Protección contra COMISION DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ

nombre reservado, nombre reservado

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Recurso de protección Rol N° 2018-2024.- La Serena, diecisiete de enero de dos mil veinticinco.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, a folio 1, el 28 de diciembre de 2024, comparece doña nombre reservado, abogada, domiciliada en domicilio reservado e interpone recurso de protección en contra de la COMISION DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ (nombre reservado).

Expone que, trabaja desde septiembre de 2017 en un estudio jurídico de la comuna de Coquimbo, quedando embarazada el año 2023, ejerciendo su derecho a prenatal y post natal conforme a la ley. Sin embargo, a partir de junio de 2024 comienza con problemas de salud mental. Describe los síntomas que comienza a experimentar, e indica que concurre a diversos médicos, entre ellos un médico general, un ginecólogo y un psiquiatra.

Explica las situaciones personales y familiares que la mantuvieron agobiada y abrumada, tanto por el hecho de ser madre por primera vez, como por problemas de salud tanto de su hija como de su cónyuge.

Refiere que, a la fecha, aún se mantiene con terapias psiquiátricas y psicológicas, y que en ambas se ha llegado a la conclusión que se encuentra con un trastorno de ansiedad con presencia de síntomas de trastorno del ánimo, de carácter recuperable. Además, se mantiene con tratamiento farmacológico prescritos por su psiquiatra, y desde el mes de julio de 2024 se mantiene con licencias continuas, de entre 21 a 28 días, y aclara que, para la autorización de aquellas, nunca tuvo que presentar reposición ante la nombre reservado, ni reclamo ante la SUSESO, y tampoco se le solicitó informe médico o peritaje alguno.

Indica que, el mismo médico especialista emitió una nueva licencia médica, la N°4-20050568 por 28 días corridos desde el día 02 de diciembre al 29 de diciembre de 2024, bajo el mismo diagnóstico, la cual es rechazada con fecha 06 de diciembre del mismo año. Advierte que la resolución de la nombre reservado fue casi automática, rechazándola de inmediato, sin solicitar algún documento o informe, por lo que presentó reposición, siendo rechazada nuevamente el 11 de diciembre de 2024, cuestionando si revisaron con detención los documentos presentados.

Observa que, el fundamento sigue siendo el mismo, indicándose que no hay causa médica que justifique el reposo, y que éste es prolongado para la patología, pese a acompañar documentos e informes de tres profesionales.

Afirma que, la resolución emitida por la nombre reservado en la licencia es arbitraria e ilegal, pues se puede apreciar que, el motivo de rechazo de la licencia médica es reposo no Justificado, sin argumentación lógico racional alguna de los motivos de fondo, contraviniendo así los principios de la actuación de los organismos del Estado que deben actuar fundadamente, señalando motivos de hecho y de derecho para sus resoluciones. Por otro lado, se debe tener presente los informes emitido por los médicos, y los documentos acompañados que omiten en su revisión y dictamen, considerando además que las resoluciones son prácticamente instantáneas. Teniendo presente lo señalado, la nombre reservado no tiene sustento legal para mantener el rechazo del pago de las licencias médica, ya que no expresan ni explican suficientemente los fundamentos de hecho y de derecho en que basa su decisión como lo exige el artículo 11 inciso segundo de la Ley N°19.880 de bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos del estado.

Añade que, el órgano administrativo yerra al interpretar que la licencia médica no debe pagarse por ser prolongada, y por otro lado, ocurre que la misma recurrida si autoriza las licencias anteriores, pagando el correspondiente subsidio, bajo el mismo diagnóstico y siendo la recurrente evaluada por su medico cada 21 y 28 días para seguir controlando su evolución.

Agrega que, la arbitrariedad de la recurrida se configura por el hecho evidente y notorio de que discrecionalmente y sin fundamentación en parámetros técnicos de lex artis de la medicina consideran que presentó un reposo no justificado, sin invocar norma alguna o estudio científico que lo fundamente, ni señalar los parámetros o reglas técnicas por las cuales se considera que no tendrá recuperación atendido el tiempo transcurrido.

