nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES
- Fecha
- 1 de septiembre de 2023
- Sala
- Sala Extraordinaria
- Resultado
- Rechazada
- Cita
- Corte de Apelaciones de La Serena, Rol N° 2025-2023, sentencia de 1 de septiembre de 2023
Resumen
Se rechaza el recurso de protección contra el Servicio Nacional de Migraciones: el plazo para resolver las solicitudes de residencia temporal no es excesivo y el servicio actuó dentro de sus facultades legales, sin arbitrariedad.
Texto íntegro
nombre reservado, nombre reservado y otro Servicio Nacional de Migraciones Recurso de Protección Rol N°2025-2023.
La Serena, uno de septiembre de dos mil veintitrés.
VISTO Y CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que con fecha veintiuno de agosto del corriente comparece don nombre reservado interponiendo acción de protección, en favor de nombre reservado, Pasaporte N° RUT reservado, y de nombre reservado, Pasaporte N° RUT reservado, ambos nacionales venezolanos, y en contra del Servicio Nacional de Migraciones por no dictar el respectivo acto administrativo pronunciándose respecto a la solicitud de residencia temporal de las recurrentes. Como garantías vulneradas indica aquellas contenidas en los numerales 2° y 3° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.
Señala que el 6 de febrero de 2023, los recurrentes solicitaron la residencia temporal, encontrándose respecto de don nombre reservado en etapa resolutiva, sin que se le haya solicitado ningún documento adicional, de lo que concluye que los acompañados son suficientes para otorgar el beneficio. Respecto a doña nombre reservado, con fecha 6 de abril le fue comunicado por la recurrida notificación de solicitud incompleta o insuficiente, otorga plazo para remitir antecedentes, esto aduciendo que el acta de nacimiento de su hija como vínculo no podría ser verificada, solicitando presentar de nuevo el acta, esta vez bajo el nuevo formato de apostilla de Venezuela esto es en formato QR, este plazo fue fijado en 60 días, tiempo que resulto no ser suficiente dado lo demoroso de los trámites administrativos para obtenerla, enviarla de Venezuela a Chile, apostillarla y finalmente entregarla en el portal de migraciones, razón por la que dirigió a la recurrida una carta explicativa, sin perjuicio de lo que no se le ha concedido oportunidad para presentar el documento. La solicitud de esta última también se encuentra en etapa resolutiva.
Añade que los recurrentes son padres de doña nombre reservado, RUN: RUT reservado, quien reside en Chile, cuenta con permanencia definitiva desde el año 2020 y contraerá matrimonio con el ciudadano chileno don nombre reservado, con fecha 5 de diciembre de 2023, para su matrimonio civil y 15 de diciembre para la ceremonia eclesiástica, por lo que desea traer a sus padres a residir a Chile.
Cuestiona que respecto del documento del que se exige verificabilidad a doña nombre reservado no se haya exigido lo mismo al otro solicitante, máxime cuando la apostilla del documento puede ser verificado de una forma distinta al código QR.
Sostiene que la Administración ha excedido largamente los plazos legales máximos para emitir una decisión, vulnerándose así los principios de inexcusabilidad, celeridad, y conclusivo, todos recogidos en la Ley N°19.880, afectando las garantías invocadas y el principio de reunificación familiar.
Previas citas de derecho solicita acoger la acción intentada, y en definitiva se ordene a la recurrida proceder a dar respuesta a la solicitud de residencia temporal de los afectados nombre reservado y nombre reservado que cursan ante el Servicio Nacional de Migraciones, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, entendiéndose que cumplidos como han sido todos los extremos de la Ley de Extranjería 21.325 y su Reglamento, y en fin se dicten los correspondientes actos administrativos terminales y le otorgue sin más demora a los afectados, la Residencia Temporal en la subcategoría de reunificación familiar solicitada de acuerdo con el decreto 177, todo esto dentro de un plazo de 30 días continuos a aquel en el que quede ejecutoriada la sentencia, o las medidas que esta Corte considere más pertinentes, con costas.
