nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

nombre reservado

Servicio Nacional de Migraciones Recurso de protección Rol Nº201-2024 La Serena, doce de marzo de dos mil veinticuatro.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que a folio 1, comparece nombre reservado, de nacionalidad ecuatoriana y deduce recurso de Protección contra el Servicio Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile, representado por nombre reservado por la omisión ilegal y arbitraria de pronunciarse sobre su solicitud de permanencia definitiva número 48222715, presentada el 10 de junio de 2022, lo cual considera una vulneración al principio de igualdad ante la ley, según lo establecido en el artículo 19 número 2 de la Constitución Política de la República, en concordancia con los artículos 24 y 27 de la ley número 19.980.

Señala que ingresó legalmente a Chile el 7 de junio de 2019 y, tras establecerse y encontrar un trabajo estable, decidió solicitar el cambio de su condición migratoria a permanencia definitiva. A pesar de que inicialmente se le informó que el trámite podría demorar hasta seis meses, ha transcurrido un año y ocho meses sin resolución, superando ampliamente el plazo máximo establecido por la ley 19.880. Esta situación ha limitado su capacidad para acceder a servicios, abrir cuentas bancarias, solicitar créditos, entre otros, afectando su derecho a la igualdad ante la ley. Además, la falta de información clara sobre el avance de su solicitud atenta contra el principio de transparencia y publicidad establecido en el artículo 16 de la ley 19.880.

En cuanto a los argumentos de derecho, sostiene que el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece el derecho de toda persona a interponer el recurso de protección ante actos u omisiones arbitrarios o ilegales que resulten en la privación, perturbación o amenaza del legítimo ejercicio de los derechos y garantías consagrados en el artículo 19 de la misma Carta Fundamental. Este recurso debe ser presentado dentro de un plazo de 30 días corridos desde la ocurrencia del acto o la omisión que cause la afectación, según lo señalado en el artículo primero del Auto Acordado sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales.

Destaca que, en su caso, la omisión constituye una vulneración permanente, por lo que se encuentra dentro de plazo legal para presentar la acción de protección, citando jurisprudencia.

Respecto a los plazos legales para el pronunciamiento del órgano recurrido, cita lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 19.880 obliga a las autoridades y personal al servicio de la Administración en la tramitación de los asuntos, así como a los interesados en los mismos, a cumplir con los términos y plazos establecidos en esta u otras leyes. El artículo 24 de la mencionada ley establece que las decisiones definitivas deben emitirse dentro de los 20 días siguientes, contados desde que, a petición del interesado, se certifique que el acto se encuentra en estado de resolverse. Además, el artículo 27 de la Ley 19.880 establece que, salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no debe exceder de 6 meses desde su iniciación hasta la emisión de la decisión final.

Destaca que cobra relevancia lo dispuesto en los artículos 4, 7, 9 y 27 de la Ley 19.880, y destaca los principios de celeridad y economía procedimental en virtud de los cuales la Administración debe responder a la máxima economía de medios con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Solicita tener por interpuesto recurso de protección en contra de la recurrida y ordenarle que se pronuncie sobre la solicitud de permanencia definitiva adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

Acompañan a su presentación: 1. Comprobante residencia definitiva en trámite; 2. Copia de Cedula de identidad para extranjeros; 3. Comprobante nombre reservado; 4. Certificado de Antecedentes; 5. Comprobante Vigencia de Contrato de Trabajo; 6. Comprobante pago multa; 7. Copia de Pasaporte.

SEGUNDO: Que a folio 4, comparece don nombre reservado, abogado del Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo de la acción.

Solicita se declare la inadmisibilidad de la acción, dado que no existe alguna vulneración, ni siquiera en grado de amenaza, de las garantías fundamentales alegadas.

En efecto, en el presente recurso de protección se alega la supuesta omisión arbitraria o ilegal al no dictar un acto terminal respecto a la solicitud de residencia definitiva del recurrente de autos, y que dicha omisión generaría por sí sola una supuesta vulneración o amenaza de sus derechos fundamentales. En ese contexto no podemos obviar la sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema, en sus causas ROL 115064-2022 y 115368-2022 ambas de fecha 20 de marzo del 2022.

Reitera que no existe alguna arbitrariedad ni ilegalidad, ni aún en grado de amenaza, por parte de esa autoridad que pueda ser tutelada mediante la presente acción de protección, por lo que la materia excede con creces la tutela cautelar que es propia del recurso de protección y que, dado la jurisprudencia reciente debe ser declarado inadmisible.

Señala que todo extranjero que tenga una solicitud de residencia en trámite en nuestro país se puede desarrollar de forma plena, sin que “esté impedido de realizar trámites esenciales con su cédula de identidad ante cualquier entidad pública o privada”.

