SOC AGRICOLA EL CARMEN nombre reservado con ASOCIACION DE CANALISTAS DEL EMBALSE RECOLETA

Sociedad Agrícola El Carmen nombre reservado

Asociación de Canalistas del Embalse Recoleta Recurso de protección Rol 202-2022.

La Serena, cinco de mayo de dos mil veintidós.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, con fecha 19 de febrero de 2022, comparece doña nombre reservado, Abogada, en representación de Sociedad Agrícola El Carmen nombre reservado, quien deduce acción de protección en contra de la Asociación de Canalistas del Embalse Recoleta (o “Acer”), organización de usuarios del Código de Aguas, RUT RUT reservado, por la omisión ilegal y arbitraria en que ha incurrido la recurrida al no tomar medida alguna tendiente a precaver, prevenir y/o atenuar incendios originados en el inmueble de propiedad de la recurrida, por conculcar dicha omisión su derecho de propiedad, garantía constitucional consagrada en el artículo 19 nº 24 de la Constitución Política de la República.

Relata que la recurrente es dueña del predio agrícola denominado “El Carmen” o “El Carmen Bajo” – que forma parte del Fundo El Carmen-, ubicado en lo que actualmente corresponde a la comuna de Río Hurtado. En él, existen casas destinadas a la habitación, bodegas, instalaciones agrícolas y plantaciones de viñas y paltos.

Indica que su predio deslinda al poniente con la propiedad de la recurrida, donde se ubica la obra denominada “Embalse Recoleta”, construida por el Fisco en un conjunto de 72 hijuelas de terrenos expropiados a particulares.

Afirma que en el sector oriente del predio de la Asociación Embalse Recoleta se ubica una zona de aproximadamente 14 hectáreas de superficie que sufrió diversos incendios en el primer bimestre del año 2018.

Refiere que dicho sector se reforestó naturalmente, creciendo en forma paralela, incontrolada y descuidada jóvenes y densos matorrales, en una extensión de 5 hectáreas, y pastizales en una prolongación de 2 hectáreas.

Arguye que este retazo de terreno tiene un nulo manejo de cuidado, preservación y conservación. Así, sus cercos se encuentran en mal estado, no existen caminos interiores, no hay instalaciones para apagar incendios ni un plan de manejo adecuado y efectivo que permita prevenirlos, no hay cuidador o guardabosque y no hay cortafuegos con predio vecino.

Narra que el 20 enero 2022 se inició un incendio en parte del bosque y matorrales ubicados dentro del predio de la recurrida, el que alcanzó grandes proporciones y tuvo que ser combatido por Brigadistas Forestales de Conaf, Compañías de Bomberos de Río Hurtado, Ovalle y Punitaqui, funcionarios municipales, vecinos del sector y personal y recursos de la recurrente. Además, dado el riesgo de daño en la vida y propiedad de los habitantes de predios colindantes, también concurrieron Carabineros al sector.

Expone que la recurrida no prestó colaboración alguna para sofocar el incendio y tampoco ha tomado medidas para prevenir futuros focos y evitar que se expanda a predios vecinos.

Enfatiza que la Excma. Corte Suprema, en causa Rol 8812-2018, conociendo vía apelación de un recurso de protección entre las mismas partes, a raíz de diversos incendios acaecidos en el año 2018, ordenó a la recurrida adoptar un plan preventivo de incendios para los terrenos de su propiedad ubicados en el sector Embalse Recoleta.

Argumenta que, sin perjuicio que esta acompañó un documento denominado “Plan de Manejo”, en la práctica jamás se ha cumplido, conformando solo una mera declaración de papel.

Dice que esta omisión configura una amenaza grave y actual a su derecho de propiedad, precisando que, en el último incendio ocurrido en enero de 2022, se generaron grandes llamaradas que quemaron el cerco divisorio que separa ambos predios, viéndose expuestas hectáreas de plantaciones de su predio a una eventual destrucción.

Agrega que, desde esa fecha, la recurrida tampoco ha tomado medidas para evitar que el hecho se repita, de modo que su negligencia inicial se ha transformado en dolo.

Por tanto, solicita que se acoja la acción de protección y se ordene a la recurrida cesar en sus amenazadas al derecho de propiedad. En concreto, pide que se le ordene implementar efectivamente un plan preventivo de incendios, construir un cortafuegos dentro del predio de la recurrida, en su deslinde oriente, a todo lo largo con el predio de la recurrente, de un ancho no inferior a 50 metros, consistente en un terreno limpio y despejado de toda vegetación, construir y mantener caminos interiores que permitan las labores de bomberos y brigadas de Conaf en caso de incendio, instalar una toma de agua para equipos de bomberos y área de trabajo, para ser usadas en caso de incendio y contratar a un cuidador o guardabosques que cuide el lugar, sin perjuicio de adoptar otras medidas necesarias para el restablecimiento del derecho. Todo lo anterior, con costas.

