nombre reservado con SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR, DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PU´BLICA

nombre reservado

Subsecretaría del Interior, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública Recurso de Protección Rol N°1973-2024.- La Serena, siete de enero dos mil veinticinco.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece don Sergio Aburto Mayorga, abogado, en favor de don nombre reservado, colombiano, deduciendo recurso de protección en contra de la Subsecretaría del Interior, dependiente del Ministerio del Interior y de Seguridad Pública, representada por don nombre reservado, señalando como acto ilegal y arbitrario la emisión de la Resolución Exenta N°28.691, que denegó la solicitud de regularización del artículo 155 N°9 de la Ley N°21.325, lo que representa una violación al derecho de igualdad ante la ley, establecido en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

Sostiene que el recurrente ingresó irregularmente a Chile el 11 de agosto de 2021, procedente desde Perú, dirigiéndose a la ciudad de Arica sin entrevistarse con la Policía de Investigaciones de Chile, para luego trasladarse a Ovalle, localidad en que lo estaba esperando su hermano, residente definitivo en este país.

Refiere que con el afán de regularizarse, el 2 de febrero de 2024, en virtud de lo dispuesto en el artículo 155 N°9 de la Ley 21.325, presentó ante el Subsecretario del Interior una solicitud de regularización, decisión respecto de tal petición que le fue comunicada el 5 de diciembre del mismo año, informándosele que fue denegada mediante Resolución Exenta N°28.691, de 6 de agosto de 2024, teniendo en consideración para ello que “no aportó antecedentes suficientes que permitiera considerar a la autoridad que está frente a un caso calificado o humanitario”.

Explica que se adoptó la decisión, a pesar que tiene un trabajo bajo dependencia y subordinación, vive con su hermano, ha sido una persona que ha acatado la Constitución Política, sus leyes y reglamentos, que nunca ha faltado el respeto a autoridad alguna, no ha cometido falta al orden público ni a la paz nacional y sólo ha tratado de vivir honestamente respirando el aire de libertad y justicia que le estuvo vedado en su país.

Culmina solicitando tener por interpuesto recurso de protección en contra del recurrido y ordenarle que un funcionario revise y reevalúe el contenido de la Resolución Exenta N°28.691, con el fin de otorgar un plazo especial al recurrente para acompañar a su solicitud documentación complementaria.

Acompaña a su presentación: 1. Certificado de título; 2. Hoja de identificación de pasaporte; 3. Copia de sello de ingreso y de salida de Chile; 4. Cédula de identidad de su hermano; 5. Certificado de afiliación Administradora de Fondos de Pensiones; 6. Contrato de trabajo; 7. Solicitud de regularización; y 8. Resolución Exenta N°28.691, de 6 de agosto de 2024.

SEGUNDO: Que a folio 4, comparece don nombre reservado, en representación de la Subsecretaría del Interior, solicitando el rechazo de la acción intentada, con costas.

En primer lugar, reseña antecedentes de derecho sobre la solicitud impetrada, señalando, en síntesis, que la normativa actual contempla dos tipos de regularizaciones migratorias: una de carácter general, cuyos criterios y procedimientos son dispuestos por el Subsecretario del Interior, pero ejecutados por el Servicio Nacional de Migraciones; y, otra, de carácter excepcional, de aplicación particular, para casos calificados o motivos humanitarios, sujeta a un procedimiento desformalizado que resuelve el Subsecretario del Interior.

Manifiesta que la acción de protección es de naturaleza cautelar, excediendo el presente recurso las materias que deben ser conocidas en esta sede, por cuanto no es pertinente declarar nuevos derechos ni tutelar meras expectativas, como acontece en la especie con las solicitudes de regularización de la condición migratoria de una persona extranjera. En efecto, en el ordenamiento jurídico nacional existen otras vías idóneas administrativas de lato conocimiento, como lo establece el artículo 139 de la Ley N°21.325, el que reconduce a los recursos establecidos en la Ley N°19.880.

Expresa, asimismo, que el actor pretende cuestionar aspectos del ejercicio de atribuciones de tal autoridad administrativa, lo que escapa del sentido y alcance propio de este remedio judicial.

Argumenta que, en el caso concreto, la autoridad ponderó debidamente los antecedentes aportados por el recurrente y en virtud de ellos, consideró que a su respecto no se configura un caso excepcional, calificado o humanitario, lo que se indica expresamente en la parte considerativa de la resolución que por esta vía se reprocha. Lo anterior, por cuanto quien recurre fundamenta su petición de regularización migratoria en situaciones fácticas de carácter genérico, relacionadas con su bienestar económico, laboral y/o personal, que no logran configurar una afectación en concreto, lo suficientemente especial, como para que se regularice su condición migratoria y se le otorgue un permiso de residencia temporal excepcional, a pesar de haber vulnerado el ordenamiento jurídico nacional por voluntad propia.

Explica que el solo hecho de solicitar el otorgamiento de un permiso de residencia temporal, por caso calificado o humanitario, significa que la persona extranjera ha incurrido previamente de manera voluntaria en una o más contravenciones a la normativa migratoria, que normalmente podrían ser sancionables incluso con la expulsión del país, no pudiendo imputar las consecuencias que de ello deriven a la Administración ni al rechazo de la solicitud.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, por la presente acción constitucional, se recurre en contra de la Subsecretaría del Interior, dependiente del Ministerio del Interior y de Seguridad Pública, por la dictación de la Resolución Exenta N°28.691, de 6 de agosto de 2024, que rechazó la petición de regularización extraordinaria, la cual el actor califica de ilegal y arbitraria.

Por otra parte, cabe hacer presente que el órgano recurrido manifestó que no existe tal ilegalidad ni arbitrariedad, por cuanto ponderó debidamente los antecedentes aportados y en virtud de ellos consideró que respecto del recurrente no se configura un caso excepcional, calificado o humanitario.

SEXTO: Que para la resolución del asunto, resulta oportuno tener presente que es una atribución indelegable de la Subsecretaría del Interior, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 155 N°9 de la Ley N°21.325, disponer, en casos excepcionales, el otorgamiento de permisos de residencia temporal a extranjeros que se encuentren en el territorio nacional, en casos calificados o por motivos humanitarios, con independencia de la condición migratoria del beneficiario.

SÉPTIMO: Que, asimismo, conviene tener en consideración que la decisión que por esta vía se reprocha es un acto administrativo, el que ha sido pronunciado por la autoridad competente, en el ejercicio de las facultades que le confiere la ley, el que además se encuentra debidamente fundamentado, al expresar las razones fácticas y jurídicas que conducen a adoptar la decisión de rechazar el permiso de residencia temporal excepcional, dado que se sustenta en la legislación vigente, la que exige estar ante un caso calificado o humanitario, el que la autoridad administrativa estimó no se verifica en la especie, motivos por los que no puede estimarse que su actuar sea ilegal ni arbitrario y que conducen al rechazo del arbitrio intentado conforme se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra de la Subsecretaría del Interior, dependiente del Ministerio del Interior y de Seguridad Pública.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1973-2024 Protección.