nombre reservado con nombre reservado

nombre reservado

nombre reservado, nombre reservado y otros Recurso de Protección Rol N° 2020-2021.- La Serena, veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno.-.

Vistos y considerando:

PRIMERO: Que a folio 1, comparece don nombre reservado, interponer Recurso de Protección, en contra de don nombre reservado, arquitecto y la DIRECCION DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO.

Señala que juntamente con su cónyuge son propietarios del inmueble ubicado en domicilio reservado, jardines de Peñuelas, Comuna de Coquimbo.

Expone que tomó conocimiento – a través del ordinario 448 de 29 de octubre de 2021 de la Municipalidad de Coquimbo, que se otorgó Certificado N°16 de Recepción definitiva de obra menor, o ampliación de la obra original, otorgado con fecha 24 de enero de 2020, respecto de la propiedad colindante norte N° 4.910, según consta en el Ord. N° 448 de fecha 29 de octubre de 2021, de la I. Municipalidad de Coquimbo, Indica que tal recepción definitiva de obra menor carece de legalidad siendo su arquitecto responsable don nombre reservado, patrocinó un acto ilegal de informar y solicitar a la Dirección de Obras de la I. Municipalidad de Coquimbo de condiciones constructivas no reales con el propósito de obtener la recepción definitiva de Obra nueva de propiedad de su madre, doña nombre reservado y, que el recurrido D.O.M. de autorizar dicha solicitud a través de una Recepción definitiva de Obra nueva, sin consideración de un reclamo previo ingresado por su parte.

Señala que el 2 de Marzo de 2017, presentó un el reclamo N° 1827, ante el Departamento de Obras Municipales de la I. Municipalidad de Coquimbo, por incumplimiento del largo o extensión del adosamiento constructivo de la propiedad de su vecina y que la DOM mediante Ord. 161 de fecha 03 de agosto de 2017, dictaminó el incumplimiento del Artículo 2.6.2. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, en adelante la O.G.U.C, determinándose el 18 de marzo de 2018, que el proyecto de Obra nueva, presentado por la vecina era un acto viciado que no se ajustaba a derecho y lo invalidó.

Sostiene que anulado el permiso de obra menor, la misma arquitecta patrocinante de la primera presentación anulada, doña nombre reservado, presentó con fecha 5 de Septiembre de 2017 una nueva solicitud de permiso de obra menor y que esta nueva y segunda solicitud, fue aprobada según permiso de obra menor N° 454 de fecha 16 de Noviembre de 2017, en atención a que los planos y antecedentes que presentan correctamente el largo constructivo o adosamiento con este vecino, pero que ahora se vuelve a “equivocar” respecto a la altura, excediéndose 43 centímetros desde el suelo natural a la altura constructiva permitida.

Indica que, presentado el nuevo reclamo respecto de esta nueva situación, la D.O.M. de Coquimbo, procedió a realizar un trabajo topográfico que confirmó lo reclamado.

Expone que luego, la propietaria de la vivienda vecina doña nombre reservado, presenta un tercer plano y antecedentes a la D.O.M. de Coquimbo, que corregirían la altura sobrepasada, cumpliéndose la normativa respectiva, trámite que fue patrocinado por su hijo, don nombre reservado, de profesión arquitecto.

Señala que esa tercera solicitud, fue acogida por la D.O.M. de Coquimbo, mediante permiso N° 0655 de fecha 1° de octubre de 2019.

Expone el recurrente que, habiendo obtenido los planos, a través de transparencia pública, le llamó la atención que el recurrido no presentó en su solicitud, la memoria constructiva y tampoco consideró la construcción de un cortafuego hacia la propiedad de su vecino recurrente.

Indica que por ello presentó un nuevo reclamo a la D.O.M. de Coquimbo con fecha 11 de noviembre de 2019, respecto a la altura del cortafuego de la Obra nueva, acompañando incluso Ord. N° 1660 de la Secretaría Regional Ministerial de fecha 27 de septiembre de 2019, a quien le fue consultada esta situación ilícita la cual confirma que el cortafuego de la obra nueva debe tener al menos 50 cm de altura.