Acompañó a su presentación: 1) Informe emitido por el Comandante del Cuerpo de Bomberos Río Hurtado, denominado “Informe Incendio Forestal Tranque Recoleta”; 2) Informe emitido por la Corporación Nacional Forestal (Conaf), denominado “Informe Incendio Forestal nº 37 Tranque Recoleta, Ovalle, Región de Coquimbo”; 3) Informe Incidente o Emergencia 028-B, emitido por Onemi, de 20 enero 2022, 14:35 horas, Incendio Forestal; 4) Informe Incidente o Emergencia 028-C, emitido por Onemi, de 20 enero 2022, 17:05 horas, Incendio Forestal; 5) Set de 8 fotografías del incendio ocurrido 20 enero 2022; 6) Copia de inscripción de dominio del predio “El Carmen”, con certificado de vigencia; 7) Copia de sentencia dictada en Recurso Protección Rol 275-2018 de ésta Corte de Apelaciones y copia de sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema en autos Rol 8812-2018.

SEGUNDO: Que comparece el Abogado don Luis Urqueta Tejada, en representación de la recurrida Asociación de Canalistas del Embalse Recoleta, evacuando informe y solicitando el rechazo de la acción de protección, con costas.

Señala que no es efectivo que el inmueble ubicado inmediatamente al oriente del actual cerco que separa los terrenos ocupados por recurrente y recurrida, sea de propiedad de la primera, pues dicho bien corresponde a terrenos expropiados por el Fisco para la construcción del Embalse Recoleta, que se extiende hasta los terrenos ubicados bajo la cota de los 411 metros sobre el nivel del mar, la que fue determinada en causa posesoria Rol 863-2008, seguida entre la Sociedad Agrícola doña nombre reservado – en la que son socios los mismos dueños del Fundo El Carmen- y la recurrida, causa que terminó por sentencia definitiva firme confirmada por esta Corte de Apelaciones, en la que, a través de diversos informes periciales, se determinó la ubicación de la mencionada cota de expropiación.

Así, los terrenos que la recurrente aduce que son de su propiedad, en realidad son ocupados sin título por aquella, por mera tolerancia de la recurrida, concluyendo entonces que no habría derecho de propiedad que la actora pueda haber visto amenazado, como erróneamente esgrime.

Agrega que tampoco es efectivo que exista negligencia o mala fe de su parte, pues se implementaron todas las medidas exigidas por la sentencia dictada en la causa proteccional anterior, aludida por la contraria.

Detalla que existen caminos interiores en buen estado que permiten recorrer en vehículos todo el terreno, que existen varias pozas para la extracción de agua en diversos sectores del terreno y una franja de terreno de cortafuegos aledaña al cerco que divide las plantaciones de la recurrente y los terrenos del Embalse Recoleta, cuestión que es reconocida por Conaf.

Manifiesta que tampoco es efectivo que su personal no haya intervenido en el incendio, pues fueron los guardias de la Asociación quienes alertaron a la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) de la situación de emergencia vivida, contactándose inmediatamente al personal de la empresa concesionaria de la explotación de áridos que desarrolla permanentemente labores en el lugar, la que puso a disposición del personal de la Conaf y de Bomberos de Río Hurtado dos camiones aljibes, una excavadora y un cargador Frontal.

Argumenta que no es efectivo que se haya quemado el cerco divisorio entre ambos predios, pues en el lugar existe un camino de tránsito de maquinarias y una zona adyacente al camino construida como cortafuegos, además de caminos interiores que permiten el acceso a todos los sectores y a las pozas desde las que se puede sacar agua para llenar las piscinas portátiles de bomberos, tal como ocurrió en el desarrollo de las labores de amago y control del incendio ocurrido en enero de 2022.

Sostiene que tampoco es efectivo que la Asociación de Canalistas mantenga en descuido un bosque que pueda poner en riesgo los predios vecinos y el de la recurrente, no sólo porque aquel que existía en el lugar se quemó en el año 2018, sino también porque el supuesto bosque no es más que vegetación nativa que ha crecido naturalmente en ese sector.

Así, afirma que la posibilidad de riesgo para la actora es inexistente.

