nombre reservado con COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ SUBCOMISIÓN VIÑA DEL MAR

nombre reservado Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, Viña del Mar (Compin)

Recurso de protección Rol N° 199-2025 La Serena, dieciocho de marzo de dos mil veinticinco.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, a folio 1, doña nombre reservado, interpone recurso de protección en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, Subcomisión Viña del Mar (COMPIN), fundada en la existencia de actos que califica de ilegales y arbitrarios, los cuales habrían causado una privación, perturbación y amenaza al legítimo ejercicio de sus garantías constitucionales, consagradas en el artículo 19 números 1°, 3° inciso quinto y 24°, en relación con el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Indica que sufrió un accidente laboral de trayecto el 15 de enero de 2018, lo que le provocó fracturas en las vértebras L4 y L5., y desde el año 2020, ha experimentado una depresión severa, la cual se ha agravado con el tiempo, incluyendo intentos suicidas, exacerbados por factores exógenos como el fallecimiento de su madre en enero de 2021. Destaca que se trata de una enfermedad crónica debidamente documentada mediante informes médicos, entre ellos el del psiquiatra nombre reservado, quien recomienda el trámite de pensión de invalidez y prescribe tratamiento farmacológico.

Refiere que se han acompañado antecedentes médicos emitidos por diversos profesionales, incluyendo la psicóloga nombre reservado y los médicos nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado.

Expone que, no obstante, se rechazó por la recurrida autorizar las licencias médicas, folio N° 3-105756605, emitida por el psiquiatra nombre reservado, y la folio N° 4-20465357, emitida por el médico nombre reservado, ambas con diagnóstico de trastorno mixto de ansiedad y depresión, otorgadas ambas por 15 días desde el 4 de enero de 2025. Que la causal de rechazo es “sin causa médica que justificara el reposo: Reposo prolongado para patología”.

Afirma que tales decisiones son ilegales y arbitrarias, ya que la recurrente acreditó con informes médicos la gravedad de su trastorno depresivo y su incapacidad para desarrollar una vida normal y trabajar, dando cuenta que la recurrente inició el trámite de pensión de invalidez ante la Superintendencia de Pensiones, por cuanto su patología de depresión grave es crónica.

Indica que los informes médicos refuerzan lo expuesto, en tal sentido el psiquiatra nombre reservado, en su informe de 18 de abril de 2024, sostiene que la paciente mantiene el mismo diagnóstico y que su reintegración laboral es imposible debido a su dependencia farmacológica y alto riesgo postraumático. Asimismo, el informe del médico nombre reservado, de 19 de agosto de 2024, señala que la paciente mantiene una evolución irregular, con dependencia a los fármacos (…)"es imposible que pueda reintegrarse a su trabajo debido a su sintomatología física y mental. Debido a lo anterior, está en trámite de jubilarse por invalidez" Por su parte, el psiquiatra nombre reservado, en su informe de 4 de enero de 2025, recalca que la recuperación funcional de la paciente será compleja y dependerá de factores biopsicosociales y adherencia al tratamiento farmacológico y psicoterapéutico.

Cita jurisprudencia y sostiene que conforme a lo dispuesto en los artículos 16, 21 y 22 del Reglamento de Autorizaciones de Licencias Médicas, Decreto Supremo N° 3, de 4 de enero de 1984, la COMPIN debe fundamentar debidamente sus resoluciones respecto de licencias médicas, lo que en el presente caso no ha ocurrido. Indica que la negación del pago de las licencias médicas constituye una vulneración al derecho a la integridad física y psíquica, protegido por el artículo 19 N° 1 de la Constitución, al generar angustia y sufrimiento a la recurrente. Asimismo, sostiene que se afecta el derecho de propiedad garantizado en el artículo 19 N° 24, al privarla del pago de beneficios económicos establecidos legalmente para quienes se encuentran impedidos de trabajar por razones de salud.

