nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS

nombre reservado, nombre reservado y otra Ilustre Municipalidad de Los Vilos Recurso de Protección Rol Nº 1995-2022.- La Serena a dos de agosto de dos mil veintidós Visto y teniendo presente:

Primero: Que el abogado Carlos Antonio Tello Luza con domicilio en la ciudad de la Serena, actuando en representación de nombre reservado, químico farmacéutico y de nombre reservado, enfermera, ambos con domicilio en la comuna de los vilos, Región de Coquimbo, ha interpuesto recurso de protección en contra de la Municipalidad de Los Vilos, persona jurídica de derecho público, representada por su alcalde Christian Frank Gross Hidalgo, trabajador social, ambos con domicilio en domicilio reservado, Región de Coquimbo, por el acto ilegal y arbitrario consistente en la destitución de sus representados, en virtud del Decreto Alcaldicio N° 474 de fecha 28 de febrero de 2022, ratificado por el Decreto Alcaldicio N° 658 del 25 de marzo de 2022, lo que ha significado privación y perturbación en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19 números 1°, 2°, 4°, 16° y 24°, de la Constitución Política de la República.

En relación a los antecedentes de hecho, relata que doña nombre reservado, ha sido funcionaria del Departamento de Salud de la Municipalidad de Los Vilos desde el año 2016, que durante el año 2020, se desempeñaba como enfermera clínica del Departamento de Salud, además de ser la encargada local del Programa Nacional de Salud en la Infancia, encargada local Programa Chile Crece Contigo y subrogante del Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI), sin embargo durante ese verano , debido a vacaciones y luego durante todo el año fue la encargada titular del PNI, sin que se le pagara ninguna asignación por el trabajo realizado, sino que esa asignación era pagada a la enfermera que estaba designada en el papel.

Relata que, a su turno, don nombre reservado, ha sido funcionario del Departamento de Salud desde el año 2016, desempeñando dos funciones diferentes, por una parte, químico farmacéutico del DESAM y por otra director técnico de la Farmacia popular municipal, labores que se contraponen y que no figuran en su decreto de contratación (sólo figura la de encargado de bodega municipal), situación ya evidenciada por referentes técnicos del Servicio de Salud Coquimbo, quienes no compartían en absoluto dicha dualidad; sin embargo, por orden directa del alcalde tenían que realizarse en conjunto.

Señala que se trata de personas que soportan una alta carga laboral, lo que a su turno tiene una correlación en sus estados de salud, específicamente el lumbago crónico que ambos sufren. Fue a propósito de esta dolencia que, a principios del mes de enero del año 2020 y persistiendo la condición de salud anotada, se vieron en la obligación de contactar al médico don nombre reservado, quien les prescribió reposo médico con sendas licencias médicas fechadas el 27 de febrero de 2020 para don nombre reservado, y el 24 de febrero de 2020 para la doña nombre reservado. Relata que dicho reposo no fue posible de tomar en fecha anterior sin haber afectado la continuidad de los respectivos servicios que cada uno atendía, pues se trataba del periodo estival y debía coordinarse cualquier ausencia de los funcionarios municipales; de lo contrario, nadie podría atender los respectivos servicios o podrían cubrirse de manera imperfecta, por lo que su superior directo les solicitó posponer dichos descansos hasta tener la posibilidad de reemplazo, lo que sólo se producía a finales del periodo estival, esto es, fines de febrero o principio de marzo del mismo año. Sumado a ello, se encontraba en ciernes la amenaza del virus Covid-19, con sus perniciosas consecuencias para los servicios de salud del país y que los recurrentes previeron.

Continúa el relato indicando que, expuestos estos antecedentes al médico, este recomendó no posponer el descanso más allá de lo necesario, posfechando (sic) él mismo las licencias mencionadas porque, si bien no era lo más recomendable pues podía retrasar la recuperación, no había otra opción para no desatender los respectivos servicios.

