Protección contra MUNICIPALIDAD DE COMBARBALÁ

nombre reservado, nombre reservado

Ilustre Municipalidad de Combarbalá Recurso de Protección Rol N°1984-2024.- La Serena, trece de enero de dos mil veinticinco.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el dieciséis de diciembre de dos mil veinticuatro comparece nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la MUNICIPALIDAD DE COMBARBALÁ, por el acto arbitrario e ilegal consistente en la dictación del Decreto Alcaldicio N° 5838/24 de 9 de diciembre de 2024.

Expone que fue nombrado Director de la Escuela América, en concurso realizado por Alta Dirección Pública, mediante Decreto nombramiento de 1 de marzo de 2017, expirando dicho cargo el 28 de febrero de 2022. Posteriormente, se desempeñó como encargado de la Unidad Técnico-Pedagógica y Docente de la escuela Arturo Pérez Canto de San Marcos desde el 1 de marzo de 2024. Su desempeño en la escuela Arturo Pérez Canto cesó el 10 de julio de 2024; presentó su renuncia, toda vez que se le pidió desempeñarse como Jefe DAEM mientras se provea el cargo mediante concurso público, como en derecho corresponde.

Agrega que el 11 de julio de 2024, fue contratado como Jefe DAEM, en calidad de contratado, mediante Decreto nombramiento cuya vigencia se extendía hasta el 31 de diciembre de 2024. El 14 de noviembre de 2024, mediante Decreto Alcaldicio número 5.310, se le contrató como Jefe DAEM, hasta el 31 de diciembre del año 2025, luego, 11 de diciembre de 2024, se le notifica personalmente el decreto que se viene en impugnar, indicándosele que al día siguiente no se podía presentar a trabajar, negándose toda opción de continuidad en algún establecimiento educacional, así como el pago de los meses de enero y febrero que corresponde a los docentes que han trabajado más de 6 meses.

Hace presente que mediante el decreto impugnado se dejan sin efecto 2 decretos de nombramiento, el primero que tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024 y el segundo con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025. Ahora bien, el único fundamento somero y sin ningún desarrollo ni fundamento normativo que establece la recurrida es el “cumplimiento de una sentencia”; es evidente que las sentencias judiciales deben ser cumplidas, sin embargo, en caso alguno la sentencia que resolvió reintegrar a labores a la jefa DAEM no le empece en cuanto sus nombramientos, en efecto, la sentencia referida no resolvió que se dejara sin efecto sus decretos de nombramiento. En tal escenario de sucesos, la recurrida pretende obliterar sus derechos como si resultaran invisibles, sin ponderar que tiene derechos adquiridos por decretos firmes, con un nombramiento vigente hasta el 31 de diciembre del año 2025.

Invoca el artículo 79 inciso 1° letra d) y 82 de la Ley N°19.070, en relación con los Dictámenes N°s 0141/03 del 2013 y 1088/015 del 2011 de la Dirección del Trabajo; la norma establece de manera inequívoca que el contrato de reemplazo es aquel que tiene la función de suplir a un servidor con contrato vigente, lo que no ocurre en la especie, en efecto, la Jefa DAEM desvinculada, no mantuvo un contrato vigente, su prorroga fue anulada, ella recurre de protección y esta Corte decide reintegrarla, sin embargo no existe un contrato vigente, en el que él se encuentre reemplazando a una titular que no puede desempeñar funciones, es más, aún si adscribiésemos a dicha teoría que no tiene sustento fáctico, la norma también establece que esta clase de contrataciones se pueden extender más allá de esta suerte de suplencia.

En el caso que nos convoca se estableció una estipulación de plazo expreso, el plazo es hasta el 31 de diciembre de 2025, por lo que, por esta sola norma, el acto de la recurrida es absolutamente ilegal y debe ser dejado sin efecto.

Agrega que si analizamos el decreto impugnado a la luz de la potestad revocatoria, contenida en el artículo 53 de la Ley N°19.880, tampoco se cumplen los requisitos de dicha normativa. En efecto, el primer requisito esencial para invalidar un acto según la norma es que “sea contrario a derecho”, en relación al artículo 11 del mismo cuerpo legal, el acto debe ser suficientemente fundado, sin embargo el Decreto Alcaldicio N°5838/2024 que ilegalmente invalidó sus nombramientos, no cuenta con sustento legal, ya que no expone una sola argumentación normativa que sustente la ilegalidad de sus nombramientos. Por lo tanto, en cuanto lo sustantivo, el acto impugnado también es contrario a la norma citada, del mismo modo también lo es en cuanto a los requisitos formales, ya que para hacer uso de esta prerrogativa legal se requiere necesariamente junto a la ilegalidad, que se otorgue audiencia al interesado, ya que se trata de un proceso de invalidación, en ningún caso un acto único y aislado, lo que tampoco se cumplió, ya que se me notificó un acto terminal.