Finalmente, solicita que se restablezca el imperio del derecho, ordenando a la recurrida autorizar el pago de las licencias médicas folios N° 3-112613096 y 4-20465357, con expresa condenación en costas.

Acompaña los siguientes documentos: Copia de licencias médicas folios N° 3-112613096 y 4-20465357; Resoluciones de la recurrida de fechas 09 y 27 de enero de 2025, que rechazan las licencias médicas mencionadas; Certificado de nacimiento de la recurrente nombre reservado; Certificado de defunción de su madre, nombre reservado; Informe médico del psiquiatra nombre reservado, de fecha 12 de junio de 2024; Informe médico del doctor nombre reservado, de fecha 19 de agosto de 2024; Certificado de la psicóloga nombre reservado, de junio de 2024; Recetas médicas emitidas por el psiquiatra nombre reservado, correspondientes a los medicamentos Quetiapina, Clonazepam, Fluoxetina, Dilosedán y Zopiclona; Recetas médicas emitidas por el doctor nombre reservado, con indicaciones de los mismos fármacos; Certificado de trámite de pensión de invalidez emitido por la Superintendencia de Pensiones, de fecha 18 de junio de 2024; Informe del psiquiatra nombre reservado, de fecha 4 de enero de 2025.

SEGUNDO: Que informa el recurso don Gonzalo Jaque Lara, abogado, en representación de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Valparaíso, señalando que la COMPIN actúa bajo su dependencia y conforme a la normativa vigente, en particular el Decreto Supremo N° 3 de 1984 del Ministerio de Salud y el Decreto Supremo N° 7 de 2013.

Señala que, en la representación que inviste y en cumplimiento de lo ordenado por el tribunal, se informa al tenor del recurso interpuesto.

Indica que según sus registros doña nombre reservado, acumuló 1.312 días de reposo por patología traumatológica hasta septiembre de 2021. Posteriormente, desde esa fecha hasta marzo de 2025, ha presentado licencias médicas por patología psiquiátrica, sumando un total de 1.051 días autorizados. Indica que la causal aplicada para el rechazo de las licencias médicas impugnadas es "sin causa médica que justifique el reposo: Reposo prolongado para patología. Corresponderá el rechazo de la licencia médica, cuando no exista una causa médica que justifique el reposo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 1, 6 y 16 del Decreto Supremo N° 3.”

Afirma que existe un dictamen ejecutoriado de la Comisión Médica Regional de noviembre de 2024, en el cual se determinó que la recurrente presenta un menoscabo de capacidad de trabajo (MCT) del 27% por diagnóstico de trastorno depresivo recurrente, episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos. Explica que este dictamen fue emitido por un cuerpo colegiado de tres médicos especialistas y un médico asesor gratuito para la recurrente, tras un análisis de antecedentes y un peritaje presencial obligatorio. En virtud de dicho dictamen, se estableció que la recurrente mantiene una capacidad residual de trabajo del 73%. Agrega que aquello no es nada más ni nada menos que un peritaje de no un profesional, sino que, de tres, que concuerdan en un diagnóstico y su alcance.

Refiere que las resoluciones de la COMPIN Región Valparaíso contienen los análisis efectuados, los razonamientos aplicados y las motivaciones que sustentan sus decisiones finales. Menciona que la normativa aplicable, como el Decreto Supremo N° 3 de 1984 y el Decreto Supremo N° 7 de 2013 del Ministerio de Salud, establece que la licencia médica es un derecho temporal, condicionado a la recuperación de la capacidad de trabajo, lo que no se daría en el presente caso. Además, de acuerdo con la Circular N° 3433 de 2019, durante el primer trámite de calificación de invalidez, deben seguir autorizándose las licencias médicas, sin embargo, en este caso, la calificación de invalidez ya fue ejecutoriada, determinándose una capacidad residual de trabajo del 73%.

