nombre reservado con POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE

nombre reservado

Policía de Investigaciones de Chile Recurso de Protección Rol N° 1999-2016.- La Serena, tres de enero de dos mil diecisiete.

VISTOS:

Que ha comparecido don nombre reservado, sub-comisario de la Policía de Investigaciones, domiciliado en domicilio reservado, Región Metropolitana, quien deduce recurso de protección en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, representada por su Director General don Héctor Espinoza Valenzuela, a fin que se le ampare en sus derechos constitucionales que estima vulnerados, adoptando las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y proteger al recurrente de las decisiones arbitrarias de la recurrida contenidas en tres actos administrativos, en contra de los cuales endereza su acción y que son los siguientes:

El primero emanado del Jefe de la Brigada de Investigación Criminal de Los Vilos, subprefecto nombre reservado, que ordena la suspensión de sus funciones, acto notificado el 9 de Octubre de 2015.

El segundo consistente en la omisión de respuesta a su solicitud de levantamiento de la medida de suspensión de funciones, lo que fue solicitado mediante carta certificada de 24 de Octubre de 2016.

Y el tercero emanado de la Junta de Apelaciones de la Policía de Investigaciones de Chile, que con fecha 7 de Noviembre de 2016 dispuso mantener la calificación de 4,92 del recurrente, clasificándolo así en lista Mala.

Estima que los actos referidos vulneran las garantías establecidas en los numerales 2, 1 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, a saber, derechos a la igualdad, vida e integridad física y psíquica y derecho de propiedad, correspondiendo a represalias adoptadas por haber denunciado hechos que violan el principio de probidad administrativa.

Indica que los actos recurridos derivan de una situación compleja en la que se vio involucrado al haber denunciado a su superior nombre reservado.

Señala que en Mayo de 2015 se aproximó a la empresa TIME UP a fin de perfeccionar su nivel de inglés, evaluando la posibilidad de un viaje a Toronto, realizando en Junio de 2015 un acercamiento a su superior directo, quien dio su venía a continuar con los trámites respectivos, indicando que no obstaculizaría un permiso sin goce de sueldo que requeriría.

Añade que sus dificultades surgieron el 11 de Julio de 2015 cuando en su calidad de oficial de guardia dio cuenta que un funcionario prestaba servicio con hálito alcohólico, iniciándose luego por el sub prefecto nombre reservado una fuerte persecución en su contra aplicándoles distintas sanciones (a saber, PRI 241-2015 de 17 de Julio de 2015, PRI 253-2015 de 24 de Julio de 2015, PRI 260-2015 de 29 de Julio de 2015, PRI 290-2015 de 21 de Agosto de 2015, PRI 456-2015 de 9 de Diciembre de 2015, de la que luego fue absuelto).

Añade que a pesar de lo anterior continuó los trámites para estudiar en el extranjero, reiterando su superior que no existirían problemas para ello, planificando tomar vacaciones desde el 24 de Agosto de 2015 al 4 de Septiembre de 2015 y luego permiso sin goce de sueldo desde 5 de Septiembre al 15 de Noviembre de 2015.

Expresa que el 21 de Agosto tomó contacto con el señor nombre reservado para recordarle el viaje, sin perjuicio de lo cual también se comunicó con un técnico en la Prefectura de La Serena, quien le señaló que no se preocupara pues el permiso estaba para la firma del Jefe Regional, entregando luego su placa, Tipol y chaquetilla al señor nombre reservado.

Indica que mientras se encontraba en el extranjero el 25 de Agosto de 2015 recibió una comunicación por correo electrónico, en que se le dio noticia que su solicitud de permiso sin goce de sueldo había sido rechazada, iniciando luego los trámites necesarios para retornar al país, expresando que la empresa que gestionó su viaje le indicó que ello tomaría aproximadamente un mes en gestionarse, siendo el caso que a raíz de lo anterior fue denunciado al Ministerio Público por abandono de destino el 10 de Septiembre de 2015.

Añade que demostrado que actuó confiando en la información previa de su jefatura, finalmente fue sobreseído por el Juzgado de Garantía de Los Vilos y que de la misma forma el señor nombre reservado dispuso instruir un sumario administrativo por abandono de destino para proceder a la separación del funcionario si procediere, señalando que finalmente se le ha notificado lo resuelto por la Junta de Apelaciones del Personal de la Policía de Investigaciones, que lo califica con nota 4,92 y lo clasifica en lista 4 “Mala”, lo cual encontraría su origen en las medidas adoptadas en su contra a raíz de su denuncia en contra de la probidad administrativa.