Señala que recibidas las licencias respectivas por la Municipalidad, éstas no fueron remitidas al organismo competente para darles la tramitación de conformidad con lo que dispone Ley N° 20.585 Sobre Otorgamiento y Uso de Licencias Médicas, esto es, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN). En su lugar, el funcionario municipal Sr. nombre reservado en connivencia con el Sr. nombre reservado, motu proprio y sin consultar a ninguno de los interesados, denunciaron a la justicia ordinaria a los recurrentes doña nombre reservado y don nombre reservado por estimar que, en su concepto, las licencias en cuestión habían sido falsificadas, entendido que el legista que las suscribió no se encontraba en el país a la fecha en que se presentaron las licencias.

Indica que dicha denuncia dio origen a la causa RUC 2000229222-0, RIT N° 1121-2020 del Juzgado de Letras y Garantía de Los Vilos. En dicha causa, con fecha 08 de abril del año en curso, la Fiscalía informó al Sr. Juez su decisión de no perseverar en el procedimiento pues, evacuada la diligencia de pericia caligráfica por parte de la Policía de Investigaciones, se comprobó científicamente que la firma estampada en las licencias mentadas correspondía precisamente a quien aparece suscribiéndolas, esto es, el médico Dr. nombre reservado, señala que paralelamente y asilada en la norma contenida en el artículo 119 de la Ley N° 18.883, el 03 de agosto de 2021 la Alcaldía de la Municipalidad de Los Vilos dictó el Decreto Alcaldicio N° 2125, mediante el cual instruyó un sumario administrativo en contra de don nombre reservado y de doña nombre reservado, por los mismos hechos denunciados que dieron origen a la causa criminal antes apuntada. Finalizada la fase investigativa del procedimiento sumarial, se formularon cargos en contra de doña nombre reservado, del siguiente tenor: “Haber transgredido gravemente el principio de probidad administrativa en la obtención y uso de la licencia médica entregada a la municipalidad con fecha 24 de febrero de 2020.”

A su turno, se formularon cargos en contra de su representado, nombre reservado, del siguiente tenor: “Haber transgredido gravemente el principio de probidad administrativa en la obtención y uso de la licencia médica entregada a la municipalidad con fecha 27 de febrero de 2020.”, también se añadió que ambos transgredieron la continuidad del servicio público y que por tomar el reposo médico prescrito privilegiaron sus intereses particulares por sobre el interés general. Señala que ante estos cargos, los inculpados en el procedimiento sumarial efectuaron sus descargos y solicitaron la apertura de un periodo probatorio para incorporar prueba consistente en documentos, declaración de testigos y una declaración videograbada por el Dr. nombre reservado quien luego de individualizarse en el video, expresa que las licencias dubitadas efectivamente habían sido suscritas por él. Al mismo tiempo y desde un comienzo, la defensa de los inculpados hizo hincapié en las vulneraciones a derechos fundamentales que se divisaban en el proceso, específicamente la transgresión de las garantías de debido proceso y de igualdad ante la ley.

La Vista Fiscal se emitió con fecha 14 de febrero de 2022, y en ella se exponen las consideraciones de la Fiscal y su recomendación de destituir a sus representados. Agrega que el Alcalde, mediante Decreto Alcaldicio N° 474 de fecha 28 de febrero de 2022, aprobó íntegramente la Vista Fiscal e hizo suyas todas las consideraciones vertidas en ella, decretando en definitiva la medida de destitución en contra de sus representados nombre reservado y nombre reservado. Añade que, deducido recurso de reposición, se dictó el Decreto Alcaldicio N° 658 del 25 de marzo de 2022, que desechó el recurso y confirmó en todas sus partes el decreto anterior manteniendo la medida de Destitución, la más gravosa que contempla el Estatuto de los funcionarios municipales.Siendo este útlimo decreto el que es objeto del reproche mediante este recurso.

En cuanto al derecho, alega que el Decreto Alcaldicio N° 474, confirmado en todas sus partes por el Decreto Alcaldicio N° 658, resulta ser, a la luz de los antecedentes hasta aquí reseñados, un acto ilegal por ser contrario a las normas que rigen la imposición de medidas administrativas disciplinarias; y, además, atentatorio de los principios de razonabilidad y proporcionalidad de que deben estar revestidas las decisiones que se adopten por la Administración, lo que supone entonces que, además de no estar ajustado a Derecho, es arbitrario.

