nombre reservado con DIRECTOR REGIONAL SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

nombre reservado, nombre reservado

Servicio Agrícola y Ganadero Recurso de Protección Rol N° 2009-2021.- La Serena, diecisiete de enero de dos mil veintidós.

VISTO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece José Antonio Gómez Jopia, interponiendo acción constitucional de protección en favor de nombre reservado, jubilada, domiciliada en domicilio reservado, y en contra del Servicio Agrícola y Ganadero, por el acto consistente en la dictación de la Resolución Exenta N°674/2021 por la cual se rechaza la solicitud formulada por la actora, de certificar el cumplimiento de los requisitos legales para proceder a la subdivisión predial. Como garantía vulnerada indica aquella contenida en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que el 20 de septiembre de 2021 la recurrente solicitó la subdivisión predial del inmueble denominado Lote N° 4, resultante de la subdivisión de la parcela N° 61 del Proyecto de Parcelación Altovalsol, La Serena, de su propiedad, inscrito a fojas 2044 N° 1789 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La Serena, correspondiente al año 2006. Precisa que su solicitud tenía por finalidad obtener la subdivisión de su Lote N° 4, en 2 lotes, dando origen al Lote 4-b de mil metros cuadrados para venderlo a su hijo. Sostiene que su petición se ampara en lo dispuesto en el artículo primero letra J del decreto ley 3.516 de 1980.

Indica que la recurrida mediante la resolución exenta impugnada rechaza la solicitud de subdivisión predial, esgrimiendo que: “La solicitud no puede ser tramitada ya que no cumple con lo indicado en el inciso 3 del art. 1° Letra J, de la ley 3.516 de 1980(…) El predio objeto de la presente solicitud de subdivisión se originó de una subdivisión anterior según consta el plano certificado N° IV-E-095 del año 2000.”. Afirma que la recurrida interpreta erróneamente la disposición precitada pues de su lectura es posible concluir que deben cumplirse dos requisitos para que la subdivisión sea procedente, consistentes en que el predio no haya sido originado en subdivisiones efectuadas de acuerdo al Decreto Ley 3.516 y que su avalúo fiscal no exceda de 1000 UF. Sostiene que la interpretación de la recurrida es arbitraria y parcial, y atenta en forma ilegal contra su derecho de propiedad al impedirle subdividir su predio en la forma que determina la ley.

Previas citas de derecho solicita acoger el recurso interpuesto y, en definitiva, ordenar a la recurrida que continúe con la tramitación y apruebe la subdivisión predial solicitada, con costas.

Acompaña a su recurso 1. Resolución exenta N°674/2021, de fecha 05 de septiembre de 2021. 2. Formulario de solicitud N°136 de 2021. 3. Copia de inscripción de fojas 2044 N°1789 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La Serena, correspondiente al año 2006. 4. Plano de subdivisión del Lote N°4.

SEGUNDO: Que, evacuó informe por la recurrida la abogada Camila Fernanda Díaz Barraza solicitando el rechazo de la acción con costas. Indica, en primer lugar, que conforme a lo previsto en el artículo 46 de su Ley Orgánica N°18.755 para proceder a la subdivisión de predios rústicos el Servicio Agrícola y Ganadero certificará el cumplimiento de la normativa vigente, la que en este caso corresponde al artículo 1 del Decreto Ley N°3516 de 1980 que “Establece normas sobre división de predios rústicos”. Explica que conforme a la normativa citada los predios rústicos ubicados fuera de los límites urbanos o fuera de los límites de los planes reguladores intercomunales de Santiago y Valparaíso y del plan regulador metropolitano de Concepción, podrán ser divididos libremente por sus propietarios siempre que los lotes resultantes tengan una superficie no inferior a 0,5 hectáreas físicas. Señala que, acto seguido, la disposición citada establece que la limitación respecto a la superficie mínima que pueden tener los lotes resultantes de la subdivisión no será aplicable en los casos de excepción que la norma contempla, correspondiendo a ese servicio velar por el respeto a los límites señalados en la misma norma, salvo naturalmente los casos de excepción que la misma disposición enumera.