Expone que tomó conocimiento cierto el 29 de octubre de 2021, obteniendo una copia del Certificado N° 0016 de Recepción definitiva de obra menor, o ampliación de la obra original, otorgado con fecha 24 de enero de 2020, respecto de la propiedad colindante norte N° 4.910.

Señala que la carpeta no incluye la memoria constructiva solicitada, esto porque no existe y es importante porque debe señalar el tipo de materiales con que se construyó el techo de la obra nueva.

Además, esgrime que es improcedente que, habiendo reclamado el 11 de noviembre de 2019, respecto de no considerar en el plano de la solicitud de obra nueva el cortafuego, la D.O.M. haya otorgado la Recepción definitiva de su obra nueva, sin haber contestado el reclamo de esa parte interpuesto en fecha anterior.

Destaca que el nuevo arquitecto rebajó la altura constructiva que sobrepasaba en 43 centímetros la altura permitida, desde el propio cortafuego, es decir que la obra nueva quedó prácticamente sin cortafuego.

Indica que el artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, en adelante la L.G.U.C, establece en su inciso quinto, que el Director de Obras Municipales, concederá la recepción solicitada si, según los antecedentes acompañados por el arquitecto, los proyectos cumplen con las normas urbanísticas. La responsabilidad del cumplimiento de las disposiciones legales, corresponden al arquitecto y demás profesionales que intervienen en él.

Señala que la Ley General de Urbanismo y Construcción permite en casos muy especiales, que no se construya el cortafuego obligatorio de 50 centímetros de alto, si es que la construcción adosada con el vecino es de construcción incombustible, algo así como losas de concreto, lo que no se advierte en este caso, haciendo presente que el arquitecto recurrido, en esta tercera solicitud de Permiso de Obra nueva, no presentó Memoria constructiva, o especificaciones técnicas y por tanto no manifiesta la realidad cierta, que el techo de la Obra nueva, está compuesta de cerchas, estructura y cubierta, todas de madera, además de papel Kraft impregnado de asfalto, todo altamente combustible y que por tanto no puede liberarse de construir un muro cortafuego, que originalmente si se construyó según la primera y segunda solicitud de obra nueva, pero que en la tercera solicitud, rebajó para cumplir con la altura constructiva permitida, pero dejando sin cortafuego hacia la vivienda de este recurrente.

Expone que tales hechos son absolutamente ilegales y arbitrarios, contrarios a la Ley y se hace necesario proteger el legítimo ejercicio de garantías y derechos preexistentes que se enumeran en los Artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República.

Por lo expuesto pide que recurrido nombre reservado deberá corregir o enmendar de acuerdo a la ley su solicitud de proyecto de obra nueva, que considere la construcción de un cortafuego de al menos 50 centímetros de altura, sin sobrepasar la altura constructiva permitida o, reconocer su ilegitimidad y permitir que otro arquitecto la presente y que la Dirección de Obras de la I. Municipalidad de Coquimbo deberá anular la recepción definitiva de obra menor, otorgada con fecha 24 de Enero de 2020, y exigir a la propietaria de la vivienda, una nueva y cuarta solicitud de permiso de obra nueva, que incorpore la construcción de un cortafuego de al menos 50 centímetros de altura, sin sobrepasar la altura constructiva permitida y verificar su cumplimiento conforme a la ley, o lo que se estime de justicia, con costas.

SEGUNDO: Informa el recurso la Dirección de Obras Municipales de la Municipalidad de Coquimbo, solicitando el rechazo en todas sus partes.

Señala que la actuación del director de obras municipales no es inconstitucional ni arbitraria, por cuanto se ha actuado con el más estricto apego a la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza General.

Hace referencia a cuestiones previas relevantes al otorgamiento del Permiso de Obra Menor y Recepción Definitiva de Obra Menor:

Que el 28 de abril de 2017, ingresa a la Dirección de Obras Municipalidades solicitud de permiso de obra menor de propiedad de doña nombre reservado, patrocinada por la Arquitecta nombre reservado, para la aprobación de una ampliación de vivienda unifamiliar ubicada en domicilio reservado. Se otorgó el Permiso de Obra Menor N°214 de fecha 26 de mayo de 2017.