Señala que respecto a la medida de suspensión ella carece de la necesaria fundamentación, teniendo en consideración que existía una resolución de destinación a una unidad de la región Metropolitana, pendiente de notificar a su respecto, lo que podría haber impedido cualquier interferencia en la investigación, optándose por el mal mayor que ha sido separarlo de sus funciones, no cabiendo duda de la animosidad del Subprefecto señor nombre reservado en su contra.

Expresa, que igualmente se ha omitido respuesta a su solicitud de alzamiento de la medida de suspensión de funciones, remitida por correo con fecha 24 de Octubre de 2016.

Señala que lo actuado no ha tomado en consideración las normas que la Ley 20.205 ha establecido para la protección de los funcionarios públicos que denuncian irregularidades o faltas a la probidad, modificando el Estatuto Administrativo en particular los artículos 61 y 90 A que cita en su recurso, añadiendo que no se ha considerado la normativa contenida en la Convención Interamericana en contra de la corrupción, ni la necesaria fundamentación exigible a todo acto administrativo.

Estima así que se ha vulnerado las garantías de los numerales 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, por lo que solicita que se acoja el presente recurso declarando que las actuaciones de la recurrida resultan arbitrarias, revocando los actos administrativos que ha impugnado, ordenando el reintegro a sus funciones en el destino en que a la fecha no ha sido notificado.

Que informando en relación al presente recurso de protección don nombre reservado, Director General Subrogante, solicitó el rechazo del presente recurso, con expresa condena en costas, en razón de los siguientes fundamentos.

Alegó en primer término la extemporaneidad de la presente acción, ello teniendo en consideración que se recurre en contra de una resolución de separación de funciones que fue notificada al recurrente el 9 de Octubre de 2015, habiendo conocido la calificación que se impugna el 24 de Agosto de 2016, de forma que a su juicio el recurso presentado resulta inoportuno.

Estima de la misma forma que el recurso de protección resulta improcedente en contra de la resolución de suspensión de funciones y de un proceso calificatorio, ya que esta acción no ha sido creada para solucionar conflictos sometidos a normas precisas y entregados a organismos competentes, señalando que el DS N° 1/1982 del Ministerio de Defensa Nacional que aprueba el Reglamento de Sumarios administrativos e Investigaciones Sumarias en la Policía de Investigaciones contiene los elementos de un debido proceso administrativo, lo que es igualmente aplicable al proceso de calificaciones el que se encuentra normado por el DS N° 28 de 1981 del Ministerio de Defensa Nacional, criterio que ha sido sostenido en diversos fallos de nuestros Tribunales superiores de Justicia.

De la misma forma expone que no es la vía para conocer de una materia que es un asunto de lato conocimiento como ocurre con los procesos que reglan los aspectos disciplinarios y calificatorios.

Señala el informante que a su juicio no existe ilegalidad ni arbitrariedad en lo que se ha actuado por la Policía de Investigaciones, expresando que no es efectivo que no se haya dado respuesta a la solicitud de cese de la medida de separación del recurrente, pues ello fue debidamente contestado mediante resolución de 11 de Noviembre de 2016, notificada el 29 de Noviembre último.

Indica el informe que la facultad de autorizar o rechazar permisos sin goce de sueldo se encuentra delegada en Prefectos Generales, Prefectos Inspectores, Jefes de Jefaturas y de Regiones Policiales y no en Jefes de Prefecturas ni de Brigadas, siendo el caso que el recurrente sin contar con autorización no se presentó a trabajar por 32 días, desde el 7 de Septiembre al 9 de Octubre de 2015, lo que motivó la iniciación del sumario en que se ha dispuesto la suspensión de labores del inculpado, medida preventiva que expresamente se autoriza en el artículo 13 del Decreto de Sumarios Administrativos y que está supeditada a los resultados definitivos del sumario.