Respecto de los recursos anteriores favorables a la recurrente, explica que la condición médica de la actora no es inmutable y puede ser revisada conforme a la normativa previsional. Explica que, si bien en recursos anteriores se ha ordenado el pago de licencias médicas, ello no implica que la COMPIN haya actuado de manera ilegal o arbitraria, sino que las decisiones judiciales han acogido los planteamientos de la recurrente. Agregade otro lado, que si bien las resoluciones de la COMPIN pueden ser escuetas, los antecedentes que preceden a su dictación y el análisis de estos, hechos por profesionales competentes, dan cuenta del adecuado fundamento de lo resuelto.

Alega la ausencia de actos u omisiones ilegales o arbitrarios y que la recurrente no tiene un derecho indubitado al pago de las licencias médicas, pues este sólo nace una vez que la autoridad competente determina que existen antecedentes suficientes para justificar el reposo.

Por todo lo expuesto solicita el rechazo del recurso, con costas.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, en cuanto a la alegación de improcedencia de la acción recurrida por tratarse de materias de seguridad social, garantizadas en el N°18 del artículo 19 de nuestra Constitución Política de la República, que no se encuentran amparadas por la acción cautelar que se ejerce, se estima que dicha argumentación que no puede prosperar, debido a que de los fundamentos fácticos del recurso, aparece que con el rechazo del pago de las licencias médicas, se ha visto vulnerado el patrimonio y la integridad psíquica de la parte recurrente, derechos que sí se encuentran tutelados por el recurso que se ejerce.

SEXTO: Que, la recurrente reclama respecto de la confirmación del rechazo de pago de las licencias médicas folios N°3-105756605 y N°4-20465357, otorgadas ambas por 15 días a contar del 4 de enero de 2025.

SÉPTIMO: Que, para resolver el asunto sometido al conocimiento de esta Corte, por vía de la presente acción cautelar, cabe señalar que el artículo 16 del Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, contenido en el Decreto Supremo Nº3, del Ministerio de Salud, de 1984, señala que “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia.”

Por otro lado, el artículo 11 de la Ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad que rige los procedimientos administrativos, prescribiendo que “la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, para lo cual ordena que los “hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley, los que disponen que una decisión de este tipo, debe ser fundada.

Así, la justificación racional y legal del acto administrativo es una condición de validez de este. En consecuencia, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicando al administrado el porqué del acto, su sustento material y juridicidad.

OCTAVO: Que, además es necesario tener presente que el artículo 21 del Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional prescribe que “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas:

a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas;

b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe;

c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador;

d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador;

e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica.

Sin perjuicio de lo anterior la Compin, deberá requerir todos los demás antecedentes y exámenes que el Ministerio de Salud ordene solicitar, respecto de aquellas patologías específicas que éste señale, para que la licencia pueda ser visada por períodos superiores a los que esa Secretaría de Estado determine.”.

NOVENO: Que, en conformidad a las normas legales precedentemente referidas, aparece que las resoluciones recurridas dictadas por la Superintendencia de Seguridad Social carecen de la fundamentación exigida por el ordenamiento jurídico, en la medida que su decisión contenida en los actos administrativos objeto de la presente acción, se funda exclusivamente en que se ha estimado que los antecedentes que obran en poder de esa entidad permiten entender que lo resuelto por la Isapre es justificado y que, por otra parte, no permitirían justificar el reposo prescrito.

Tal consideración, permite concluir que la decisión de la recurrida respecto a las licencias médicas materia del presente recurso es arbitraria al no expresar razones concretas en base a las cuales se califica el reposo como no justificado.

DÉCIMO: Que, si bien el rechazo de las licencias médicas fue realizado por la entidad llamada por la ley a resolver, no puede desatenderse que la falta de sustento fáctico en la decisión configura un motivo que amerita que ella sea calificada, a lo menos, de arbitraria, y que, de paso, deja en la indefensión al recurrente al no tener certeza de cuál o cuáles eran los antecedentes que debía aportar para superar la insuficiencia esgrimida.