Por otra parte, asevera que no se le puede responsabilizar por el incendio ocurrido, pues se trata de un hecho probablemente intencional imposible de resistir, pues el sector en que ocurrió no es de acceso público, siendo las únicas personas autorizadas para acceder a ese lugar los empleados de la empresa concesionaria de extracción de áridos, quienes mantienen el acceso bloqueado, y si bien corresponde al personal de vigilantes de la Asociación de Canalistas velar por su seguridad, se les torna imposible una vigilancia exclusiva en el sector las 24 horas del día.

Por tanto, al ser los falsos los hechos que fundamentan la acción, pide se rechace la misma, con costas.

TERCERO: Que, dando cumplimiento a la diligencia solicitada por el Tribunal, se evacuó informe por parte de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), quienes comunican que en el sistema de información satelital digital para control de operaciones (Sidco) existen dos incendios registrados en el sector objeto de la acción, uno acaecido en el año 2018, en virtud del cual se realizó un cortafuego que todavía se mantiene; y otro ocurrido entre el 20 al 21 de enero de 2022, cuyo inicio cercano se habría producido en camino secundario, evento que afectó una superficie total de 14 hectáreas, correspondiente a 7 hectáreas de arbolado, 5 hectáreas de matorral y 2 hectáreas de pastizal.

A dicho siniestro concurrió (además de Bomberos y Conaf) la recurrente con una retroexcavadora, un cargador frontal y un camión aljibe.

Indica que el segundo incendio fue más rápido en su avance por la calidad del combustible presente, más delgado y reseco que el del año 2018.

Agrega que ninguno de los incendios afectó el predio de la recurrente y que existe un cortafuego entre el límite del predio de las partes del recurso.

Finalmente, hace presente que el Servicio no tiene conocimiento de la existencia de un Plan de Prevención de Incendios y que, revisado el Sistema de Administración y Fiscalización Forestal, no se registran solicitudes relativas a la normativa de gestión ambiental D.L. 701 Sobre Fomento Forestal o de la Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal presentadas por los recurridos, donde se contemplan medidas técnicas contra incendios forestales y su prevención.

Adjuntó a su oficio informes de incendio respecto de los dos siniestros acaecidos en el sector.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

QUINTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

SEXTO: Que, circunscrito el asunto, corresponde tener como hechos acreditados el que en el predio de la recurrida ya han tenido lugar dos incendios, el primero en el año 2018, y el segundo durante el mes de enero del presente año; viéndose por tanto afectado el lugar mismo en que se suscitaron las quemas, con el consiguiente riesgo para los vecinos del sector (lo que cabe considerar más allá del título jurídico que éstos tengan respecto del bien raíz respectivo).

Que, como fue acreditado, la Excma. Corte Suprema en fallo de fecha 09 de julio de 2018, pronunciado en autos Rol 8812-2018, ordenó a la Asociación de Canalistas del Embalse Recoleta que en el plazo de tres meses adoptara un plan preventivo de incendios debidamente validado, para los terrenos de su propiedad ubicados en el sector del Embalse Recoleta.

En tanto, Conaf informó que ninguno de los incendios afectó al predio de la recurrente, Sociedad Agrícola El Carmen Ltda., y que existe un cortafuego entre el límite del predio de las partes, como se aprecia de la imagen satelital que se acompañó a su informe.

Además, indicó que dicho Servicio no tiene conocimiento de la existencia de un plan de prevención de incendios, al tenor de lo indicado por la parte recurrente; en alusión a lo que pretéritamente había ordenado la Excma. Corte Suprema.

SEPTIMO: Así las cosas, en concepto de estos sentenciadores, y a fin de tutelar la garantía del derecho de propiedad, corresponderá acoger la acción constitucional de autos sólo en cuanto a disponer que se acredite el estado actual del plan preventivo de incendios adoptado en el año 2018, como también su estado de ejecución, así como poner al tanto de dicho plan a Conaf para su respectivo conocimiento y validación técnica; rechazándose en lo demás las peticiones indicadas por Sociedad Agrícola El Carmen Ltda.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por la Abogado doña Mercedes Valdivia Dubó, en representación de Sociedad Agrícola El Carmen Ltda. en contra de la Asociación de Canalistas del Embalse Recoleta, únicamente en cuanto la recurrida deberá acreditar ante este Tribunal de Alzada el estado actual del plan preventivo de incendios que fuera adoptado en el año 2018, y su estado de ejecución en el predio de su propiedad, así como poner al tanto de dicho plan a Conaf para su respectivo conocimiento y validación técnica; todo lo cual deberá hacerse dentro del plazo de 30 días hábiles a contar desde que la presente sentencia definitiva se encuentre firme o ejecutoriada.

Redacción a cargo del Abogado Integrante don Fernando Roco Pinto.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol 202-2022 Protección.