En cuanto a los derechos vulnerados, menciona que se han afectado sus derechos a la vida e integridad física y psíquica y su derecho a la seguridad social, pues al no recibir el pago de la licencia médica no pudo pagar la atención de su médico tratante, y como no pudo seguir su tratamiento no pudo ser tratada ni recibir la terapia y medicamentos adecuados, lo que pone en riesgo su salud. Asimismo, se ha afectado su derecho de propiedad, ya que la resolución de la recurrida le ha impedido obtener el respectivo subsidio por incapacidad laboral. Por otra parte, señala que se ha vulnerado su derecho a la honra, ya que al no percibir el respectivo subsidio no logra sustentar sus necesidades básicas, lo que afecta su dignidad. Finalmente, también refiere que se afectó la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, por cuanto, la recurrida ha actuado de manera discriminatoria al no explicitar los fundamentos de por qué su reposo es considerado prolongado.

Solicita, por tanto, se acoja el recurso, y se disponga el pago de la licencia N° 4-20050568, con costas.

Acompaña a su recurso: Resolución de la nombre reservado de fecha 06 diciembre de 2024.

SEGUNDO: Que a folio 7, el 07 de enero de 2025, comparece nombre reservado, en representación de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, Región De Coquimbo (nombre reservado).

En primer término, alegó la improcedencia del recurso, por cuanto la materia sobre la que versa el recurso dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

En subsidio, en cuanto al fondo, señala que el recurso de protección debe ser rechazado por existir fundamentos médicos y administrativos que justifican el rechazo efectuado por la nombre reservado de Coquimbo.

Sostiene que, revisados los antecedentes en poder de mi representada, efectivamente la licencia médica, fue rechazada por considerarse que no existe causa médica que justifique el reposo; Reposo prolongado para la patología, todo ello de acuerdo con lo establecido en los artículos 1, 6 y 16 del Decreto Supremo N.º 3.

Acompaña un cuadro de licencias médicas respecto de la recurrente, observando que presenta 8 licencias médicas por un total de 191 días. La primera de ellas por un diagnóstico de “trastorno de adaptación”, la segunda por un diagnóstico de “trastorno mixto de ansiedad y depresión”, y las seis restantes por un diagnóstico de “trastorno de ansiedad generalizada”, todas extendidas por un médico general. Cinco de estas licencias le fueron autorizadas por un total de 107 días, y dos de ellas se autorizaron pagar por esta Corte, en causa Rol 1931-2024.

Expone el marco regulatorio del derecho a licencia médica, enfatizando su carácter esencialmente temporal, y luego afirma que lo resuelto por nombre reservado, en el sentido de rechazar las licencias médicas de la recurrente, se encuentra médico-administrativamente justificado, en virtud del estudio y ponderación de los antecedentes tenidos a la vista, además de haber actuado dentro del ámbito de su competencia, agregando que los elementos analizados por sí solos fueron más que suficientes para formarse una convicción médica, sin ser indispensable la solicitud de nuevos informes médicos.

Por otra parte, con relación al cumplimiento de los requisitos de fundamentación de los actos administrativos relativos al estado de salud de las personas, hace presente que la doctrina y jurisprudencia han establecido que la resolución de rechazo de una licencia médica no puede ser considerada arbitraria si existen razones médicas y administrativas que justifiquen dicho rechazo.

Niega, finalmente, que la recurrente tenga un derecho indubitado a gozar de licencia médica, así como haber incurrido en alguna actuación ilegal o arbitraria que haya afectado derechos fundamentales de la recurrente.

Solicita, por tanto, se rechace la acción de protección interpuesta.

Acompaña a su informe: 1. Copia de resolución nombre reservado, rechazo de licencia médica N°20050568. 2. Cartola Médica de la recurrente. 3. Copia apelaciones y antecedentes presentados por la recurrente de autos. 4. Mandato judicial, otorgado en la Notaría Reinoso de La Serena, de fecha 25 de agosto del 2023.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, en cuanto a la alegación de improcedencia de la acción en materias de seguridad social, toda vez que el artículo 20 de la Carta Fundamental no la establece dentro del catálogo taxativo de garantías constitucionales protegidas, cierto es que la recurrente alega la conculcación de otras que sí lo están, motivo por el que se desestimará tal alegación.

SEXTO: Que, el presente recurso se erige en contra de la resolución de 06 de diciembre de 2024, que rechaza la licencia médica N° 4-20050568 extendida por un total de 28 días de reposo, a contar del 02 de diciembre de 2024.

