SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO

nombre reservado, nombre reservado

Aguas del Valle S.A y otros.

Recurso de protección Rol N°2019-2025 La Serena, a veintiuno de enero de dos mil veintiséis.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece nombre reservado, en representación del Servicio Local de Educación Pública, quien interpone recurso de protección en contra de Aguas del Valle S.A., Compañía General de Electricidad S.A. (CGE), la Corporación Municipal Gabriel González Videla y la Ilustre Municipalidad de Paihuano, denunciando la existencia de actos y omisiones que califica de ilegales y arbitrarios, consistentes en la amenaza y eventual materialización de cortes de suministro de agua potable y energía eléctrica en establecimientos educacionales públicos, fundados en deudas contraídas por los anteriores sostenedores, esto es, la Corporación Municipal Gabriel González Videla y la Municipalidad de Paihuano, con anterioridad al traspaso del servicio educativo al SLEP Elqui.

Expone que el SLEP Elqui es un órgano de la Administración del Estado creado por la Ley N°21.040, al cual se le traspasó, a contar del 1 de julio de 2025, la administración del servicio educacional de las comunas de La Serena, La Higuera, Paihuano y Vicuña, comprendiendo un total de 113 establecimientos educacionales, incluidos colegios, liceos y jardines infantiles, junto a su personal, recursos y bienes, excluyéndose expresamente las deudas generadas con anterioridad al referido traspaso.

Añade que, al asumir la administración del sistema educacional, el SLEP Elqui tomó conocimiento de la existencia de cuantiosas deudas por consumo de agua potable y energía eléctrica, originadas durante la gestión de los antiguos sostenedores, las que ascenderían aproximadamente a la suma de $968.000.000 por concepto de servicios sanitarios y a más de $2.500.000.000 por suministro eléctrico, existiendo convenios de pago incumplidos y cuotas en mora.

Sostiene que tales deudas han dado lugar a amenazas constantes y reiteradas de suspensión de los servicios básicos, las que incluso se habrían materializado en algunos establecimientos educacionales, afectando gravemente su funcionamiento.

Agrega que el SLEP Elqui se encuentra legalmente impedido de asumir o solventar dichas obligaciones, conforme al principio de legalidad del gasto público consagrado en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República, al Decreto Ley N°1.263 y a lo dispuesto expresamente en la Ley N°21.724, normativa que establece que las deudas generadas con anterioridad al traspaso del servicio educacional permanecen radicadas en el patrimonio del municipio o corporación municipal respectiva, prohibiéndose, además, el embargo de bienes y subvenciones de los Servicios Locales por dichas obligaciones.

Señala que, pese a lo anterior, las empresas recurridas Aguas del Valle S.A. y CGE, actuando en su calidad de monopolios naturales, habrían exigido el pago de deudas ajenas al actual sostenedor, utilizando como mecanismo de presión la amenaza de suspensión de servicios básicos esenciales, lo que afecta gravemente la continuidad del servicio educacional y expone a miles de estudiantes, en su mayoría pertenecientes a sectores de alta vulnerabilidad social y con necesidades educativas especiales, a condiciones incompatibles con la dignidad humana, la salud y la seguridad.

Afirma que tales actuaciones vulneran diversas garantías constitucionales, particularmente el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, la igualdad ante la ley, el derecho a la protección de la salud, el derecho a la educación y la libertad de trabajo, tanto de los estudiantes como de los docentes y asistentes de la educación, desde que la falta de agua potable y electricidad impide el normal funcionamiento de los establecimientos educacionales.

Finalmente, solicita que se acoja el recurso, se ordene a las recurridas abstenerse de suspender los servicios básicos por deudas ajenas al SLEP Elqui y se disponga la reposición inmediata de los suministros en caso de haberse efectuado cortes.

SEGUNDO: Que, a folio 20, comparece la Ilustre Municipalidad de Paihuano, solicitando el rechazo del recurso.

Alega la improcedencia de la acción constitucional respecto del Municipio, sosteniendo que el recurso de protección exige la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitraria actual, requisito que no se cumpliría en la especie, toda vez que las deudas históricas invocadas constituyen hechos pretéritos que no configuran una amenaza directa a derechos fundamentales.

