nombre reservado CONTRA nombre reservado

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Recurso de Protección Rol N°20-2022- La Serena, cuatro de abril de dos mil veintidós.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que se ha deducido acción constitucional de protección por don nombre reservado, ingeniero civil, C.I. RUT reservado, representado por la abogada Camila Astorga Valenzuela, ambos domiciliado en domicilio reservado, en contra de nombre reservado.I. RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, por los actos ilegales y arbitrarios en que ha incurrido el recurrido desde el 17 de noviembre de 2021, consistentes en ataques directos, imputación de conductas constitutivas de delito y amenazas serias de difundir públicamente información falsa con el objeto de destruir su vida familiar, personal y laboral, entendiendo que dicha conducta conculca su derecho a la integridad psíquica, el respeto y protección de su honra y la de su familia, y el derecho fundamental a no ser juzgado por comisiones especiales, garantías fundamentales resguardadas por los números 1, 3 inciso 5° y 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Señala que conoció al recurrido en el año 1996, época en que trabajaban juntos y residían en el mismo sector de La Serena, formándose un vínculo de amistad entre ambas familias, llegando a ser el recurrido padrino de una de sus hijas.

Indica que, si bien desde el año 1999 se ha trasladado a diversas ciudades por razones laborales, siempre mantuvieron contacto, hasta mediados del año 2021, época en la cual volvieron a comunicarse en forma más frecuente, realizando visitas y ofreciendo el recurrido una oportunidad de trabajo a su hijo Felipe en una empresa minera.

Relata que, el 17 de noviembre de 2021, el recurrido cambió abruptamente su actitud, fecha en que comenzó a imputarle falsamente conductas reprochables vía WhatsApp y a amenazarlo con difundir sus dichos ante su empleador, CODELCO, y público en general, tratándolo de homosexual, insultándolo y ofendiéndolo a él y su familia.

Arguye que estos mensajes continuaron escalando en gravedad hasta el 7 de diciembre de 2021, oportunidad en que lo tildó calumniosamente de “abusador de menores” y amenazó con desacreditarlo con su empleador y el público en general, razón por la que decidió bloquearlo de su aplicación WhatsApp.

Dice que, al día siguiente, 8 de diciembre de 2021, el recurrido llamó a su cónyuge y le envió posteriormente un mensaje, amenazando con seguir adelante con sus calumnias.

Argumenta que tales acciones son arbitrarias pues no encuentran sustento en la realidad, y también son ilegales, al transgredir bienes jurídicos tutelados por la Constitución y las leyes, pudiendo ser incluso constitutivas de delito.

Precisa que el recurrido ha vulnerado, a través de su conducta, su derecho a la integridad psíquica, toda vez que se ha transformado en un acoso constante que lo mantiene preocupado, alterado psicológicamente y con temor a que sus acusaciones sean comunicadas a terceros, quedando expuesto a un prejuzgamiento público y masivo que podría acarrear repercusiones a nivel íntimo, sin dejarlo vivir tranquilo. Además manifiesta que, dado que los mensajes del recurrido fueron enviados en distintos horarios, incluso durante la jornada laboral, le generó estrés, angustia e inseguridad permanente de que pudiese verse involucrada su familia y entorno laboral.

En cuanto al derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, indica que el recurrido ha transgredido este derecho pues lo ha juzgado, sosteniendo que cometió un delito de abuso sexual de menores, sin que exista una condena judicial que así lo declare y sin que se haya iniciado siquiera una investigación formal por aquello.

Por último, refiere que la protección de su honra y la de su familia se ha visto amenazada puesto que el recurrido ha manifestado querer afectar su reputación, emitiendo acusaciones sobre hechos que carecen de sustento en la realidad, siendo la honra de toda su familia la que está en riesgo si el recurrido decide concretar sus amenazas, puesto que su valoración personal se relaciona directamente con la de su grupo social más cercano.

Por tanto, solicita se acoja la acción de protección en contra del recurrido y se le ordene abstenerse de comunicarse por cualquier medio con él y los integrantes de su familia, debiendo abstenerse además de realizar cualquier expresión difamatoria respecto de su persona, sea con personas que integren su núcleo familiar, como con su empleador, personas que se desempeñen actualmente y en el futuro en su lugar de trabajo, y con el público en general, y que se disponga de todas las medidas conducentes al restablecimiento del derecho, con costas.

Acompaña a su presentación: 1) Documento formato PDF de 20 páginas, en el cual constan las capturas de pantalla de conversaciones por WhatsApp con el recurrido los días 14 y 17 de noviembre y 7 de diciembre del 2021. 2) Documento formato PDF de 1 página, en el cual consta captura de pantalla de conversaciones por WhatsApp entre el recurrido y cónyuge del recurrente del 8 de diciembre de 2021. 3) Certificado de antecedentes del recurrente, emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación el 6 de enero de 2022, sin anotaciones vigentes. 4) Certificado de matrimonio del recurrente. 5) Certificado de matrimonio del recurrido.