Reseña que, luego el recurrente ingresa denuncia señalando que el proyecto de obra menor, no se ejecutó de acuerdo al permiso de obra otorgado, por cuanto, las construcciones declaradas en el proyecto de edificación, superan el porcentaje de adosamiento permitido por la normativa urbanística vigente, constatando en terreno que existe una construcción adosada a la propiedad colindante no declarada en el proyecto de obra menor y que la suma de metros lineales de las construcciones adosadas, incluyendo la no declarada, exceden el porcentaje de adosamiento permitido por la norma, por lo cual la solicitud de obra menor debió contar con la autorización notarial de su vecino que autorizaba dicho porcentaje, situación que no aconteció., Por lo que se inició un procedimiento de invalidación, en contra del permiso de obra menor N°214, realizándose la audiencia de invalidación el día 11 de agosto de 2017.

Posteriormente, el 05 de septiembre de 2017, ingresa una nueva solicitud de obra menor las cuales habían sido ajustadas materialmente al porcentaje permitido por la norma, esto es, al 40% de longitud total, el que tras su revisión es aprobado a través de Permiso de Obra Menor N°454 de 11 de noviembre de 2017. Sin embargo, tras un nuevo reclamo del recurrente, se evidencia que la altura declarada en el proyecto de obra menor, no se condice con lo existente en terreno, dado, que, de acuerdo a levantamiento topográfico realizado por funcionario de esa Unidad Técnica, se verifica que el muro cortafuego supera la altura permitida.

Que ello trajo como consecuencia que se iniciara un nuevo procedimiento de invalidación, citando a las partes a audiencia de invalidación de fecha 18 de marzo de 2019.

Señala que luego de las dos invalidaciones descritas, ingresa una nueva solicitud de obra menor, esta vez, patrocinada por otro profesional, la que tras de la revisión realizada, es aprobada a través de Permiso de Obra Menor N°0655 de fecha 01 de octubre de 2019, la que posteriormente fue recepcionada con fecha 24.01.2020, a través de Certificado N°0016, ambas resoluciones cuestionadas por el recurrente.

El reclamo respecto a al Permiso de Obra Menor N°0655 de fecha 01 de octubre de 2019, señalando que la construcción no daba cumplimiento a las normas sobre condiciones de seguridad contra incendio establecida en la ley y al respecto se evacuó respuesta el 4 de septiembre del año 2020, concluyendo que la aprobación del permiso de obra menor antes individualizado, se encontraba ajustado a Derecho.

Posteriormente, con fecha 09 de septiembre de 2020, el recurrente de autos, ingresó un reclamo ante el Secretario Ministerial de Vivienda y Urbanismo, Región de Coquimbo, respecto del cual, se le solicitó informe a dicho municipio, el cual fue evacuado a través de Ordinario N°138 de 28.10.2021, el cual hace un análisis técnico de lo expuesto por el recurrente, indicando en lo que interesa lo siguiente:

“Sin embargo, consideramos que sus alegaciones obedecen a una errada interpretación de las normas sobre seguridad. Por cuanto, reiteramos lo señalado en Ord. N°109 de fecha 04 de septiembre de 2020, que “la exigencia de prolongación del muro cortafuego de 50 cm., sobre la cubierta, planteado por Usted, no es necesaria para aquellas construcciones que garanticen el cumplimiento de la resistencia al fuego determinada en la tabla del artículo 4.3.3. de la OCUC, -como ocurre en la especie-, por tanto, es opinión de esta Unidad Técnica, que el permiso de obra menor N°0655 de fecha 01 de octubre de 2019, se encuentra ajustado a derecho, por cuanto, cumple con las normas sobre condiciones de seguridad contra incendio establecida en la ley”.