Referente a la situación de la actora manifiesta que su solicitud se enmarcó precisamente en una de las excepciones prevista en la norma, esto es, aquella contenida en la letra j) del artículo 1 del Decreto Ley N°3516 que prescribe que “Cuando se trate de transferencias a cualquier título y por una sola vez, a un ascendiente o descendiente del propietario, por consanguinidad o afinidad hasta el primer grado inclusive, para construir una vivienda para sí mismo. En este caso, no podrá transferirse más de un lote por ascendiente o descendiente y la superficie de éste no podrá tener una cabida inferior a los quinientos, ni superior a los mil metros cuadrados. Los lotes que se transfieran tendrán prohibición legal de enajenar por 5 años, la que deberá ser inscrita de oficio por el respectivo Conservador de Bienes Raíces. Lo dispuesto en esta letra procederá sólo respecto de predios que no hayan sido originados en subdivisiones efectuadas de acuerdo a este decreto ley, y cuyo avalúo fiscal vigente a la fecha de transferencia no exceda al equivalente de UF 1.000. Las subdivisiones que se efectúen de acuerdo con esta norma no requerirán del informe previo favorable a que se refieren el artículo 46 de la ley Nº 18.755 y sus modificaciones posteriores.”

Expone que para poder acogerse a la excepción antes referida se requiere que el lote resultante no tenga una cabida inferior a los quinientos ni superior a los mil metros cuadrados; que el predio objeto de la solicitud no haya sido originado en subdivisiones efectuadas de acuerdo al mismo decreto ley; y que el avalúo fiscal vigente a la fecha de transferencia no exceda al equivalente a UF 1.000. Puntualiza que la posibilidad de subdividir no depende de la expedición de un acto administrativo que la autorice, sino que los interesados deben cumplir la legislación vigente en la materia, correspondiendo al SAG únicamente certificar el hecho estampando un timbre en los planos acompañados y emitiendo un documento que dé cuenta del cumplimiento de la normativa. Afirma que en el caso de la actora, no es posible acceder a su solicitud de certificación de subdivisión predial, puesto que aquella no cumple el requisito consistente en que el predio objeto de la solicitud no haya sido originado en subdivisiones anteriores, pues de acuerdo a los registros de ese servicio, el lote N°4 que la recurrente pretende subdividir es uno resultante de la Subdivisión de la Parcela N°6, proceso llevado a cabo conforme al Decreto Ley N°3.516, y Certificado bajo el N°IV-E-095 de fecha 02 de octubre de 2000, ante el SAG de esta región.

Niega, en consecuencia, que esa repartición pública haya obrado en forma ilegal o arbitraria vulnerando el derecho de propiedad de la actora, toda vez que se limitó a dar cumplimiento a la normativa que regula la materia.

Acompaña a su informe 1. Copia de Resolución Exenta N°3904, de 24 de mayo de 2019, del Servicio Agrícola y Ganadero, que determina forma de expedir certificados de subdivisión de predios rústicos y deroga Resolución Exenta Nº169 de 1994. 2. Copia de Resolución Exenta N°674/2021, de fecha 05 de septiembre de 2021, emitida por el Director Regional del SAG Coquimbo. 3.Copia de Certificado y Minuta N°IV-E-095, de fecha 02 de octubre de 2000, el cual certifica la Subdivisión del Predio denominado Parcela N°61, que da nacimiento al lote N°4, que fue objeto de subdivisión predial rechazada. 4. Copia de parte del Plano certificado en el año 2.000 donde consta la viñeta respectiva, antecedentes del predio y timbre del SAG. 5.Copia de Solicitud de Subdivisión de Predios Rústicos ingresada por la recurrente, en las dependencias de la Oficina Sectorial de Elqui, con fecha 20 de septiembre de 2021. 6.Copia Dossier de respaldo dejado en oficina Sectorial Elqui, donde constan los siguientes antecedentes de Solicitud: a) Comprobante de pago tarifa SAG; b) Certificado de Vigencia con la debida Inscripción de Dominio emitida por el Conservador de Bienes Raíces de La Serena; c) Copia de parte del Plano certificado en el año 2000 donde consta la viñeta respectiva y antecedentes del predio; d) Certificado de Avalúo Fiscal emitido por el Servicio de Impuestos Internos; e) Certificado de Gravámenes y Prohibiciones; f) Copia Cédula de Identidad solicitante; g) Certificado de Zonificación del predio objeto de la solicitud de Subdivisión de Predios Rústicos; y h) Poder Especial Notarial.