Indica la resolución impugnada como causal de rechazo: “Sin causa médica que justifique el reposo: Reposo prolongado para patología”.

SÉPTIMO: Que, para el análisis del rechazo del pago de las licencias, es preciso indicar que el Decreto Supremo N°3 del Ministerio de Salud sostiene que “Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico-cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante "el o los profesionales", según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante "nombre reservado", de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante "Seremi", que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en proporción que corresponda.” (Artículo 1°).

Luego, el artículo 16 del citado cuerpo normativo regula que “La nombre reservado, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia.”

Enseguida, agrega que “Sin perjuicio de lo anterior la nombre reservado, podrá requerir todos los demás antecedentes y exámenes que el Ministerio de Salud ordene solicitar, respecto de aquellas patologías específicas que éste señale, para que la licencia pueda ser visada por períodos superiores a los que esa Secretaría de Estado determine.”

Por su parte el artículo 24 del mismo texto sostiene, en lo pertinente que, en el caso de que “…sea necesario un nuevo examen del trabajador o solicitar informes o exámenes complementarios para pronunciarse sobre la misma, el plazo se prorrogará por el lapso necesario para el cumplimiento de esas diligencias, el que no podrá exceder de 60 días, decisión que deberá ser comunicada al trabajador y al empleador.”

Dado el encuadre normativo, estamos en condiciones de afirmar que, del mérito de los antecedentes expuestos, no cabe duda de que la argumentación otorgada por la recurrida devela la obligación que -a su juicio- pesaría sobre la paciente de demostrar ella la viabilidad de su reposo temporal. Aquello, sin duda, pone de cargo de la recurrente, afectada por una patología de salud mental, de buscar uno y otro profesional del área, que sea de confianza de la recurrida y, pagando sus servicios, obtenga un informe que ratifique el diagnóstico otorgado por su médico tratante.

De todo lo anterior, fluye con prístina claridad, que el organismo a cargo de pronunciarse sobre las licencias médicas otorgadas al trabajador es quien debe asumir un rol activo en torno al análisis de la viabilidad de las mismas, sin poner de cargo del paciente, afectado por una enfermedad, que sea él quien procure la obtención de antecedentes que avalen el diagnóstico del médico tratante de éste, siendo improcedente, a juicio de estos sentenciadores, esgrimir como argumentos de rechazo la falta de antecedentes aportados por el propio paciente.

Por otro lado, el artículo 11 de la Ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad que rige los procedimientos administrativos, prescribiendo que “…la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, para lo cual ordena que los “hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley, los que disponen que una decisión de este tipo, debe ser fundada.

Así, la justificación racional y legal del acto administrativo es una condición de validez del mismo. En consecuencia, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicando al administrado el porqué del acto, su sustento material y juridicidad.

OCTAVO: Que, con lo dicho, emana que la argumentación otorgada al paciente por la recurrida, carece del debido sustento, por cuanto no entrega una justificación suficiente respecto al motivo de rechazo de las licencias objeto del presente recurso, teniendo en consideración las licencias médicas anteriores que fueron autorizadas por la recurrida, y aquellas que esta Corte ordenó pagar en causa Rol 1931-2024 (Protección), sobre la base de las mismas patologías y los antecedentes de salud de la actora, dejando además al paciente en una situación compleja, razón suficiente para entender que, aunque aparezca, la fundamentación de rechazo de la licencia dado en este asunto, es carente de sustento fáctico suficiente.

NOVENO: Que, este actuar de la recurrida atenta evidentemente con las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 numerales 1 y 24; la primera, pues dificulta su vida e integridad física; la segunda porque, al no contar con el subsidio de incapacidad laboral, afecta el patrimonio de la recurrente, desde que el trabajador, que padece una patología, no cuenta con el dinero proveniente de este ítem, afectando aún más su debilitada salud mental.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

I.-Que SE RECHAZA la alegación de improcedencia de la acción constitucional.

II.- Que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de COMISION DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ (nombre reservado), dejándose sin efecto la resolución que dispone el rechazo de la licencia médica N° N°4-20050568 por 28 días corridos desde el día 02 de diciembre de 2024, y en su lugar, deberá esta autorizarse, gestionándose su pago, dentro de cinco días corridos, contados desde que el presente fallo se encuentre firme y ejecutoriado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 2018 -2024 Protección.-