Que la Secretaria Ministerial, informa al recurrente de autos, a través de Ordinario N°7 de 06 de enero de 2021, recogiendo lo que fue planteado por la DOM en su informe, lo que corroboró el proceder técnico al otorgar el permiso de obra menor y recepción definitiva cuestionados.

En cuanto a la aprobación técnica del Permiso de Obra Menor y Recepción Definitiva cuestionados, indica que en cuanto a muro corta fuego, el arquitecto patrocinante declara en plano de emplazamiento, cuadro de superficies, ubicación y elevaciones del proyecto, lamina _01, como, asimismo, en Especificaciones Técnicas archivadas en Expediente Digital N°2019/1390 una resistencia al fuego correspondiente a F-120.

Que ello es de importancia por cuanto, al contemplar el referido corta fuego una resistencia al fuego igual o superior a F-60, según lo dispone el artículo en 4.3.14. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, se excepciona de las prolongaciones sobre la cubierta –techo- que debe considerar todo proyecto de edificación.

Señala que, además, lo anterior fue corroborado por el arquitecto patrocinante del proyecto cuestionado, ante la insistencia del recurrente, declarando con fecha 27 de julio de 2020 y cita textual: “el muro cortafuego está compuesta de albañilería de ladrillo F120 hecho a máquina de medidas 290x140x71 mm., según consta en EE.TT.”

De este modo, tomando en cuenta las normas técnicas aplicables al proyecto de obra menor, el Director de Obras en virtud de las facultades contenidas en el artículo 9° y 116° de Ley General de Urbanismo y Construcciones y 1.4.1. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, concede el permiso de obra menor y posterior recepción definitiva, bajo la convicción de que el proyecto se encuentra ajustado a derecho, por tanto, su actuar, solo se enmarca en aspectos técnicos declarados por el propietario y arquitecto patrocinante del proyecto, no siendo en ningún caso su actuar ilegal y mucho menos arbitrario.

Alega la improcedencia del recurso de protección, al no existir una acción u omisión reprochada, ya que en el otorgamiento del permiso de obra Menor N°0655 de fecha 01 de octubre de 2019, la que posteriormente fue recepcionada a través de Certificado N°0016 de fecha 24 de enero de 2020, se otorgó tras la revisión de las normas urbanísticas aplicables al proyecto en cuestión, los que se encuentran amparada por el ordenamiento jurídico, según lo dispone las normas técnicas, contenidas en los artículos 4.32. 4.3.3. y 4.3.4, 4.3.14. todos de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones Además, indica que el actor reclama el hecho de responder un reclamo contra el permiso de obra menor, con posterioridad a su recepción definitiva, lo cual, carece de todo sustento jurídico, toda vez, como se ha explicado detalladamente, dicho proyecto se ajusta a las normas urbanísticas y técnicas, considerando, además, que los plazos administrativos no son fatales, citando al respecto el dictamen N° 6266, de la Contraloría General de la República.

Expone que además el recurrente no señala claramente los derechos amenazados, restringidos o limitados por la aprobación de la resolución de permiso de obra menor y recepción definitiva, por lo que no es posible emitir una opinión.

Y finalmente en cuanto al plazo de interposición del recurso, el recurrente declara tomar conocimiento de la recepción definitiva solo con fecha 29 de octubre de 2021, sin embargo, esa declaración es alejada de la realidad de los hechos, por cuanto, el reclamo interpuesto por recurrente ante el Secretario Ministerial de Vivienda y Urbanismo, Región de Coquimbo, se realiza con fecha 09 de septiembre de 2020. En el escrito de su reclamo, señala y cito textual: “solicito a Usted la anulación de recepción de obra nueva que, a juicio de esta parte, propietario de la vivienda ubicada en domicilio reservado, vecino colindante de la vivienda de domicilio reservado, en donde se construyó la obra nueva, no se ajusta la normativa… Esta situación que afecta a mi familia, es producto de una resolución evacuada por el D.O.M. de la I. Municipalidad de Coquimbo de Recepción definitiva N°0016 de fecha 24 de enero de 2020”.

Señala que, en consecuencia, el recurrente tenía conocimiento de la recepción definitiva mucho antes de la fecha declarada en su libelo.