Invoca también el principio de protección de la confianza legítima, en relación con la potestad revocatoria. Reitera que no existen vicios esenciales ni accidentales siquiera en sus nombramientos.

En conclusión, la decisión de no renovar la contrata del recurrente, basada en argumentos insuficientes y no relacionados con cambios presupuestarios o funcionales significativos, constituye una arbitrariedad. Esta acción contradice los principios de transparencia y fundamentación establecidos en la Constitución y la ley, así como los criterios de racionalidad, proporcionalidad y equidad que deben guiar el actuar de la administración pública.

Agrega que las acciones descritas previamente, ejecutadas por la alcaldesa de Combarbalá, que buscaron la interrupción del cargo que desempeñaba, en virtud de sendos decretos de nombramiento firmes y sin vicio alguno de legalidad, constituyen actos administrativos arbitrarios e ilegales, ya que carecen de fundamento real, racional y proporcionado, conformando claramente infracciones a los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880, y que ha privado injustificadamente de la propiedad de su cargo, remuneraciones y demás prerrogativas legales, configurando privaciones o violaciones de sus derechos y garantías constitucionales consagradas en los artículos 19 Nº24 de la Constitución Política de la República, a la propiedad; de la garantía constitucional a la igualdad ante la ley, artículo 19 Nº2, por haber recibido un tratamiento legal diferente frente al resto de los funcionarios cuyas contratas sí son respetadas en cuanto a su vigencia, y por haber visto afectadas su integridad física y síquica, consagradas en el artículo 19 Nº1, a causa de la pérdida de su fuente de ingresos y subsistencia.

Por estas consideraciones solicita se declare que se deja sin efecto el Decreto Alcaldicio N° 5388/24 de 9 de diciembre de 2024; que se ordene el pago de las remuneraciones devengadas; que se adopten todas las demás medidas que se estime en derecho; 4. Que en el caso que no se le pueda en la práctica reintegrar al mismo cargo por dificultades administrativas, se paguen sus remuneraciones hasta el 31 de diciembre de 2025 o en su defecto se le reubique en un cargo de características semejantes al cargo detentado.

Acompaña los siguientes documentos: 1.- Copia de decreto impugnado N°5.838, de 9 de diciembre de 2024, que pone ilegal y arbitrariamente termino a SUS nombramientos del año 2024 y 2025 inclusive. 2.- Decreto Alcaldicio N°446, de 1 de marzo del 2017, nombrándome como Director de la Escuela América de Combarbalá hasta el 28 de febrero de 2022. 3.- Decreto Alcaldicio N°927, de 1 de marzo de 2024, nombrándome como Jefe UTP. 4.- Decreto alcaldicio N°930, de 1 de marzo de 2024, nombrándome como docente. 5.- Decreto alcaldicio N°3.359, de 11 de julio de 2024, nombrándome Jefe DAEM hasta el 31 de diciembre de 2024. 6.- Decreto Alcaldicio N°5.310, de 14 de noviembre de 2024, nombrándome como Jefe DAEM, hasta el 31 de diciembre de 2025.

SEGUNDO: Que, evacuó informe GISELLA FERNANDA FUENTES FUENTES, abogada, en representación convencional de la MUNICIPALIDAD DE COMBARBALÁ.

Expone que el recurrente, don nombre reservado, fue nombrado como reemplazante de la Jefatura del Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM) de la I. Municipalidad de Combarbalá, mediante Decreto Alcaldicio N°3.359 del 11 de julio de 2024. Este nombramiento fue realizado conforme al artículo 34 F de la Ley N°19.070 para suplir temporalmente la vacancia generada tras la cesación de funciones de la titular del cargo, doña nombre reservado, ordenada por Decreto N°700/2024, hasta que se resolviera la nueva provisión del cargo conforme al procedimiento contenido en los artículos 34 D y siguientes de la Ley N°19.070.