TERCERO: Que la Acción Constitucional de Protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, consiste en la vía jurisdiccional cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar así la debida protección para el afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

De lo anterior, se desprende que para la procedencia de la presente Acción Constitucional es necesario que exista un derecho o garantía fundamental objeto de protección y que éste se vea amagado por un acto ilegal o arbitrario.

CUARTO: Que, del análisis de los antecedentes acompañados al recurso, particularmente de la Resolución Exenta N°674/2021, aparece que el motivo esgrimido por la recurrida para denegar la certificación de cumplimiento de la normativa vigente que fuera requerida consiste en que la solicitud de la actora “no cumple con lo indicado en el inciso 3 del Art. 1° Letra J, de la ley 3.516 de 1980. Donde se señala que ‘Lo dispuesto en esta letra procederá sólo respecto de predios que no hayan sido originados en subdivisiones efectuadas de acuerdo a este decreto ley…”, ello puesto que el predio objeto de la solicitud “se originó de una subdivisión anterior según consta el plano certificado N°IV-E-095 del año 2000.”.

Adicionalmente, se desprende de los antecedentes acompañados al recurso que, tal como consignara el acto administrativo cuestionado, el lote cuya subdivisión pretende la actora al alero de la disposición precitada se origina en una subdivisión previa, de lo cual da cuenta la inscripción de dominio que señala textualmente que la recurrente es dueña de “el lote cuatro resultante de la subdivisión de la parcela sesenta y uno del proyecto de parcelación Altovalsol”. A mayor abundamiento, el certificado de Gravámenes y Prohibición del lote aludido, consigna que “a la propiedad referida solamente le afecta lo siguiente: una prohibición de cambiar el destino del suelo en los términos que establece el artículo 1 del D.L.3.516 de 1980”, información que, además, se ve corroborada por el certificado N°IV-E-095 del SAG de 02 de octubre de 2020 que da cuenta de la subdivisión de la parcela N°61 a partir de la cual se origina el lote de la actora.

QUINTO: Que, atendido los hechos que se han tenido por establecidos, no es posible estimar que la recurrida haya obrado en forma ilegal o arbitraria toda vez que el acto impugnado expresa los fundamentos tenidos en consideración para denegar la certificación que fuera requerida, los que se condicen con los antecedentes tenidos a la vista, de suerte que se cumple en la especie con el deber de motivación exigido por el artículo 11 de la Ley N°19.880.

A mayor abundamiento, no logra advertirse que la recurrida realice una interpretación arbitraria del artículo 1 del Decreto Ley 3.516 de 1980 como se sostiene en el recurso, pues para resolver en la forma que lo hizo, el organismo público se ciñó al claro tenor literal de la disposición antes señalada.

SEXTO: Que, en ese contexto, no habiendo sido acreditada alguna actuación realizada al margen del derecho y que conculque el derecho de propiedad de la actora, el recurso deberá ser rechazado como se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, SE RECHAZA sin costas el recurso interpuesto por nombre reservado en contra de Servicio Agrícola y Ganadero.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol N°2009-2021 Protección.