Además, señala que el recurrente tomo conocimiento de los antecedentes del permiso de edificación con fecha 7 de noviembre de 2019 a través de Ordinario N°161 de Dirección de Obras Municipales, requerida por el mismo recurrente, través de la Ley de Transparencia, por lo que el recurrente yerra al declarar como fecha de toma de conocimiento del Certificado de Recepción Definitiva N°0016 de 24.01.2020 con fecha 29 de octubre de 2021, por cuanto, existen antecedentes indubitados que dan cuenta, de tenía conocimiento de los actos administrativos cuestionados desde mucho tiempo antes de la fecha declarada en su recurso.

Hace presente además que ambas resoluciones, en virtud de lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 20.285 Sobre acceso a la Información Pública, se encuentran publicada en el portal web del municipio desde el mes de noviembre del año 2019 y febrero del año 2020 respectivamente a disposición del público en general.

Por todo lo expuesto, pide el rechazo del recurso de protección.

TERCERO: Que a fojas 18, informa el recurso nombre reservado, arquitecto, solicitando su rechazo.

En primer término, alega la extemporaneidad en la interposición del recurso, señalando que consta de la propia exposición que hace el recurrente que los hechos denunciados como vulneratorios de garantías constitucionales, en que no indica que garantías son las conculcadas, ocurrieron con mucha anterioridad a los treinta días de plazo fatal que establece el acta número 94-2015.

Indica que el Permiso de Ampliación de obra menor a 110 metros cuadrados lleva el número 0655 de fecha 1 de octubre de 2019 de la DOM de la I. Municipalidad de Coquimbo y su vez el Certificado de Recepción Definitivo de la obra que lleva el número 0016 fue otorgado con fecha 24 de enero de 2020.

Estos documentos fueron ampliamente conocidos por el recurrente desde la fecha de su otorgamiento puesto que siempre estuvo concurriendo a la DOM para conocer cada actuación que hacía la propietaria del inmueble vecino para ejecutar su obra.

Señala que ello queda demostrado en atención a que el propio recurrente, actuando en representación de su cónyuge doña nombre reservado, interpuso demanda ordinaria de indemnización de perjuicios en contra de su vecina doña nombre reservado, en los autos Rol C-1933-2019 del Primer Juzgado de Letras de Coquimbo con fecha 28 de agosto de 2019.

Indica que, en dicha demanda, el recurrente pretendía que la demandada fuera condenada a un pago indemnizatorio de: $30.000.000.- por un inexistente daño emergente. A la cantidad de $15.000.000.- por el lucro cesante y a la suma de $15.000.000.- por daño moral.

Señala que, además, acompañó a dichos autos, con fecha 26 de mayo de 2020, la copia del Permiso de edificación de Obra menor N° 0655 de fecha 01 de octubre de 2019, de la Dirección de Obras de la I. Municipalidad de Coquimbo.

Que, en dicha causa, la Juez de Letras de Coquimbo, en resolución de fecha 17 de agosto de 2021 (cuya ejecutoriedad se certificó con fecha 2 de septiembre de 2021) declaró el abandono del procedimiento, por lo que el recurso de protección ha sido interpuesto fuera de plazo legal y por ello debe ser rechazado de plano.

En segundo término, alega la indeterminación de las garantías constitucionales que se indican conculcadas.

luego, expone que la materia objeto del presente recurso ya fue conocida por el tribunal competente: en particular en la demanda ordinaria de indemnización de perjuicios, seguida en los autos Rol C-1933- 2019 del Primer Juzgado de Letras de Coquimbo, el que fue declarado abandonado por el tribunal competente, no siendo procedente entonces intentar una acción como la que se pretende por ésta vía de amparo Constitucional.

Finalmente alega que las obras cumplen con toda la normativa legal aplicable, las obras ejecutadas y reclamadas por el recurrente fueron ejecutadas de acuerdo a la ley y a los procedimientos administrativos correspondientes y por ello fueron debidamente recibidas por la DOM de Coquimbo. Que ellas cuentan con la correspondiente Memoria o Especificaciones Técnicas las que fueron debidamente aprobadas por la autoridad competente y timbradas en el Permiso de Edificación que fuera otorgado.