Agrega que, desde el 1 de julio de 2025, la Municipalidad dejó de ostentar la calidad de sostenedor del servicio educacional, careciendo de facultades legales para intervenir en la gestión de los establecimientos o en la provisión de servicios básicos.

Sostiene que no existe amenaza directa a los derechos fundamentales invocados imputable a su parte, pues no ha ordenado cortes de suministro, no ha omitido deberes actuales ni ha ejecutado conducta alguna que coloque en riesgo los derechos de estudiantes o funcionarios.

Enfatiza que el recurso de protección no constituye una vía idónea para derivar responsabilidades administrativas o financieras ni para resolver controversias relativas a deudas históricas.

Añade que actuó conforme al marco legal vigente mientras ostentó la calidad de sostenedor educacional y que actualmente carece de competencia para intervenir en los hechos denunciados.

Informa, además, haber realizado gestiones de regularización financiera, acompañando antecedentes que dan cuenta de acuerdos de pago y pagos efectivos realizados a Aguas del Valle S.A., así como del pago íntegro de la deuda con CGE respecto de los establecimientos bajo su administración.

Solicita, en definitiva, que, a su respecto, se rechace el recurso de protección en todas sus partes.

TERCERO: Que, a folio 21, comparece la recurrida Corporación Municipal Gabriel González Videla, solicitando igualmente el rechazo del recurso de protección.

Sostiene que, conforme a la Ley N°21.040, el deber de proveer integralmente el servicio educacional, incluyendo la garantía de condiciones materiales mínimas para su funcionamiento y la provisión de servicios básicos, corresponde de manera exclusiva a los Servicios Locales de Educación Pública, cesando dicha responsabilidad para las municipalidades y corporaciones municipales una vez efectuado el traspaso legal del servicio.

Alega que no existe acto u omisión ilegal o arbitraria actualmente imputable a su parte, toda vez que la eventual suspensión de servicios básicos constituye una decisión autónoma y exclusiva de las empresas concesionarias, únicas entidades facultadas legalmente para ejecutar cortes de suministro, careciendo la Corporación de potestad para disponer, impedir o materializar tales actos.

Agrega que la sola existencia de obligaciones pecuniarias no configura, por sí sola, una amenaza directa e inmediata a derechos fundamentales, ni satisface el requisito de causalidad directa exigido en sede de protección.

Hace presente, además, que el petitorio del recurso no solicita medida concreta alguna en contra de la Corporación Municipal, dirigiendo las órdenes requeridas exclusivamente contra las empresas proveedoras de servicios.

Concluye solicitando el rechazo íntegro del recurso de protección, con expresa condena en costas.

CUARTO: Que, a folio 26, comparece la recurrida CGE, solicitando el rechazo del recurso.

Expone que sus actuaciones se han ajustado estrictamente a la Ley General de Servicios Eléctricos y su Reglamento, en particular a lo dispuesto en el artículo 141 del DFL N°4 de 2006 y artículo 147 del DS N°327, normas que autorizan la suspensión del suministro en caso de morosidad.

Precisa que, de los nueve establecimientos individualizados, solo dos presentan deuda exigible y que, aun así, no se ha materializado suspensión alguna del suministro eléctrico.

Añade que la obligación de pago del suministro se radica en el inmueble que recibe el servicio, con independencia del sostenedor que lo administre, y que el recurso de protección resulta extemporáneo.

Finalmente, sostiene que el conflicto es de naturaleza contractual y patrimonial, impropio de la vía cautelar del recurso de protección.

QUINTO: Que, a folio 27, comparece la recurrida Aguas del Valle S.A., solicitando el rechazo del recurso.

Señala que la deuda por servicios sanitarios se radica en los inmuebles que reciben el servicio, conforme a la Ley General de Servicios Sanitarios, y que el convenio de pago celebrado no ha sido íntegramente cumplido, facultando legalmente la suspensión del suministro.

Agrega que no se ha materializado corte alguno y que el ejercicio de una facultad legal no puede calificarse de arbitrario ni ilegal.

SEXTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

SÉPTIMO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

OCTAVO: Que, es pacífico que en julio del año 2025 el Servicio Local de Educación Pública Elqui, organismo de la Administración del Estado, funcional y territorialmente descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 21.040, asumí los establecimientos educacionales de las comunas de La Serena, La Higuera, Paihuano y Vicuña; que tanto la Corporación Municipal Gabriel González Videla como la I. Municipalidad de Paihuano mantenían deudas impagas con proveedores de servicios básicos, Aguas del Valle S.A. y Compañía General de Electricidad S.A. (CGE), correspondientes a consumos efectuados cuando detentaban la calidad de sostenedoras de los establecimientos de sus respectivas comunas; y que, respecto de dichas deudas las recurridas Aguas del Valle S.A. y Compañía General de Electricidad S.A. han comunicado su voluntad de corte de los servicios de agua potable y energía eléctrica, respectivamente, en caso de no pago de las sumas adeudadas por consumos anteriores a julio de 2025.

NOVENO: Que, se desecharán las alegaciones de extemporaneidad y de no ser está la vía para la solución de este conflicto teniendo para ello presente que el obrar atacado es de efecto permanente por su propia naturaleza y que el artículo 20 de la Constitución Política de la República dispone que el recurso de protección procede “…sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”.

DECIMO: Que, cabe descartar esta acción constitucional respecto de los recurridos la Corporación Municipal Gabriel González Videla y la Ilustre Municipalidad de Paihuano pues ninguna intervención tienen en los supuestos fácticos que sirven de base a este recurso, amenaza de corte de suministros de agua potable y energía eléctrica, no obstante haberse generado las deudas que sirven de fundamento al proceder de las otras recurridas durante su gestión de los establecimientos educacionales afectados.

UNDECIMO: Que, por otro lado, no es posible considerar ilegal el actuar de las otras recurridas, Aguas del Valle S.A. y Compañía General de Electricidad S.A., ya que tanto el artículo 36 letra d) de la Ley General de Servicios Sanitarios como el artículo 141 de la Ley General de Servicios Eléctricos, permiten a los prestadores o concesionarias suspender el suministro cuando los servicios- agua potable o energía eléctrica- se encuentren impagos.

Así el artículo 36 letra d) de la Ley General de Servicios Sanitarios dispone que “Son derechos del prestador, que dan lugar a obligaciones del usuario: d) suspender, previo aviso de 15 días, los servicios a usuarios que adeuden una o más cuentas y cobrar el costo de la suspensión y de la reposición correspondiente;”.

Por su parte, el inciso primero del artículo 141 de la Ley General de Servicios Eléctricos dispone que “En caso de servicios que se encuentren impagos, el concesionario podrá suspender el suministro sólo después de haber transcurrido 45 días desde el vencimiento de la primera boleta o factura impaga”.

A lo anterior se suma que ambas legislaciones tienen normas similares en cuanto a que, salvo excepciones expresamente reguladas, es en el respectivo inmueble o instalación donde se radican todas las obligaciones derivadas del servicio para con la empresa concesionaria o suministradora (artículo 225 letra q) de la Ley General de Servicios Eléctricos y articulo 57 de la Ley General de Servicios Sanitarios).

DUODECIMO: Que, descartado un actuar ilegal de estas dos recurridas corresponde verificar si su proceder se puede calificar de arbitrario.

En este ámbito, no obstante, lo previamente señalado, se ha dicho por la jurisprudencia que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir; falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a obtener, o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar, lo que pugna contra la lógica y la recta razón. (Corte Suprema, 26 septiembre 1996, R.G.J., N° 195, pág. 64).

DECIMOTERCERO: Que, para decidir sobre lo anterior es menester tener en consideración todas las aristas involucradas en este caso particular y no es posible dejar de lado la función que cumple la parte recurrente que no es otra que “proveer, a través de los establecimientos educacionales de su dependencia, el servicio educacional en los niveles y modalidades que corresponda, debiendo orientar su acción de conformidad a los principios de la educación pública” (artículo 17, Ley 21.040)

Lo antes dicho se liga al derecho a la educación que la Constitución Política de la República asegura a toda persona, asumiendo el Estado la obligación de financiar un sistema que asegure los niveles de educación obligatorios según la Constitución (parvularia, básica y media) como, asimismo, fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles. (artículo 19 n° 10)

A su vez, aquello es parte del cumplimiento de una obligación contraída por Chile al suscribir y ser parte de la Convención sobre los Derechos del Niño, la que en su artículo 28 asegura que todo niño tiene derecho a la educación y es obligación del Estado asegurar por lo menos la educación primaria gratuita y obligatoria, entre otras obligaciones; siendo este cuerpo normativo un Tratado Internacional de Derechos Humanos aplicable a todo ser humano menor de dieciocho años de edad, o sea, según la legislación chilena, a los niños, niñas y adolescentes, grupo etario que compone de forma mayoritaria las personas que ejercen su derecho a la educación a través del servicio dado por la recurrente.

