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Recurso de protección Rol N°2-2025.- La Serena, siete de julio de dos mil veinticinco.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece don Jorge Eduardo Alvarado Ramírez, abogado, interponiendo recurso de protección en favor de don nombre reservado, docente, con domicilio en domicilio reservado, en contra de don nombre reservado, profesor, Director de la Escuela Manuel Espinosa de Ovalle, con domicilio en domicilio reservado, por la omisión que señala como ilegal o arbitraria, consistente en no adoptar medidas y no activar los protocolos ante las situaciones de acoso laboral de que señala ser víctima el recurrente, lo que vulnera su derecho a la integridad física y psíquica y a la libertad de trabajo, consagrados en los numerales 1 y 16 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Señala que el recurrente es profesor de educación básica, desempeñándose en la escuela Manuel Florencio Espinosa López.

Explica que, desde hace meses atrás, en su calidad de docente, ha sufrido diversas situaciones de acoso laboral, hostigamientos y malos tratos por parte de la Jefa de Unidad Técnico Pedagógica doña nombre reservado.

Afirma que tales vulneraciones han sido denunciadas por los canales y protocolos indicados a su superior jerárquico, esto es, al Director del establecimiento don nombre reservado, quien ha mantenido una conducta pasiva, sin aplicación de protocolos de acoso, mediación o denuncia ante alguna otra entidad.

Explica que las situaciones de acoso laboral se iniciaron en el año 2024, provenientes del actuar de la Jefa de Unidad Técnico Pedagógica, doña nombre reservado, consistentes en humillaciones e invalidación frente a sus colegas en reuniones, no respetar sus horas no lectivas para la preparación de material, ordenarle cubrir cursos sin material pedagógico ni planificación, entre otras.

Refiere que todo este actuar, sumado a la pasividad de la dirección, ha tenido como consecuencia que actualmente el recurrente esté con tratamiento de salud mental, habiendo sido diagnosticado con enfermedad de origen laboral por liderazgo disfuncional de la jefatura.

Luego, relata que el último hecho que motivó la presentación de esta acción, se vincula a que el 14 de diciembre de 2024, el actor dirigió una carta al Jefe del Departamento de Educación de Ovalle, denunciando los hechos de acoso, sin existir respuesta al respecto. Asimismo, señala que el 5 de diciembre del mismo año, denunció los hechos ante la Inspección del Trabajo, donde le señalaron que no podían acoger a trámite su denuncia, ni por tutela ni por Ley Karin, toda vez que no estaba sujeto al Código Laboral.

Enseguida, transcribe la carta remitida por el recurrente al Jefe del Departamento de Educación de Ovalle.

En cuanto a los derechos fundamentales vulnerados, señala que la omisión del recurrido afecta su derecho fundamental a la integridad psíquica, como también, su derecho fundamental a la libertad del trabajo, consagrados en los numerales 1 y 16 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Por tales antecedentes, solicita que se acoja el recurso de protección, ordenando al recurrido acreditar la aplicación inmediata de los protocolos de la Ley Karin y otros pertinentes en la especie, a fin de hacer cesar a la brevedad las conductas de acoso y demás vulneraciones a la indemnidad psicológica del recurrente, adoptándose las demás medidas que el tribunal estime necesarias para restablecer los derechos fundamentales vulnerados.

SEGUNDO: Que, a folio 9 del expediente digital, se evacuó informe por el recurrido, solicitando el rechazo del recurso.

Señala que no es efectivo que haya existido un actuar pasivo de su parte ante los hechos denunciados por el recurrente ni que no se hubieren aplicado medidas concretas.

En tal sentido, indica que el 19 de junio de 2024, se llevó a cabo una entrevista con ambos docentes involucrados en el conflicto, actuando como mediador. Afirma que en esa oportunidad conversó con ambas partes y otorgó una solución para que, tanto el recurrente como la Jefa de la Unidad Técnica Pedagógica, nombre reservado, pudieran llegar a un consenso de mantener una convivencia sana y adecuada.

Luego, refiere que a finales del segundo semestre de 2024, nuevamente se generó una situación de conflicto entre ambos docentes, lo que escaló a la Municipalidad de Ovalle, siéndole informado a su persona, especificando que se adoptarían medidas concretas, tendientes a generar instancias conciliadoras entre ambos, lo cual quedó respaldado mediante el documento denominado creación de “canal de comunicación especial”, que en un trabajo multidisciplinario con la Asociación Chilena de Seguridad, se solicitó por parte de ésta la intervención del psicólogo nombre reservado, perteneciente al área de recursos humanos del Departamento de Educación de Ovalle.

Por lo anterior, expresa que el 11 de diciembre de 2024, se realizó una visita por parte del psicólogo antes mencionado, oportunidad en que el recurrente se negó a todo tipo de conciliación con la señora nombre reservado, lo que quedó plasmado en un acta de mediación frustrada.

En consecuencia, sostiene que en su calidad de Director de establecimiento, actuó dentro de los protocolos y lineamentos institucionales establecidos por su superior jerárquico, la Ilustre Municipalidad de Ovalle, sin existir pasividad de su parte.

Por otra parte, sostiene que en ningún momento se solicitó por el recurrente la aplicación de una medida concreta tendiente a la utilización del protocolo establecido por la Ley Karin N°21.643, escapando a sus facultades poder accionar de oficio en la aplicación de los protocolos de la referida ley.

TERCERO: Que, a folio 18, se solicitó informe a la Ilustre Municipalidad de Ovalle, prescindiéndose de éste el 19 de junio de 2025, atendido el tiempo transcurrido sin haber cumplido con lo ordenado.

CUARTO: Que, el recurso de protección constituye una acción de naturaleza cautelar que tiene por objeto amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales y derechos establecidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarias que vulneren el ejercicio de estos, mediante la adopción de medidas cautelares inmediatas, destinadas a restablecer el imperio del derecho.

Que, de lo antes expresado, aparece como requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a la ley, o arbitrario, producto de mero capricho de quien incurre en él, que afecte una o más de las garantías protegidas.

QUINTO: Que, sobre el punto, la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a obtener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

SEXTO: Que, de los antecedentes allegados a esta sede, es dable concluir que no se advierte la existencia de un acto concreto, que pueda ser calificado como ilegal o arbitrario en los términos que exige el artículo 20 de la Constitución Política de la República, por cuanto el recurrente funda su acción en una serie de hechos cuya ocurrencia se remonta a situaciones pretéritas relacionadas con su vínculo laboral, de las que, por lo demás, no se advierte haya efectuado reclamación alguna en relación con la Ley N°21.643, circunstancia que impide acceder a las peticiones del libelo.

SÉPTIMO: Que, por otra parte, los hechos descritos en el recurso y, en particular, considerando lo que se solicita en el petitorio, en cuanto a la aplicación de la Ley N°21.643, conocida como ley Karin, se inserta en el marco de un conflicto de índole laboral, el que excede el ámbito de conocimiento propio del recurso de protección, por cuanto corresponde a materias cuya adecuada resolución requiere una instancia de lato conocimiento, en donde las partes puedan rendir prueba y ejercer su derecho a defensa, no siendo, por tanto, la presente acción cautelar la vía idónea para conocer de estos antecedentes, lo que refuerza la improcedencia de acoger la acción constitucional intentada, motivos por los que se rechazará el arbitrio incoado, según se dirá a continuación.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de don nombre reservado, en contra de don nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol N°2-2025 Protección.-