Además, señala que la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, no exige la construcción de un muro corta fuego en las viviendas, sino un muro divisorio entre unidades (hasta cubierta), como se especifica en DDU N°46-2007 de Minvu que se acompaña.

CUARTO: Que a folio 21, se trajo a la vista copia de los autos Rol C-1933-2019 del Primer Juzgado de Letras de Coquimbo caratulados “nombre reservado con nombre reservado”.

QUINTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

SEXTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

SÉPTIMO: Que, en relación a la oportunidad para interponer este recurso, el artículo 1 del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales dispone "1°.- El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos”.

OCTAVO: Que, en cuanto a la alegación de extemporaneidad levantada por las recurridas es dable decir que corresponde acogerla pues tanto del tenor del propio recurso, de los informes y en particular el Ord. N° 1.660 de la SEREMI de Vivienda y Urbanismo y la existencia del juicio seguido en la causa Rol C-1933-2019 del Primer Juzgado de Letras de Coquimbo, permiten colegir que el presente arbitrio se planteó extemporáneamente, pues se intentó vencido o más allá de los treinta días a que se refiere la norma citada en el motivo anterior toda vez que de dichos elementos se concluye que el recurrente tomó conocimiento de los hechos que sirven de sustento a esta acción constitucional, con bastante antelación a la propia solicitud de información por vía de Ley de Transparencia.

NOVENO: Que, no obstante que lo antes expuesto es suficiente para concluir que este recurso de protección no puede prosperar y debe ser desestimado no es menos cierto que, además, debe ser rechazado teniendo en cuenta, según ha sido reiteradamente señalado por esta Corte de Apelaciones, que el recurso de protección es un procedimiento excepcional que “Se aplica sólo cuando existe una amenaza, perturbación o privación del legítimo ejercicio de un derecho esencial producida por una acción u omisión arbitraria o ilegal de un tercero, sea este público o privado, existiendo una manifestación de dicha actuación que no requiere de un proceso de prueba complejo, la afectación del derecho debe ser relativamente clara o evidente. En caso contrario, debe utilizarse el procedimiento ordinario o sumario correspondiente.” (Nogueira Alcalá, Humberto; El Recurso de Protección en el Contexto del Amparo de los Derechos Fundamentales Latinoamericano e Interamericano, en Revista Ius et Praxis, 13 (1): 75 - 134, 2007), de manera que nos encontramos en sede cautelar de urgencia en la cual no es dable una discusión para la declaración de derechos dubitados, lo que requiere de un proceso de lato conocimiento, circunstancia esta última presente en la especie tomando en consideración precisamente la existencia del juicio seguido bajo el Rol C-1933-2019 del Primer Juzgado de Letras de Coquimbo, intentada por el recurrente a fin de que se declare las responsabilidad de su vecina por el incumplimiento de la normativa atingente a la construcción de la ampliación que ha originado los problemas de vecindad, - no siendo, en consecuencia, esta la vía para dilucidar esta controversia la que, por su propia naturaleza, amerita, como ya se dijo, un debate en un proceso que admita que cada una de las partes exponga sus alegaciones, considerando que en definitiva el conflicto radica en determinar los materiales con los cuales se construyó el cortafuego, para determinar si es aplicable al respecto lo expuesto en el artículo 4.33 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, probanzas que no caben en la presente sede cautelar.

DÉCIMO: Que, sin perjuicio de lo ya dicho, cabe destacar que no es posible establecer un actuar arbitrario e ilegal de los recurridos, desde que ni siquiera el actor ha reseñado cuales son las garantías vulnerada por el actuar denunciado, en relación con aquellas protegidas a través de esta acción de protección, todo lo que en definitiva lleva al rechazo del presente arbitrio, según se dirá a continuación.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, en contra de don nombre reservado y la DIRECCION DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

ROL N°2020-2021.- Protección.-