En primer término, es dable señalar que la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, en su artículo 63, letra c), otorga al alcalde la atribución de “Nombrar y remover a los funcionarios de su dependencia de acuerdo con las normas estatutarias que los rijan;” y, en su letra c), la atribución de “Velar por la observancia del principio de la probidad administrativa dentro del municipio y aplicar medidas disciplinarias al personal de su dependencia, en conformidad con las normas estatutarias que lo rijan;”.

Según se desprende del Decreto Alcaldicio N° 474, considerando 6°, el edil parece haber entendido esto como una potestad que no reconocería límites, lo que resulta inadmisible en un Estado de Derecho, atento que la Administración debe ejercer sus potestades discrecionales respetando el Ordenamiento Jurídico en su integridad, decidiendo de forma razonable, conveniente, proporcional, oportuna, eficaz y prudente en miras al Bien Común, cuidando no sólo de no incurrir en una ilegalidad sino que también evitando caer en la arbitrariedad. Arguye el recurrente que de la sola lectura de los pasajes transcritos del artículo 63 de la Ley N° 18.695 se aprecia de inmediato que las atribuciones que se le confieren al alcalde admiten desde ya una sujeción a las normas estatutarias que rijan a los funcionarios. En este orden de ideas, la Ley N° 18.883 que aprueba el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, dispone en su artículo 120 inciso final que “Las medidas disciplinarias se aplicarán tomando en cuenta la gravedad de la falta cometida y las circunstancias atenuantes o agravantes que arroje el mérito de los antecedentes.” A su turno, el artículo 11 de la Ley N° 19.880 establece el Principio de imparcialidad, señalando que “La Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte. Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos.”

Hace referencias a parte del sumario, tras indicar que lo que se ataca en este recurso no es el sumario administrativo tramitado en contra de sus representados. Prosigue señalando que la Ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado, en cumplimiento de criterios constitucionales, se ha encargado de desarrollar los principios destinados a asegurar un procedimiento racional y justo, al decidir y ejecutar las actuaciones de los órganos de la Administración del Estado, puntualizando en su artículo 1° que sus preceptos se aplicarán con carácter supletorio en aquellos casos donde la ley establezca procedimientos administrativos especiales, destacándose por su injerencia a la materia debatida en estos autos, lo dispuesto en su artículo 41 inciso cuarto, que ordena: “Las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada”. Agrega doctrina en relación a principios generales del derecho que guían la actividad administrativa estos son, principio de igualdad; principio de razonabilidad o interdicción de la arbitrariedad; principio de proporcionalidad; principio de buena fe; principio de seguridad jurídica y principio de confianza legítima, los que deben estar presentes en las decisiones de la autoridad adminsitrtaiva, sostiene el recurrente.

Reclama como garantías vulneradas , el derecho a la integridad física y psíquica de la persona, garantía contenida en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, vulneración que vincula a que no se consideró la situación de salud de sus representados; asimismo reclama vulnerado el derecho a la igualdad ante la ley, garantía contenida en el artículo 19 N° 2 de la Carta, recurre al sumario para fundar dicha vulneración, pues estima que se vulneró su presunción de inocencia desde el inicio del sumario; luego reclama vulnerada el derecho a la honra garantía contenida en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, funda esta vulneración igualmente en episodios del sumario administrativo que terminó en la resolución por la que recurre; prosigue señalando que se ha vulnerado igualmente el derecho a la libertad de trabajo y su libre elección, garantía contenida en el artículo 19 N° 16 de la Constitución Política de la República, sostiene que la vulneración se verifica toda vez que de un acto ilegal y arbitrario se deriva una sanción que tiene por objeto justamente dejar sin trabajo a quien debe soportarla y que además por aplicación del Estatuto Adminstrativo, recibe doble sanción ya que como consecuencia de esta separación de funciones por destitución, se les impide formar parte de la Administración y, finalmente alega vulnerado, el derecho a la propiedad, garantía contenida en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, ya que se les ha privado de percibir sus remuneraciones.

