nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

nombre reservado

Servicio Nacional de Migraciones Recurso de Protección Rol N°2-2024 La Serena, seis de febrero de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, a folio 1, comparece don Paulo Campos Troncoso, abogado, en favor de doña nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, de nacionalidad colombiana, interponiendo acción de protección en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, por la omisión ilegal y arbitraria, consistente en la omisión de pronunciamiento sobre la solicitud de permanencia definitiva, con fecha de inicio de trámite “16 de septiembre del año 2020”. La referida omisión ha persistido por 3 año y 3 meses, impidiendo el ejercicio legítimo del derecho constitucional de igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 19 n°2 de la Constitución Política de la República y el derecho a la integridad psicológica reconocido en el artículo 19 n°1 de la Constitución Política de la República.

Expone que, la recurrente ingresó al país el 11 de noviembre de 2017, como turista, presentando solicitud de beneficio migratorio sujeto a contrato el 24 de diciembre de 2017. El 09 de diciembre de 2019, adquiere la calidad de residente temporario, para luego, en el mes de septiembre del año 2020, realiza una primera solicitud de residencia permanente, emitiéndose resolución de 9 de diciembre de 2021, que aprueba el avance de estado de trámite, sin embargo, hasta la fecha no ha recibido ninguna comunicación por parte de la recurrida, lo que la mantiene en una situación de preocupación e incertidumbre ante un trámite, por lo demás, demorado.

Agrega que, al día de hoy, su inserción social y laboral es plena, contando con amigos, pareja y trabajo estable con contrato de trabajo indefinido como barbera, el cual le permite llevar un estilo de vida cómodo. En virtud de lo anterior, la parte recurrente no cuenta con certeza respecto de su proceso migratorio y estadía en Chile que le permita desarrollar su vida como constitucionalmente tiene derecho, siendo que han transcurrido los plazos legales en los que debió haberlo obtenido.

Sostiene que, además de lo anterior, estos hechos irrogan otros severos perjuicios; además de la sensación de inseguridad, desigualdad e injusticia por ser tratado como si perteneciera a una categoría jurídicamente inferior, se debe sumar que no contar con contar con la residencia definitiva es una condición que da pie a una serie de discriminaciones a todo nivel, por ejemplo, en sus relaciones con bancos para pedir crédito hipotecario, posibilidad de obtener prestaciones sociales por parte del estado (educación o subsidios habitacionales) y todo tipo de proveedores de servicios que exigen residencia definitiva y que son parte de la vida cotidiana en Chile.

Destaca que, aunque su deseo máximo es obtener la residencia definitiva, es perentorio obtener una respuesta independiente que sea favorable o desfavorable, toda vez que la ejecución de su proyecto migratorio se encuentra congelada a la espera de dicha respuesta. Su permanencia en Chile depende de ello, y en caso de ser rechazada, debe revaluar su proyecto migratorio para continuar trabajando en sus objetivos de vida, pero la falta de respuesta no le permite proyectarse hacia el futuro en Chile o el extranjero.

Destaca lo dispuesto en los artículos 7, 8, 9, 14 y 27 de la Ley 19.880, y desarrolla los principios de celeridad, conclusivo, economía procedimental e inexcusabilidad, y alega vulneración a la garantía de la igualdad ante la ley y a su derecho a la integridad psíquica.

Solicita tener por interpuesto recurso de protección en contra de la recurrida y ordenarle que se pronuncie sobre la solicitud de permanencia definitiva y la conceda, adoptando las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho, con costas.

Acompaña al recurso: 1. Copia de Cedula de identidad. 2. Resolución Exenta N°21417943 con fecha 9 de diciembre del año 2021. 3. Ampliación de Certificado de Residencia Definitiva en trámite con fecha de emisión 21 de diciembre del año 2023.

SEGUNDO: Que, a folio 4 evacuó informe Roberto Castillo Toro, abogado del Servicio Nacional de Migraciones.

Indica que, la recurrente ingresa por primera vez al país, por motivos de trabajo, el 11 de noviembre de 2017, y que, el 13 de noviembre de 2019, se le otorga visa temporaria por el plazo de un año. Luego, el 16 de septiembre de 2020, la recurrente solicita el beneficio migratorio de permanencia definitiva. Agrega que, el 26 de enero de 2024, se le notifica a la recurrente mediante correo electrónico, que su solicitud de residencia definitiva no se encuentra en condiciones de avanzar a la siguiente etapa de análisis y procesamiento de antecedentes, toda vez que debe presentar certificado de término de causa, por la denuncia que mantiene vigente, por el delito de usura flagrante, en causa seguida ante Fiscalía Local de La Serena, la que deberá solicitar directamente en dicha institución. En caso de no presentar esta documentación en un plazo máximo de 60 días a contar de esta fecha, su solicitud podrá ser rechazada, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley de Migración y Extranjería. Por lo anterior, la solicitud de la recurrente se encuentra en estado de “completa antecedentes”, estando aún vigente el plazo para adjuntar el documento solicitado.