Esto no es baladí si se considera tanto lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 5 de la Carta Fundamental en tanto impone que “El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes” como el deber que tienen los tribunales, entre otros entes, de tener como una consideración primordial, en todas las medidas concernientes a los niños el interés superior de estos. (artículo 3 n°1 de la Convención sobre los Derechos del Niño)

DECIMOCUARTO: Que, teniendo en cuenta lo expuesto y que el fin perseguido por las recurridas- compulsión para el pago de deudas por suministro de servicios de agua potable y energía eléctrica generadas antes de julio de 2025- con el acto cuestionado por esta vía- aviso de corte de suministro de esos servicios- es posible de lograrse por otra vía- cobro vía judicial- para la cual el legislador, en ciertos casos, ha dado condiciones especiales- por ejemplo, artículo 37 de la Ley General de Servicios Sanitarios- sin afectar derechos de terceros- niños, niñas y adolescentes estudiantes de los establecimientos educacionales del SLEP Elqui- pues sin el suministro del servicio de agua potable y energía eléctrica dichos establecimientos no pueden funcionar, el proceder de las recurridas es dable de calificar de arbitrario en el sentido de lo explicitado en el párrafo segundo del motivo Duodécimo ya que no aparece mínimamente justificada la elección de esta forma de apremio para el cobro de una deuda por sobre otro sistema de cobro disponible- debiendo destacarse acá que la recurrida Aguas del Valle S.A. celebró un convenio de pago con la recurrida Corporación Municipal Gabriel González Videla- y estando proscrita de nuestro ordenamiento jurídico la arbitrariedad, sobre todo para los órganos del Estado y para aquellos que cumplen una función pública delegada, aquello debió manifestarse.

Abona la conclusión anterior la circunstancia que las deudas anteriores a julio de 2025 que sirven de base al proceder de las recurridas y que, por mandato legal y constitucional, la recurrente no puede solventar, son de un monto que, fundadamente, suponen el no pago de varias boletas mensuales- como, además, se desprende del informe de la recurrida Compañía General de Electricidad S.A.- de manera que la existencia de esa deuda y su cuantía se debe, además, a la inacción de las recurridas por lo que resulta inexplicable y caprichoso su cambio de proceder dejando de lado una forma de actuar previa sin la debida justificación.

DECIMOQUINTO: Que, el obrar descrito de las recurridas Compañía General de Electricidad S.A. y Aguas del Valle S.A. constituye una amenaza del derecho de propiedad del recurrente contenido en el numeral 24 del artículo 20 de la carta fundamental, en el entendido que hace temer al reclamante un daño inminente referido a la limitación del derecho de uso para los fines que están destinados los inmuebles a que se refieren las deudas de suministros de agua potable y energía eléctrica que sirven de base a los apremios ejecutados, lo que lleva a esta Corte a acoger la presente acción constitucional en los términos que se dirá en lo resolutivo teniendo en consideración que basta para esto que se acredite la vulneración de una garantía protegida por el artículo 20 de la Constitución sin que sea óbice para ello un error en la individualización precisa de la garantía constitucional conculcada.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, artículos 3 y 28 de la Convención sobre los Derechos del Niño y Acordado sobre la materia, se declara:

1.- Que, se rechaza el recurso de protección intentado por el Servicio Local de Educación Pública de la Provincia de Elqui en contra de la Corporación Municipal Gabriel González Videla y la Ilustre Municipalidad de Paihuano;

2.- Que, se acoge el recurso de protección intentado por el Servicio Local de Educación Pública de la Provincia de Elqui en contra de Aguas del Valle S.A. y Compañía General de Electricidad S.A. (CGE) solo en cuanto estas recurridas deben dejar de enviar a la recurrente avisos de corte de suministro de agua potable y energía eléctrica, respectivamente, como efectuar el corte de dichos suministros por deudas de servicios anteriores al 1 de julio de 2025; y, 3° Que, cada parte solventará sus costas.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro señor Le-Cerf Raby.-.

Rol N°2019-2025 Protección.-.