No obstante, durante el período de desempeño del recurrente como reemplazante de Jefe DAEM, la Sra. nombre reservado interpuso una acción de protección ante esta Corte, ventilada en causa Rol N°1.371-2024. La sentencia definitiva resolvió que el Decreto N°700 era arbitrario e ilegal, ordenándose su revocación y la reincorporación inmediata de la funcionaria titular, siendo confirmada posteriormente por la Excma. Corte Suprema por medio de Sentencia dictada el 5 de diciembre de 2024, en causa de Apelación Rol N°56.270-2024.

Señala que en virtud de la sentencia mencionada, la I. Municipalidad de Combarbalá dictó el Decreto Alcaldicio N°5838/24 de 9 de diciembre del año en curso, mediante el cual se dispuso:

1. Ordenar el reingreso de doña nombre reservado en el cargo de Jefa DAEM, dejándose sin efecto el Decreto N°700/2024.

2. Ordenar el pago de todas las remuneraciones devengadas a favor de la funcionaria mientras haya durado su separación del servicio, debidamente reajustadas.

3. Disponer el término anticipado al nombramiento del recurrente como reemplazante de Jefe DAEM, ordenado por Decreto N°3.359/2024 a contar de la fecha de notificación del acto, por haber cesado la causa que le dio origen.

4. Revocar el Decreto N°5.310/2024 que dispuso el reemplazo del recurrente en el cargo de Jefe DAEM para el año 2025 (el cual produciría sus efectos recién el 1 de enero de 2025), por razones del mérito contenido en los considerandos.

Destaca que contrario a lo argumentado por el recurrente, y como se verá, no se ordenó la invalidación del acto.

5. Revocar el Decreto N°315/2024 que hasta esa fecha no había tenido aplicación por no haber sido notificado a la titular del cargo.

Hace presente que, el acto impugnado fue debidamente notificado al recurrente el 11 de diciembre de 2024 y el recurrente no hizo uso de los recursos administrativos procedentes en contra de la resolución, agotando la vía administrativa.

Destaca que el caso específico tiene un origen laboral, para el cual el legislador ha dispuesto un conjunto de procedimientos administrativos y judiciales que permiten a los interesados reclamar la legalidad de los actos administrativos o contractuales. Estas instancias garantizan un debido proceso más exhaustivo y técnicamente adaptado a la naturaleza de los conflictos laborales.

Por una parte, la Ley Nº19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos permite recurrir contra actos administrativos a través de recursos de reposición o jerárquico, otorgando al afectado la posibilidad de agotar las instancias internas antes de recurrir a los tribunales de justicia.

Asimismo, el Estatuto Docente y normativa laboral general subsidiaria contienen disposiciones y procedimientos específicos para la impugnación de las decisiones relacionadas con la contratación, remoción y condiciones de empleo de profesionales de la educación, incluyendo procedimientos claros para su resolución.

Por tanto, la materia laboral discutida en los presentes autos se encuentra expresamente regulada por un marco normativo administrativo y judicial especializado. De acuerdo con la jurisprudencia reiterada de los tribunales superiores, el recurso de protección no resulta procedente cuando existe una vía legal idónea para resolver el conflicto. La Corte Suprema, en numerosos fallos, ha resuelto que el recurso de protección no puede convertirse en un medio alternativo o complementario de las acciones legales ordinarias.

Añade que el acto cumple también con las exigencias de fundamentación y notificación según lo prescriben los artículos 11 y 45 de la Ley N°19.880. En efecto, el Decreto N°5.838/2024 expone claramente las razones que justifican la revocación del reemplazo, las cuales obedecen a la reincorporación de la titular del cargo ordenada por esta Corte en causa de protección Rol N°1.371-2024, habiéndose garantizado el derecho del recurrente a conocer oportunamente su contenido y alcance.

Por su parte, el acto respondió a las condiciones y límite temporal previstos en el artículo 34 F inciso final de la Ley N°19.070, norma que en síntesis dispone que los reemplazos serán dispuestos en caso de ausencia o vacancia de la Jefatura DAEM y no podrán prolongarse por más allá de seis meses desde que el titular dejó de ejercer sus funciones.

Puntualiza que el nombramiento del recurrente como reemplazante, al cual accedió después de haber renunciado a un cargo anterior de Jefe UTP no le concede tal estatus jurídico. A la luz del artículo 34 F de la Ley N°19.070, el cargo de remplazo de Jefatura DAEM tiene carácter transitorio (de hasta 6 meses) y en el caso de marras estuvo siempre supeditado a la vigencia de la vacancia. Por tal motivo, el nombramiento del recurrente no le otorgaba estabilidad ni derechos laborales comparables a los de un cargo titular, lo que es coherente con el carácter temporal de la designación.