Señala que, a consecuencia de lo anteriormente señalado, estando en tramitación la solicitud de la recurrente se deriva que mantiene situación migratoria regular en el territorio nacional, por lo que no existe actualmente un acto que genere vulneración, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos consagrados en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Refiere que el Servicio Nacional de Migraciones, velando por el debido cumplimiento de la función pública, actuando de propia iniciativa en el cumplimiento de sus funciones y siempre dentro de la esfera de sus atribuciones, ha remitido Oficios Ordinarios a diversas instituciones públicas para solicitar que, en el ámbito de sus atribuciones, soliciten a los organismos que se encuentran bajo su fiscalización y supervigilancia que reconozcan como vigentes las cédulas de identidad para extranjeros que les sean exhibidas conjuntamente con un comprobante de residencia definitiva en trámite o prórroga de residencia temporal en trámite.

Agrega que, respecto a la ley de presupuesto para el sector público de 2023, en la partida presupuestaria del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se hace mención al presupuesto destinado para el Servicio Nacional de Migraciones, lo que contempla el monto de $992.089.000.- sólo en concepto para “Regularización Rezago solicitudes migratorias”; con esto se puede ver que es una preocupación para la Administración la demora que existe respecto a las diversas solicitudes de residencia que tienen los extranjeros ante el Servicio Nacional de Migraciones, dicho plan de regularización se encuentra controlado en la glosa 4 y 6 del programa.

Añade que, según lo señalado por el artículo 27 de la Ley 19.880, el plazo del procedimiento administrativo podrá ser mayor a 6 meses cuando exista caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose como tal, el aumento exponencial de los flujos migratorios hacia el país, proveniente de diversos países, lo cual tuvo por consecuencia un aumento importante en la cantidad de solicitudes recibidas por esta autoridad. Lo anterior ha sido reconocido por la Excelentísima Corte Suprema, reforzando el hecho de encontrarse ajustado a derecho el actuar de la autoridad administrativa.

Finalmente, alega que la acción de protección deducida no cumple con los requisitos constitucionales para su interposición, por cuanto no existe una conducta ilegal o arbitraria desplegada por el Servicio, debido a que el plazo establecido por la ley para la terminación de acto administrativo no es fatal para la Administración, y porque ha quedado claramente establecido que la mera tardanza en la resolución de una solicitud de residencia presentada por un extranjero no puede ser identificada como una conducta que perturbe sus garantías fundamentales.

Solicita por tanto el rechazo de la presente acción constitucional, rechazando además la solicitud de costas contra el servicio recurrido.

Acompaña: 1. Oficio Ordinario N°67130, de fecha 7 de noviembre de 2022, del Servicio Nacional de Migraciones. 2. Oficio Ordinario N°80585, de fecha 29 de diciembre de 2022, del Servicio Nacional de Migraciones. 3. Oficio Ordinario N°80586, de fecha 29 de diciembre de 2022, del Servicio Nacional de Migraciones. 4. Oficio Ordinario N°843, de fecha 14 de junio de 2023, de la Dirección del Trabajo. 5. Oficio Ordinario N°34.531, de fecha 27 de julio de 2023, de la Superintendencia de Salud. 6. Sentencia de la Excma. Corte Suprema, en causa ROL 115.064-2022, de fecha 20 de marzo de 2023. 7. Sentencia de la Excma. Corte Suprema, en causa ROL 115.368- 2022, de fecha 20 de marzo de 2023. 8.Copia de escritura pública de mandato judicial Repertorio N°1222/2023, otorgada ante la Notaría de Coquimbo, de don nombre reservado. 9. Notificación solicita antecedentes de fecha 16 de enero de 2024 del Servicio Nacional de Migraciones.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, por la presente acción constitucional, se recurre en contra del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por la dilación injustificada en dar respuesta a la solicitud de permanencia definitiva presentada, lo cual califica el actor de ilegal y arbitrario, señalando que vulnera su garantía fundamental contemplada en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la Republica.

Solicita que se ordene al recurrido que se pronuncie sobre la misma, adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

SEXTO: Que, en mérito de lo informado por el Servicio Nacional de Migraciones, y teniendo además presente el escrito ingresado por la recurrente a folio 5, es posible advertir que, sin perjuicio de la demora que se ha verificado en la tramitación de la permanencia definitiva de la actora, ésta ha avanzado recientemente de etapa, al habérsele requerido que acompañara antecedentes bajo apercibimiento de rechazo de su solicitud, otorgándosele un plazo de 60 días, el cual aún se encuentra vigente, motivo por el cual es ahora carga de la solicitante aportar la documentación necesaria para que el procedimiento administrativo siga su curso, no existiendo actualmente una medida de urgencia que pueda ser adoptada por esta Corte para restablecer el imperio del derecho.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se resuelve, que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°2-2024 (Protección).