En lo que respecta al proceso calificatorio, expresa que el periodo considerado comprende desde el 1 de Agosto de 2015 al 31 de Julio de 2016, habiendo reclamado el recurrente su calificación de 4,92 y su clasificación en lista 4 “Mala”, la que reconoce como antecedente las medidas disciplinarias impuestas al recurrente y su evaluación mensual de Septiembre de 2015, rechazando la Junta Calificadora el recurso del Subcomisario nombre reservado, por estimar que sus alegaciones no tenían por objeto la modificación de los factores de calificación, sino más bien a desvirtuar un proceso administrativo de carácter disciplinario.

Añade que posteriormente la Junta de Apelaciones de la Policía de Investigaciones de Chile rechazó el recurso de apelación interpuesto por el señor nombre reservado, emitiendo una decisión fundada, de forma que el proceso seguido se ha ajustado al Decreto Supremo N° 28 de 1981 del Ministerio de Defensa Nacional, haciendo valer el recurrente sus planteamientos en las diversas etapas que contempla este procedimiento, agregando que la relación del personal de la Policía de Investigaciones de Chile es de carácter legal, existiendo un régimen estatutario que establece la forma en que nace y se extingue la relación del funcionario, por lo que lo actuado por esta materia se ha ajustado estrictamente al Reglamento de Calificaciones del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile.

Agrega que a su juicio no se configura vulneración a las garantías constitucionales citadas en el recurso y que a la luz de lo expuesto se ha aplicado correctamente en el presente caso la normativa legal y reglamentaria vigente, por lo que estima no se configuran los elementos necesarios para sustentar el presente recurso de protección, solicitando por ello su rechazo con costas.

Que con fecha veintitrés de Diciembre se dispuso traer los autos en relación.

CON RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

SEGUNDO: Que como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

TERCERO: Que en estos autos se ha reclamado como ilegal o arbitrario, tres actos administrativos:

El primero emanado del Jefe de la Brigada de Investigación Criminal de Los Vilos, subprefecto nombre reservado, que ordena la suspensión de sus funciones, acto notificado el 9 de Octubre de 2015.

El segundo consistente en la omisión de respuesta a su solicitud de levantamiento de la medida de suspensión de funciones, lo que fue solicitado mediante carta certificada de 24 de Octubre de 2016.

Y el tercero emanado de la Junta de Apelaciones de la Policía de Investigaciones de Chile, que con fecha 7 de Noviembre de 2016 dispuso mantener la calificación de 4,92 del recurrente, clasificándolo así en lista Mala.

Estima que los actos referidos vulneran las garantías establecidas en los numerales 2, 1 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, a saber, derechos a la igualdad, vida e integridad física y psíquica y derecho de propiedad, correspondiendo a represalias adoptadas por haber denunciado hechos que violan el principio de probidad administrativa.

CUARTO: Que informando don nombre reservado, Director General Subrogante, solicitó el rechazo del presente recurso, con expresa condena en costas, alegando, en primer término, la extemporaneidad de la presente acción, ello teniendo en consideración que se recurre en contra de una resolución de separación de funciones que fue notificada al recurrente el 9 de Octubre de 2015, habiendo conocido la calificación que se impugna el 24 de Agosto de 2016, de forma que a su juicio el recurso presentado resulta inoportuno.

Estima de la misma forma que el recurso de protección resulta improcedente en contra de la resolución de suspensión de funciones y de un proceso calificatorio, ya que esta acción no ha sido creada para solucionar conflictos sometidos a normas precisas y entregados a organismos competentes, señalando que el DS N° 1/1982 del Ministerio de Defensa Nacional que aprueba el Reglamento de Sumarios administrativos e Investigaciones Sumarias en la Policía de Investigaciones contiene los elementos de un debido proceso administrativo, lo que es igualmente aplicable al proceso de calificaciones el que se encuentra normado por el DS N° 28 de 1981 del Ministerio de Defensa Nacional, criterio que ha sido sostenido en diversos fallos de nuestros Tribunales superiores de Justicia.

Señala el informante que a su juicio no existe ilegalidad ni arbitrariedad en lo que se ha actuado por la Policía de Investigaciones, expresando que no es efectivo que no se haya dado respuesta a la solicitud de cese de la medida de separación del recurrente, pues ello fue debidamente contestado mediante resolución de 11 de Noviembre de 2016, notificada el 29 de Noviembre último.