A mayor abundamiento, la falta de ejercicio de atribución legal conferida por el artículo 21 del Decreto Supremo Nº3, del Ministerio de Salud, de 1984, aparece como antojadiza, pues bien pudo el ente administrativo llamado a resolver, disponer la práctica de diligencias que permitieran despejar sus dudas en torno a la procedencia de autorizar el pago de licencias médicas.

Que, al momento de evacuar el informe, la recurrida hace referencia al dictamen ejecutoriado de la Comisión Médica Regional de noviembre de 2024, en el cual se determinó que la recurrente presenta un menoscabo de capacidad de trabajo (MCT) del 27% por diagnóstico de trastorno depresivo recurrente, manteniendo una capacidad residual de trabajo de un 73%. No obstante, la recurrida nada dice en orden a la existencia de un peritaje ordenado por la misma recurrida, por cuanto el mencionado dictamen no es asimilable y no se pronuncia respecto de un reposo de carácter transitorio y no permanente, lo que lleva a concluir que dicho antecedente no guarda relación con el rechazo respecto de las licencias médicas de autos que dan cuenta de una incapacidad transitoria.

Por ello, se estima necesario que la recurrida COMPIN, conforme a los mayores y mejores antecedentes que pudo haber aportado la práctica de peritajes, la elaboración de informes y otras medidas tendientes a recabar de mejor forma los fundamentos para el rechazo de la licencia médica, no aparecen vertidos en el acto administrativo que se reclama, el que se limita a indicar que lo resuelto por la Compin se encuentra justificado y que los antecedentes no permiten justificar el reposo prescrito, sin siquiera mencionar los efectivos datos que pudieron otorgar basamento a su decisión, impidiendo de ese modo a la destinataria tomar debido conocimiento de las razones por las que sus licencias médicas fueron rechazada, dejándola, como ya se ha dicho, en una situación de indefensión frente a los actos de la autoridad administrativa.

UNDÉCIMO: Que, en estas circunstancias, el actuar de la recurrida es arbitrario, ya que la falta de la necesaria fundamentación de su resolución de rechazo de la licencia médica transforma su decisión en caprichosa y carente de razones e injustificada, y este acto vulnera el derecho de propiedad del actor, protegido en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, pues, como es obvio, dice directa relación con su patrimonio que se vio mermado por la referida decisión que le impiden acceder al subsidio por enfermedad, todo lo cual conduce a conceder la protección impetrada del modo que se dirá.

DUODÉCIMO: Que, a mayor abundamiento, lo razonado es coherente con lo resuelto recientemente por la Excma. Corte Suprema en la causa Rol N°157.728-2022, en cuanto consideró que “al basarse el ejercicio de la facultad de rechazar una licencia médica únicamente en la revisión de la información contenida en el documento rechazado, sin que se haya tomado previamente alguna de las medidas que permiten, según el Reglamento aplicable, fundamentar ese rechazo, la decisión recurrida carece de sustento y deviene en un acto meramente discrecional de la recurrida y, por ende, arbitrario y contrario a nuestro ordenamiento jurídico.” (Cons.5°, sentencia pronunciada el veintidós de marzo de dos mil veintitrés en la causa Rol 157.728-2022 sobre recurso de protección).

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que se RECHAZA la alegación de improcedencia de la acción opuesta por la recurrida y se ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de doña nombre reservado, en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), con declaración que ésta deberá encargar un nuevo informe médico acerca de la dolencia que da cuenta el recurso, a fin de que con dichos resultados proceda –o no- al pago de las licencias médicas, según corresponda y determine la autoridad competente, todo ello dentro de un plazo de treinta días hábiles administrativos, determinándose desde ya que de no cumplir con lo ordenado dentro del plazo indicado, debe proceder la emplazada a autorizar el pago de las referidas licencias, de plano y sin más trámites dentro de quince días corridos.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol N° 199-2025 Protección.-