Finalmente solicita a esta Corte que se acoja el recurso y se declare que la recurrida ha actuado en forma ilegal y arbitraria y que se deje sin efecto el Decreto Alcaldicio N° 474 del 28.02.2022, ratificado en todas sus partes por el Decreto Alcaldicio N° 658 del 25.03.2022, que estableció la medida de destitución, reincorporando consecuencialmente a ambos recurrentes a sus respectivas funciones, con las remuneraciones que les corresponden en el tiempo intermedio; que se adopten las providencias y medidas que esta Corte juzgue adecuadas para el restablecimiento del imperio del Derecho y dar seguridad y protección a los derechos afectados, todo con costas. Acompaña los siguientes documentos en apoyo de sus dichos, Decreto Alcaldicio N° 474 de fecha 28 de febrero de 2022 de la Ilustre Municipalidad de Los Vilos, y Vista Fiscal de fecha 14 de febrero de 2022 emitida por la fiscal doña nombre reservado; Decreto Alcaldicio N° 658 de 25 de marzo de 2022 de la Ilustre Municipalidad de Los Vilos y Acta de individualización de audiencia celebrada en causa RIT N° 1121-2020 del Juzgado de Letras y Garantía de Los Vilos, en que se informa decisión del Ministerio Público de no perseverar en el procedimiento.

Segundo: Que comparece la abogada nombre reservado, en representación de la Municipalidad de Los Vilos informando según lo dispuesto por esta Corte y señala que, conforme lo dispuesto en el artículo 127 y siguientes de la Ley Nº 18.883, mediante Decreto Alcaldicio Nº 2125 de fecha 3 de agosto de 2021 se instruyó sumario administrativo en contra de don nombre reservado, químico farmacéutico y en contra de doña nombre reservado, enfermera, ambos dependientes del Departamento de Salud Municipal a fin de investigar responsabilidades administrativas que guardan relación con los hechos denunciados al Ministerio Público por el abogado del Departamento de Salud atingente a la supuesta falsificación de licencias médicas.

Agrega que si bien, el sumario administrativo surge a consecuencia de la denuncia presentada por el abogado del Departamento de Salud municipal en el Ministerio Público, corresponde hacer presente que la finalidad del procedimiento disciplinario en cuestión fue establecer si los funcionarios habían infringido sus deberes u obligaciones estatutarias y no comprobar si los hechos eran constitutivos de delito o no. Señala que la propuesta de la fiscal en orden a aplicar la medida de destitución fluye del mérito del proceso del sumario administrativo, especialmente las declaraciones de los propios sumariados y la ponderación de la prueba que rola en el expediente, con absoluta independencia del procedimiento penal.

Señala que, con fecha 12 de octubre de 2021, la fiscal del procedimiento disciplinario formuló el siguiente cargo a los sumariados: “Haber transgredido gravemente el principio de probidad administrativa en la obtención y uso de la licencia médica entregada a la municipalidad con fecha 24 y 27 de febrero de 2020”; que los sumariados presentan sus descargos, solicitan la apertura de término probatorio e indican medios de prueba. Una vez concluido el procedimiento sumarial, habiendo efectuado todas las diligencias investigativas: cargos, descargos, término probatorio y defensa letrada de los sumariados, la fiscal mediante Memorándum 26 de fecha 14 de febrero de 2022 propone al alcalde de la Municipalidad de Los Vilos la medida disciplinaria de destitución para ambos sumariados, atendido el mérito de los autos y los antecedentes allegados al proceso. Que, analizado el expediente sumarial y la vista del fiscal, el alcalde, mediante Decreto Acaldicio Nº 474 de fecha 28 de febrero de 2022 aprueba la vista de la fiscal y ordena la medida de destitución de don nombre reservado y doña nombre reservado, por haber vulnerado gravemente el principio de probidad administrativa.

Indica que según lo dispuesto en el inciso primero del artículo 56 de la ley Nº 18.695 en relación al artículo 63 letra c y d del mismo cuerpo normativo corresponde al alcalde ejercer la potestad disciplinaria, facultad que le permite ponderar la gravedad de la falta cometida, de conformidad a los antecedentes que rolan en el expediente sumarial. Relata que con fecha 7 de marzo de 2022 los sumariados presentan recurso de reposición en contra del Decreto Alcaldicio que ordenó la medida de destitución, luego 25 de marzo de 2022, mediante Decreto Alcaldicio No 658, se rechaza el recurso de reposición presentado por los sumariados y se confirma la medida expulsiva.