Indica el informe que la facultad de autorizar o rechazar permisos sin goce de sueldo se encuentra delegada en Prefectos Generales, Prefectos Inspectores, Jefes de Jefaturas y de Regiones Policiales y no en Jefes de Prefecturas ni de Brigadas, siendo el caso que el recurrente sin contar con autorización no se presentó a trabajar por 32 días, desde el 7 de Septiembre al 9 de Octubre de 2015, lo que motivó la iniciación del sumario en que se ha dispuesto la suspensión de labores del inculpado, medida preventiva que expresamente se autoriza en el artículo 13 del Decreto de Sumarios Administrativos y que está supeditada a los resultados definitivos del sumario.

En lo que respecta al proceso calificatorio, expresa que el periodo considerado comprende desde el 1 de Agosto de 2015 al 31 de Julio de 2016, habiendo reclamado el recurrente su calificación de 4,92 y su clasificación en lista 4 “Mala”, la que reconoce como antecedente las medidas disciplinarias impuestas al recurrente y su evaluación mensual de Septiembre de 2015, rechazando la Junta Calificadora el recurso del Subcomisario nombre reservado, por estimar que sus alegaciones no tenían por objeto la modificación de los factores de calificación, sino más bien a desvirtuar un proceso administrativo de carácter disciplinario.

Añade que posteriormente la Junta de Apelaciones de la Policía de Investigaciones de Chile rechazó el recurso de apelación interpuesto por el señor nombre reservado, emitiendo una decisión fundada, de forma que el proceso seguido se ha ajustado al Decreto Supremo N° 28 de 1981 del Ministerio de Defensa Nacional, haciendo valer el recurrente sus planteamientos en las diversas etapas que contempla este procedimiento, agregando que la relación del personal de la Policía de Investigaciones de Chile es de carácter legal, existiendo un régimen estatutario que establece la forma en que nace y se extingue la relación del funcionario, por lo que lo actuado por en esta materia se ha ajustado estrictamente al Reglamento de Calificaciones del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile.

Agrega que a su juicio no se configura vulneración a las garantías constitucionales citadas en el recurso y que a la luz de lo expuesto se ha aplicado correctamente en el presente caso la normativa legal y reglamentaria vigente, por lo que estima no se configuran los elementos necesarios para sustentar el presente recurso de protección, solicitando por ello su rechazo con costas.

QUINTO: Que en cuanto a la extemporaneidad alegada por la recurrida, efectivamente el primer acto administrativo impugnado, esto es, la suspensión provisoria de funciones fue dictada con fecha 10 de septiembre de 2015 y notificado al funcionario el día 9 de octubre de 2015, de manera tal que ha transcurrido en exceso el plazo de 30 días establecido en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección, por lo que el recurso, en relación a este primer capítulo resulta inadmisible, por extemporáneo.

Que en lo concerniente al segundo acto administrativo fundante del recurso, en que el funcionario reclama que no se le ha dado respuesta a su petición efectuada el 24 de octubre de 2016, mediante carta certificada N° 001-09824.523 de Correos de Chile, el amparo constitucional ha perdido oportunidad, por cuanto la recurrida informó que se le había respondido el día 11 de noviembre de 2016, mediante Resolución N° 4 y notificada al funcionario el 29 de noviembre pasado.

Finalmente, en cuanto al tercer acto cuestionado la extemporaneidad debe rechazarse ya que el pronunciamiento de la Junta de Apelaciones de la Policía de Investigaciones se le notificó el 10 de noviembre de 2016, en tanto, este recurso fue presentado el 24 de noviembre del mismo año, es decir, dentro del plazo legal de 30 días.

SEXTO: Que en lo concerniente a este acto administrativo , esto es, la resolución emanada de la Junta de Apelaciones de la Policía de Investigaciones de Chile, que con fecha 7 de Noviembre de 2016 dispuso mantener la calificación de 4,92 del recurrente, clasificándolo así en lista Mala, el recurrente cuestiona que los únicos antecedentes que se tuvieron en vista para determinar los factores de calificación y clasificación fueron las medidas disciplinarias que le fueron impuestas por haber denunciado por falta de probidad a su jefe directo.