Tampoco resulta procedente aplicar el principio de confianza legítima sobre la continuidad del cargo, toda vez que utilizando el mismo criterio anterior, ni el nombramiento como reemplazante, ni los cargos anteriores detentados por el recurrente para el sostenedor Municipalidad de Combarbalá, le han permitido tener una expectativa razonable de que su contratación será renovada.

A mayor abundamiento, el recurrente, antes de ser reemplazante de Jefe DAEM fue Director por sistema ADP y posteriormente Jefe de UTP (cargo de exclusiva confianza previsto en el artículo 34 C Ley N°19.070)-. En consecuencia, y por la naturaleza misma del cargo de ambos cargos anteriores, ninguno de ellos pudieron generarle una expectativa razonable de renovación, pues el primero se encontraba sujeto a un plazo definido por Ley y el segundo supeditado a la existencia de confianza del Director respectivo.

Luego, el recurrente alega vulneración al principio de igualdad ante la ley. No obstante, la carencia de desarrollo de esta alegación impide que se determine la existencia de la vulneración alegada, lo cual amerita rechazar la imputación. En efecto, el argumento carece de especificidad y de evidencia del trato desigual. El recurrente alega un trato "inequitativo y desigual" en comparación con otros funcionarios indeterminados. Tampoco identifica con precisión qué actos concretos de la municipalidad constituyen un trato desigual, ni en qué aspectos específicos se diferencia su situación de la de otros funcionarios.

Respecto a la integridad física y psíquica, el argumento del recurrente resulta meramente subjetivo y describe su percepción personal del impacto emocional que le produjo el término de su relación laboral, pero no acredita que la decisión administrativa constituya un acto arbitrario o ilegal dirigido a vulnerar su integridad psicológica.

Acto seguido, aclara que las normas invocadas por el recurrente tienen aplicación respecto de los profesionales de la educación pertenecientes al sector particular, pues se encuentran contenidas en el Título V, precisamente denominado “Del contrato de los profesionales de la educación en el sector particular”, lo cual excluye a los funcionarios del sector municipal.

Por otra parte, argumenta que el contrato de reemplazo sólo opera para efectos de suplir a un servidor con contrato vigente, lo que no ocurriría en la especie.

Del mismo modo, el recurrente confunde la potestad revocatoria aplicada por la Municipalidad con la potestad invalidatoria del artículo 53 de la Ley N° 19.880, toda vez que esa norma regula el procedimiento para hacer uso de una potestad que en ningún caso fue ejercida por la Municipalidad.

Refiere que, como es fácil advertir, a través del Decreto N°5.838/2024 la alcaldesa hizo uso de la potestad revocatoria para dejar sin efecto un acto que, sin ser ilegal, debía ser extinguido por haber desaparecido las circunstancias que justificaban su existencia, como consecuencia de una resolución judicial, cumpliendo con los requisitos que la hacían procedente.

Por estas consideraciones solicita el rechazo del recurso en todas sus partes con expresa condena en costas.

Acompaña los siguientes documentos: 1.- Mandato Judicial de 11 de diciembre de 2024; 2.- Decreto 5.838/2024; 3.- Notificación del acto impugnado; 4.- Decreto N°700/2024; 5.- Sentencia dictada en causa Rol N°1.371-2024 Iltma. C.A. de La Serena; 6.- Resolución dictada en causa Rol N°56.270-2024, Excma. Corte Suprema.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, atendido el mérito de los antecedentes, teniendo únicamente presente que, conforme se expone en los considerandos del acto administrativo que en esta sede se impugna, la revocación de los decretos alcaldicios que dispusieron el nombramiento del recurrente como reemplazante en el cargo de Jefe DAEM se fundó en lo dispuesto por esta Corte en los autos Rol 1371-2024 (Protección), circunstancia que justificó el ejercicio de la potestad revocatoria de la municipalidad, por lo que desde dicha perspectiva malamente cabe atribuir ilegalidad o arbitrariedad alguna a la entidad edilicia, no verificándose en consecuencia el presupuesto esencial de la acción interpuesta, es que solo cabe rechazar el recurso, conforme se expondrá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra de la MUNICIPALIDAD DE COMBARBALÁ.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1984-2024 (Protección).-