Posteriormente, acompaña los siguientes documentos: 6) Documento formato PDF de 38 páginas, en el cual constan capturas de pantalla de conversaciones por WhatsApp entre el recurrido y la cónyuge del recurrente, los días 8 y 9 de enero de 2022. 7) Documento formato PDF de 7 páginas, en el cual constan capturas de pantalla de conversaciones por WhatsApp entre el recurrido y el recurrente el 14 de noviembre y 7 de diciembre de 2021. 8) Documento formato PDF de 10 páginas, en el cual constan capturas de pantalla de conversaciones por WhatsApp entre el recurrido y la cónyuge del recurrente, entre el 12 de noviembre de 2021 y 9 de enero de 2022.

SEGUNDO: Que se solicitó informe al recurrido al tenor de los hechos referidos, siendo notificado personalmente con fecha 12 de febrero de 2022, sin que evacuara el informe solicitado, por lo cual se dispuso prescindir de él y se ordenó traer los autos en relación .

TERCERO: Que, el nombre reservado de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que de las impresiones de las conversaciones sostenidas por el recurrente con el recurrido a través de la aplicación whatsapp se constata efectivamente que éste último manifestó la voluntad de poner en conocimiento de la empleadora y grupo familiar del recurrente imputaciones que realizaba a su respecto, en concreto indicando que era un “degenerado” y “abusador sexual”, además de efectuar alusiones a la supuesta mala conducta del señor nombre reservado, sin que el recurrido haya comparecido en estos antecedentes ya sea controvirtiendo la autoría de las expresiones o planteando alguna explicación a los referidos dichos a pesar de haber sido emplazado personalmente en el presente recurso.

SEXTO: Que ahora bien, se debe dejar asentado que si bien nuestra Carta Fundamental ampara la libertad de expresión, dicha garantía constitucional, como todas reconoce ciertas limitaciones, siendo la primera de ellas los demás derechos fundamentales que, en el caso concreto, puedan colisionar con tal prerrogativa; en la especie, la honra e imagen del recurrente.

SÉPTIMO: Que dicho lo anterior estiman estos sentenciadores que la amenaza vertida por el recurrido en torno a poner en conocimiento de terceros del ámbito laboral y familiar del recurrente imputaciones que incluso pueden tener connotaciones penales no pueden tener amparo en la garantía constitucional de libertad de expresión, desde el momento que se trata de expresiones y juicios de valor que no solo son susceptibles de dañar la honra de una persona (tal como ocurre con la expresión degenerado), sino que, además, atribuyen derechamente la comisión de un ilícito el abuso de menores), sin que exista constancia de denuncia o persecución penal alguna respecto del recurrente, ni de sentencia ejecutoriada que establezca fehacientemente alguna situación de tal naturaleza; resultando las expresiones que se pretende poner en conocimiento del empleador y grupo familiar del recurrente peyorativas y con la potencialidad de afectar la imagen que terceros tienen o pudieran tener del actor.

OCTAVO: Que, del mismo modo, se advierte que la amenaza constante del recurrido en torno a efectuar estos actos de comunicación, ha lesionado la integridad psíquica del recurrente, quien ha visto interrumpido su sosiego con la irrupción de los mensajes amenazantes y denostativos del señor nombre reservado, sin que exista una explicación y justificación racional de dicha conducta.

NOVENO: Que, lo señalado permite concluir que efectivamente el recurrido incurrió en una acción, la de efectuar amenazas de dar a conocer a terceros juicios denigrantes respecto del actor, que resulta arbitraria, al carecer de antecedentes que sustenten y justifiquen la misma, lo cual ha perturbado su derecho a la integridad psíquica y ha amenazado su derecho a la honra, en su dimensión heterónoma, esto es, entendido como prestigio, buen nombre e imagen, lo cual hace procedente acoger la presente acción constitucional, en los términos que se dirán en lo resolutivo, desestimando la afectación a la garantía del numeral 3 inciso quinto del artículo 19 de la Carta Fundamental, al no haberse establecido que el recurrido se haya atribuido la posibilidad de juzgar, en el sentido procesal que establece la garantía invocada el actuar del recurrente.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE ACOGE el nombre reservado interpuesto por nombre reservado, en contra de nombre reservado, y en consecuencia se dispone que el recurrido deberá abstenerse de efectuar publicaciones o dar a conocer por cualquier medio a personas del entorno laboral, social o familiar del recurrente las expresiones que han dado motivo al presente recurso.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol 20-2022 Protección.

Pronunciada por la Primera Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones integrada por el Ministro Titular señor Christian Le-Cerf Raby, los Ministros Suplentes señor nombre reservado y señor nombre reservado. No firman el Ministro (S) señor Díaz no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa, por haber cesado en su cometido.