SEGUNDO: Que comparece la recurrida SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, informando y solicitando el rechazo de la acción interpuesta.
Señala que respecto de don nombre reservado, su solicitud, ingresada con fecha 6 de febrero de 2023, se encuentra en etapa resolutiva desde el 21 de marzo de 2023.
Respecto de doña nombre reservado, respecto de su solicitud, ingresada con fecha 6 de febrero de 2023, con fecha 06 de abril de 2023, se le notifica que su solicitud se encuentra incompleta o insuficiente, por “Certificado de Nacimiento del Vínculo No Verificable: El documento no es comprobable por falta de la información visible. Y se le otorga plazo para subsanar (…) dado que no es posible verificar la apostilla presentada, debe adjuntar nuevamente su Certificado de Nacimiento, debidamente apostillado bajo el nuevo formato de apostilla venezolana (verificable a través de código QR)”, otorgándole un plazo de 60 días para acompañar el documento. Su solicitud se encuentra en etapa resolutiva desde el 5 de junio de 2023.
Afirma que los recurrentes cuentan con un certificado de permiso de residencia en trámite, el cual acredita su condición migratoria regular en el país, pudiendo hacer ingreso y egreso del territorio libremente, como también ejercer actividades remuneradas, en virtud de los artículos 77 inciso 1° y 79 del Decreto N° 177, por lo cual no existiría un acto que afecte sus garantías constitucionales.
Esgrime que no existe una conducta ilegal o arbitraria desplegada por el Servicio, debido a que el plazo establecido por la ley para la terminación del acto administrativo no es fatal para la Administración, y que la mera tardanza en la resolución de una solicitud de residencia presentada por un extranjero no puede ser identificada como una conducta que perturbe sus garantías fundamentales.
Finalmente, solicita que se rechace la acción de protección en todas sus partes, por no existir ni haber existido acción u omisión ilegal o arbitraria por parte la recurrida que pueda haber privado, perturbado o amenazado de manera alguna las garantías constitucionales incoadas por el recurrente en la forma señalada en su acción, reiterándose que el actuar de la autoridad migratoria ha sido en todo momento conforme a la Constitución, leyes y reglamentos vigentes aplicables.
TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.
CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.
QUINTO: Que, del mérito de los antecedentes, se observa que las solicitudes de residencia temporal fueron planteadas por los recurrentes ante la recurrida el seis de febrero del año en curso, de lo que estos sentenciadores pueden estimar que el plazo que ha tardado el servicio en resolver las peticiones no es excesivo ni irracional, considerando otros casos análogos y la carga de trabajo de la recurrida.
A su vez, tampoco puede considerarse que exista una omisión por parte de la recurrida, dado que dentro de plazo razonable la recurrida ha ordenado los actos trámite necesarios para dar curso progresivo al procedimiento, por lo que se han emitido los pronunciamientos requeridos.
Por último, lo resuelto por la recurrida respecto a doña nombre reservado no ha sido arbitrario, ya que dicho pronunciamiento ha sido efectuado en el ejercicio de las competencias que le son otorgadas por la ley.
SEXTO: Que, por consiguiente, habiendo actuado la recurrida en el ejercicio de una facultad que la ley le confiere, se colige que no existe acto ilegal o arbitrario impugnable por la presente vía, no pudiendo constatarse una eventual vulneración de alguna garantía tutelada por la Constitución respecto del cautelado, razón por la cual el presente arbitrio debe ser desestimado.
Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se resuelve:
Que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto a favor de nombre reservado y nombre reservado, en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES.
Acordado con el voto en contra de la Fiscala Judicial Sra. Aravena, quien estuvo por acoger el recurso, al estimar que el trato diferenciado entregado por la recurrida a las solicitudes planteadas por ambos recurrentes, sin que se haya manifestado un motivo plausible que justifique dicha distinción, constituye un acto caprichoso que deviene en arbitrario, lo que es razón suficiente para acoger el presente arbitrio cautelar.
Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.
Rol N° 2025-2023 Protección.