de regularizar propiedades dentro de las propiedades suyas y ordene el inmediato retiro de las construcciones de casa y cierres perimetrales ubicados dentro del área de las pertenencias mineras.

Acompaña los siguientes documentos: 1. Certificados de vigencia de pertenencias mineras “Cynthia 1 al 28” y “Yuliana 1 al 16”. 2. Plano de mensura de las pertenencias mineras. 3. Certificado de pago de patentes de las pertenencias mineras año 2021. 4. Fotografías de las intervenciones territoriales. 5. Copia de la Respuesta del señor Secretario Ministerial de Bienes Nacionales relativa a estos hechos.

SEGUNDO: Que a folio 11, informa el recurso el Ministerio de Bienes Nacionales, solicitando el rechazo del recurso.

En primer término, da cuenta de la respuesta entregada por dicha repartición pública frente a la solicitud de información conforme a la —Ley número 20.285— efectuada por los recurrentes. Señala que el Seremi de Bienes Nacionales, con fecha 12 de octubre de 2021 y mediante el Oficio Ordinario número 002236, se emitió una respuesta formal a las múltiples consultas formuladas por los administrados.

Indican que, en primer lugar —y motivo del presente recurso—, se intentó explicar la diferencia que existe entre el derecho de propiedad del terreno superficial y la concesión minera. Para lograr dicho cometido, se procedió a copiar los artículos de los diversos cuerpos normativos que regulan la materia minera, con la finalidad de que los recurrentes pudieran allí salir del desconocimiento, pudiendo comprender el proceder de este Órgano de la Administración Pública conforme a los lineamientos procedimentales consagrados en el Decreto Ley número 2.695.

Señala que la concesión minera es un derecho real inmueble distinto e independiente del predio superficial y, por lo tanto, es perfectamente posible que exista un propietario superficial y un propietario de la concesión minera (subsuelo), el cual tiene la autorización para explotar el mineral que pueda existir en las entrañas del inmueble superficial.

Que se indicó que el procedimiento de regularización de la pequeña propiedad raíz, tiene siempre como objeto un inmueble superficial, por lo que el requerimiento de información de los servicios externos y las notificaciones a los presuntos propietarios (diligencias propias del procedimiento de regularización) se realizan siempre con la información de los posibles dueños del inmueble superficial, para así salvaguardar los intereses legítimos de posibles afectados por el procedimiento administrativo.

Indica que el hecho de que el legislador prevea la existencia de ambos derechos reales, en distintas dimensiones (superficie y subsuelo), permite arribar a la intención del constituyente derivado en hacer coexistir ambos derechos en un polígono predial determinado, considerando la incorporación en la legislación minera de diversas herramientas jurídicas para que el titular de la concesión minera pueda ejercer, ejecutar y gozar su derecho real imponiendo cargas y gravámenes en el predio superficial.

Señala que, además, junto con dar respuesta jurídica al solicitante a la supuesta vulneración de su pertenencia minera se le entregó el detalle de todas las solicitudes de regularización desde el año 2014 a la fecha que se encuentran en el sistema informático “SISTRED”, indicándole que solamente 3 fueron aceptados, estos corresponden a los expedientes N°22805 a nombre de nombre reservado; N° 6.411 requirente doña nombre reservado y N° 6407 a nombre de don nombre reservado.

Da cuenta del procedimiento del Decreto Ley número 2.695 señalando que es un procedimiento de carácter excepcional y reglado, el cual permite a los poseedores materiales de bienes raíces rurales o urbanos que carezcan de título inscrito, solicitar al Ministerio de Bienes Nacionales que se les reconozca la calidad de poseedores regulares de dichos bienes, a fin de quedar habilitados para adquirir su dominio por prescripción.

Hace presente que el fin del Decreto Ley 2.695 es regularizar la situación del poseedor material que carece de títulos o que los tiene imperfectos, reconociéndole la calidad de poseedor regular de un bien inmueble determinado, a fin de adquirir su dominio por una prescripción especial de corto tiempo de dos años y que la finalidad de la normativa no es exclusivamente de carácter jurídico, sino social y de política pública, por cuanto se considera que la deficiente constitución del dominio de la pequeña propiedad raíz, genera problemas de índole socioeconómico de crecimiento progresivo, impidiendo una integración al proceso productivo nacional.

Sostiene que conforme lo señala el artículo 11 del Decreto Ley número 2.695, los terceros tendrán el derecho a oponerse desde el momento en que se acoja la solicitud de regularización a trámite. Esto debe concordarse con lo establecido en el artículo 20 inciso segundo de la misma norma, el cual ordena que una vez presentada la oposición, el Servicio deberá abstenerse de continuar la tramitación, debiendo remitir de inmediato los antecedentes al juez de letras en lo civil competente.

Indica que las causales de oposición son taxativas, establecidas en el artículo 19, no siendo posible —según los hechos relatados por los recurrentes— subsumirlo en alguna de éstas y por la misma razón, no pudo usarse su presentación como una “oposición”.