SEPTIMO: Que es preciso consignar que el Reglamento de Calificaciones de la institución, aprobada por Decreto Supremo N°28 de 1981, del Ministerio de Defensa Nacional, que regula el procedimiento de calificaciones, estatuye en su artículo 2°que la Calificación es la evaluación de la labor anual desarrollada por cada funcionario, en el ejercicio de su cargo o empleo. La evaluación comprenderá tanto el desempeño en el trabajo, como las condiciones personales del funcionario evidenciadas en el transcurso del período a calificar. La clasificación corresponde a la lista de selección que acuerda la Junta respecto de un funcionario. Las listas en que pueden clasificarse a los funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile, son las siguientes: Lista 1, de Mérito, Lista 2, Buena, Lista 3, Regular, Lista 4, Mala.

En su artículo 3° dispone que la calificación abarcará el período comprendido entre el 1º de Agosto y el 31 de Julio del año siguiente. Luego el artículo 4° señala que en la calificación, deberá considerarse la actuación que haya tenido el funcionario sólo durante el período a que ella se refiere, sin embargo, las faltas administrativas, establecidas mediante Sumario Administrativo o Investigación Sumaria, sólo podrán considerarse para la calificación, cuando exista resolución firme debidamente notificada al afectado. Enseguida el artículo 5° dispone que los funcionarios que por cualquier causa no desempeñaren efectivamente sus empleos por un lapso superior a 6 meses en el período de calificación, no serán calificados y conservarán la clasificación del año anterior salvo, que en su Hoja de Vida Anual existan anotaciones relevantes en el período trabajado que conduzcan a la Junta Calificadora respectiva a modificar su calificación, lo que deberá hacerse mediante resolución fundada. Se entenderá por anotaciones relevantes aquellas de importancia o significativas, que se refieren a actuaciones destacadas o reprochables del funcionario, que ameriten modificar su calificación, subiendo o bajando la lista de clasificación respectiva. Asimismo el artículo 25 establece que para el conocimiento, estudio y valorización de las calificaciones del personal de Planta, existirán Juntas Calificadoras Zonales, una Junta Calificadora de Altas reparticiones y una Junta Calificadora de Oficiales Superiores y Jefes.

A su vez el artículo 42 dispone que habrá una Junta de Apelaciones a la cual le corresponderá conocer y resolver el Recurso de Apelación que se interponga en contra de la calificación y clasificación que efectúen las Juntas Calificadoras.

OCTAVO: Que de las normas precedentes se infiere que para el proceso calificatorio del personal existe un reglamento que ha sido cumplido por la institución, existiendo recursos administrativos para impugnar las resoluciones agraviantes al personal, tal como ha sucedido en la especie, en que el recurrente apeló de la decisión de la Junta Calificadora ante la Junta de Apelaciones, y es más, según informa la recurrida ha interpuesto un recurso de invalidación contra sus sanciones, el cual se encuentra en etapa de tramitación, lo que denota que el recurrente ha ejercido su derecho a defensa y a deducir los recursos administrativos pertinentes.

NOVENO: Que, por consiguiente, no cabe sino concluir que la recurrida ha obrado en el ámbito de su potestad disciplinaria y calificatoria, regulada en la normativa reglamentaria antes citada, por lo que en la especie no concurren los supuestos de ilegalidad y arbitrariedad que hacen procedente la acción constitucional deducida. En consecuencia, no resulta posible advertir que en el referido acto administrativo la Policía de Investigaciones recurrida haya vulnerado las garantías contempladas en los numerales 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República; y, por tanto, el recurso intentado no puede prosperar.

DÉCIMO: Que, en todo caso, conveniente resulta dejar establecido, que los fundamentos esgrimidos como vulneración de garantías constitucionales dicen relación con la suspensión de sus funciones, acto que fue declarado extemporáneo.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA el recurso de protección deducido por don nombre reservado en contra de la Policía de Investigaciones de Chile y su Director Nacional, sin costas.

Regístrese y notifíquese.

Redacción de la ministro titular, señora Marta Maldonado Navarro.

Rol N° 1999-2016.

Pronunciado por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de La Serena, integrada por los Ministros Titulares señor nombre reservado, señora Marta Maldonado Navarro y el abogado integrante señor Mario Carvallo Vallejos. No firma el señor nombre reservado, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa, por encontrarse ausente.

nombre reservado

Secretaria (S)

La Serena, tres de enero de dos mil diecisiete, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.