Señala que los recurrentes arguyen que “el Decreto Alcaldicio N° 474 que ordena la medida de Destitución, confirmado en todas sus partes por el Decreto Alcaldicio N° 658, resulta ser, un acto ilegal por ser contrario a las normas que rigen la imposición de medidas administrativas disciplinarias; y, además, atentatorio de los principios de razonabilidad y proporcionalidad...” Sobre el particular, señala la recurrida, que resulta necesario esclarecer que en el procedimiento disciplinario instruido en contra de los sumariados se dio cabal cumplimiento a todas las garantías del debido proceso administrativo: notificación, bilateralidad, término probatorio, derecho a defensa, facultad de recurrir, etc.

Añade que en relación a la supuesta contravención al principio de racionalidad y proporcionalidad, es menester hacer presente que la gravedad de la falta a la probidad que se le atribuyó a los inculpados, no solo quedó asentada en los cargos, sino también se colige del expediente sumarial en su totalidad, especialmente de las pruebas rendidas y de la declaración de los inculpados. Para una mayor ilustración de lo señalado expongo a V.S.I, las circunstancias que guardan relación con la aplicación de la medida de destitución: A saber, en el expediente sumarial se constató que don nombre reservado, químico farmacéutico dependiente del Departamento de Salud de la Municipalidad de Los Vilos, con fecha 27 de febrero de 2020 presentó una licencia médica en el Departamento de Salud, supuestamente suscrita por el médico cirujano don nombre reservado y doña nombre reservado, su pareja, también trabajadora del departamento de salud presentó la licencia médica con fecha 24 de febrero de 2020, (En fojas 16 y 27 del expediente sumarial rola copia de la licencia médica). En su declaración el sumariado nombre reservado señaló que tenía un lumbago crónico, producto de la obesidad (declaración fojas 31 del expediente sumarial), la misma enfermedad que declaró tener su pareja doña nombre reservado, también funcionaria del Depto. De Salud, quien presentó licencia médica tres días antes que el señor nombre reservado. Ambos sumariados declararon que el médico nombre reservado a su domicilio y en aquel lugar suscribió las licencias médicas con su puño y letra. Luego, como medida para mejor resolver, la fiscal del procedimiento disciplinario solicitó mediante oficio a la Policía de Investigaciones de Chile, información respecto a la salida e ingreso al país del médico cirujano nombre reservado, durante los años 2019 y 2020. A su turno la Policía de Investigaciones respondió a fojas 43 del sumario administrativo que el señor nombre reservado, médico que supuestamente suscribió la licencia médica salió de Chile el 06 de enero de 2020 y regresó el 21 de junio de 2020, por tanto, las declaraciones de los sumariados en orden a que el médico acudió a su domicilio a suscribir las licencias médicas resultaron ser falsas. Luego, una vez que los sumariados tomaron conocimiento de la prueba irrefutable enviada por la Policía de Investigaciones, en su defensa señalaron “el galeno le extendió la correspondiente licencia médica en el mes de enero de 2020, pero en vista y considerando que por razones de servicio el reposo no podría ser inmediato, dató la licencia respectiva para una fecha posterior específicamente el 27 de febrero” (indica la recurrida que lo anterior es transcripción literal). Sostiene que los inculpados de una forma muy desafortunada, intentaron justificar en sus descargos cómo un médico que no estaba en Chile les otorgó la licencia médica. Señala que se infiere de lo expresado por los sumariados que el médico anticipó una dolencia o enfermedad, y dató la licencia para una fecha posterior, lo que a juicio de la fiscal del procedimiento administrativo infringe los principios de la lógica.