Señala que las oposiciones son consideradas como demandas para efectos de remitir los antecedentes a la judicatura correspondiente, por ende, deberán cumplir someramente con los requisitos establecidos en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, pero que, sin embargo, de una simple lectura de la solicitud de información del solicitante, no cumple con estos requisitos, ya que ni siquiera individualiza al futuro demandado o al expediente administrativo en que puedan incorporarla, razón por la cual la SEREMI de Bienes Nacionales solo se limitó a dar respuesta a la solicitud de acceso a la información, de la Ley número 20.285.

Indica que en el presente caso es posible descartar de plano que la respuesta entregada por medio del oficio Ordinario número 2236, de fecha 12 de octubre del año 2021, sea un acto arbitrario o ilegal, ya que la respuesta se encuentra debidamente motivada en la legislación vigente, por lo que el recurso de protección debe ser rechazado sin más trámite.

Además, señala que los recurrentes confunden gravemente la propiedad que tiene sobre la pertenencia minera - denominada por el Código del Ramo como concesión y el derecho de dominio que se tiene sobre el predio superficial.

Agrega que el artículo 2 del Código de Minería define a la concesión minera como “un derecho real e inmueble, distinto del dominio del predio superficial”.

Alega que, si bien éste derecho real tiene amparo en nuestra Constitución Política de la República por medio del Derecho de Propiedad, no es menos cierto que las acciones descritas por los recurrentes no permiten ilustrarse sobre vulneraciones o amenazas a su pertenencia, ya que al existir un error en el entendimiento de lo que involucra dicho derecho, les hace erróneamente creer que su pertenencia minera también incluye al predio superficial y que en la respuesta entregada a los recurridos, incluso se les indica de manera ejemplar e ilustrativa, aquellas acciones que, contenidas en el Código de Minería, son útiles para salvaguardar su concesión minera y seguir explotando el recurso minero.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, el artículo 582 del Código Civil señala que “El dominio (que se llama también propiedad) es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella arbitrariamente; no siendo contra la ley o contra derecho ajeno.”. Por otra parte, el artículo 2° del Código de Minería señala que “La concesión minera es un derecho real e inmueble; distinto e independiente del dominio del predio superficial, aunque tengan un mismo dueño; oponible al Estado y a cualquier persona; transferible y transmisible; susceptible de hipoteca y otros derechos reales y, en general, de todo acto o contrato; y que se rige por las mismas leyes civiles que los demás inmuebles, salvo en lo que contraríen disposiciones de la ley orgánica constitucional o del presente Código.”. En este sentido, podemos entender claramente que el Legislador ha hecho una distinción expresa y, de la inteligencia correcta de ambos artículos, podemos sostener que existe un derecho real sobre la concesión minera, que se materializa sobre la tierra subyacente, y otro distinto, que, para la correcta y armónica interpretación de la normas jurídicas de la República, se entiende ser sobre el predio superficial, por lo que no existe inconveniente que personas distintas tengan el derecho real de dominio respecto de un volumen de tierra subyacente (como bien señala el Legislador), que se traduce en una concesión minera, y otro sobre el predio superficial, que se encuentra, según ha dispuesto la naturaleza, en contacto con la atmósfera. Por otra parte, la concesión minera tiene un destino específico, esto es, explorar o explotar la tierra con el objeto de realizar actividades propias de la minería.

Así las cosas, del mérito del recurso de protección interpuesto, se desprende que los recurrentes solicitan el amparo constitucional del derecho real de dominio sobre su concesión minera, la cual el Legislador ha expresamente señalado ser un derecho real distinto del dominio del predio superficial, por lo que no cabe más que rechazar el recurso, toda vez que los recurridos se encuentran en un proceso administrativo de declaración de la posesión material, con el fin de que, una vez practicada la inscripción conservatoria respectiva y transcurrido el plazo legal, adquiera por prescripción el derecho real de dominio sobre el inmueble que pretende sanear a través del procedimiento administrativo contemplado en el Decreto Ley número 2.695.

Finalmente, nuestro ordenamiento jurídico contempla acciones específicas para amparar las concesiones mineras de sus titulares, por lo que el recurso interpuesto es, además, inoficioso.

SEXTO: Que, en opinión de estos sentenciadores, el recurso de protección incoado es improcedente en la especie, por no ser este el medio idóneo para tutelar los derechos referidos por la parte recurrente, toda vez que la situación descrita puede y debe ser resuelta en sede ordinaria, ante los Juzgados de Letras en lo Civil, por lo que las precedentes reflexiones permiten concluir que este recurso de protección no puede prosperar y debe ser desestimado, pues no hay un acto ilegal o arbitrario por parte de la recurrida.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado y doña nombre reservado, en contra de don nombre reservado, Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Coquimbo.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo del abogado integrante, don Pablo Arriagada Díaz.

Rol Protección 2028-2021