En subsidio, opone la excepción de falta de legitimación pasiva, ya que el presente recurso de protección se dirige en contra del Servicio Nacional de Migraciones, pero la supuesta acción u omisión que se considera ilegal o arbitraria emana de terceros indeterminados (sentencias ya individualizadas de la Excma. Corte Suprema); En dicho sentido la recurrente ha errado al intentar su recurso de protección en contra de esa autoridad en atención a que, no ha vulnerado, perturbado o amenazado alguno de los derechos fundamentales incoados por la recurrente, todo esto conforme a los artículos 38, 43 y 45 de la Ley N°21.325, por lo que mal podría ser esa autoridad el legitimado pasivo de la acción que se emprende.

En cuanto al fondo del recurso señala que don nombre reservado, fecha 31 de marzo de 2018, ingresa por primera vez al país, en calidad de turista, por el paso fronterizo Carretera de Chacalluta.

Indica que con fecha 10 de junio de 2022, solicita el beneficio migratorio de permanencia definitiva ante el Servicio Nacional de Migraciones, bajo el ID 48222715, que el 07 de diciembre de 2023, la solicitud avanza a etapa de pago de derecho y que finalmente el 07 de diciembre de 2023, la solicitud se encuentra en etapa RESOLUTIVA.

Luego reseña antecedentes de derecho relativos al trámite de permanencia definitiva y las normas protectoras de la Ley N°21.325.

Hace presente que el Servicio Nacional de Migraciones ha actuado con apego estricto a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, indicando que no existe acto u omisión arbitraria o ilegal que genere privación, perturbación o amenaza a los derechos consagrados en el Artículo 19 de la Constitución Política de la República.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

CUARTO: Que, la solicitud de declarar inadmisible el recurso que formula la recurrida en su informe será desestimada, pues el examen de admisibilidad de la presente acción constitucional fue realizado en la etapa procesal correspondiente, apreciándose por esta Corte que el recurso fue intentado oportunamente y en él se alude a hechos que -a lo menos en abstracto- son aptos para constituir infracción de garantías constitucionales.

QUINTO: Que, asimismo, se rechazará la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el Servicio Nacional de Migraciones, pues con prescindencia de lo que se pudiera decidir en cuanto al fondo del asunto planteado, lo cierto es que la conducta calificada de ilegal o arbitraria por la recurrente -consistente, como se ha dicho, en la falta de pronunciamiento respecto a su solicitud de permanencia- corresponde precisamente a esa repartición pública.

SEXTO: Respecto al fondo de la cuestión sometida a conocimiento de esta Corte, cabe señalar que, del tenor del recurso y antecedentes a este acompañado, se colige que el recurrente formuló solicitud de permanencia el día 10 de junio de 2022, lo que, además, no es objeto de controversia por parte de la recurrida.

A su turno, el informe del órgano recurrido se limita a indicar que la solicitud de los actores se encuentra en etapa de ‘Etapa Resolutiva’, de lo que se desprende que es efectiva la falta de pronunciamiento acusada en el recurso.

SÉPTIMO: Que, para resolver el asunto en examen, se debe acudir a lo estatuido en la Ley N°19.880. En este sentido resulta útil destacar el principio de celeridad, previsto en su artículo 7, conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Lo anterior, resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental, del artículo 9, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Por último, el artículo 14 define el principio de inexcusabilidad señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación.

OCTAVO: Que, de acuerdo a los antecedentes que constan en la tramitación de la presente causa, queda en evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, toda vez que la autoridad respectiva ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto ha dilatado la decisión respecto de la solicitud de permanencia definitiva, excediendo el plazo establecido en el artículo 27 de la mencionada Ley N°19.880 (SCS Rol N°24.827-2020).

NOVENO: Que, por tanto, la dilación del recurrido en el pronunciamiento sobre la mentada solicitud, en este caso particular, debe ser calificada de ilegal y arbitraria porque vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra de la parte recurrente en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes, obteniendo una respuesta formal en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente.

Asimismo, el retardo inexcusable de la administración provoca indudablemente incertidumbre en la parte recurrente respecto de su situación migratoria, perjudicando dicha omisión la garantía del numeral 1° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, misma incertidumbre que afecta a su círculo familiar y social, así como a sus relaciones comerciales.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se resuelve:

I.- Que se rechaza la solicitud de declaración de inadmisibilidad del recurso de protección.

II.- Que se rechaza la excepción de falta de legitimación pasiva.

III.- Que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto a favor de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile, sólo en cuanto se dispone que la recurrida deberá emitir el pronunciamiento que en derecho corresponda respecto de la solicitud de residencia definitiva presentada ante ella por la parte recurrente, lo anterior, dentro del plazo de 30 días corridos desde notificada la presente sentencia.

Se previene que el Ministro (S) Sr. Díaz, fue del parecer de acoger el recurso y conceder a la administración el plazo de 60 día hábiles administrativos para emitir el pronunciamiento solicitado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 202-2024.-