Señala que posteriormente, en el recurso de reposición interpuesto contra el Decreto Alcaldicio que ordenó la medida expulsiva, los sumariados indicaron que no era posible atribuirles la falta a la probidad por un acto ajeno e inculpan la conducta reprochable al médico y a la jefatura de los sumariados, que según ellos, les solicitó que fecharan la licencia médica en una época posterior. El relato que circunda el otorgamiento de la licencia médica fue variando durante el procedimiento sumarial, primero, los inculpados señalaron que el médico acudió a su domicilio a prestar atención médica y que en ese momento les otorgó la licencia médica, luego indicaron que el médico alteró la fecha de reposo, y posteriormente atribuyeron la responsabilidad a la jefatura de aquel entonces. Sostiene que los sumariados no lograron justificar en el procedimiento disciplinario la rectitud en la adquisición y uso de la licencia médica y la ausencia justificada a su trabajo por siete días. Que lo anterior, fue considerado por la fiscal reprochable desde el punto de vista ético, puesto que, no resulta lógico pensar que un médico puede anticipar la licencia médica para que los pacientes hagan uso de ella con posterioridad, que además, quedó asentado en el expediente sumarial que en las declaraciones, los inculpados faltaron a la verdad (el médico que aparece otorgando la licencia médica no estaba en Chile, por tanto no lograron sostener el relato que acudió a su domicilio a atender su estado de salud) dicha conducta fue catalogada por la fiscal grave y deshonesta (sic).

Señala que como se consignó en el Decreto Alcaldicio que ordena la medida expulsiva, se debe tener presente que los cargos públicos implican prestar servicios para una entidad especial: la Administración del Estado, que está a cargo del logro del bien común, asumiendo tareas que los agentes privados no pueden desarrollar o desarrollan para determinadas personas y que son las causas que justifican la existencia del Estado, como la prestación de la salud, la lucha contra la pobreza, la administración de justicia o la seguridad ciudadana, etc. Sostiene que , quien trabaja para el Estado se hace parte de esa tarea y, por lo tanto, debe actuar de manera recta y comprometida con ella, desarrollando una gestión no sólo honesta, también eficiente y eficaz. No se trata de un compromiso con el Gobierno específico que esté en funciones; consiste en un compromiso con los valores y principios de la Constitución y las leyes y, especialmente, con los derechos esenciales de las personas. Esa lealtad institucional es la que exige la Constitución y la que debe esperarse de todo servidor público En el mismo sentido, hace hincapié que la relación entre la Administración del Estado y los funcionarios de autos es de carácter estatutaria y, por tanto, ellos no se encuentran vinculado a la municipalidad por un contrato, sino por normas estatutarias que regulan el ingreso, los deberes, derechos, la responsabilidad administrativa y la cesación de funciones, entre otros. En efecto, el artículo 8° de la Constitución Política, el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad administrativa en todas sus actuaciones. Agrega que el inciso primero del artículo 52 de la ley N° 18.575 prescribe que “Las autoridades de la Administración del Estado, cualquiera que sea la denominación con que las designen la Constitución y las leyes, y los funcionarios de la Administración Pública, sean de planta o a contrata, deberán dar estricto cumplimiento al principio de la probidad administrativa” y su inciso tercero que “Su inobservancia acarreará las responsabilidades y sanciones que determinen la Constitución, las leyes y el párrafo 4º de este Título, en su caso”. Cita latamente las normas legales aplicables al caso.

Que en cuanto a las garantías constitucionales que se reclaman vulneradas, refiriéndose a la del art´ciulo 19 Nº 1 de la Carta Magna, sostiene que no se logra advertir de qué forma las resoluciones administrativas habrían vulnerado la aludida garantía constitucional, como se ha señalado, los sumariados no lograron acreditar en el procedimiento disciplinario un actuar honesto en la obtención y uso de la licencia médica y, a consecuencia del mérito del proceso se ordenó una medida expulsiva en los términos que autoriza la ley.

Que en cuanto a la garantía contenida en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, señala que los cargos fueron formulados a los recurrentes después de las diligencias de rigor, ya indicadas en el informe previamente; que en cuanto al derecho a la honra vulnerado, la recurrida descarta tajantemente (sic) que los sumariados hayan recibido un lenguaje insultante durante el procedimiento sumarial. Señala que las expresiones contenidas en los cargos guardan relación con el mérito del proceso, y tanto los cargos como las resoluciones administrativas fueron redactadas en términos formales.

Que en cuanto a la libertad de trabajo vulnerada debido a la destitución que fueron objeto, señala que en el procedimiento disciplinario no se advierte ninguna ilegalidad, y la medida expulsiva guarda relación con la gravedad de los cargos atribuidos a los sumariados y las pruebas que rolan en el expediente sumarial. Agrega que los mismos recurrentes señalan en su presentación que lo que se ataca en este recurso no es el sumario administrativo tramitado en su contra. Finalmente se refiere la informante al derecho de propiedad, que se habría vulnerado por haberse privado a los recurrentes de sus remuneraciones, indoca que durante el proceso disciplinario no se ordenó suspensión de funciones ni la suspensión del pago de la remuneración, esta última ha dejado de ser percibida por los sumariados una vez que la medida expulsiva fue ordenada mediante decreto alcaldicio.

Señala que, en cuanto a la falta de proporcionalidad en la medida disciplinaria aplicada, tal como lo ha expresado la Contraloría General de la República, en el dictamen Nº 22358 de 2017, el alcalde del municipio se encuentra habilitado para disponer la medida de destitución, toda vez que es a quien, según lo establecido en el artículo 63, letra d), de la ley N° 18.695, le corresponde velar por la observancia del principio de la probidad administrativa y aplicar las sanciones al personal de su dependencia, ya que el legislador ha radicado en esa autoridad, en su calidad de titular de la potestad disciplinaria, las más amplias prerrogativas a fin de ponderar las circunstancias que ameriten determinar las medidas que fueren pertinentes conforme al mérito del proceso, por lo que el alcalde de la Municipalidad de Los Vilos se encontraba facultado a imponer la más drásticas de las medidas (aplica criterio contenido en el dictamen N° 7.027, de 2014).

Solicita finalmente tener por evacuado el informe y rechazar el recurso con costas. Acompaña los siguientes documentos de respaldo a sus dichos, Copia de la declaración de don nombre reservado, que rola a fojas 31 del expediente sumarial; Copia de la declaración de doña nombre reservado, que rola a fojas 34 del expediente sumarial; Oficio N° 125-43 de fecha 13 de septiembre de 2021 suscrito por la brigada de investigación criminal de Los Vilos, atingente a entradas y salidas del país del médico nombre reservado Adelsdofer nombre reservado; Copia de descargos presentado por don nombre reservado que rola a fojas 50 del expediente sumarial y Copia de descargos presentado por doña nombre reservado que rola a fojas 51 del expediente sumarial.

Tercero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Cuarto: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

Quinto: Que por la presente acción constitucional, se recurre en contra del Decreto Alcaldicio Nº 474 de 28 de febrero de 2022, el cual luego de ser objeto de recurso de reposición fue ratificado por decreto alcaldicio Nº 658 de 25 de marzo de 2022, que ordena medida de destitución de los recurrentes en atención al resultado arrojado por el sumario administrativo instruido por Decreto Alcaldicio Nº 2125 de fecha 3 de agosto de 2021 del que fueron objeto ambos recurrentes, conforme artículo 127 y siguientes de la Ley 18.883 sobre Estatuto Administrativo para funcionarios municipales.

Sexto: Que, a fin de despejar el objeto de análisis y decisión en que ha de centrarse este arbitrio, debe dejarse establecido que constituyen hechos no discutidos por las partes, los siguientes:

1). Que mediante Decreto Alcaldicio Nº 2125 de fecha 3 de agosto de 2021 se instruyó sumario administrativo en contra de nombre reservado y en contra de doña nombre reservado, ambos dependientes del Departamento de Salud Municipal a fin de investigar responsabilidades administrativas en relación con licencias médicas de ambos recurrentes.

2). Que el sumario se tramitó conforme lo dispone la Ley 18.883; se formularon cargos en contra de los sumariados, estos presentaron sus descargos, se abrió un término probatorio y los sumariados pudieron rendir prueba y realizar las alegaciones y defensas pertinentes conforme la Ley les faculta.

3) Que una vez concluido el procedimiento sumarial, la fiscal emite su Vista Fiscal mediante Memorandum Nº 26 de fecha 14 de febrero de 2022 y propone al alcalde de la Municipalidad de Los Vilos la medida disciplinaria de destitución para ambos sumariados, conforme lo arrojado en el proceso.

4) Que con fecha 28 de febrero de 2022 mediante Decreto alcaldicio Nº 474, se aplicó la medida de destitución a ambos recurrentes.

5) Que, se interpuso recurso de reposición por los sumariados y resuelto, se ratificó la decisión anterior mediante decreto alcaldicio Nº 658 de 25 de marzo de 2022.

Séptimo: Que teniendo en vista lo que ha quedado expuesto en el considerando anterior, que refleja el contexto procesal orientado por la aplicación del Estatuto Administrativo, es insoslayable colegir que existe un procedimiento administrativo terminado, por lo que resulta confuso que en dicho escenario comparezcan los recurrentes pidiendo tutela constitucional por amenaza de sus derechos, en circunstancias que consta haber obrado durante todo el proceso sumarial ejerciendo sin obstáculo sus derechos.

En efecto, se aprecia que los recurrentes pudieron ejercer los recursos pertinentes en el momento que correspondía, sin aparecer de los antecedentes que se han acompañado a esta Corte, que algo o alguien los privó de ejercer algún derecho en relación a dicho sumario, conforme lo disponen las normas legales.

Octavo: Que tal como se dijo previamente, se advierte de lo expuesto por ambas partes ante esta Corte, que ha quedado en evidencia la existencia de un procedimiento administrativo previo, afinado, tramitado legalmente, sin recursos pendientes, con formulación de cargos, descargos, período de prueba, propuesta de sanción, entre otros, tal como lo disponen los artículos 118 y siguientes del Título V de la Ley 18.883, todo lo cual es reflejo de un debido proceso legal, donde ha operado el imperio del derecho.

Noveno: Que, tal como lo ha sostenido la E. Corte Suprerma en autos rol 22099-21, “…no procede el recurso de protección en contra de resoluciones judiciales, pues ellas cuentan con su propio medio de impugnación como son los recursos, caso en el cual la materia de que se trate estará sometida al imperio del derecho. Sin embargo, pueden existir casos, como el de la especie, en que respecto de resoluciones judiciales lo anterior no sea posible pues los afectados por ellas pueden ser terceros que carecen de legitimación activa al efecto. En tales casos, excepcionalmente, si una sentencia dictada en un procedimiento no contencioso priva, perturba o amenaza el legítimo ejercicio por parte de terceros, de alguna de las garantías constitucionales contempladas en el artículo 20 de la Constitución, debe considerarse la posibilidad de restablecer el imperio del derecho por esta vía de protección, pues tales terceros pueden verse afectados, sin tener la posibilidad de conocer la existencia del procedimiento, de hacer valer sus derechos en los términos del artículo 823 del Código de Procedimiento Civil, así como tampoco interponer los recursos que establece la ley.”

Conteste con aquel criterio y lo referido en los motivos quinto y sexto precedentes, a juicio de estos sentenciadores, no es esta la vía para reclamar contra una resolución ya sea en sede judicial o administrativa, cuando ha sido precedida de un proceso debidamente ajustado a derecho, como es el caso.

De esta forma, como ha señalado reiteradamente el Máximo Tribunal, la acción constitucional que nos ocupa, es excepcional y está entregada a aquellas situaciones en que no hay otras vías para reclamar por amenaza o vulneración a las garantías constitucionales que se protegen o las vías que existen no fueron resueltas conforme a derecho, lo que no ha ocurrido en la especie, motivo por el cual el presente recurso no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto el abogado Carlos Antonio Tello Luza, actuando en representación de nombre reservado y de nombre reservado en contra de la Municipalidad de Los Vilos, representada por su Alcalde.

Redactada por a la abogada integrante señora Elvira Badilla Poblete.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol Nº 1995-2022.- Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte de Apelaciones, integrada por los Ministros señor Felipe Pulgar Bravo, señor Iván Corona Albornoz y la abogada integrante señora Elvira Badilla Poblete. No firma el señor nombre reservado, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa, por estar haciendo uso de su feriado legal.

En La Serena, a dos de agosto de dos mil veintidós, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.